DDHH
Memoria: en 2021 hubo 24 veredictos por delitos de lesa humanidad
Se trataron los casos de ESMA VI, Contraofensiva Montonera I y II, Triple A de Bahía Blanca, Sub Zona 15 de Mar del Plata, Delitos sexuales de ESMA y Sheraton III, entre otras.
Por Mariana Menzulio.
Los juicios de lesa humanidad prosiguieron a lo largo de 2021 a pesar de las dificultades y limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus y se concretaron 24 veredictos en causas por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Entre los procesos orales y públicos de juicios que tuvieron sentencias durante el año pasado se encuentran los casos de ESMA VI, Contraofensiva Montonera I y II, Triple A de Bahía Blanca, Sub Zona 15 de Mar del Plata, Delitos sexuales de ESMA y Sheraton III, entre otras.
A continuación, se detallan las sentencias por orden cronológico:
El 18 de febrero, el Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a ocho integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA por delitos de lesa humanidad cometidos contra 816 víctimas que pasaron por ese centro clandestino de detención en el cuarto tramo de la megacausa.
El 22 de febrero, en Córdoba, fueron condenados exmilitares, policías provinciales y personal de civil de inteligencia por homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos cometidos en el centro clandestino de detención «La Perla» en 1976, en el marco de las causas «Diedrichs» y «Herrera».
El 19 de marzo, en Mendoza, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 elevó a 15 años de prisión la condena al exmilitar Segundo Héctor Carabajal y a cinco años de prisión para Antonia Reitano Sataiti por la apropiación de Claudia Verónica Domínguez Castro.
El 30 de mayo el Tribunal Oral Federal de Resistencia hizo lugar al pedido de la fiscalía e impuso 15 años de prisión al expolicía provincial Alfredo Luis Chas como partícipe secundario de once homicidios agravados y de cuatro hechos de privación ilegal de la libertad agravada cometidos durante la Masacre de Margarita Belén, ocurrida en Chaco el 13 de diciembre de 1976.
También el 30 de mayo el Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó penas de hasta 25 años de prisión para los ochos acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 33 víctimas en el marco de la causa conocida como «Caballero III».
El 10 de junio el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín condenó a prisión perpetua a cinco oficiales del Ejército que ocuparon altos cargos en la estructura de Inteligencia entre 1979 y 1980 por los crímenes cometidos contra 94 militantes de la organización Montoneros durante la Contraofensiva, de los que 70 permanecen desaparecidos.
Roberto Bernardo Dambrosi, Luis Ángel Firpo, Jorge Eligio Bano, Eduardo Eleuterio Ascheri y Marcelo Cinto Courtaux fueron encontrados culpables como coautores de los delitos de privación ilegal de libertad, tormentos y homicidio.
En este juicio hubo una nueva condena el 15 de julio, ya que el imputado Jorge Apa, quien había sido apartado del proceso en en la última audiencia por supuestos problemas psicológicos que luego se determinó habían sido simulados, fue condenado a prisión perpetua en cárcel común.
El 16 de junio el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata absolvió a Juan José Banegas, Guillermo Emilio Nani, Eduardo Salvador Ullúa y Miguel Ángel Ruiz, acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar contra víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención y torturas que funcionó en el viejo radar subterráneo de la Base Área.
El 18 de junio el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al exespía Ariel Darío Pituelli y al ex agente de la Policía Federal Miguel Ángel Britos por crímenes cometidos en el circuito represivo de los centros clandestino de detención Atlético Banco y Olimpo.
El 24 de junio, en el marco de la revisión ordenada en 2016 por la Cámara Federal de Casación Penal a una sentencia dictada en 2011, el Tribunal Oral Federal 1 de Salta condenó a prisión perpetua al ex policía Andrés del Valle Soraire por resultar partícipe necesario de los homicidios del ex gobernador de esa provincia, Miguel Ragone, y de un testigo del crimen, Santiago Arredes.
El 7 de julio, en el marco de la causa «Chartier», el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, condenó a los seis acusados, pero por debajo de lo solicitado por la fiscalía. La mayoría de las víctimas trabajaron en el Frigorífico Nelson y conformaron la agrupación sindical La Lucha, reconocida como una ramificación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
El 29 de julio el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario condenó hoy a prisión perpetua al ex capitán de inteligencia Jorge Alberto Fariña y a los tres ex policías federales de la Delegación Rosario Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López, por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 29 víctimas en el centro clandestino de detención (CCD) «Quinta de Fisherton».
