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Investigación 🔎

Causa $LIBRA: citarán a declarar a la abogada Natalia Volosin

La doctora en Ciencias Jurídicas será la primera testigo convocada en la investigación que involucra al presidente Javier Milei y al empresario Hayden Davis. Volosin difundió documentos clave y denunció irregularidades en el manejo de los tiempos procesales.

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El Argentino Diario-La influencia de Karina Milei sobre su hermano-Hayden Davis-Hablar Milei.

★ La abogada y doctora en Ciencias Jurídicas Natalia Volosin será la primera persona citada a declarar en la causa por la presunta criptoestafa $LIBRA, que investiga al presidente Javier Milei, al empresario estadounidense Hayden Davis y a un entramado de intermediarios por promover inversiones fraudulentas con una criptomoneda que colapsó dejando pérdidas millonarias a nivel global.

«Me dicen que soy la primera citada de la causa $LIBRA. Muy honrada. Como dice Santi Caputo: me preparé toda la vida para esto», manifestó Volosin en su cuenta personal de X, acompañando su publicación con una fotografía de la notificación judicial.

La convocatoria adquiere relevancia porque Volosin tuvo un rol clave como investigadora del caso durante 2025. Fue ella quien difundió públicamente documentos que revelaban la existencia de un presunto «acuerdo confidencial» entre Milei y Davis, un contrato que, según la hipótesis de la querella, habría buscado «blindar» jurídicamente la operación $LIBRA frente a eventuales investigaciones.

Una voz crítica del proceso judicial

Además de su aporte investigativo, Volosin señaló públicamente irregularidades en el manejo de los tiempos procesales por parte del fiscal Eduardo Taiano. Denunció que informes periciales clave, como el análisis de conversaciones telefónicas y mensajes extraídos de celulares secuestrados, tardaron meses en ser incorporados al expediente.

El peritaje de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) sobre dispositivos de los intermediarios Mauricio Novelli y Sergio Morales fue ordenado recién entre septiembre y octubre de 2025, tras las elecciones legislativas, pese a que los aparatos habían sido secuestrados en marzo de 2024 y su contenido extraído en mayo de ese año.

Ese informe reveló datos contundentes: confirmó que Milei fue capacitador en criptomonedas en la academia de Novelli, detectó conversaciones borradas masivamente entre los imputados, halló un NFT (token no fungible) con la imagen del presidente y un panel de control en tiempo real de $LIBRA en los dispositivos de Novelli.

Pump and dump: el fraude que se investiga

En los próximos días, la causa avanzará formalmente en la investigación del presunto «pump and dump», un fraude bursátil que consiste en inflar artificialmente el precio de un activo (en este caso, una criptomoneda) mediante declaraciones falsas o promoción engañosa, para luego venderlo a un precio inflado antes de que colapse.

En el caso de $LIBRA, la criptomoneda fue promocionada públicamente por el presidente Milei el 14 de febrero de 2025 a través de un tuit que incluía un enlace directo al contrato del token. El mandatario borró el mensaje cuando el valor del activo se desplomó, dejando pérdidas que el New York Times estimó en 250 millones de dólares a inversores de todo el mundo.

El peritaje de la DATIP comprobó que Milei no era un ignorante en materia cripto, como había intentado presentarse públicamente. Se hallaron 41 archivos entre fotografías y videos donde aparece dando clases, promocionando la academia de Novelli y figurando como capacitador en cursos de criptomonedas en la escuela «N&W Professional Traders».

Las pruebas que complican al presidente

El material reunido hasta ahora en la causa incluye elementos que, según la querella representada por el abogado Martín Romeo, justifican el llamado a indagatoria de todos los implicados, incluido el presidente.

Entre las pruebas más relevantes figuran:

Conversaciones borradas masivamente. En el celular de Novelli «se hallaron dos conversaciones de WhatsApp y una de Instagram» con Milei, una cifra inverosímil dado el vínculo estrecho que ambos mantuvieron durante años. Con Karina Milei, agendada como «KARINA MILEI RRPP», «se hallaron dos conversaciones». Novelli también borró mensajes con su madre y su hermana, quienes vaciaron una caja de seguridad bancaria inmediatamente después del colapso de $LIBRA.

