Judiciales ⚖️
Gordo Dan y Fran Fijap denunciados por mensajes antidemocráticos
Mensajes en redes pidiendo tanques y dinamita desataron una denuncia penal y repudio político durante el debate por jubilaciones y emergencia social.
Lo que tenés que saber
- Tuiteros oficialistas como Gordo Dan y Fran Fijap publicaron amenazas durante la sesión del Senado
- La Justicia recibió denuncias por incitación al delito, apología del crimen e intimidación pública
- La senadora Juliana Di Tullio denunció los posteos durante el debate legislativo
- Funcionarios y referentes políticos expresaron su preocupación por el impacto social
- Las expresiones violentas fueron respaldadas previamente por cuentas cercanas a Javier Milei
Tuiteros libertarios denunciados por incitar al odio durante sesión clave en el Senado
Mientras el Senado debatía aumentos para jubilados, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y envío de fondos a las provincias, dos tuiteros libertarios con vínculos estrechos con el oficialismo lanzaron mensajes violentos contra el Congreso desde redes sociales. Los posteos generaron un amplio repudio y derivaron en una denuncia penal.
Los protagonistas son Daniel Parisini, alias Gordo Dan, y Franco Antunes Puchol, conocido como Fran Fijap. Ambos poseen fuerte presencia en redes sociales y han sido respaldados públicamente por sectores ligados al presidente Javier Milei.

Posteos con amenazas explícitas durante la sesión
La escalada comenzó el jueves, en paralelo al debate legislativo. Gordo Dan escribió en su cuenta: “Los tanques a la calle ya. Es ahora”, seguido de otro mensaje dirigido al presidente: “Javo, poné un F16 a sobrevolar Congreso ya”. Posteriormente, publicó un video editado en el que se ve a Milei a bordo de un tanque disparando contra el edificio del Congreso.
En la misma línea, Fran Fijap compartió: “Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro”.

Estas expresiones no pasaron desapercibidas. La senadora Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) denunció públicamente los mensajes durante la sesión y anticipó una presentación judicial.
Denuncias penales y causas en curso
Este viernes, dos abogados mendocinos presentaron una denuncia ante la fiscalía federal de Alejandra Obregón, solicitando investigar a los tuiteros por los delitos de intimidación pública, instigación a cometer delitos y apología del crimen. Además, pidieron que se analice si los usuarios denunciados reciben financiamiento desde el Estado nacional.
En paralelo, Roque Gervasoni, titular del Instituto de Macroeconomía Circular (IMAC), presentó otra denuncia. Según indicó, las publicaciones promueven un clima de violencia en una sociedad marcada por la incertidumbre. “Alientan un golpe cívico-militar y fomentan el odio en una sociedad cada vez más oprimida y confundida”, expresó.
“No es ni gracioso, ni inocente. Es grave. Pone en peligro la paz social y la integridad física de los legisladores y del pueblo en general”, agregó Gervasoni.
La Justicia y la discusión sobre los límites en redes
Las críticas a la respuesta judicial no se hicieron esperar. Eduardo Tavani, abogado y presidente de la APDH, cuestionó la falta de reacción firme: “Si estas expresiones no son delito, ¿qué lo es?”.

Desde la izquierda, Myriam Bregman también se expresó sobre el tema: “A un mozo lo detuvieron por un tuit contra el Presidente, pero a los voceros libertarios nadie los toca”.
Los antecedentes no son nuevos. En noviembre de 2023, Gordo Dan y otros militantes oficialistas se autodefinieron como el “brazo armado” del Gobierno durante un acto en San Miguel. Desde entonces, sus publicaciones suelen ser compartidas o apoyadas por cuentas afines al Ejecutivo.

