Coparticipación
La coparticipación cayó 4,2% y está 21,7% debajo del pico de 2023
Un informe advierte que los recursos enviados por la Nación a las provincias y a la CABA acumulan una caída del 4,2% interanual en 2026. Los niveles actuales todavía se ubican un 21,7% por debajo del pico registrado en junio de 2023, y la desaceleración de la inflación no se tradujo en una recomposición real de las transferencias.
Un informe de la Fundación Libertad y Progreso advierte que los recursos enviados por la Nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires acumulan una caída del 4,2% interanual en 2026. El economista Joaquín Aranguiz, autor del estudio, señaló que «cuando la coparticipación cae en términos reales, las provincias enfrentan un dilema clásico: recortar gasto, con el costo político y social que eso implica; buscar financiamiento alternativo, como deuda, adelantos del Tesoro o presión tributaria propia; o directamente acumular atrasos». La fórmula, según el especialista, no admite salidas cómodas en ninguno de sus términos.
La recuperación que no fue
El informe ubica a junio de 2026 como referencia de diagnóstico. En ese mes, las transferencias reales a las provincias se ubicaron apenas un 2,2% por encima del piso de junio de 2024, que fue el punto más bajo de la serie tras el shock cambiario de diciembre de 2023. Pero la comparación más reveladora es con el pico previo a la crisis: los recursos actuales todavía se encuentran un 21,7% por debajo del nivel de junio de 2023.
Ese desfase no es menor. Implica que las administraciones provinciales llevan más de dos años y medio gestionando con una masa coparticipable sensiblemente inferior a la de la etapa anterior, sin que la baja inflacionaria de los últimos meses haya generado una recomposición equivalente. «La desaceleración inflacionaria no se tradujo en recomposición real de la coparticipación, y el ajuste post-devaluación dejó una base más baja de la que aún no se despega», precisó Aranguiz.
¿Convicción o adaptación forzada?
Uno de los interrogantes centrales que plantea el documento es si el ajuste que también realizaron las provincias durante la gestión Milei respondió a una decisión política propia o a una imposición de las circunstancias. Aranguiz formuló la pregunta con precisión: «Esto nos lleva a pensar si el ajuste que también hicieron las provincias fue por convencimiento para acompañar al gobierno nacional o si tuvieron que acomodarse a la nueva realidad porque no les quedaba alternativa».
La distinción no es menor: si el recorte fue voluntario, las provincias conservan margen para revertirlo cuando las condiciones lo permitan. Si fue forzado por la caída de los ingresos coparticipables, el problema es estructural y persistirá mientras las transferencias no se recuperen. Los datos apuntan con más fuerza hacia la segunda interpretación.
Este análisis se suma al cuadro más amplio que El Argentino Diario ya documentó en coberturas anteriores: las 23 provincias relevadas cerraron 2025 con déficit fiscal primario, revirtiendo el superávit de 2024, en un contexto en que las transferencias automáticas nacionales habían caído un 6,4% real en el primer trimestre de ese año según el IARAF. La caída interanual del 4,2% que ahora reporta Libertad y Progreso para 2026 indica que esa tendencia no se interrumpió.
El costo político de la caja escasa
La escasez de recursos coparticipables tiene una traducción política directa. Varios gobernadores que en 2024 acompañaron el programa económico de Javier Milei, o al menos evitaron confrontaciones abiertas, comenzaron a endurecer sus posiciones a medida que el impacto fiscal se volvió insostenible. La tensión entre la consolidación fiscal nacional y las necesidades financieras de los estados provinciales recorre transversalmente el mapa político argentino y se proyecta con fuerza sobre el ciclo electoral de 2027.
La pregunta que el informe de Libertad y Progreso instala, más allá de su enfoque técnico, es si la llamada «recuperación» que el Gobierno nacional exhibe como conquista del ajuste se construyó, en buena medida, sobre el desfinanciamiento silencioso de los presupuestos provinciales. Los números sugieren que esa hipótesis tiene respaldo empírico.
Puntos clave
- Las transferencias nacionales a provincias y CABA cayeron un 4,2% en términos reales en el último año, según Libertad y Progreso.
- Junio de 2026 se ubica apenas un 2,2% por encima del piso de junio de 2024, el punto más bajo tras la devaluación de diciembre de 2023.
- Los recursos actuales siguen siendo un 21,7% inferiores al pico de junio de 2023.
- La desaceleración inflacionaria no se tradujo en recomposición real de la coparticipación federal.
- El economista Joaquín Aranguiz advierte que las provincias debieron ajustar por imposición, no por convicción, ante la caída de la masa coparticipable.
Coparticipación
Ajuste de Milei: la tregua de septiembre no frena el recorte a las provincias
El gasto primario creció 4,6% real en septiembre por vacunas y pensiones, pero acumula una baja de 3,1% en el año y las transferencias a las provincias se desplomaron 61,4% en nueve meses.