Grupos de WhatsApp del Tech Forum eliminados. Novelli, Morales y Manuel Terrones Godoy compartieron los grupos «Producción Tech Forum LATAM 2025», «Tech Forum Social Media» y «Marketing & Web Tech Forum 2025» para organizar el evento tecnológico de octubre de 2024 donde participaron todos los involucrados. «Todas las conversaciones individuales y las relativas a grupos de WhatsApp conformados por Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales se hallaron vacías o habrían sido eliminadas», señala el peritaje.

Participación de los hermanos Milei en Zoom con Novelli. El informe de la DATIP constata que «se puede observar una reunión mantenida por Zoom en la que participan Novelli, Javier Milei y Karina Milei. En particular, según se desprende del contenido relevado, la reunión se habría gestado a efectos de grabar la clase a cargo de Javier Milei en el contexto del curso de Criptomonedas».

El teléfono nuevo de Morales. El dispositivo de Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y único funcionario que renunció tras el escándalo, «comenzó a utilizarse con este abonado recién el 20 de febrero de 2025» (seis días después del colapso) «y no se han hallado conversaciones con las personas» involucradas. Todo indica que descartó su celular original y activó uno nuevo tras estallar el caso.

NFT con la imagen de Milei. Se halló «una imagen representativa de Javier Milei. Según se desprende de los nombres de los archivos, serían creados como NFT que son activos digitales que utilizan la tecnología de Blockchain para asegurar su autenticidad y garantiza que son irrepetibles». Para la querella, «esto da cuenta de que Novelli y Milei ya sabían lo que estaban haciendo cuando lanzaron $LIBRA».

Panel de control de $LIBRA. En un dispositivo se encontró «una imagen en la que se puede ver un tablero de control en el que figura el Token $Libra», es decir, un panel que muestra la cotización del criptoactivo y cómo sube y baja su valor en tiempo real. El interrogante es por qué los acusados de ser meros intermediarios tenían acceso a información interna del equipo de $LIBRA.

Contactos con funcionarios de Presidencia. El peritaje revela contactos de Novelli con integrantes de la Presidencia como «Mara Gorini Presidencia Secretaria» y «Alejandra Serventi Presidencia». Novelli ingresó en diversas ocasiones a Casa Rosada para reunirse con los hermanos Milei, según registros de acceso.

El pedido tardío del contrato secreto. En un dictamen fechado el martes pero cargado al sistema el jueves, Taiano pidió a la Secretaría General de la Presidencia «que informe si existe un acuerdo confidencial entre Hayden Davis y el Sr. Presidente Javier Milei» relativo a $LIBRA. El pedido llega casi un año después del inicio de la investigación, cuando cualquier copia física en poder del gobierno ya podría haber sido destruida. Días atrás, el diario Clarín publicó la transcripción de lo que sería ese acuerdo confidencial.

«¿Qué más se necesita?»

El querellante Martín Romeo fue contundente al analizar el estado de la causa: «Con lo que surge del peritaje ya está todo dado para que se llame a indagatoria a todos los acusados, incluido Milei. De acuerdo al informe, habían creado un NFT con anterioridad. Milei daba cursos de criptoactivos, o sea, que no era un ignorante que desconocía lo que estaba haciendo. Quedó claro que hubo conversaciones entre ellos borradas, un grupo de WhatsApp armado sobre el Tech Forum en el que estaban Novelli, Manuel Terrones Godoy y Morales, que está vinculado a Karina y a la CNV. También apareció una imagen de ‘panel de control’ de Libra.

El fiscal pidió el contrato porque de lo que no vemos del peritaje, que son los anexos, habría surgido información relevante. Debe haber alguna información que dice que hubo algún contrato o algo, porque le piden a la Secretaría General de Presidencia que diga si Milei firmó un contrato secreto con Hayden Davis por Libra. ¿Qué más se necesita?».

