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Octava «Marcha por la Soberanía del Lago Escondido» 

Organizaciones sociales, gremiales y políticas movilizarán en «defensa de la soberanía nacional» y en rechazo a la derogación de la ley de tierras.

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Organizaciones sociales, gremiales y políticas iniciarán mañana la octava edición de la denominada Marcha por la Soberanía del Lago Escondido, ubicado en la provincia de Río Negro, en «defensa de la soberanía nacional» y en rechazo a la derogación de la ley de tierras.

La manifestación partirá mañana a las 9 desde las calles Moreno y Onelli, en San Carlos de Bariloche, pasará por el Centro Cívico de esa ciudad y, desde allí, se dirigirá hacia el paraje El Foyel, para emprender por el Camino de Tacuifí el último tramo a Lago Escondido, donde se encuentran terrenos del magnate británico Joe Lewis.

Entre las organizaciones convocantes de esta nueva marcha se encuentra la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación Nacional Territorial (FeNaT), la CTA Autónoma, el Movimiento Somos Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) integrante de la UTEP; el sindicato docente UnTER y de la Corriente Clasista Combativa (CCC).

El pasado 5 de febrero, un grupo de unas 30 personas -denominada columna Juana Azurduy- de distintas organizaciones había emprendido la marcha desde Mailín Ahogado (Río Negro) por el trayecto más largo y complejo para acceder al lago, pero debieron regresar el domingo por las malas condiciones del camino.

«El Gobierno y la Justicia de Río Negro mienten. El único camino posible para llegar a Lago Escondido es el de Tacuifí», dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en declaraciones a la prensa.

Las organizaciones sociales reclaman la apertura del camino vehicular por Tacuifí, a la altura del paraje El Foyel. 

El año pasado, la séptima Marcha por la Soberanía a Lago Escondido finalizó con graves incidentes entre quienes protestaban y empleados de la estancia de Lewis, quienes atacaron a manifestantes y periodistas montados a caballo, a rebencazos y piedrazos.

En esa ocasión, nueve manifestantes y una fotoperiodista de la agencia Télam, Alejandra Bartoliche, fueron retenidos durante horas y agredidos por peones rurales que respondían al magnate británico Joe Lewis. La agresión denunciada por las organizaciones ocurrió cuando los manifestantes intentaron ingresar al Camino del Tacuifí, uno de los accesos al Lago Escondido, prohibido para el tránsito público desde hace años.

Al presentar la edición de este año, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, rechazó la derogación de la Ley de Tierras contenida en el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei al señalar que se pretende «seguir beneficiando a los grupos económicos trasnacionales, profundizando el proceso de extranjerización de la tierra y el saqueo de los recursos naturales».

En ese marco, hizo mención también al «rol de lobby de los lugartenientes de Lewis, articuladores de reuniones entre funcionarios judiciales, políticos y empresarios, desde donde se definen políticas y se planifican ajuste e impunidad».

«La apropiación ilegal por parte de Lewis de miles de hectáreas de tierra y de un lago en zona de frontera lesiona gravemente la soberanía de nuestro país. Esta marcha cobra más sentido que nunca para defender los intereses nacionales y no nos tenemos que dejar intimidar por estos multimillonarios que afuera son delincuentes y acá se creen los grandes señores», remarcó finalmente Aguiar.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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