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“Muy pronto volveremos a encontrarnos”: la carta abierta de Cristina que desafía la proscripción

En una carta abierta publicada este miércoles en su sitio oficial, Cristina Fernández de Kirchner denunció que la condena de la Corte Suprema y su inhabilitación de por vida no persiguen la verdad jurídica sino eliminarla de la vida política. Señaló que lo que padece constituye graves violaciones a los derechos humanos con raíces en el machismo estructural del poder judicial y convocó al pueblo a no bajar los brazos.

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CFK denuncia machismo judicial y uso político de la justicia: la proscripción perpetua es "la pena principal" de la condena.

Con la serenidad de quien da una pelea de largo aliento, Cristina Fernández de Kirchner eligió las palabras con precisión quirúrgica. En la carta difundida este miércoles desde su sitio cfkargentina.com, la dos veces presidenta argentina afirmó que el ataque del que es víctima «no tiene como destinataria únicamente a una persona», sino a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino.

El documento, que circuló de inmediato en redes sociales y medios afines al kirchnerismo, representa el texto político más contundente que CFK firmó desde que se conoció su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La carta no es solo un descargo personal: es una declaración de principios sobre el uso de la justicia como instrumento de persecución política, un fenómeno que, advierte, no es exclusivo de la Argentina.

La proscripción como objetivo central

El núcleo político del documento es una distinción que CFK planteó con claridad: «La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es solo la accesoria». La frase condensa la lectura que el kirchnerismo hace del proceso judicial: no se trata de sancionar hechos de corrupción sino de cerrar el camino electoral a la principal figura de la oposición.

Kirchner fue la única mujer electa y reelecta presidenta de la República Argentina. Esa singularidad histórica la usó para plantear una pregunta que, en su formulación, lleva implícita la respuesta: «¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?» La pregunta no es retórica. Es la columna vertebral del argumento jurídico que, según anunció días atrás, ya fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Machismo estructural en la toga

Uno de los pasajes más resonantes de la carta es el que vincula su persecución judicial con el machismo estructural que, sostiene, persiste en sectores del sistema judicial argentino. «Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos», escribió.

La expresidenta fue más lejos al referir el atentado del 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre le apuntó con un arma en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. Para CFK, el nivel de estigmatización y arbitrariedad al que fue sometida funcionó como un incentivo para que atentaran contra su vida, lo que encuadra la persecución judicial dentro de una violación más amplia de los derechos humanos fundamentales.

Una ofensiva jurídica internacional con nombres propios

La carta también es un mapa de la estrategia jurídica que Kirchner despliega en el plano internacional. Convocó a dos abogados de reconocida trayectoria: el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el brasileño Rafael Valim, académico y jurista de referencia en el proceso de defensa del expresidente Lula Da Silva. Ambos integrarán el equipo que presentó la comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

CFK también recordó que en 2022, tras el atentado, un grupo de juristas internacionales de primer nivel ya había formulado una primera denuncia. Entre ellos, el exjuez de la Corte Suprema argentina y referente del derecho penal regional Raúl Zaffaroni, el ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire, el español Baltazar Garzón Real, el brasileño Juárez Tavares y juristas italianos de peso como Francesco Schiaffo, Sergio Moccia y Antonio Cavaliere. «Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», afirmó la expresidenta.

Un fenómeno global, una respuesta democrática

La carta incorpora una lectura geopolítica del fenómeno. Kirchner advirtió que la utilización del sistema de justicia para neutralizar a dirigentes con respaldo popular no es una patología argentina. «En todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular», escribió, y añadió que ese fenómeno «representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales».

Frente a esa realidad, la expresidenta descartó responder «con odio» o «con violencia» y eligió la vía institucional: más derecho, más democracia y más verdad. El cierre de la carta fue un llamado directo a sus seguidores: «No bajen los brazos. No permitan que les roben la esperanza.» Y remató con una promesa: «Muy pronto volveremos a encontrarnos.»

Puntos clave

  • CFK publicó una carta abierta este miércoles en cfkargentina.com en la que afirmó que la proscripción perpetua es «la pena principal» y la prisión «solo la accesoria».
  • Denunció que su persecución judicial tiene raíces en el machismo estructural del poder judicial y que el nivel de estigmatización funcionó como un incentivo para el atentado del 1 de septiembre de 2022.
  • Convocó a los abogados internacionales Javier Borrego (España) y Rafael Valim (Brasil) para integrar su defensa ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
  • Señaló que el uso de la justicia como herramienta de persecución política es un fenómeno global que amenaza a las democracias constitucionales.
  • Cerró la carta con un llamado al pueblo a no bajar los brazos y una promesa de regreso a la vida pública.

