DDHH
Memoria: en 2021 hubo 24 veredictos por delitos de lesa humanidad
Se trataron los casos de ESMA VI, Contraofensiva Montonera I y II, Triple A de Bahía Blanca, Sub Zona 15 de Mar del Plata, Delitos sexuales de ESMA y Sheraton III, entre otras.
Por Mariana Menzulio.
Los juicios de lesa humanidad prosiguieron a lo largo de 2021 a pesar de las dificultades y limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus y se concretaron 24 veredictos en causas por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Entre los procesos orales y públicos de juicios que tuvieron sentencias durante el año pasado se encuentran los casos de ESMA VI, Contraofensiva Montonera I y II, Triple A de Bahía Blanca, Sub Zona 15 de Mar del Plata, Delitos sexuales de ESMA y Sheraton III, entre otras.
A continuación, se detallan las sentencias por orden cronológico:
El 18 de febrero, el Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a ocho integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA por delitos de lesa humanidad cometidos contra 816 víctimas que pasaron por ese centro clandestino de detención en el cuarto tramo de la megacausa.
El 22 de febrero, en Córdoba, fueron condenados exmilitares, policías provinciales y personal de civil de inteligencia por homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos cometidos en el centro clandestino de detención «La Perla» en 1976, en el marco de las causas «Diedrichs» y «Herrera».
El 19 de marzo, en Mendoza, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 elevó a 15 años de prisión la condena al exmilitar Segundo Héctor Carabajal y a cinco años de prisión para Antonia Reitano Sataiti por la apropiación de Claudia Verónica Domínguez Castro.
El 30 de mayo el Tribunal Oral Federal de Resistencia hizo lugar al pedido de la fiscalía e impuso 15 años de prisión al expolicía provincial Alfredo Luis Chas como partícipe secundario de once homicidios agravados y de cuatro hechos de privación ilegal de la libertad agravada cometidos durante la Masacre de Margarita Belén, ocurrida en Chaco el 13 de diciembre de 1976.
También el 30 de mayo el Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó penas de hasta 25 años de prisión para los ochos acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 33 víctimas en el marco de la causa conocida como «Caballero III».
El 10 de junio el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín condenó a prisión perpetua a cinco oficiales del Ejército que ocuparon altos cargos en la estructura de Inteligencia entre 1979 y 1980 por los crímenes cometidos contra 94 militantes de la organización Montoneros durante la Contraofensiva, de los que 70 permanecen desaparecidos.
Roberto Bernardo Dambrosi, Luis Ángel Firpo, Jorge Eligio Bano, Eduardo Eleuterio Ascheri y Marcelo Cinto Courtaux fueron encontrados culpables como coautores de los delitos de privación ilegal de libertad, tormentos y homicidio.
En este juicio hubo una nueva condena el 15 de julio, ya que el imputado Jorge Apa, quien había sido apartado del proceso en en la última audiencia por supuestos problemas psicológicos que luego se determinó habían sido simulados, fue condenado a prisión perpetua en cárcel común.
El 16 de junio el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata absolvió a Juan José Banegas, Guillermo Emilio Nani, Eduardo Salvador Ullúa y Miguel Ángel Ruiz, acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar contra víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención y torturas que funcionó en el viejo radar subterráneo de la Base Área.
El 18 de junio el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al exespía Ariel Darío Pituelli y al ex agente de la Policía Federal Miguel Ángel Britos por crímenes cometidos en el circuito represivo de los centros clandestino de detención Atlético Banco y Olimpo.
El 24 de junio, en el marco de la revisión ordenada en 2016 por la Cámara Federal de Casación Penal a una sentencia dictada en 2011, el Tribunal Oral Federal 1 de Salta condenó a prisión perpetua al ex policía Andrés del Valle Soraire por resultar partícipe necesario de los homicidios del ex gobernador de esa provincia, Miguel Ragone, y de un testigo del crimen, Santiago Arredes.
