Cristina Fernández de Kirchner eligió este miércoles para dar un salto en la dimensión de su defensa. A través de una columna publicada de manera simultánea en El País de España y Libération de Francia, la expresidenta argumentó públicamente que la condena que la mantiene bajo arresto domiciliario y la inhabilita de forma perpetua para ejercer cargos públicos no responde a criterios de imparcialidad judicial, sino a una intervención del Poder Judicial en la competencia política. En paralelo, su equipo de abogados encabezado por Alberto Beraldi realizó una conferencia de prensa para oficializar la presentación de una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El Comité, con sede en Ginebra, deberá evaluar en primer lugar la admisibilidad de la presentación. Si la considera compatible con los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podrá requerir información al Estado argentino antes de emitir una recomendación. Se trata de un mecanismo previsto por el derecho internacional que, aunque no tiene carácter vinculante, genera efectos políticos y jurídicos de peso en términos de imagen institucional del país ante los organismos multilaterales.

Los argumentos de la defensa

«No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento», sostuvo Kirchner en el texto difundido esta mañana. La expresidenta calificó la inhabilitación perpetua emergente de la Causa Vialidad como una forma de «proscripción» y resaltó que la condena recae sobre «la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina», introduciendo en el planteo internacional una perspectiva de género y de machismo estructural dentro del Poder Judicial.

La defensa también incorporó en la argumentación el atentado del 1 de septiembre de 2022, que el texto describe como «un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática». Kirchner sostuvo además que la condena no solo afecta su situación personal, sino el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes mediante el voto, planteando así que la inhabilitación perpetua opera como una restricción al sufragio activo de quienes desearían votarla.

Un equipo jurídico de alcance internacional

La incorporación de dos juristas de trayectoria internacional a la estrategia de defensa marca una escalada deliberada. Rafael Valim, jurista brasileño que integró el equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante su propio proceso judicial, aporta a la causa una experiencia directa en casos de lawfare con proyección continental. Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, refuerza la dimensión del derecho internacional en la presentación. Ambos participaron junto a Beraldi de la conferencia de prensa de este miércoles, en la que se presentó formalmente la comunicación ante el organismo de Naciones Unidas.

La decisión de sumar a Valim no es casual: en el caso de Lula, el Comité de Derechos Humanos de la ONU llegó a emitir una medida cautelar en 2018 solicitando al Estado brasileño que garantizara los derechos políticos del entonces exmandatario, aunque Brasil no la acató en ese momento. La comparación entre ambos casos, impulsada por la propia defensa, busca instalar el proceso argentino en una narrativa global de persecución judicial a líderes políticos de izquierda y centroizquierda.

El contexto judicial: condena firme y bienes decomisados

Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario tras quedar firme en junio de 2025 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la Causa Vialidad, fallo confirmado por unanimidad por la Corte Suprema. En julio de 2026, el mismo tribunal dejó también firme el decomiso de bienes por 684.990 millones de pesos dispuesto en el expediente. La suma de la condena penal, la inhabilitación perpetua y el decomiso de bienes representa la situación jurídica más grave enfrentada por un expresidente o expresidenta en la historia democrática argentina.

La expresidenta y su defensa reivindican de forma sistemática la inocencia de Kirchner en la causa, y encuadran el proceso como una expresión del lawfare, concepto que refiere al uso del sistema judicial como herramienta de persecución política. En su columna de este miércoles, Kirchner afirmó que continuará defendiendo su posición «mediante todos los mecanismos previstos por el Estado de Derecho», en la convicción de que la cuestión trasciende su caso personal y constituye un problema de calidad institucional para toda la sociedad.

Puntos clave

• Cristina Kirchner presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que deberá evaluar su admisibilidad antes de solicitar información al Estado argentino.
• La expresidenta publicó una columna simultánea en El País y Libération en la que calificó su inhabilitación perpetua como una «proscripción» y señaló la existencia de machismo estructural en el Poder Judicial.
• La defensa incorporó al jurista brasileño Rafael Valim (abogado de Lula) y al ex juez europeo Javier Borrego para reforzar la estrategia internacional.
• En julio de 2026, la Corte Suprema dejó firme el decomiso de bienes por 684.990 millones de pesos, sumado a la condena a seis años y la inhabilitación perpetua confirmadas en junio de 2025.
• Kirchner sostuvo que la condena afecta no solo su situación personal sino el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.