DDHH
Imputaron a la patota de Joe Lewis en Lago Escondido
Audiencia de formulación de cargos en Río Negro.
El juez imputo a la patota de Joe Lewis en Lago Escondido e impuso medida cautelar para proteger las victimas. Hugo Araneda, Helvecia Graciela Hernández, Andrés Saint Antonin, Nicolás y Enzo Puchy fueron imputados por agredir e herir gravemente a manifestantes durante la séptima marcha a Lago Escondido, organizada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), el 1 de febrero pasado en el Camino Tacuifi.




El juez de Garantías Ricardo Calcagno dio por formulados los cargos y dispuso un plazo por cuatro meses hasta, el 14 de febrero 2023, para seguir la investigación y establecer participaciones de otros actores y la policía de Río Negro que también es investigada.
Los hechos se produjeron entre el 30 de enero y el primero de febrero, contando el expediente con el informe de inteligencia de la Policía de Río Negro a los Manifestantes que se dieron cita para la 7ma marcha por la Soberania en Lago Escondido con epicentro en el portón de acceso del camino vecinal «Tacuifí» en el paraje El Foyel.
En esa oportunidad, según la acusación realizada este miércoles por el Fiscal y aceptada por el Juez los imputados en banda, a caballo, con piedras y palos, agredieron gravemente a María Fernanda Álvarez, María Celeste Fierro, Julieta Luna, Gabriel Berrozpe, Joel Vinicius Sverdlik, , Gaston Harispe, Leandro Rachid, Marcos Ariel Cianni, la periodista Alejandra Bartoliche entre otras personas que integraban la marcha a Lago Escondido.El fiscal Francisco Arrien detalló cómo Araneda arrojó una piedra hacia Álvarez lesionándolo .



En tanto, Hernández tiró del cabello y propinó golpes de puño a Fierro y a Luna, «para luego tomar un trozo de madera con el que las golpeó en el cuerpo y en la cabeza, ocasionándoles lesiones».
«Poco después, se dirigió hasta donde estaba ya tirado Berrozpe, a quien le arrojó una piedra de gran tamaño de la cual se cubrió, provocándole fracturas en la tibia y el peroné» continuó el Fiscal.
En el trayecto del camino vecinal, Luna y Fierro auxiliaban a Sverdlik que estaba herido y, Hernández lo pateó en dos oportunidades y golpeó con un palo en la cabeza a Fierro, provocándole una herida sangrante», relató Arrien.
Respecto a Saint Antonin, mencionó que montando un caballo, fue el quien desfiguró a Berrozpe propinándole golpe en la cabeza con fractura de tabique y agredió físicamente a la reportera gráfica de la agencia telam Alejandra Bartoliche, tomando la correa de su cámara fotográfica y «extendiendo ese forecejeo por varios metros». Bartoliche cayó al suelo golpeándose la cabeza en una piedra.
Finalmente, Nicolás y Enzo Puchy están acusados de agredir físicamente con golpes de puño a Sverdlik que cayó al suelo y recibió dos patadas que le ocasionaron una fractura en la costilla.
No se pudo determinar por qué la Policía de Río Negro no intervino ante la violencia, aunque como consta en expediente estaban en los lugares de los hechos y tenían informes de inteligencia sobre los manifestantes.
Al respecto el Fiscal Arrien aclaró que aún no se han individualizado a otros actores y por eso, continúa la investigación.
Los abogados querellantes Palavecino, Geido y Moreda coincidieron en pedir reserva de hechos y derechos, ya que el relato de los mismos en la acusacion es deficiente, faltan actores y no corresponde con la teoría del caso que plantean las víctimas.
Al término de la audiencia, Arrien solicitó medidas cautelares de protección a las víctimas, prohibición de acercamiento y contacto de los imputados a las víctimas por el plazo de la investigación, que fue aceptado por el juez.
Juan Ignacio Sarmiento y Cristian Burhrer, dos abogados defensores, rechazaron la formulación de cargos a los imputados.Este planteo fue rechazado de plano por el Juez Calcagno que consideró «la participación de estos imputados está más que justificada, por razones de tiempo, forma y lugar probadas«.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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