El 2 de agosto la justicia federal de Bahía Blanca condenó a penas de entre 10 años de cárcel y prisión perpetua a cuatro exmiembros de la asociación ilícita Triple A, acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años ’70 en esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.
El Tribunal Oral Federal condenó a Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero por los delitos de asociación ilícita en perjuicio de 24 personas.
El 13 de agosto el Tribunal Oral Federal 5 condenó a 24 años de prisión al represor Jorge «Tigre» Acosta en la causa que lo juzgó por delitos sexuales cometidos contra secuestradas en la ESMA. Además se sentenció a 20 años de cárcel a otro represor que integró el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, Alberto González.
El 20 de agosto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a 16 años de prisión al ex al ex agente de inteligencia del Ejército Carlos Antonio Españadero, alias «Mayor Peña» o «Mayor Peirano» por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 17 víctimas durante la época del terrorismo de Estado.
El 15 de septiembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas condenó a cinco años de prisión al exguardiacárcel José María Cuenca e impuso cuatro años y seis meses de prisión al también expenitenciario Rubén Alberto Gómez por delitos de lesa humanidad perpetrados en la Colonia Penal Candelaria del Servicio Penitenciario Federal.
El 30 de septiembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 sentenció a a prisión perpetua para el ex militar de inteligencia Mario Guillermo Ocampo en la causa conocida como «contraofensiva» entre 1979 y 1980, en el marco del juicio «Contraofensiva Montonera II».
El 4 de octubre el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a prisión perpetua a los ex oficiales de inteligencia de las planas mayores de los Grupos de Artillería Antiaérea de esa ciudad, Carlos Alberto Suárez, Rubén Enrique Miguel Fernández y Carlos Víctor Milanese, por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios, y por haber integrado una asociación ilícita, y al teniente coronel (re) Emilio Guillermo Nani a la pena de dos años de prisión, en el marco del juicio «Subzona 15 II».
El 29 de octubre el Tribunal Oral Criminal Federal de Catamarca condenó a catorce años de prisión al coronel retirado Francisco Castañeda en el juicio «Ponce Borda III».
El 2 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al exoficial del Ejército Ricardo Alberto Pascual a seis años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua en el juicio del tercer tramo de la causa Sheraton III.
El 23 de noviembre el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a 13 años de prisión al represor Marino González, como coautor de robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de la capital entrerriana.
El 26 de noviembre el comodoro retirado Jorge Alberto Espina fue condenado a 14 años de prisión por crímenes de lesa humanidad contra 10 víctimas detenidas ilegalmente en el centro clandestino de detención Virrey Cevallos.
El 3 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza condenó a 10 y ocho años de prisión, respectivamente, a los expolicías del «D2» Armando Fernández y Abelardo Garay, mientras la esposa del primero recibió 5 años de cárcel por el delito de sustracción y apropiación ilegitima de la hija de Carmen Moyano y Carlos Poblete, quienes permanecen desaparecidos.
En Neuquén, el 9 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 1 condenó a prisión perpetua a diez acusados e impuso penas de entre 5 a 12 años de prisión para otros cinco en el juicio conocido como «Escuelita VII».
El 17 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, condenó a prisión perpetua a los cuatro exjefes policiales juzgados por el crimen de Calixto Zalazar, trabajador del Matadero Municipal de la capital provincial.
La condena recayó sobre Virtom Modesto Mendíaz, exjefe de la Policía salteña; Joaquín Guil, exdirector de Seguridad; Roberto Arredes, exjefe de la Dirección de Personal; y José Manuel Reinoso, quien estuvo a cargo de la Comisaría Cuarta al momento del crimen.
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Marcha del Orgullo: de las máscaras de 1992 a la resistencia contra el odio en 2026
La 35ª edición sale este sábado 7 bajo el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. La primera, en 1992, reunió a unas 300 personas con máscaras por miedo a la persecución; hoy reclama una Ley Integral Trans y el fin del DNU 62/2025.
La 35ª Marcha del Orgullo se hará este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires bajo una consigna que condensa el momento: “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. El lema lo definió la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO), que reúne a organizaciones de distintos sectores y coordina la movilización que volverá a unir la Plaza de Mayo y el Congreso en plena semana de operativo por la visita del papa León XIV. Detrás de una convocatoria que, según la organización, superó el millón de personas en las últimas ediciones hay una historia de más de tres décadas que arrancó con 300 valientes que se tapaban la cara para no perder el trabajo.
