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Alerta en La Plata: investigan fraude cripto que dejó cientos de damnificados

Una presunta red de estafas cripto prometía multiplicar ahorros en pocos meses. La Justicia investiga los movimientos y prepara medidas urgentes.

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Lo que tenés que saber

  • Un abogado platense denunció perder USD 5.000 en una falsa inversión cripto
  • La maniobra involucraría a más de 190 víctimas con pérdidas por USD 250.000
  • Se promocionaban con lujo en redes y mantenían grupos cerrados en Telegram
  • La Fiscalía ya tiene pruebas digitales y analiza congelar cuentas
  • El caso fue caratulado como estafa reiterada y asociación ilícita

Investigan una millonaria estafa con criptomonedas en La Plata

La Justicia penal de La Plata investiga un posible esquema de fraude digital basado en inversiones cripto, que habría perjudicado a más de 190 personas. El punto de partida fue la denuncia de un abogado local, quien relató haber depositado su confianza y USD 5.000 en una plataforma que prometía rendimientos rápidos y seguros.

Según la presentación judicial, el sistema funcionaba como una red de inversión con retorno garantizado, en la que los fondos eran administrados supuestamente mediante algoritmos automatizados. La promesa: multiplicar el capital en cuestión de semanas.

De la ilusión a la desaparición del dinero

El abogado detalló que al comienzo las cuentas mostraban ganancias y movimientos positivos, lo que generó confianza entre los inversores. Sin embargo, de un día para otro, el acceso fue bloqueado y los saldos se esfumaron sin aviso previo.

La maniobra no fue aislada: cientos de damnificados aseguran haber caído en la misma trampa. El total estimado de las pérdidas asciende a más de USD 250.000, según la denuncia.

La estrategia detrás del fraude

Los denunciados mostraban un estilo de vida ostentoso en redes sociales para dar credibilidad al sistema. También mantenían activos grupos cerrados en WhatsApp y Telegram, donde ofrecían asesoramiento personalizado y contenido exclusivo.

Los investigadores creen que se trata de un modelo pirámide con un alto grado de planificación. La causa fue caratulada como «estafa reiterada» y «asociación ilícita».

Pruebas clave y posibles medidas

Entre las pruebas presentadas hay conversaciones digitales, capturas de pantalla y publicaciones promocionales, además de direcciones físicas asociadas a los involucrados. El fiscal evalúa allanamientos y el congelamiento de cuentas, para evitar que los sospechosos dispersen los fondos o continúen captando nuevos incautos.

Ecos de otro caso resonante

La situación recuerda al fraude que golpeó a San Pedro en octubre del año pasado, donde unas 20.000 personas invirtieron en una falsa financiera cripto que operaba con una estructura similar.

Investigación 🔎

“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA

La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.

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El Argentino Diario-Elías Piccirillo-Jésica Cirio.
Peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo (ex de Jesica Cirio), dejaron al descubierto el "sistema paralelo".

Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones

★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.

Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.

«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan

La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.

«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.

El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.

«Pipo» y los nexos en el interior del sistema

Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.

En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa

Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.

El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.

La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.

Puntos clave:

  • El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
  • Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
  • El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
  • Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
  • Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.

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