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Octava «Marcha por la Soberanía del Lago Escondido» 

Organizaciones sociales, gremiales y políticas movilizarán en «defensa de la soberanía nacional» y en rechazo a la derogación de la ley de tierras.

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Organizaciones sociales, gremiales y políticas iniciarán mañana la octava edición de la denominada Marcha por la Soberanía del Lago Escondido, ubicado en la provincia de Río Negro, en «defensa de la soberanía nacional» y en rechazo a la derogación de la ley de tierras.

La manifestación partirá mañana a las 9 desde las calles Moreno y Onelli, en San Carlos de Bariloche, pasará por el Centro Cívico de esa ciudad y, desde allí, se dirigirá hacia el paraje El Foyel, para emprender por el Camino de Tacuifí el último tramo a Lago Escondido, donde se encuentran terrenos del magnate británico Joe Lewis.

Entre las organizaciones convocantes de esta nueva marcha se encuentra la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación Nacional Territorial (FeNaT), la CTA Autónoma, el Movimiento Somos Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) integrante de la UTEP; el sindicato docente UnTER y de la Corriente Clasista Combativa (CCC).

El pasado 5 de febrero, un grupo de unas 30 personas -denominada columna Juana Azurduy- de distintas organizaciones había emprendido la marcha desde Mailín Ahogado (Río Negro) por el trayecto más largo y complejo para acceder al lago, pero debieron regresar el domingo por las malas condiciones del camino.

«El Gobierno y la Justicia de Río Negro mienten. El único camino posible para llegar a Lago Escondido es el de Tacuifí», dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en declaraciones a la prensa.

Las organizaciones sociales reclaman la apertura del camino vehicular por Tacuifí, a la altura del paraje El Foyel. 

El año pasado, la séptima Marcha por la Soberanía a Lago Escondido finalizó con graves incidentes entre quienes protestaban y empleados de la estancia de Lewis, quienes atacaron a manifestantes y periodistas montados a caballo, a rebencazos y piedrazos.

En esa ocasión, nueve manifestantes y una fotoperiodista de la agencia Télam, Alejandra Bartoliche, fueron retenidos durante horas y agredidos por peones rurales que respondían al magnate británico Joe Lewis. La agresión denunciada por las organizaciones ocurrió cuando los manifestantes intentaron ingresar al Camino del Tacuifí, uno de los accesos al Lago Escondido, prohibido para el tránsito público desde hace años.

Al presentar la edición de este año, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, rechazó la derogación de la Ley de Tierras contenida en el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei al señalar que se pretende «seguir beneficiando a los grupos económicos trasnacionales, profundizando el proceso de extranjerización de la tierra y el saqueo de los recursos naturales».

En ese marco, hizo mención también al «rol de lobby de los lugartenientes de Lewis, articuladores de reuniones entre funcionarios judiciales, políticos y empresarios, desde donde se definen políticas y se planifican ajuste e impunidad».

«La apropiación ilegal por parte de Lewis de miles de hectáreas de tierra y de un lago en zona de frontera lesiona gravemente la soberanía de nuestro país. Esta marcha cobra más sentido que nunca para defender los intereses nacionales y no nos tenemos que dejar intimidar por estos multimillonarios que afuera son delincuentes y acá se creen los grandes señores», remarcó finalmente Aguiar.

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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