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Tierra del Fuego creó su propia petrolera para incursionar en el mercado de hidrocarburos

Se trata de «Terra Ignis Petróleo y Gas», una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria de la provincia.

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Por Gabriel Ramonet

Con la creación por ley de su propia empresa de hidrocarburos, llamada «Terra Ignis Petróleo y Gas», una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, la provincia de Tierra del Fuego buscará incursionar en el mercado petrolero dándole valor a sus propios recursos naturales, según explicaron autoridades del gobierno fueguino.

El proyecto impulsado por la gestión del gobernador Gustavo Melella fue sancionado por la Legislatura provincial el pasado 16 de junio, con el voto unánime de los diputados provinciales presentes, después de haber sido analizado varios meses en reuniones de comisión.

Una vez que la norma sea promulgada por el Poder Ejecutivo, y se den los pasos iniciales relacionados con la inscripción legal y capitalización, la empresa seguirá la línea de las ya conformadas en otras provincias hidrocarburíferas, como Neuquén y Chubut, detallaron los voceros consultados.

Para ello, Terra Ignis buscará asociarse con capitales privados para encarar la explotación conjunta de yacimientos onshore y offshore, en principio con pequeñas inversiones y en relación con pozos que ya están en funcionamiento.

“Obviamente tenemos que involucrarnos en la creación de empleo. La idea es ir creciendo en capital y asociarnos de a poco en actividades de mayor escala”.

A su vez, la compañía fue autorizada a prestar servicios públicos de distribución de gas natural y a incursionar en la generación de energía eléctrica renovable.

«La provincia tiene setenta años de historia en la industria hidrocarburífera, por lo que esta empresa era necesaria como una forma de insertarse en un sector económico al que de otra forma no podíamos acceder», explicó a Télam el secretario de Hidrocarburos de la provincia, Alejandro Aguirre.

El funcionario mencionó que la estrategia de la compañía consistirá en ir escalando posiciones a partir de formar primero pequeñas unidades de negocios destinadas, por ejemplo, al mejoramiento de pozos de baja productividad.

«En algunas provincias ya existe la figura de empresas recuperadoras. Se estima que en Tierra del Fuego existen unos 500 pozos inactivos o deficientes. La idea es analizarlos a través de un trabajo que podría ser financiado por fondos del Consejo Federal de Inversión (CFI), y en algunos casos proponer una intervención para elevar la productividad con ganancia conjunta», mencionó Aguirre.

La posibilidad de incursionar en la producción de «energía verde» a partir del hidrógeno, para lo que la provincia ya cuenta con el desarrollo de un modelo de negocio, o de abocarse a obras de tendido de redes de gas natural, son opciones que también se encuentran en el radar de la sociedad anónima creada por la provincia.

«Obviamente tenemos que involucrarnos en la creación de empleo. La idea es ir creciendo en capital y asociarnos de a poco en actividades de mayor escala, como podría ser la exploración o la operación de algún área que no sea de interés para otras empresas», analizó el funcionario.

Según su ley de creación, la compañía será una sociedad anónima con un capital social inicial de $300 millones, de los que la provincia suscribirá el 90% y el 10% restante será de la Agencia de Recaudación Fueguina (Aref).

El Poder Ejecutivo fue facultado a elaborar y aprobar el estatuto societario, mientras que también se definió que la provincia nunca podrá tener una participación accionaria menor al 51%.

La petrolera será dirigida por un directorio de cinco miembros, tres designados por el Ejecutivo y dos por la Legislatura, en tanto que la empresa no se regirá por el régimen de contrataciones y administración financiera del Estado, y los controles quedarán a cargo de síndicos y de auditorías externas privadas o encargadas al Tribunal de Cuentas de la provincia.

La empresa también fue eximida del pago del impuesto a los sellos y de Ingresos Brutos, así como de todas las tasas, contribuciones o aranceles relacionados con su constitución.

Además, la ley estipula que al menos el 70% de las utilidades de la compañía que correspondan a la provincia deberán destinarse a «la gestión sostenible de los recursos naturales de la provincia, especialmente a aquellos de alto valor ambiental, y a la realización de obras de infraestructura relacionadas con el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible», quedando prohibida la aplicación de dividendos a gastos corrientes.

En el corto plazo, Terra Ignis conformará su directorio y luego «comenzarán los trámites para la inscripción ante la Inspección General de Justicia (IGJ) antes de realizar los desembolsos de capitalización», detalló el secretario fueguino de Hidrocarburos.

Para el gobernador Melella, la empresa significa «un paso histórico para la ampliación de la matriz productiva y para defender los recursos naturales que son de los fueguinos y fueguinas».

