Conectate con El Argentino

DDHH

Memoria: en 2021 hubo 24 veredictos por delitos de lesa humanidad

Se trataron los casos de ESMA VI, Contraofensiva Montonera I y II, Triple A de Bahía Blanca, Sub Zona 15 de Mar del Plata, Delitos sexuales de ESMA y Sheraton III, entre otras.

Publicado hace

#

Por Mariana Menzulio.

Los juicios de lesa humanidad prosiguieron a lo largo de 2021 a pesar de las dificultades y limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus y se concretaron 24 veredictos en causas por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Entre los procesos orales y públicos de juicios que tuvieron sentencias durante el año pasado se encuentran los casos de ESMA VI, Contraofensiva Montonera I y II, Triple A de Bahía Blanca, Sub Zona 15 de Mar del Plata, Delitos sexuales de ESMA y Sheraton III, entre otras.

A continuación, se detallan las sentencias por orden cronológico:

El 18 de febrero, el Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a ocho integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA por delitos de lesa humanidad cometidos contra 816 víctimas que pasaron por ese centro clandestino de detención en el cuarto tramo de la megacausa.

El 22 de febrero, en Córdoba, fueron condenados exmilitares, policías provinciales y personal de civil de inteligencia por homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos cometidos en el centro clandestino de detención «La Perla» en 1976, en el marco de las causas «Diedrichs» y «Herrera».

El 19 de marzo, en Mendoza, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 elevó a 15 años de prisión la condena al exmilitar Segundo Héctor Carabajal y a cinco años de prisión para Antonia Reitano Sataiti por la apropiación de Claudia Verónica Domínguez Castro.

El 30 de mayo el Tribunal Oral Federal de Resistencia hizo lugar al pedido de la fiscalía e impuso 15 años de prisión al expolicía provincial Alfredo Luis Chas como partícipe secundario de once homicidios agravados y de cuatro hechos de privación ilegal de la libertad agravada cometidos durante la Masacre de Margarita Belén, ocurrida en Chaco el 13 de diciembre de 1976.

También el 30 de mayo el Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó penas de hasta 25 años de prisión para los ochos acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 33 víctimas en el marco de la causa conocida como «Caballero III».

El 10 de junio el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín condenó a prisión perpetua a cinco oficiales del Ejército que ocuparon altos cargos en la estructura de Inteligencia entre 1979 y 1980 por los crímenes cometidos contra 94 militantes de la organización Montoneros durante la Contraofensiva, de los que 70 permanecen desaparecidos.

Roberto Bernardo Dambrosi, Luis Ángel Firpo, Jorge Eligio Bano, Eduardo Eleuterio Ascheri y Marcelo Cinto Courtaux fueron encontrados culpables como coautores de los delitos de privación ilegal de libertad, tormentos y homicidio.

En este juicio hubo una nueva condena el 15 de julio, ya que el imputado Jorge Apa, quien había sido apartado del proceso en en la última audiencia por supuestos problemas psicológicos que luego se determinó habían sido simulados, fue condenado a prisión perpetua en cárcel común.

El 16 de junio el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata absolvió a Juan José Banegas, Guillermo Emilio Nani, Eduardo Salvador Ullúa y Miguel Ángel Ruiz, acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar contra víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención y torturas que funcionó en el viejo radar subterráneo de la Base Área.

El 18 de junio el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al exespía Ariel Darío Pituelli y al ex agente de la Policía Federal Miguel Ángel Britos por crímenes cometidos en el circuito represivo de los centros clandestino de detención Atlético Banco y Olimpo.

El 24 de junio, en el marco de la revisión ordenada en 2016 por la Cámara Federal de Casación Penal a una sentencia dictada en 2011, el Tribunal Oral Federal 1 de Salta condenó a prisión perpetua al ex policía Andrés del Valle Soraire por resultar partícipe necesario de los homicidios del ex gobernador de esa provincia, Miguel Ragone, y de un testigo del crimen, Santiago Arredes.

El 7 de julio, en el marco de la causa «Chartier», el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, condenó a los seis acusados, pero por debajo de lo solicitado por la fiscalía. La mayoría de las víctimas trabajaron en el Frigorífico Nelson y conformaron la agrupación sindical La Lucha, reconocida como una ramificación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

El 29 de julio el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario condenó hoy a prisión perpetua al ex capitán de inteligencia Jorge Alberto Fariña y a los tres ex policías federales de la Delegación Rosario Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López, por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 29 víctimas en el centro clandestino de detención (CCD) «Quinta de Fisherton».