El fiscal Taiano imputó hasta ahora los presuntos delitos de estafa, cohecho, abuso de autoridad y tráfico de influencias. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) planteó incorporar la figura de negociaciones incompatibles con la función pública para los hermanos Milei.

Una causa que avanza a paso lento

La causa cumplirá en febrero un año sin que ninguno de los principales implicados haya sido citado formalmente a prestar declaración indagatoria. Las demoras procesales han sido una constante: el contenido de los dispositivos secuestrados en marzo de 2024 fue extraído en mayo, pero Taiano recién ordenó su análisis entre septiembre y octubre de 2025, después de las elecciones legislativas.

La citación a Volosin como primera testigo marca un punto de inflexión en una investigación que, según la querella, acumula pruebas suficientes para avanzar con indagatorias a todos los imputados. El interrogante es si la Justicia dará ese paso o si seguirá dilatando un proceso que involucra directamente al presidente de la Nación.

Puntos clave

• La abogada Natalia Volosin será la primera persona citada a declarar en la causa $LIBRA, tras haber difundido documentos clave y denunciado irregularidades procesales

• Volosin reveló en 2025 la existencia de un presunto acuerdo confidencial entre Milei y Davis para blindar jurídicamente la operación

• El peritaje de la DATIP confirmó que Milei fue capacitador en criptomonedas, detectó conversaciones borradas masivamente y halló un NFT del presidente

• La causa investiga un presunto «pump and dump» que dejó pérdidas estimadas en 250 millones de dólares a inversores de todo el mundo

• La querella sostiene que hay pruebas suficientes para llamar a indagatoria a todos los implicados, incluido el presidente, pero la causa cumplirá un año sin avances sustanciales ★

Investigación 🔎

Tiroteo en San Cristóbal: un chico inimputable y un caso que revela la violencia cuando ya es tarde

Ian Cabrera tenía 13 años y llevaba apenas unos días en el secundario cuando fue asesinado por un compañero que entró al colegio con una escopeta. A casi una semana del hecho, la causa judicial avanza pero el acusado no puede ser juzgado. La nueva ley penal juvenil existe, pero no rige todavía.

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★ El lunes 30 de marzo, en el patio de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, un adolescente de 15 años extrajo una escopeta de su mochila durante el acto de izamiento de bandera y abrió fuego contra sus compañeros. Ian Cabrera, de 13 años, que cursaba primer año desde hacía apenas unos días, murió como consecuencia de los disparos. Otros ocho estudiantes resultaron heridos, uno de ellos trasladado en código rojo a Rafaela con perdigones en cara y cuello. Un asistente escolar logró reducir al agresor y quitarle el arma antes de la llegada de la Policía.

El crimen no tiene precedentes en la historia reciente del sistema educativo argentino. Y sin embargo, llegó acompañado de una constatación que debería incomodar profundamente: las instituciones que debían proteger a Ian fallaron mucho antes de que sonara el primer disparo.

Lo que se sabe de la causa

La investigación está en manos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. El fiscal regional Carlos Vottero confirmó que se ordenaron múltiples diligencias: la autopsia del estudiante fallecido, la toma de testimonios de víctimas, compañeros y docentes, y pericias dentro del establecimiento para reconstruir la secuencia del ataque. Los fiscales sostienen que las pruebas indicarían una planificación previa y que el trasfondo del caso «está atravesado por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales y familiares», según trascendidos de la investigación.

En cuanto al presunto agresor, identificado con las iniciales G.C., permanece alojado en un instituto de menores en la ciudad de Santa Fe, acompañado por su padre. Su madre, Mabel, regresó a San Cristóbal. En un mensaje enviado a la periodista Mariela López Brown, quien cubre el caso en Santa Fe, la mujer rechazó las versiones que circularon: «No tengo nada que decir. Dijeron todo por todos lados y muchas mentiras.» La frase dejó abierta la disputa por el relato en torno a la tragedia, pero no aportó datos que modifiquen el estado de la causa.