«Estamos convencidos de que se abre un nuevo horizonte de oportunidades y desafíos. Nuestra provincia volverá a tener un rol central en la gestión de sus recursos y esto permitirá generar trabajo y crecimiento», afirmó el mandatario en declaraciones oficiales.

Coparticipación

Presupuesto 2027: discapacidad, universidades y transporte frenan el acuerdo

El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y sentar el proyecto en el recinto el miércoles 25, cinco días antes de que termine el período ordinario. Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban la negociación.

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Vista del exterior del Palacio del Congreso de la Nación Argentina con su cúpula característica. Imagen ilustrativa generada con IA.

Tres partidas tienen frenado el Presupuesto 2027. Los recursos para las prestaciones por discapacidad, el aumento de los fondos para las universidades nacionales y los subsidios al transporte del interior son los puntos que los bloques aliados pusieron sobre la mesa para acompañar el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 15 de septiembre, la fecha límite que fija la ley de administración financiera.

La negociación la conducen el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Del lado del Ejecutivo participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que mantiene conversaciones con los gobernadores de los bloques dialoguistas. El oficialismo descartó el 18 de noviembre y ahora apunta a firmar dictamen el martes 17 para llevar el proyecto al recinto el miércoles 25, cinco días antes de que concluya el período de sesiones ordinarias.

Los tres reclamos que traban el dictamen

El primero es la discapacidad. Las prestaciones quedaron en el centro de la discusión después de que Amnistía Internacional advirtiera que el proyecto asigna a ese rubro 24% menos de fondos que en 2023. El segundo son las universidades: el texto contempla $7,3 billones para el sector, mientras los rectores reclaman $11 billones. El tercero es el transporte del interior, con los subsidios y el Fondo Compensador como eje. A esos puntos se suma un pedido transversal: la rebaja del Impuesto a los Combustibles, con el argumento de que la recaudación no se destina al mantenimiento de las rutas nacionales ni al 2,55% que corresponde al fondo del transporte del interior.

La Jurisdicción 91: $14,8 billones sin destino fijo

Los bloques aliados sostienen que hay margen para atender los reclamos sin romper el equilibrio fiscal y apuntan a la Jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro. El proyecto le asigna $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y la partida funciona como una reserva que administra la Secretaría de Hacienda: no tiene edificio ni empleados propios y puede reasignarse durante la ejecución. Cerca de la mitad de esos recursos está prevista para cubrir déficits y transferencias a empresas estatales, entre ellas Ferrocarriles, ENARSA, EducAr y el Correo. El mecanismo existe desde la década del 90 y ahora los dialoguistas quieren que parte de ese fondo se destine a discapacidad y universidades.

Las demandas de cada bloque

Cada espacio sumó reclamos propios. El PRO exige garantizar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, bajar del 21% al 10,5% la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados y fijar un mecanismo que asegure plazos y tarifas en las obras de rutas nacionales.

La UCR, con el mendocino Lisandro Nieri como negociador, pide eliminar cuatro artículos del texto. Los bloques provinciales reclaman que se avance con las obras ya acordadas y que se amplíen los $503.000 millones previstos para compensar los déficits de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación. Los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, sumaron el pedido de tratar la Ley de Biocombustibles, que quedó frenada por un reclamo de legisladores bonaerenses.

Las cuentas del proyecto

El texto prevé gastos totales consolidados por $216 billones y recursos por $219,3 billones, con subas de 25,3% y 26,2% respecto de la base de comparación que usa el Gobierno. Las partidas de servicios sociales ascienden a $150,9 billones y los servicios de la deuda pública a $18,6 billones. La discusión de fondo es qué se recorta para sostener el superávit primario y el equilibrio fiscal que el Ejecutivo puso como condición de cualquier cambio.

El reloj de las ordinarias

Si el proyecto no se aprueba antes del 30 de noviembre, el tratamiento pasa a sesiones extraordinarias, que el Gobierno puede convocar desde el 1 de diciembre. Y si el Presupuesto no se sanciona, la ley 24.156 obliga a prorrogar el del año anterior, con lo que el Ejecutivo recupera discrecionalidad sobre las partidas. La apuesta oficialista es que el dictamen llegue el 17 y que el recinto vote el 25, con el margen justo para evitar ese escenario.

Lo que tenés que saber

  • El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y a tratar el Presupuesto 2027 en el recinto el miércoles 25.
  • Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban el acuerdo con los bloques aliados.
  • La Jurisdicción 91 concentra $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y los dialoguistas quieren reasignar parte de esos fondos.
  • El proyecto prevé $7,3 billones para universidades frente a los $11 billones que piden los rectores, y $503.000 millones para las cajas jubilatorias provinciales.
  • Si no hay ley antes del 30 de noviembre, rige la prórroga del Presupuesto anterior.
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