El 7 de julio, en el marco de la causa «Chartier», el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, condenó a los seis acusados, pero por debajo de lo solicitado por la fiscalía. La mayoría de las víctimas trabajaron en el Frigorífico Nelson y conformaron la agrupación sindical La Lucha, reconocida como una ramificación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
El 29 de julio el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario condenó hoy a prisión perpetua al ex capitán de inteligencia Jorge Alberto Fariña y a los tres ex policías federales de la Delegación Rosario Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López, por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 29 víctimas en el centro clandestino de detención (CCD) «Quinta de Fisherton».
El 2 de agosto la justicia federal de Bahía Blanca condenó a penas de entre 10 años de cárcel y prisión perpetua a cuatro exmiembros de la asociación ilícita Triple A, acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años ’70 en esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.
El Tribunal Oral Federal condenó a Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero por los delitos de asociación ilícita en perjuicio de 24 personas.
El 13 de agosto el Tribunal Oral Federal 5 condenó a 24 años de prisión al represor Jorge «Tigre» Acosta en la causa que lo juzgó por delitos sexuales cometidos contra secuestradas en la ESMA. Además se sentenció a 20 años de cárcel a otro represor que integró el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, Alberto González.
El 20 de agosto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a 16 años de prisión al ex al ex agente de inteligencia del Ejército Carlos Antonio Españadero, alias «Mayor Peña» o «Mayor Peirano» por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 17 víctimas durante la época del terrorismo de Estado.
El 15 de septiembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas condenó a cinco años de prisión al exguardiacárcel José María Cuenca e impuso cuatro años y seis meses de prisión al también expenitenciario Rubén Alberto Gómez por delitos de lesa humanidad perpetrados en la Colonia Penal Candelaria del Servicio Penitenciario Federal.
El 30 de septiembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 sentenció a a prisión perpetua para el ex militar de inteligencia Mario Guillermo Ocampo en la causa conocida como «contraofensiva» entre 1979 y 1980, en el marco del juicio «Contraofensiva Montonera II».
El 4 de octubre el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a prisión perpetua a los ex oficiales de inteligencia de las planas mayores de los Grupos de Artillería Antiaérea de esa ciudad, Carlos Alberto Suárez, Rubén Enrique Miguel Fernández y Carlos Víctor Milanese, por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios, y por haber integrado una asociación ilícita, y al teniente coronel (re) Emilio Guillermo Nani a la pena de dos años de prisión, en el marco del juicio «Subzona 15 II».
El 29 de octubre el Tribunal Oral Criminal Federal de Catamarca condenó a catorce años de prisión al coronel retirado Francisco Castañeda en el juicio «Ponce Borda III».
El 2 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al exoficial del Ejército Ricardo Alberto Pascual a seis años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua en el juicio del tercer tramo de la causa Sheraton III.
El 23 de noviembre el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a 13 años de prisión al represor Marino González, como coautor de robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de la capital entrerriana.
El 26 de noviembre el comodoro retirado Jorge Alberto Espina fue condenado a 14 años de prisión por crímenes de lesa humanidad contra 10 víctimas detenidas ilegalmente en el centro clandestino de detención Virrey Cevallos.
El 3 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza condenó a 10 y ocho años de prisión, respectivamente, a los expolicías del «D2» Armando Fernández y Abelardo Garay, mientras la esposa del primero recibió 5 años de cárcel por el delito de sustracción y apropiación ilegitima de la hija de Carmen Moyano y Carlos Poblete, quienes permanecen desaparecidos.
En Neuquén, el 9 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 1 condenó a prisión perpetua a diez acusados e impuso penas de entre 5 a 12 años de prisión para otros cinco en el juicio conocido como «Escuelita VII».
El 17 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, condenó a prisión perpetua a los cuatro exjefes policiales juzgados por el crimen de Calixto Zalazar, trabajador del Matadero Municipal de la capital provincial.
La condena recayó sobre Virtom Modesto Mendíaz, exjefe de la Policía salteña; Joaquín Guil, exdirector de Seguridad; Roberto Arredes, exjefe de la Dirección de Personal; y José Manuel Reinoso, quien estuvo a cargo de la Comisaría Cuarta al momento del crimen.
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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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