El 2 de agosto la justicia federal de Bahía Blanca condenó a penas de entre 10 años de cárcel y prisión perpetua a cuatro exmiembros de la asociación ilícita Triple A, acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años ’70 en esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.

El Tribunal Oral Federal condenó a Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero por los delitos de asociación ilícita en perjuicio de 24 personas.

El 13 de agosto el Tribunal Oral Federal 5 condenó a 24 años de prisión al represor Jorge «Tigre» Acosta en la causa que lo juzgó por delitos sexuales cometidos contra secuestradas en la ESMA. Además se sentenció a 20 años de cárcel a otro represor que integró el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, Alberto González.

El 20 de agosto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a 16 años de prisión al ex al ex agente de inteligencia del Ejército Carlos Antonio Españadero, alias «Mayor Peña» o «Mayor Peirano» por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 17 víctimas durante la época del terrorismo de Estado.

El 15 de septiembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas condenó a cinco años de prisión al exguardiacárcel José María Cuenca e impuso cuatro años y seis meses de prisión al también expenitenciario Rubén Alberto Gómez por delitos de lesa humanidad perpetrados en la Colonia Penal Candelaria del Servicio Penitenciario Federal.

El 30 de septiembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 sentenció a a prisión perpetua para el ex militar de inteligencia Mario Guillermo Ocampo en la causa conocida como «contraofensiva» entre 1979 y 1980, en el marco del juicio «Contraofensiva Montonera II».

El 4 de octubre el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a prisión perpetua a los ex oficiales de inteligencia de las planas mayores de los Grupos de Artillería Antiaérea de esa ciudad, Carlos Alberto Suárez, Rubén Enrique Miguel Fernández y Carlos Víctor Milanese, por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios, y por haber integrado una asociación ilícita, y al teniente coronel (re) Emilio Guillermo Nani a la pena de dos años de prisión, en el marco del juicio «Subzona 15 II».

El 29 de octubre el Tribunal Oral Criminal Federal de Catamarca condenó a catorce años de prisión al coronel retirado Francisco Castañeda en el juicio «Ponce Borda III».

El 2 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al exoficial del Ejército Ricardo Alberto Pascual a seis años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua en el juicio del tercer tramo de la causa Sheraton III.

El 23 de noviembre el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a 13 años de prisión al represor Marino González, como coautor de robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de la capital entrerriana.

El 26 de noviembre el comodoro retirado Jorge Alberto Espina fue condenado a 14 años de prisión por crímenes de lesa humanidad contra 10 víctimas detenidas ilegalmente en el centro clandestino de detención Virrey Cevallos.

El 3 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza condenó a 10 y ocho años de prisión, respectivamente, a los expolicías del «D2» Armando Fernández y Abelardo Garay, mientras la esposa del primero recibió 5 años de cárcel por el delito de sustracción y apropiación ilegitima de la hija de Carmen Moyano y Carlos Poblete, quienes permanecen desaparecidos.

En Neuquén, el 9 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 1 condenó a prisión perpetua a diez acusados e impuso penas de entre 5 a 12 años de prisión para otros cinco en el juicio conocido como «Escuelita VII».

El 17 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, condenó a prisión perpetua a los cuatro exjefes policiales juzgados por el crimen de Calixto Zalazar, trabajador del Matadero Municipal de la capital provincial.

La condena recayó sobre Virtom Modesto Mendíaz, exjefe de la Policía salteña; Joaquín Guil, exdirector de Seguridad; Roberto Arredes, exjefe de la Dirección de Personal; y José Manuel Reinoso, quien estuvo a cargo de la Comisaría Cuarta al momento del crimen.

DDHH

“Muy pronto volveremos a encontrarnos”: la carta abierta de Cristina que desafía la proscripción

En una carta abierta publicada este miércoles en su sitio oficial, Cristina Fernández de Kirchner denunció que la condena de la Corte Suprema y su inhabilitación de por vida no persiguen la verdad jurídica sino eliminarla de la vida política. Señaló que lo que padece constituye graves violaciones a los derechos humanos con raíces en el machismo estructural del poder judicial y convocó al pueblo a no bajar los brazos.