Casi dos de cada tres pesos que la Nación giraba a las provincias dejaron de llegar en 2026. Las transferencias del Estado nacional a los distritos acumulan entre enero y septiembre una caída real del 61,4%, y la leve suba del gasto registrada el mes pasado no alcanzó para torcer la dirección de un ajuste que se descarga sobre los gobiernos subnacionales, la obra pública y los programas sociales.
Según el Monitor del Gasto Mensual elaborado por la consultora Analytica, el gasto primario devengado del Estado nacional sumó en septiembre $13,9 billones, con un incremento interanual del 4,6% en términos reales. Sin embargo, en el acumulado de los primeros nueve meses del año el gasto alcanzó $111,2 billones a valores constantes, lo que representa una contracción del 3,1% frente al mismo período de 2025.
Una suba con nombre propio
El aumento mensual de $0,6 billones en términos reales respecto de septiembre del año anterior se explicó por el comportamiento de partidas puntuales. Las pensiones no contributivas subieron $0,4 billones y recuperaron parte del retroceso del mes previo, mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas registraron un alza de $0,2 billones.
El rubro de bienes y servicios creció un 37,1% interanual (unos $0,2 billones). La mitad de ese salto respondió a la compra de vacunas y a la reestructuración del programa de atención médica para titulares de pensiones no contributivas, que ahora se ejecuta en parte como compra directa de medicamentos en lugar de transferencias. El resto correspondió a servicios técnicos, vigilancia, mantenimiento y alquileres.
La propia consultora le bajó el tono a la cifra: «la suba no parece ser un cambio de tendencia de la dinámica del gasto público, sino más bien una leve tregua al ajuste por recuperación de partidas específicas», señaló el informe. La tregua llega además después de un agosto en el que, según Analytica, el gasto primario se desplomó 10,3% real interanual, el mayor recorte desde noviembre de 2025.
Dónde siguió cortando la motosierra
Aun en un mes de leve recuperación, la tijera siguió activa. La obra pública encabezó las bajas de septiembre con una caída del 27,1% real, explicada por la menor ejecución de obras directas por parte de la Nación. Le siguieron las transferencias a las provincias, con un descenso del 24,3%, y los subsidios económicos, que se redujeron un 16,7%, en partes iguales entre energía y transporte.
Las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) retrocedieron un 12,9% en el mes, el gasto en personal disminuyó un 5,2% y los programas sociales cayeron un 4,9%. Mientras el Gobierno exhibe una suba del gasto total, los recursos destinados a los hogares con hijos y a los programas sociales volvieron a achicarse.
Nueve meses de ajuste sobre provincias y programas sociales
El balance acumulado entre enero y septiembre muestra con claridad quién paga la cuenta. El mayor ajuste recayó sobre las transferencias a las provincias (-61,4% real), seguido por los programas sociales (-23,1%) y la obra pública (-17,1%). Las provincias, y a través de ellas sus hospitales, escuelas y servicios, absorben el núcleo duro del recorte nacional.
El único incremento real significativo del período se dio en los subsidios económicos (+5,7%), impulsado exclusivamente por el sector energético (+19,3%), mientras que los subsidios al transporte bajaron un 22,2%. Ese recorte no es neutro para los bolsillos: según relevamientos del IIEP (UBA-CONICET) difundidos en mayo, el transporte público acumuló desde el inicio de la gestión libertaria una suba superior al 900%, la más alta de toda la canasta de servicios.
El gasto en jubilaciones y pensiones se mantuvo prácticamente congelado en términos reales (+0,5%) y las asignaciones familiares junto a la AUH cayeron un 0,9% en el acumulado. A su vez, la deuda flotante de la Administración Nacional, es decir los pagos devengados que el Estado todavía no abonó, alcanzó los $3,1 billones, equivalentes al 0,3% del PIB.
El ancla del Fondo Monetario
La dinámica del gasto no puede leerse por fuera del programa de Servicio Ampliado que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional en abril de 2025 por USD 20.000 millones, cuya segunda revisión, en abril de este año, habilitó un desembolso adicional de USD 1.000 millones. El Foro Economía y Trabajo, un espacio de economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en mayo que el ajuste fiscal es la consecuencia directa del compromiso de cumplir las metas acordadas con el organismo.
Los números de septiembre confirman esa lógica. El equilibrio de las cuentas públicas se sostiene con fondos que dejan de llegar a las provincias, a las obras y a los programas sociales, no con un cambio en las prioridades del Estado. Una tregua de un mes, apoyada en la compra de vacunas y en la recuperación parcial de pensiones, no modifica el saldo de nueve meses de recorte.
Lo que tenés que saber:
- El gasto primario devengado subió 4,6% real interanual en septiembre y sumó $13,9 billones, según Analytica.
- Entre enero y septiembre, el gasto acumula una caída real del 3,1%, con $111,2 billones a valores constantes.
- Las transferencias a las provincias se desplomaron 61,4% real en nueve meses; los programas sociales, 23,1%, y la obra pública, 17,1%.
- En septiembre, la obra pública cayó 27,1%, las transferencias a provincias 24,3% y las asignaciones familiares junto a la AUH 12,9%.
- La deuda flotante de la Administración Nacional alcanzó $3,1 billones, equivalentes al 0,3% del PIB.
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