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Tierra del Fuego creó su propia petrolera para incursionar en el mercado de hidrocarburos
Se trata de «Terra Ignis Petróleo y Gas», una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria de la provincia.
Por Gabriel Ramonet
Con la creación por ley de su propia empresa de hidrocarburos, llamada «Terra Ignis Petróleo y Gas», una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, la provincia de Tierra del Fuego buscará incursionar en el mercado petrolero dándole valor a sus propios recursos naturales, según explicaron autoridades del gobierno fueguino.
El proyecto impulsado por la gestión del gobernador Gustavo Melella fue sancionado por la Legislatura provincial el pasado 16 de junio, con el voto unánime de los diputados provinciales presentes, después de haber sido analizado varios meses en reuniones de comisión.
Una vez que la norma sea promulgada por el Poder Ejecutivo, y se den los pasos iniciales relacionados con la inscripción legal y capitalización, la empresa seguirá la línea de las ya conformadas en otras provincias hidrocarburíferas, como Neuquén y Chubut, detallaron los voceros consultados.
Para ello, Terra Ignis buscará asociarse con capitales privados para encarar la explotación conjunta de yacimientos onshore y offshore, en principio con pequeñas inversiones y en relación con pozos que ya están en funcionamiento.
“Obviamente tenemos que involucrarnos en la creación de empleo. La idea es ir creciendo en capital y asociarnos de a poco en actividades de mayor escala”.
A su vez, la compañía fue autorizada a prestar servicios públicos de distribución de gas natural y a incursionar en la generación de energía eléctrica renovable.
«La provincia tiene setenta años de historia en la industria hidrocarburífera, por lo que esta empresa era necesaria como una forma de insertarse en un sector económico al que de otra forma no podíamos acceder», explicó a Télam el secretario de Hidrocarburos de la provincia, Alejandro Aguirre.
El funcionario mencionó que la estrategia de la compañía consistirá en ir escalando posiciones a partir de formar primero pequeñas unidades de negocios destinadas, por ejemplo, al mejoramiento de pozos de baja productividad.
«En algunas provincias ya existe la figura de empresas recuperadoras. Se estima que en Tierra del Fuego existen unos 500 pozos inactivos o deficientes. La idea es analizarlos a través de un trabajo que podría ser financiado por fondos del Consejo Federal de Inversión (CFI), y en algunos casos proponer una intervención para elevar la productividad con ganancia conjunta», mencionó Aguirre.
La posibilidad de incursionar en la producción de «energía verde» a partir del hidrógeno, para lo que la provincia ya cuenta con el desarrollo de un modelo de negocio, o de abocarse a obras de tendido de redes de gas natural, son opciones que también se encuentran en el radar de la sociedad anónima creada por la provincia.
«Obviamente tenemos que involucrarnos en la creación de empleo. La idea es ir creciendo en capital y asociarnos de a poco en actividades de mayor escala, como podría ser la exploración o la operación de algún área que no sea de interés para otras empresas», analizó el funcionario.
Según su ley de creación, la compañía será una sociedad anónima con un capital social inicial de $300 millones, de los que la provincia suscribirá el 90% y el 10% restante será de la Agencia de Recaudación Fueguina (Aref).
El Poder Ejecutivo fue facultado a elaborar y aprobar el estatuto societario, mientras que también se definió que la provincia nunca podrá tener una participación accionaria menor al 51%.
La petrolera será dirigida por un directorio de cinco miembros, tres designados por el Ejecutivo y dos por la Legislatura, en tanto que la empresa no se regirá por el régimen de contrataciones y administración financiera del Estado, y los controles quedarán a cargo de síndicos y de auditorías externas privadas o encargadas al Tribunal de Cuentas de la provincia.
La empresa también fue eximida del pago del impuesto a los sellos y de Ingresos Brutos, así como de todas las tasas, contribuciones o aranceles relacionados con su constitución.
Además, la ley estipula que al menos el 70% de las utilidades de la compañía que correspondan a la provincia deberán destinarse a «la gestión sostenible de los recursos naturales de la provincia, especialmente a aquellos de alto valor ambiental, y a la realización de obras de infraestructura relacionadas con el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible», quedando prohibida la aplicación de dividendos a gastos corrientes.
En el corto plazo, Terra Ignis conformará su directorio y luego «comenzarán los trámites para la inscripción ante la Inspección General de Justicia (IGJ) antes de realizar los desembolsos de capitalización», detalló el secretario fueguino de Hidrocarburos.
Para el gobernador Melella, la empresa significa «un paso histórico para la ampliación de la matriz productiva y para defender los recursos naturales que son de los fueguinos y fueguinas».
«Estamos convencidos de que se abre un nuevo horizonte de oportunidades y desafíos. Nuestra provincia volverá a tener un rol central en la gestión de sus recursos y esto permitirá generar trabajo y crecimiento», afirmó el mandatario en declaraciones oficiales.
Trabajo
Cabot cierra su planta en Campana y deja a 150 familias a la deriva
**El ajuste económico suma otra víctima: la multinacional química anunció el cierre definitivo de su planta bonaerense, donde producía negro de humo para la industria del neumático. Los trabajadores marcharon este lunes para exigir garantías sobre sus indemnizaciones.**
150 trabajadores sin empleo: Cabot cierra y el modelo Milei destruye otro eslabón industrial
La empresa multinacional Cabot Corporation resolvió el cierre definitivo de su planta ubicada en la localidad bonaerense de Campana, dejando sin trabajo a 150 personas entre empleados directos y tercerizados. La firma, especializada en la producción de negro de humo y materiales químicos de alto rendimiento, comunicó la decisión el martes pasado a través de directivos llegados desde Brasil, quienes reunieron al personal en el comedor de la planta para anunciar el cese total de las operaciones en Argentina.