Publicado hace

#

CFK denuncia machismo judicial y uso político de la justicia: la proscripción perpetua es "la pena principal" de la condena.

Con la serenidad de quien da una pelea de largo aliento, Cristina Fernández de Kirchner eligió las palabras con precisión quirúrgica. En la carta difundida este miércoles desde su sitio cfkargentina.com, la dos veces presidenta argentina afirmó que el ataque del que es víctima «no tiene como destinataria únicamente a una persona», sino a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino.

El documento, que circuló de inmediato en redes sociales y medios afines al kirchnerismo, representa el texto político más contundente que CFK firmó desde que se conoció su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La carta no es solo un descargo personal: es una declaración de principios sobre el uso de la justicia como instrumento de persecución política, un fenómeno que, advierte, no es exclusivo de la Argentina.

La proscripción como objetivo central

El núcleo político del documento es una distinción que CFK planteó con claridad: «La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es solo la accesoria». La frase condensa la lectura que el kirchnerismo hace del proceso judicial: no se trata de sancionar hechos de corrupción sino de cerrar el camino electoral a la principal figura de la oposición.

Kirchner fue la única mujer electa y reelecta presidenta de la República Argentina. Esa singularidad histórica la usó para plantear una pregunta que, en su formulación, lleva implícita la respuesta: «¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?» La pregunta no es retórica. Es la columna vertebral del argumento jurídico que, según anunció días atrás, ya fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Machismo estructural en la toga

Uno de los pasajes más resonantes de la carta es el que vincula su persecución judicial con el machismo estructural que, sostiene, persiste en sectores del sistema judicial argentino. «Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos», escribió.

La expresidenta fue más lejos al referir el atentado del 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre le apuntó con un arma en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. Para CFK, el nivel de estigmatización y arbitrariedad al que fue sometida funcionó como un incentivo para que atentaran contra su vida, lo que encuadra la persecución judicial dentro de una violación más amplia de los derechos humanos fundamentales.

Una ofensiva jurídica internacional con nombres propios

La carta también es un mapa de la estrategia jurídica que Kirchner despliega en el plano internacional. Convocó a dos abogados de reconocida trayectoria: el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el brasileño Rafael Valim, académico y jurista de referencia en el proceso de defensa del expresidente Lula Da Silva. Ambos integrarán el equipo que presentó la comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

CFK también recordó que en 2022, tras el atentado, un grupo de juristas internacionales de primer nivel ya había formulado una primera denuncia. Entre ellos, el exjuez de la Corte Suprema argentina y referente del derecho penal regional Raúl Zaffaroni, el ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire, el español Baltazar Garzón Real, el brasileño Juárez Tavares y juristas italianos de peso como Francesco Schiaffo, Sergio Moccia y Antonio Cavaliere. «Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», afirmó la expresidenta.

Un fenómeno global, una respuesta democrática

La carta incorpora una lectura geopolítica del fenómeno. Kirchner advirtió que la utilización del sistema de justicia para neutralizar a dirigentes con respaldo popular no es una patología argentina. «En todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular», escribió, y añadió que ese fenómeno «representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales».

Frente a esa realidad, la expresidenta descartó responder «con odio» o «con violencia» y eligió la vía institucional: más derecho, más democracia y más verdad. El cierre de la carta fue un llamado directo a sus seguidores: «No bajen los brazos. No permitan que les roben la esperanza.» Y remató con una promesa: «Muy pronto volveremos a encontrarnos.»

Puntos clave

  • CFK publicó una carta abierta este miércoles en cfkargentina.com en la que afirmó que la proscripción perpetua es «la pena principal» y la prisión «solo la accesoria».
  • Denunció que su persecución judicial tiene raíces en el machismo estructural del poder judicial y que el nivel de estigmatización funcionó como un incentivo para el atentado del 1 de septiembre de 2022.
  • Convocó a los abogados internacionales Javier Borrego (España) y Rafael Valim (Brasil) para integrar su defensa ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
  • Señaló que el uso de la justicia como herramienta de persecución política es un fenómeno global que amenaza a las democracias constitucionales.
  • Cerró la carta con un llamado al pueblo a no bajar los brazos y una promesa de regreso a la vida pública.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo