DDHH
Memoria: en 2021 hubo 24 veredictos por delitos de lesa humanidad
Se trataron los casos de ESMA VI, Contraofensiva Montonera I y II, Triple A de Bahía Blanca, Sub Zona 15 de Mar del Plata, Delitos sexuales de ESMA y Sheraton III, entre otras.
Por Mariana Menzulio.
Los juicios de lesa humanidad prosiguieron a lo largo de 2021 a pesar de las dificultades y limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus y se concretaron 24 veredictos en causas por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Entre los procesos orales y públicos de juicios que tuvieron sentencias durante el año pasado se encuentran los casos de ESMA VI, Contraofensiva Montonera I y II, Triple A de Bahía Blanca, Sub Zona 15 de Mar del Plata, Delitos sexuales de ESMA y Sheraton III, entre otras.
A continuación, se detallan las sentencias por orden cronológico:
El 18 de febrero, el Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a ocho integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA por delitos de lesa humanidad cometidos contra 816 víctimas que pasaron por ese centro clandestino de detención en el cuarto tramo de la megacausa.
El 22 de febrero, en Córdoba, fueron condenados exmilitares, policías provinciales y personal de civil de inteligencia por homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos cometidos en el centro clandestino de detención «La Perla» en 1976, en el marco de las causas «Diedrichs» y «Herrera».
El 19 de marzo, en Mendoza, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 elevó a 15 años de prisión la condena al exmilitar Segundo Héctor Carabajal y a cinco años de prisión para Antonia Reitano Sataiti por la apropiación de Claudia Verónica Domínguez Castro.
El 30 de mayo el Tribunal Oral Federal de Resistencia hizo lugar al pedido de la fiscalía e impuso 15 años de prisión al expolicía provincial Alfredo Luis Chas como partícipe secundario de once homicidios agravados y de cuatro hechos de privación ilegal de la libertad agravada cometidos durante la Masacre de Margarita Belén, ocurrida en Chaco el 13 de diciembre de 1976.
También el 30 de mayo el Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó penas de hasta 25 años de prisión para los ochos acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 33 víctimas en el marco de la causa conocida como «Caballero III».
El 10 de junio el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín condenó a prisión perpetua a cinco oficiales del Ejército que ocuparon altos cargos en la estructura de Inteligencia entre 1979 y 1980 por los crímenes cometidos contra 94 militantes de la organización Montoneros durante la Contraofensiva, de los que 70 permanecen desaparecidos.
Roberto Bernardo Dambrosi, Luis Ángel Firpo, Jorge Eligio Bano, Eduardo Eleuterio Ascheri y Marcelo Cinto Courtaux fueron encontrados culpables como coautores de los delitos de privación ilegal de libertad, tormentos y homicidio.
En este juicio hubo una nueva condena el 15 de julio, ya que el imputado Jorge Apa, quien había sido apartado del proceso en en la última audiencia por supuestos problemas psicológicos que luego se determinó habían sido simulados, fue condenado a prisión perpetua en cárcel común.
El 16 de junio el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata absolvió a Juan José Banegas, Guillermo Emilio Nani, Eduardo Salvador Ullúa y Miguel Ángel Ruiz, acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar contra víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención y torturas que funcionó en el viejo radar subterráneo de la Base Área.
El 18 de junio el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al exespía Ariel Darío Pituelli y al ex agente de la Policía Federal Miguel Ángel Britos por crímenes cometidos en el circuito represivo de los centros clandestino de detención Atlético Banco y Olimpo.
El 24 de junio, en el marco de la revisión ordenada en 2016 por la Cámara Federal de Casación Penal a una sentencia dictada en 2011, el Tribunal Oral Federal 1 de Salta condenó a prisión perpetua al ex policía Andrés del Valle Soraire por resultar partícipe necesario de los homicidios del ex gobernador de esa provincia, Miguel Ragone, y de un testigo del crimen, Santiago Arredes.
El 7 de julio, en el marco de la causa «Chartier», el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, condenó a los seis acusados, pero por debajo de lo solicitado por la fiscalía. La mayoría de las víctimas trabajaron en el Frigorífico Nelson y conformaron la agrupación sindical La Lucha, reconocida como una ramificación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
El 29 de julio el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario condenó hoy a prisión perpetua al ex capitán de inteligencia Jorge Alberto Fariña y a los tres ex policías federales de la Delegación Rosario Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López, por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 29 víctimas en el centro clandestino de detención (CCD) «Quinta de Fisherton».
El 2 de agosto la justicia federal de Bahía Blanca condenó a penas de entre 10 años de cárcel y prisión perpetua a cuatro exmiembros de la asociación ilícita Triple A, acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años ’70 en esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.
El Tribunal Oral Federal condenó a Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero por los delitos de asociación ilícita en perjuicio de 24 personas.