El origen: 1992, entre máscaras y miedo
Todo comenzó el 2 de julio de 1992. Aquella primera marcha reunió a unas 300 personas en un contexto hostil que obligó a los manifestantes a cubrirse el rostro con máscaras de cartón, pañuelos o anteojos por miedo a perder sus empleos o sufrir persecución policial. El recorrido, igual que hoy, unía la Plaza de Mayo con el Congreso de la Nación. En 1993, los organizadores tomaron como referencia la primera marcha histórica del mundo, la de 1970 en conmemoración del aniversario de los disturbios de Stonewall en Nueva York, considerados el catalizador del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+.
La segunda movilización llevó demandas muy concretas: la inclusión en la Ley Antidiscriminatoria, la unión civil para legalizar las parejas del mismo sexo y el fin de la persecución policial. En 1994, bajo el lema “Visibles para ser libres e iguales”, asistieron más de 1.000 personas y comenzó, gradualmente, el fin de las máscaras. Exigían que la prohibición de la discriminación por orientación sexual entrara con rango constitucional en la Carta Magna.
La cobertura mediática de la marcha de 1995 dio relevancia a referentes históricos como Carlos Jáuregui, en una de sus últimas movilizaciones antes de fallecer en 1996; Mariela Muñoz, ícono trans que luchaba por la tenencia de sus hijos adoptivos; Rafael Freda, y la visibilidad de actrices como Cris Miró, que en 1995 revolucionó la escena artística nacional. El año siguiente, 1996, fue el más triste y doloroso: la marcha quedó atravesada por la crisis del VIH/Sida y el luto por la muerte de Jáuregui, y el reclamo se enfocó en exigir la anulación de los edictos policiales que permitían detener arbitrariamente a homosexuales, travestis y trans solo por su identidad en la vía pública. En ese mismo año consolidó su voz pública la activista trans Lohana Berkins.
Los primeros pasos legales y la conquista de derechos
En 1997 el movimiento consensuó trasladar la marcha principal al primer sábado de noviembre, mes en que se fundó en 1967 Nuestro Mundo, la organización pionera del movimiento de liberación homosexual del país y de América Latina. Esa movilización celebró la derogación de los edictos policiales en la Ciudad: por primera vez en décadas, vestirse con ropa del género opuesto o ser homosexual dejó de ser motivo legal para terminar detenido en la calle. Desaparecieron las máscaras de cartón, la convocatoria superó las mil personas y aparecieron los primeros camiones con música y las estéticas coloridas que caracterizan a la marcha actual.
En 1998, bajo el lema “Orgullo de ser, derecho a expresar”, debutó el primer camión carroza con parlantes. Para el 2000 la convocatoria ya era masiva, superó las 2.500 personas y dejó de ser noticia policial para convertirse en un acto político central. En 2001 se pidió “Unión civil, ley antidiscriminatoria y cupo laboral travesti”, a un mes del estallido social de diciembre. Pocas semanas después de la movilización de 2002, la Legislatura porteña aprobó la Ley de Unión Civil, el primer antecedente legal de América Latina que reconoció a las parejas del mismo sexo. En 2003 se celebraron las primeras bodas bajo esa ley, la primera vez que el Estado argentino entregó una libreta legal a parejas del mismo sexo, aunque sin derechos de adopción ni herencia.
A partir de 2004 el activismo se articuló con la agenda de derechos humanos de Plaza de Mayo. El 6 de noviembre de 2010 se vivió la mayor fiesta: apenas tres meses antes se había sancionado la Ley de Matrimonio Igualitario, que convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina en reconocer ese derecho. En 2012 ya estaba consolidada la Ley de Identidad de Género, aprobada el 9 de mayo de ese año, que despatologizó las identidades trans y permitió el cambio de nombre y sexo en el DNI sin cirugías ni diagnósticos. En esa misma marcha surgió el reclamo por el cupo laboral trans de la mano de Berkins, que advirtió que el DNI no bastaba si persistía la exclusión económica. Se congregaron más de 200 mil personas.