Si bien el viernes los protagonistas buscaron relativizar sus expresiones, las denuncias ya están en marcha. La Justicia deberá determinar si los posteos representan delitos concretos o simples provocaciones.
Deportes 🏆
Tapia blindó a Faroni hasta 2030: el contrato que la Justicia convirtió en prueba de defraudación
La Asociación del Fútbol Argentino extendió de manera anticipada y bajo hermetismo total su vínculo con la firma offshore de Javier Faroni y Erica Gillette. La renovación, firmada en octubre de 2025 por Claudio Tapia y el secretario general Cristian Malaspina, amplió las facultades de la empresa con sede en Miami y quedó fuera de toda instancia de deliberación colectiva de la entidad. Hoy, ese documento se convirtió en la principal prueba de cargo de una investigación por defraudación que involucra a la cúpula del fútbol argentino.
AFA prorrogó en secreto el contrato con TourProdEnter y amplió sus poderes un año antes de que venciera
El 15 de octubre de 2025, cuando faltaba más de un año para que venciera el contrato vigente entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la firma TourProdEnter LLC, el presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, estampó su firma en una prórroga que extendió ese vínculo hasta 2030. A su lado firmó el secretario general, Cristian Malaspina. Lo que no hicieron fue informarlo a nadie.
La renovación no figuró en el temario de ninguna reunión del Comité Ejecutivo de la AFA. No se informó en la asamblea ordinaria posterior. Cuando la Justicia allanó la sede de la calle Viamonte, la entidad apenas reconoció la existencia de un contrato «vigente», sin mencionar la prórroga ni su alcance temporal hasta 2030. El hermetismo no fue un descuido administrativo; para el fiscal en lo Penal Económico, Emilio Guerberoff, fue una estrategia deliberada para evitar la trazabilidad de los fondos.
El contrato que se amplió en silencio
TourProdEnter LLC es la empresa controlada por Javier Faroni y Erica Gillette que administra los ingresos de la AFA en el exterior. El vínculo original le otorgaba el carácter de «agente comercial y de cobro», con comisiones del 30% sobre ingresos y 10% sobre logística. La prórroga firmada en octubre de 2025 no solo extendió ese esquema hasta 2030, sino que amplió sustancialmente las facultades operativas de la firma: bajo el nuevo documento, TourProdEnter puede administrar pagos de la AFA en el exterior, efectuar pagos a la entidad mediante bonos de deuda soberana argentina o transferencias bancarias, ejecutar órdenes de pago a terceros por cuenta y orden de la AFA, y ceder el contrato a sociedades afiliadas en cualquier jurisdicción.
La transformación de un simple agente de cobro en un administrador operativo de pagos con poder de cesión en cualquier país del mundo no es un detalle técnico: es, según el dictamen fiscal de Guerberoff, el mecanismo que habría servido para ocultar el origen y destino de fondos que debían integrar el patrimonio de la AFA pero terminaron fluyendo, presuntamente, hacia empresas fantasma en Miami.
Las inconsistencias operativas
La AFA justificó la renovación anticipada en la «buena performance» de TourProdEnter. Sin embargo, la realidad operativa de la firma contradice esa narrativa. La sede declarada por la empresa en Miami funciona actualmente como una hamburguesería. Los balances oficiales de la AFA omitieron sistemáticamente los movimientos millonarios vinculados a esta sociedad durante años, según consta en el expediente judicial.
La Justicia de Estados Unidos inició además sus propias investigaciones sobre los movimientos bancarios de Faroni y Gillette, lo que añade una dimensión internacional a una causa que ya acumula múltiples frentes en Argentina.
El contexto judicial más amplio
Esta causa no es la única que comprometió a la cúpula de la AFA. Este medio informó en reiteradas oportunidades sobre la trama judicial que rodea a la entidad: la investigación por retención indebida de aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos; la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por el uso de facturas apócrifas que superarían los 916 millones de pesos; y la causa de lavado de dinero vinculada al tesorero Pablo Toviggino y la propiedad en Pilar atribuida a su entorno.
En ese marco, el contrato con TourProdEnter que Tapia buscó «blindar» hasta 2030 adquirió una dimensión diferente: lo que nació como un acuerdo comercial se convirtió en el hilo conductor de una investigación sobre el manejo discrecional de los fondos del fútbol argentino, fondos que en definitiva pertenecen a los clubes y a la comunidad que los sostiene.
El apuro por firmar la prórroga antes del vencimiento natural del vínculo, el silencio institucional que rodeó esa decisión y la ampliación de poderes concedida a una empresa cuya sede física resultó ser una hamburguesería componen un cuadro que la Justicia ya no interpreta como casualidad.
Puntos clave
- El 15 de octubre de 2025, Tapia y Malaspina prorrogaron el contrato con TourProdEnter hasta 2030, más de un año antes de su vencimiento previsto para diciembre de 2026.
- La renovación no se informó al Comité Ejecutivo ni a la asamblea ordinaria de la AFA.
- El nuevo documento amplió las facultades de la firma: de agente de cobro a administrador operativo de pagos con poder de cesión en cualquier jurisdicción.
- El fiscal Guerberoff sostuvo que la maniobra buscó evitar la trazabilidad de fondos que debían integrar el patrimonio de la AFA.
- La sede declarada por TourProdEnter en Miami funciona como una hamburguesería; la Justicia estadounidense también investiga los movimientos bancarios de Faroni y Gillette.
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