El 13 de agosto el Tribunal Oral Federal 5 condenó a 24 años de prisión al represor Jorge «Tigre» Acosta en la causa que lo juzgó por delitos sexuales cometidos contra secuestradas en la ESMA. Además se sentenció a 20 años de cárcel a otro represor que integró el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, Alberto González.
El 20 de agosto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a 16 años de prisión al ex al ex agente de inteligencia del Ejército Carlos Antonio Españadero, alias «Mayor Peña» o «Mayor Peirano» por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 17 víctimas durante la época del terrorismo de Estado.
El 15 de septiembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas condenó a cinco años de prisión al exguardiacárcel José María Cuenca e impuso cuatro años y seis meses de prisión al también expenitenciario Rubén Alberto Gómez por delitos de lesa humanidad perpetrados en la Colonia Penal Candelaria del Servicio Penitenciario Federal.
El 30 de septiembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 sentenció a a prisión perpetua para el ex militar de inteligencia Mario Guillermo Ocampo en la causa conocida como «contraofensiva» entre 1979 y 1980, en el marco del juicio «Contraofensiva Montonera II».
El 4 de octubre el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a prisión perpetua a los ex oficiales de inteligencia de las planas mayores de los Grupos de Artillería Antiaérea de esa ciudad, Carlos Alberto Suárez, Rubén Enrique Miguel Fernández y Carlos Víctor Milanese, por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios, y por haber integrado una asociación ilícita, y al teniente coronel (re) Emilio Guillermo Nani a la pena de dos años de prisión, en el marco del juicio «Subzona 15 II».
El 29 de octubre el Tribunal Oral Criminal Federal de Catamarca condenó a catorce años de prisión al coronel retirado Francisco Castañeda en el juicio «Ponce Borda III».
El 2 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al exoficial del Ejército Ricardo Alberto Pascual a seis años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua en el juicio del tercer tramo de la causa Sheraton III.
El 23 de noviembre el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a 13 años de prisión al represor Marino González, como coautor de robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de la capital entrerriana.
El 26 de noviembre el comodoro retirado Jorge Alberto Espina fue condenado a 14 años de prisión por crímenes de lesa humanidad contra 10 víctimas detenidas ilegalmente en el centro clandestino de detención Virrey Cevallos.
El 3 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza condenó a 10 y ocho años de prisión, respectivamente, a los expolicías del «D2» Armando Fernández y Abelardo Garay, mientras la esposa del primero recibió 5 años de cárcel por el delito de sustracción y apropiación ilegitima de la hija de Carmen Moyano y Carlos Poblete, quienes permanecen desaparecidos.
En Neuquén, el 9 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 1 condenó a prisión perpetua a diez acusados e impuso penas de entre 5 a 12 años de prisión para otros cinco en el juicio conocido como «Escuelita VII».
El 17 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, condenó a prisión perpetua a los cuatro exjefes policiales juzgados por el crimen de Calixto Zalazar, trabajador del Matadero Municipal de la capital provincial.
La condena recayó sobre Virtom Modesto Mendíaz, exjefe de la Policía salteña; Joaquín Guil, exdirector de Seguridad; Roberto Arredes, exjefe de la Dirección de Personal; y José Manuel Reinoso, quien estuvo a cargo de la Comisaría Cuarta al momento del crimen.
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Represión en la Marcha Federal Universitaria: gases, balas de goma y decenas de detenidos
La quinta marcha llenó en paz la plaza y las calles del centro para exigir que Milei cumpla la ley, y terminó bajo gases, hidrantes y balas de goma. Asistentes denunciaron infiltrados. La oposición habló de «violencia estatal»; el Gobierno, de «los mismos violentos de siempre».
La universidad pública volvió a desbordar las calles y el Gobierno respondió con represión. La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso para exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, y sobre el final de la tarde las fuerzas de seguridad la dispersaron con gases, hidrantes y balas de goma, en una jornada que terminó con decenas de detenidos.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, describió en declaraciones a la prensa una «movilización ciudadana en la que cientos de miles de personas se movilizaron, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes», y aseguró que «más de un millón de personas en todo el país» se movilizó. Horas antes, adentro del Palacio Legislativo, la oposición no había conseguido el quórum para tratar la derogación del DNU 70/23, como informó este diario.
Cómo empezó la represión
La marcha se desarrollaba sin inconvenientes hasta pasadas las 15.30. A esa hora, un grupo reducido de personas con el rostro cubierto rompió baldosas y bancos de cemento de la plaza y arrojó los restos hacia el vallado del Palacio Legislativo, según las imágenes difundidas durante la jornada. La Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad activaron el protocolo de dispersión y avanzaron sobre la plaza con gases lacrimógenos, gas pimienta, camiones hidrantes y disparos con balas de goma. El operativo alcanzó a quienes se manifestaban de manera pacífica: los gases llegaron hasta el escenario del acto central y hasta el Anexo de Diputados, donde afectaron a empleados del edificio. Los focos se extendieron por Entre Ríos, Rivadavia y Callao, y la lluvia que empezó minutos después terminó de desconcentrar la plaza.