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Murió Patricia Walsh, la diputada que impulsó anular las “leyes de impunidad”

Hija de Rodolfo Walsh y hermana de Vicky, tenía 74 años. Su proyecto abrió el camino a la Ley 25.779, que anuló el Punto Final y la Obediencia Debida y permitió reabrir los juicios por crímenes de la dictadura.

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Retrato oficial de Patricia Walsh, exdiputada nacional

Patricia Walsh, la exdiputada que presentó el proyecto para anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, murió este jueves a los 74 años. Estaba internada en la clínica Suizo Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, donde había sido operada de una afección pulmonar; según la información difundida, su cuadro se complicó con una neumonía. Sus allegados no informaron todavía dónde será despedida.

Hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh, desaparecido por la dictadura, y hermana de María Victoria “Vicky” Walsh, asesinada en el operativo de la calle Corro, dedicó su vida a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Hasta sus últimos meses fue querellante en el juicio por la muerte de su hermana.

La ley que reabrió los juicios

Walsh llegó a la Cámara de Diputados en 2001, electa por la Ciudad de Buenos Aires al frente de la lista de Izquierda Unida. A principios de 2002 presentó el primer proyecto para declarar nulas las leyes de impunidad, que no consiguió quórum hasta agosto de 2003, cuando Néstor Kirchner ordenó al bloque justicialista habilitar el tratamiento.

El 12 de agosto de 2003 Diputados aprobó la nulidad y el 21 de agosto el Senado sancionó la Ley 25.779, que declaró “insanablemente nulas” las leyes 23.492 y 23.521. Kirchner la promulgó el 2 de septiembre y, en junio de 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales ambas leyes y validó su nulidad, lo que permitió reabrir los juicios a cientos de represores.

En su paso por Diputados presentó 23 proyectos. El último, en septiembre de 2005, buscó declarar persona no grata al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, por “su responsabilidad en el sufrimiento que padece el pueblo de Irak”.

Una militancia que empezó en los 70

Nacida en Buenos Aires en 1952, estudió en la Universidad Nacional de La Plata durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y militó en la Juventud Trabajadora Peronista y la Agrupación Evita. Trabajó como periodista desde los 17 años y, tras el triunfo de Héctor Cámpora, se sumó al diario Noticias, ligado a Montoneros, donde su padre dirigía la sección Policiales.

Después del cierre de ese diario trabajó en el área de prensa del INTI, donde fue delegada gremial. La dictadura la despidió en 1976 y fue reincorporada en 1984. El 29 de septiembre de 1976, su hermana Vicky murió en el operativo de la calle Corro, en Villa Luro, donde fueron asesinados cinco integrantes de Montoneros. En marzo de 1977, un día después de difundir su Carta Abierta a la Junta Militar, Rodolfo Walsh fue emboscado por un grupo de tareas de la ESMA y permanece desaparecido.

Con la democracia denunció ante la Conadep la desaparición de su padre y se involucró en la causa ESMA, de cuya megacausa fue querellante. En los años 90 se sumó a la agrupación HIJOS.

Candidata y legisladora

En 1999 fue candidata a presidenta por Izquierda Unida y en 2000 se postuló a jefa de Gobierno porteño. En 2007 fue electa legisladora de la Ciudad y ejerció el cargo hasta 2010; más tarde integró Proyecto Sur y el Frente Camino Popular.

Su último testimonio

El juicio por la masacre de la calle Corro empezó el 18 de marzo ante el Tribunal Oral Federal 7, con seis exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 del Ejército como acusados. En mayo, Walsh declaró ante el tribunal. Según su testimonio difundido por la prensa, dijo: “El operativo fue tan ilegal que entregaron el cuerpo de mi hermana sin autopsia. Todo era ilegal: la dictadura, el operativo, todo. No solo eran asesinos; también eran ladrones. Sacarle el anillo a una muchacha muerta o arrancarle un collar del cuello es algo difícil de comprender”.

“Mi hermana fue asesinada. Amaba ser mamá. Sabía, sin embargo, que corría el riesgo de ser torturada, igual que su hija Tolita, si era detenida. Estoy orgullosa de mi hermana y de mi padre porque lucharon contra la dictadura”, agregó. Y cerró: “Un país sin justicia, es un país sin futuro”.

Lo que tenés que saber:

  • Patricia Walsh murió a los 74 años en la clínica Suizo Argentina.
  • Presentó el proyecto que derivó en la Ley 25.779, que anuló el Punto Final y la Obediencia Debida.
  • Diputados aprobó la nulidad el 12 de agosto de 2003 y el Senado la sancionó el 21 de agosto.
  • Era hija de Rodolfo Walsh y hermana de Vicky, asesinada en la calle Corro en 1976.
  • En mayo declaró como querellante en el juicio por la masacre de la calle Corro.
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