La memoria, la calle y la resistencia política
En 2015 la marcha tuvo como eje el brutal asesinato de la activista travesti Diana Sacayán, ocurrido tres semanas antes. El activismo instaló los conceptos de travesticidio y transfemicidio para que la justicia los tratara como crímenes de odio y no como delitos comunes. En 2016, la movilización denunció el protocolo de la entonces ministra Patricia Bullrich por criminalizar la protesta y superó por primera vez las 250.000 personas. De 2017 a 2019 nació la Campaña por el Aborto Legal y el movimiento LGBT unificó fuerzas de manera inédita con el feminismo; en 2019 se congregaron más de 400.000 personas.
En 2020 la marcha se hizo virtual por la pandemia, y en 2021 fue una marea humana de más de 500.000 personas que desbordó el centro porteño, celebrando el Decreto que habilitó la opción “X” en el DNI y la sanción de la Ley Diana Sacayán Lohana Berkins. Entre 2022 y 2025, según la organización, la convocatoria superó el millón de asistentes en ediciones consecutivas. En 2022 se reclamó la reglamentación de la Ley de VIH y la aparición con vida de Tehuel de la Torre; en 2023, contra el avance de discursos de extrema derecha, con la consigna “Ni un ajuste más, ni un derecho menos” y en defensa de la ESI y el cupo laboral trans. Durante 2024 y 2025 se pronunció contra la austeridad y el cierre de organismos de protección contra la discriminación.
La 35ª edición: orgullo frente al odio
Este sábado 7 de noviembre, la marcha llega a su 35ª edición con un doble gesto de resistencia y memoria: la COMO anunció un homenaje a todas las organizaciones de derechos humanos al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar de 1976, con la reivindicación de la consigna “Nunca Más”, y mantuvo firme la fecha pese al operativo por la visita del papa y los rumores de suspensión. “La fuerza colectiva de toda la sociedad fue la que nos hizo mantener la fecha de esta marcha”, enfatizó ante la prensa María Rachid, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Marcha y presidenta de la Federación Argentina LGBT+.
Bajo la consigna “Resistir es insistir”, la convocatoria exigirá una Ley Integral Trans y una ley antidiscriminatoria, la emergencia en salud sexual frente al avance de las infecciones de transmisión sexual, la separación de las iglesias y el Estado y el rechazo al DNU 62/2025, que modificó el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género para impedir que menores de 18 años accedan a los tratamientos previstos en esa norma, además del repudio al ataque que una patota de ciclistas cometió el 1° de noviembre contra trabajadoras sexuales travestis y trans en los Bosques de Palermo, que la Legislatura porteña condenó por unanimidad. Lo que nació con 300 personas tapadas con cartón para no ser reconocidas se prepara para teñir de nuevo el centro porteño, para demostrar que el orgullo, como la memoria, no se esconde. En 34 ediciones, la Argentina pasó de ocultar la identidad por miedo a la policía a convertir la diversidad en una de las mayores movilizaciones del país.
Una marcha contra el retroceso
La edición 2026 es la tercera bajo el gobierno de Javier Milei. El Presidente cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) en 2024 y, en su discurso de Davos de enero de 2025, asoció la homosexualidad con el abuso infantil, una frase que provocó la Marcha Federal Antifascista y Antirracista del 1 de febrero de ese año. Las organizaciones sostienen que ese clima habilita ataques como el de Palermo y recuerdan el triple lesbicidio de Barracas, de mayo de 2024.
De aquella primera convocatoria que soñaba con el fin de los edictos a este sábado en el que reclama leyes trans e igualdad ante el odio, la marcha sigue escribiendo la historia de un colectivo que aprendió a no pedir permiso. Porque, como dice la consigna de esta edición, cuando el odio avanza, el orgullo en las calles responde.
Lo que tenés que saber:
- La 35ª Marcha del Orgullo se realizará este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, definida por la COMO.
- La primera marcha fue el 2 de julio de 1992 con unas 300 personas que se cubrieron el rostro por miedo a la persecución policial y laboral.
- En 2010 se celebró la Ley de Matrimonio Igualitario y en 2012 la Ley de Identidad de Género, ambos hitos de vanguardia en América Latina.
- Entre 2022 y 2025, según la organización, la convocatoria superó el millón de asistentes en ediciones consecutivas.
- La edición 2026 rendirá homenaje a las organizaciones de derechos humanos a 50 años del golpe de 1976 y reclamará una Ley Integral Trans y una ley antidiscriminatoria.
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