Se concretó la audiencia de atribución de cargos en los Tribunales de Santa Fe: allí el adolescente tomó conocimiento formal de la acusación en su contra por el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, el resultado fue el que la ley vigente obligaba a dar: fue declarado no punible.

La ley nueva que todavía no rige

El Congreso Nacional aprobó la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años. La norma fue publicada en el Boletín Oficial a principios de marzo de 2026. Pero su artículo 52 establece que el nuevo régimen «entrará en vigencia a los 180 días» de esa publicación, un plazo que a la fecha del crimen no se había cumplido.

La consecuencia es concreta: bajo el régimen legal vigente al momento del ataque, el adolescente de 15 años no puede ser imputado penalmente. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, lo confirmó en conferencia de prensa el mismo día del hecho: «No es punible por la edad. La nueva norma aún no entró en vigencia.»

Quienes aprovecharon el caso para reclamar más punición adolescente omitieron este detalle central: incluso con la nueva ley aprobada, la tragedia de San Cristóbal no hubiera tenido otro desenlace judicial. La ley que se votó no estaba en vigor y no podía aplicarse retroactivamente. El debate sobre la imputabilidad, legítimo en sus términos, llega de todas formas tarde a explicar lo que pasó en ese patio escolar.

El perfil del agresor y las alarmas que nadie vio

El ministro de Educación santafesino, José Goity, confirmó que el acusado no registraba antecedentes dentro del sistema educativo, pero que atravesaba «una problemática intrafamiliar importante». También indicó que, en principio, el hecho no respondió a un conflicto escolar directo, aunque no descartó que el adolescente pudiera haber sido víctima de situaciones de violencia o bullying.

Según trascendidos del expediente, los fiscales investigan la existencia de un intento de suicidio previo del adolescente y vínculos familiares que habrían incidido en su estado emocional. Estas líneas todavía no fueron confirmadas de manera oficial y forman parte de la investigación en curso.

La pregunta que el sistema educativo y el Estado provincial no pueden eludir es precisa: ¿cómo un chico de 15 años con señales de crisis emocional documentadas pudo ingresar a su escuela con una escopeta sin que nadie lo advirtiera?

El dolor que no se politiza

Ian Cabrera fue velado el martes 31 de marzo en la Asociación Mutual de San Cristóbal. A las 10.30, sus restos fueron trasladados al cementerio municipal. Desde la tarde del lunes, vecinos se habían acercado espontáneamente a la puerta de la escuela con velas y carteles con pedidos de justicia para el chico que había entrado al secundario hacía apenas unos días.

El Gobierno de Santa Fe dispuso la suspensión de clases en el establecimiento y la intervención de equipos territoriales de contención para estudiantes, docentes y familias. Es lo mínimo que corresponde. Lo que corresponde además, y que todavía no tiene respuesta, es dar cuenta de la cadena de omisiones que permitió que una escopeta llegara a ese patio.

La escuela pública no es el problema. Es el lugar donde se hacen visibles los problemas que el Estado no resuelve.

Puntos clave:

  • Ian Cabrera, de 13 años, fue asesinado el 30 de marzo en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, Santa Fe, durante el acto de izamiento de bandera.
  • El acusado, G.C., de 15 años, fue declarado no punible bajo la legislación vigente; la nueva Ley 27.801 que baja la edad de imputabilidad a 14 años no había entrado en vigor al momento del hecho.
  • El fiscal regional Carlos Vottero confirmó diligencias en curso: autopsia, testimonios y pericias en el establecimiento.
  • El ministerio de Educación reconoció que el acusado atravesaba una «problemática intrafamiliar importante» y no descartó situaciones de bullying.
  • Un asistente escolar redujo al agresor y evitó una masacre mayor; el heroísmo individual no reemplaza las políticas de contención que faltaron.

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