La noticia que nadie esperaba
La modalidad del anuncio encendió las alarmas entre los trabajadores: sin previo aviso colectivo, sin instancias de negociación previas y con la sola mención de que «un estudio jurídico se encargaría del tema». La incertidumbre sobre el cobro de las indemnizaciones se instaló de inmediato. Agustín, operario de la planta y padre de dos hijos, describió la situación con crudeza en declaraciones televisivas : «Vino uno de los gerentes de Brasil, juntó a todos los trabajadores en el comedor y anunció que la firma iba a cerrar su operación en Argentina y que un estudio jurídico se iba a encargar del tema. No sabemos si nos van a pagar o no. Están queriendo meter el preventivo de crisis para pagarnos un 50% menos. A nosotros no nos han pagado, no nos han echado, estamos a la deriva.»
El recurso del preventivo de crisis, un mecanismo legal que habilita a las empresas a reducir las indemnizaciones a la mitad, fue señalado por los propios trabajadores como la estrategia que la compañía planea utilizar para minimizar sus obligaciones laborales. Si se aplica, implicaría una pérdida económica directa y significativa para cada uno de los afectados.
Una lucha con décadas de historia en juego
Este lunes, los trabajadores de Cabot se movilizaron desde la planta hasta la plaza principal de Campana para presentar un petitorio ante el municipio y exigir garantías concretas. La imagen de obreros con años y décadas de trabajo al hombro reclamando en la calle resume, en términos humanos, lo que los índices macroeconómicos no siempre logran mostrar.
Mario Di Paolo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Negro de Humo, ratificó los hechos y marcó la dimensión del golpe: «El martes vinieron dos directivos de Brasil, juntaron a toda la gente en el comedor y notificaron el cese total de las tareas y el cierre definitivo de Cabot Argentina. Yo hace 15 años que estoy en Cabot y estamos con la lucha con los compañeros.» Di Paolo advirtió además sobre la situación concreta que enfrentan los operarios en el mercado laboral actual: «Con este modelo económico está muy difícil conseguir trabajo. Los compañeros son todos mayores de 40 años, se les va a complicar mucho empezar a trabajar de vuelta.»
El drama individual de cada trabajador ilumina la magnitud del daño. Gustavo, de 52 años y con 16 años de antigüedad en la planta, expresó: «Es una sorpresa grande para todos. Ya no voy a conseguir laburo en ningún lado. Hay que remarla. Sin trabajo no hay dignidad y no hay nada. Es una vergüenza lo que hicieron.» Agustín, por su parte, señaló el impacto sobre sus compañeros de mayor trayectoria: «Tenemos compañeros con más de 30 años en la fábrica que saben que no consiguen más trabajo, porque uno con esa edad para el sistema ya queda obsoleto.»
Una decisión «netamente comercial» en un contexto de desguace
Uno de los testimonios más contundentes fue el de un trabajador con 26 años de antigüedad en la empresa, quien rechazó los argumentos de la firma: «Siempre pusimos el pecho en todas las crisis, pasamos por muchas, por eso es inentendible la situación que nos plantean hoy. No es un problema de productividad, es una decisión netamente comercial. Es una pena que tomen esta decisión y dejen a 150 familias sin trabajo.»
En el sector señalan que la crisis en la industria del neumático, agravada por las dificultades atravesadas por FATE, uno de los principales clientes históricos de la producción de negro de humo de la planta, contribuyó a deteriorar la ecuación comercial de Cabot en Argentina. Sin embargo, los propios trabajadores insisten en que la decisión responde a una estrategia corporativa global, no a un problema de desempeño local.
El costo humano del modelo
El cierre de Cabot no es un episodio aislado. Se inscribe en un proceso de desindustrialización acelerada que distintos relevamientos privados y sindicales estiman en más de 320.000 puestos de trabajo perdidos y alrededor de 15.000 industrias cerradas en todo el país desde diciembre de 2023. Ese proceso tiene coordenadas precisas: apertura importadora, contracción del mercado interno, retracción del consumo y deterioro sostenido del poder adquisitivo, factores que la gestión de Javier Milei asume como costos necesarios del «saneamiento macroeconómico.»
El propio contexto inflacionario agrava la situación de quienes pierden el empleo. Según datos del INDEC de marzo de 2026, la Canasta Básica Total (CBT) registró una variación interanual del 30,4%, lo que significa que los trabajadores desplazados enfrentan simultáneamente la pérdida de ingresos y un costo de vida que se mantiene en niveles críticos. A eso se suma que el gasto primario del Estado cayó un 5,1% interanual adicional en el primer trimestre de 2026, según datos del Foro Economía y Trabajo, reduciendo aún más la red de contención disponible para quienes quedan fuera del mercado laboral.
En ese marco, la promesa oficial de que el ajuste tiene un horizonte de alivio choca con la realidad cotidiana de trabajadores que, a los 40, 50 o 52 años, saben que el sistema productivo argentino actual no tiene lugar para ellos.
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