En pleno contexto de recorte del gasto público, el gobierno de Javier Milei pidió la autorización para destinar $12.169.655.000 a la reimpresión de boletas electorales de cara a las legislativas del 26 de octubre.

El monto surge a raíz de un problema interno en La Libertad Avanza, vinculado a la necesidad de reemplazar parte del material impreso para la campaña. Sin embargo, la solicitud generó críticas por el contraste entre el gasto electoral y las medidas de ajuste aplicadas sobre jubilaciones, medicamentos y prestaciones por discapacidad.

El contraste con los recortes sociales

Desde marzo de 2024, los bonos para jubilados permanecen congelados, sin actualización frente a la inflación. La suma que el Ejecutivo busca destinar a las boletas equivale a 174.000 bonos jubilatorios.

También representa el valor de 128.000 Asignaciones Universales por Hijo (AUH), que actualmente rondan los $95.000, o 200.000 Tarjetas Alimentar, con un beneficio mensual de $60.000.

Aunque la erogación puede parecer menor dentro del total del gasto público, resulta significativa en términos simbólicos: el desembolso se produciría mientras el gobierno reduce subsidios sociales y ajusta partidas sanitarias.

Un privilegio partidario

El pedido de fondos para reimprimir boletas despertó un interrogante dentro del propio arco político: ¿el Ejecutivo habría hecho la misma solicitud si el problema correspondiera a un partido opositor o de menor representación?

El gasto, justificado por cuestiones logísticas de impresión, beneficia directamente al espacio oficialista, ya que se trata de una corrección derivada de fallas en la confección de las boletas de La Libertad Avanza.

Fuentes consultadas en el ámbito electoral señalaron que el trámite se encuentra en evaluación dentro del Ministerio del Interior y que aún resta definir la modalidad de financiación.

Tensiones en el discurso del ajuste

El contraste entre la retórica de austeridad y el gasto para resolver un problema partidario propio reavivó las críticas hacia el Ejecutivo. En los últimos meses, el Gobierno eliminó o redujo varios programas de asistencia social, mientras defendía la necesidad de “ordenar las cuentas públicas” y “reducir el déficit”.

La reimpresión de boletas, en cambio, constituye un gasto electoral de emergencia, sin impacto directo en políticas públicas, pero con un fuerte contenido político en plena campaña.