La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH), Capítulo Argentina, emitió un comunicado en el que se pronuncia por la “solidaridad y apoyo a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina” y contra “la justicia servil cómplice del robo del avión venezolano que avergüenza al pueblo argentino”.

El comunicado denuncia la “confiscación ilegal del avión Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur”, que fue incautado en Argentina en junio de 2022, y cuya tripulación “estuvo retenida por varios meses, alejada de su familia y sometida a proceso judicial del cual todxs sus miembros resultaron absueltos”.

El REDH también cuestiona el “decomiso” por parte de Estados Unidos de la aeronave, que califica de “alevoso robo realizado por agentes extranjeros en nuestro propio territorio”, y que fue convalidado por la misma justicia que absolvió a la tripulación.

La organización además expresa su apoyo “a la señora embajadora de Venezuela en Argentina, Stella Lugo, y al personal diplomático de su sede, que han sido objeto de ataques infundados frente a la conducta intachable de defender el patrimonio de su país, en acuerdo total al derecho internacional”.

Asimismo, el comunicado señala que se trata de “un acontecimiento de enorme gravedad institucional, con impactos no deseados en la imagen de Argentina a nivel internacional, lesionada como país en el respeto y confianza que ha inspirado en la región”.

Finalmente, el comunicado atribuye este hecho a “una justicia servil al alineamiento incondicional que el actual gobierno ha retomado en el marco de una política exterior errática, incompetente y antiargentina, que agravia salvajemente la soberanía nacional y la dignidad del pueblo argentino”.

Cabe mencionar que el avión de Emtrasur fue confiscado por Estados Unidos bajo la excusa de “haber sido vendido por una aerolínea iraní sancionada” en violación de las leyes federales de control de exportaciones.

En ese marco, la Justicia argentina ordenó entregar la aeronave a Estados Unidos tras el visto bueno de la fiscalía, algo que el Gobierno de Venezuela calificó como un “robo descarado” y acusó a la Argentina y los EEUU de “violar normas de aeronáutica civil”.