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Lewis obtuvo Lago Escondido en una operación fraudulenta

Así lo sostuvo la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda. La ex senadora nacional rionegrina lleva 17 años comprometida en la causa.

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La titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, aseguró que el objetivo del reclamo y la movilización que la semana pasada se llevó a cabo a Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, fue «cumplir con la Constitución» del distrito patagónico y «sentar además un precedente jurisprudencial para que otros espacios del país puedan ser liberados al acceso público».

La exsenadora nacional rionegrina lleva 17 años comprometida en la causa por lograr «el libre acceso» a las tierras que en torno a ese lago que usufructúa el magnate británico Joe Lewis.

La funcionaria recordó que la posesión de Lewis de esos territorios precordilleranos originó un litigio legal que comenzó en el año 2005 y aunque la demanda por el libre acceso obtuvo una sentencia firme en el año 2009, al día de la fecha la sentencia judicial no se ha cumplido.

La causa fue puesta nuevamente en agenda el domingo de la semana anterior, cuando los integrantes de la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía de Lago Escondido, organizada por la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (Fipca) que circulaban por un camino autorizado por la justicia, fueron agredidos por hombres de civil armados que responden al empresario británico.

-(Télam) -¿Cuál es el objetivo del reclamo por la soberanía de Lago Escondido?

-(Odarda) -Estamos en una lucha por hacer cumplir la Constitución provincial y sentar un precedente jurisprudencial para que los otros lagos escondidos que hay a lo largo y ancho del país también puedan ser liberados al uso público. El problema de la extranjerización de la tierra y la privatización de ríos y lagos en la Patagonia es una situación muy común y deviene de políticas que se aplicaron en los años ’90.

-(T) -¿Cómo obtuvo la propiedad Joe Lewis?

-(O) – Fue una operación que se llevó a cabo por medio de una triangulación fraudulenta. Todos sabemos que en áreas de frontera, por ley, ningún ciudadano extranjero puede tener propiedades tan extensas. Se conformó una sociedad anónima, en la cual el titular era uno de los abogados argentinos de Lewis, Lisandro Allende. En 1996 se pidió una autorización en áreas de fronteras para la compra y como se presentó un ciudadano con DNI argentino lo autorizaron. Pero ese mismo año se inscribió la propiedad en Río Negro como Hidden Lake Sociedad Anónima, cuyo titular es Joe Lewis.

  • (T) -¿Cuándo se cierra el acceso al Lago Escondido?
  • (O) -Lo cerraron inmediatamente. Inclusive los dos puentes que estaban sobre los Ríos, Manzo y Escondido, fueron destruidos y Lewis construyó sus propios puentes dónde solo deja pasar a gente autorizada por él. La mansión fue construida arriba del camino de Tacuifuí, sobre un camino público. Hoy no está Lago Escondido dentro del corredor turístico de la provincia. No se puede acceder a esas tierras que son argentinas.
  • (T) – ¿En qué estado se encuentra hoy la causa por la posesión de las tierras?
  • (O) – La voluntad política de los gobiernos de la provincia fue la de seguir garantizando los privilegios de Lewis. Se declaró prescripta la responsabilidad penal de los funcionarios públicos de Río Negro y del hijo del empresario, que era parte de la sociedad. El ex procurador del Tesoro Carlos Balbín solicitó al ministro (del Interior del gobierno de Cambiemos, Rogelio) Frigerio, que se iniciara una acción de repetición para recuperar las tierras para el Estado. Respondió que no lo iban a hacer por que «la causa estaba prescripta. Balbín fue separado de su cargo por decisión de (Mauricio) Macri por Lago Escondido esto y por negarse a avalar la condonación de gran parte de la deuda que la empresa Socma del expresidente tenía con el Estado por la privatización del Correo Argentina.
  • (T) -¿Cuándo inició la causa que ordenó el libre acceso al Lago Escondido?
  • (O) -Se inició en el año 2005 y el camino de Tacuifuí se habilitó en el 2009 por decisión judicial, al igual del del sendero de montaña por el cual se accede a Lago Escondido. Es decir que existen dos pasos habilitados. Uno para personas entrenadas, por donde se debe completar una travesía de cuatro días hasta llegar al lago. En este camino se produjo el incidente con los manifestantes el domingo pasado.

Y el otro es el acceso de Tacuifuí, que es el camino corto y ahora se encuentra cerrado. La gente no se puede arriesgar a cruzar ese paso por el río sobre todo porque el Río escondido es muy hondo y sobre todo en esta época».

  • (T) – ¿Por qué cree no se cumple la sentencia ordenada en 2009?
  • (O) – Porque se prioriza a una persona por encima del interés público y se pone en riesgo la vida de las personas que quieren llegar al Lago Escondido. En la última marcha se demostró que no se puede llegar al lago. Apareció un grupo de jinetes con armas que impidieron que esas personas pudieran seguir caminando. Así que ninguno de los dos accesos hoy está habilitado para el uso público.
  • (T) – ¿Hubo incidentes previos?
  • (O) – Sí, hubo incidentes en 2019 y 2020, cuando manifestantes fueron agredidos por personal de Lewis.
  • (T) – El expresidente Mauricio Macri y Lewis mantienen una amistad…
  • (O) – Sí, por supuesto. Mauricio Macri siempre ha protegido a Joe Lewis, incluso lo ha defendido en una conferencia de prensa. Dijo que el sendero peatonal estaba en buen estado. Por eso escribí una carta abierta en la cual lo invitaba a hacer el recorrido a caballo o caminando y mostré fotos.
  • (T) – La provincia no está cumpliendo la sentencia para garantizar el libre acceso, ¿Cuál es el próximo paso?
  • (O) – La provincia no ha hecho posible que esos caminos sean transitables, ahora tenemos una nueva audiencia de conciliación que se llevará a cabo el 9 de marzo en los tribunales de Bariloche. En en ella vamos a tratar la modalidad de cumplimiento de la sentencia que ya está firme. Hay que establecer la forma de habilitar los dos caminos hacia Lago Escondido.
  • (T) – ¿Qué cree que la última marcha sirvió para visibilizar la cuestión?
  • (O) – Sí. Se puso en agenda el tema y se comprobó que tampoco es accesible el lago por el sendero de montaña. Hoy se demostró que ni por ese sedero ni por el camino público es accesible, la situación está aún peor que hace unos años atrás.

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Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

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El Argentino Diario-Karina Milei.

Lo que tenés que saber

  • Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
  • El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
  • La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
  • Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
  • Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
  • Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
  • También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.

Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.

La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.

El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.

Las irregularidades señaladas en la licitación

Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.

La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.

Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.

Señalamientos sobre el rol de la administración

La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.

En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.

También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.

Pedido judicial y medidas solicitadas

La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.

También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.

La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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