Keiko Fujimori juró este martes como presidenta del Perú para el período 2026-2031 ante el Congreso de la República en Lima. Con ese acto, se convirtió en la 66ª mandataria de la historia peruana y en la primera mujer en llegar a la presidencia del país andino por el voto popular. En su primer discurso ante el Parlamento, adelantó el perfil que tendrá su gestión: mano dura contra el crimen organizado, militarización de la seguridad y un diagnóstico lapidario sobre el Estado que recibe.

«Recibimos un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos», declaró Fujimori ante los legisladores. Prometió aplicar «método, disciplina, trabajo y una ruta clara» para revertir esa situación, según informó Perú 21.

Militarización de la seguridad como eje de gestión

El eje central del discurso inaugural fue la seguridad. Fujimori anunció que su gobierno desplegará a las Fuerzas Armadas en zonas dominadas por el narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal. «Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno», sostuvo la nueva presidenta.

En la misma línea, precisó que «durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos».

Fujimori también advirtió que la ofensiva «no será únicamente contra el delincuente común» sino que apuntará a «las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal». Anunció el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia para desarticular esas organizaciones «desde sus cabecillas y sus estructuras económicas» y fue explícita respecto a la tolerancia cero hacia la corrupción policial: «ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno».

El anuncio de militarización de la seguridad interior despertará inevitablemente el debate sobre sus límites constitucionales y sobre el historial del fujimorismo en materia de derechos humanos: durante la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000), las fuerzas armadas cometieron graves violaciones a los derechos humanos, documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que incluyeron ejecuciones extrajudiciales, torturas y un programa de esterilizaciones forzadas que afectó a más de 270.000 mujeres, mayoritariamente campesinas e indígenas.

El peso de un apellido y la sombra de la historia

Keiko Fujimori asume con el peso político y simbólico de ser hija del expresidente que gobernó el Perú con mano de hierro durante una década. Alberto Fujimori fue condenado por la justicia peruana por crímenes de lesa humanidad y falleció en septiembre de 2024 tras obtener un indulto humanitario que fue restituido judicialmente. Keiko, por su parte, enfrentó sucesivos procesos judiciales por presunto lavado de activos vinculado al financiamiento irregular de sus campañas electorales y pasó períodos bajo prisión preventiva, aunque llegó a esta elección sin condena firme.

Su triunfo en el balotaje, conseguido en su cuarta candidatura presidencial, se produjo en un país agotado institucionalmente: desde la caída de su padre en 2000, Perú atravesó ocho presidentes sin que ninguno completara su mandato, con destituciones parlamentarias, renuncias, condenas judiciales y hasta un suicidio presidencial en medio de una investigación por corrupción.

Lima, escenario de una cumbre regional

La transmisión del mando reunió en Lima a diez jefes de Estado y de Gobierno, además de representantes de organismos internacionales y potencias globales. Entre los mandatarios presentes se encontraban el rey de España, Felipe VI; los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Yamandú Orsi (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Antonio Kast (Chile), junto a Nasry Asfura, jefe de Gobierno de Honduras, y Mike Eman, de Aruba. También participaron representantes de China, Estados Unidos, Japón y Corea.

La presencia de Milei no fue puramente ceremonial. El mandatario argentino, que llegó a Lima junto al canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo un encuentro bilateral previo con Fujimori para afianzar los vínculos entre ambos gobiernos. La afinidad ideológica entre el libertarismo argentino y el fujimorismo peruano, dos proyectos que comparten el discurso antiestatal, la retórica de seguridad dura y el rechazo a los gobiernos progresistas de la región, marcó el tono político de la jornada.

Puntos clave

• Keiko Fujimori juró como la 66ª presidenta del Perú y primera mujer en alcanzar ese cargo por el voto popular.
• Anunció la militarización de la seguridad interior durante los estados de emergencia, con las Fuerzas Armadas al mando de las operaciones de orden público.
• Prometió combatir el narcotráfico, la extorsión, el sicariato y la minería ilegal con apoyo de inteligencia y tolerancia cero hacia la corrupción policial.
• Diez jefes de Estado asistieron a la ceremonia, entre ellos el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Ecuador, Chile, Uruguay y Paraguay.
• El historial de violaciones a los derechos humanos durante la presidencia de Alberto Fujimori proyecta su sombra sobre los anuncios de militarización de su hija.