Las organizaciones convocantes hicieron igual el acto central. «El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes», relató Yacobitti.
La denuncia de infiltrados
Asistentes a la marcha denunciaron que los encapuchados eran infiltrados ajenos a la movilización. El canal C5N registró en vivo a un hombre con el rostro cubierto que sacaba bolsas de una mochila en el centro de la plaza: cuando el movilero Adrián Salonia intentó entrevistarlo, el hombre golpeó en la cara al camarógrafo Carlos Sjodin, que sufrió un corte en el labio. Una manifestante aclaró frente a la cámara que el agresor no era estudiante, y otro joven dijo que «la Policía empezó a reprimir y entró otro grupo que no tiene nada que ver con la movilización». Hasta el momento no se informó la identidad ni la pertenencia de esas personas.
Heridos y detenidos
Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, resultaron heridos con elementos contundentes cuatro gendarmes, dos policías federales y dos efectivos de Prefectura. El SAME asistió a un hombre que no necesitó traslado, a una mujer de 57 años con sospecha de ACV, que fue llevada al Hospital Ramos Mejía, y se pidió una ambulancia para otra mujer con dificultad respiratoria. Entre los manifestantes también hubo personas golpeadas por cápsulas de gas.
Hasta las 19, la Policía de la Ciudad había informado seis detenidos en las inmediaciones del Congreso, entre ellos un chico de 14 años que fue imputado y entregado al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. De acuerdo con La Nación, el adolescente fue detenido cerca de las 17.15 en Montevideo y Bartolomé Mitre, acusado de arrojar piedras contra un móvil policial cuando la marcha ya había terminado. El Ministerio de Seguridad de la Nación informó además otros 25 detenidos en las cabeceras ferroviarias. Con esas dos cifras oficiales, el total llegó a al menos 31. La cartera anticipó una denuncia penal por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.
«La violencia es estatal»
La oposición apuntó directamente contra el operativo. «Hubo una provocación», planteó ante la prensa el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, que bajó del recinto. «La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión», agregó.
«Cuando un gobierno se impone a fuerza de DNU y represión, es claramente AUTORITARIO. La violencia es estatal y no hay por qué aceptarla, hay que defender el derecho a la protesta», escribió en X la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) resumió la jornada: «Adentro, los aliados del Gobierno no dieron quórum para tratar el DNU 70. Afuera, Gendarmería tiraba gases, balas de goma e hidrante sobre la Marcha Federal Universitaria». Y sentenció: «Un Gobierno que no cumple la ley y reprime a quienes le piden que la cumpla». Pablo Juliano, de la misma bancada, contó que «terminó gaseado todo el personal de la Cámara de Diputados» y opinó: «El Gobierno necesita construir una escena negativa».
«Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así», dijo una persona que participó de la marcha.
La respuesta oficial
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió un video con imágenes de los encapuchados y, sin distinguir entre ellos y la multitud que marchaba, afirmó que «los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos». «El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia», sostuvo, y cerró: «En Argentina, nadie está por encima de la ley». El asesor presidencial Santiago Caputo fue más lejos en X: apuntó contra «los zurdos», dijo que «la única táctica que tienen es infundir terror» y agregó: «Pero ya ni capacidad de daño tienen. El curso de los acontecimientos es inalterable. Tiemblen zurdos, la libertad avanza».
Yacobitti le contestó a la ministra con sus propias palabras: «Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos». El vicerrector puso el foco donde el Gobierno no quiere: «El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?».
El documento: «la universidad pública no es el problema»
En el acto se leyó un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otras organizaciones, bajo la consigna «la educación, la soberanía y la democracia». El texto advirtió que las universidades «están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene», denunció que el proyecto de Presupuesto 2027 es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y respaldó la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% sobre el proyecto oficial.
También denunció el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024, rechazó el DNU 70/23 y reivindicó la gratuidad, la autonomía, el cogobierno y el ingreso irrestricto. «Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución», concluyó.
La foto que el Gobierno eligió difundir fue la de las piedras; la que dejó la jornada fue la de una multitud pacífica que, por quinta vez, salió a pedir que se cumpla una ley y terminó bajo los gases. En plena marcha, además, la Cámara frenó la multa diaria que el juez Martín Cormick le había fijado al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por ese incumplimiento, como informó este diario.
Lo que tenés que saber:
- La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso; la UBA habló de «cientos de miles» de personas.
- Pasadas las 15.30, las fuerzas de seguridad reprimieron con gases, hidrantes y balas de goma, tras los destrozos de un grupo reducido de encapuchados.
- Asistentes denunciaron que esos encapuchados eran infiltrados; uno de ellos golpeó a un camarógrafo de C5N.
- La Ciudad informó seis detenidos, entre ellos un chico de 14 años, y Nación otros 25; Seguridad reportó ocho efectivos heridos.
- La oposición habló de «violencia estatal»; Monteoliva culpó a «los mismos violentos de siempre».
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