Judiciales ⚖️
La Justicia frenó el “vacío legal” de Uber: exigen licencias profesionales a conductores de apps
Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad equiparó las exigencias legales de las plataformas digitales de transporte con las de taxis y remises. La decisión, impulsada por una demanda del Sindicato de Peones de Taxis, pone fin a años de competencia desigual y obliga al Gobierno porteño a abandonar su política de tolerancia encubierta.
La Justicia porteña obliga a conductores de Uber, Cabify y DiDi a tramitar licencia profesional
★ La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que los conductores que prestan servicios a través de Uber, Cabify y DiDi deben cumplir los mismos requisitos que rigen para taxis y remises. Según informó el 8 de mayo de 2026 la Agencia NA, la sentencia fue firmada por los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín.
En términos concretos, los conductores de estas plataformas deberán contar con licencia de conducir profesional, seguros específicos para el transporte de pasajeros, cobertura para pasajeros, conductor y responsabilidad civil, y deberán adecuarse a las habilitaciones y controles que ya exige la normativa vigente para el transporte público de pasajeros en la Ciudad.
El argumento judicial: no son plataformas tecnológicas, son transporte
El núcleo del razonamiento de los magistrados fue que Uber y sus competidoras forman parte de un «servicio global de transporte» y no pueden escudarse detrás de la figura de simples intermediadoras tecnológicas para eludir regulación. Para sostener esa postura, el tribunal citó antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se aplicó el mismo criterio frente al intento de Uber de operar por fuera de los marcos regulatorios del transporte.
La causa fue iniciada por el Sindicato de Peones de Taxis, que durante años denunció la situación de desigualdad estructural: el sector regulado debía afrontar costos, trámites y exigencias que las plataformas digitales no tenían, lo que les permitía captar demanda con condiciones más ventajosas sin asumir las obligaciones del rubro.
La Justicia también cuestionó al Gobierno de la Ciudad
Uno de los párrafos más contundentes del fallo apuntó directamente a la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según la resolución, el Ejecutivo porteño permitió durante años una «apariencia de regularidad» en el funcionamiento de las plataformas: las calificaba públicamente como un servicio «clandestino» pero, al mismo tiempo, toleraba su publicidad en el espacio público y no avanzaba con controles efectivos. Una política de doble discurso que ahora la Justicia puso en evidencia.
Impuesto local y protección a los taxistas
La sentencia también ordenó al Gobierno porteño iniciar procedimientos para cobrar impuestos locales a las empresas de transporte digital e implementar campañas de difusión que adviertan a los usuarios sobre los riesgos vinculados a seguros y licencias en el contexto de esta transición regulatoria.
Asimismo, el fallo estableció que, mientras persista la diferencia regulatoria, el Gobierno porteño no podrá cobrarles a los taxistas determinados aranceles administrativos relacionados con licencias y trámites de operación. La Cámara entendió que sería inequitativo exigir un esquema de costos más oneroso a un sector mientras el otro compite sin obligaciones equivalentes.
Una deuda histórica con los trabajadores del volante
El fallo llega después de más de una década en la que la irrupción de las plataformas digitales de transporte reconfiguró el mercado laboral del sector sin que existiera un marco regulatorio claro. Miles de conductores de taxis y remises vieron erosionados sus ingresos ante una competencia que operaba sin las cargas que ellos sí debían afrontar. La resolución judicial no resuelve todos los conflictos del sector, pero establece un piso de igualdad que los trabajadores regulados reclamaban desde el primer día.
La pregunta que queda pendiente es cuánto tardará la Legislatura de la Ciudad en sancionar una ley específica que regule de manera integral a las plataformas de transporte, algo que el fallo señala expresamente como una deuda del sistema político.
Puntos clave
- La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad ordenó que los conductores de Uber, Cabify y DiDi tramiten licencia profesional y seguros específicos para transporte de pasajeros.
- El fallo equiparó las obligaciones de las apps con las de taxis y remises, ante la ausencia de una ley específica que regule a las plataformas digitales.
- Los jueces consideraron que las apps forman parte de un «servicio global de transporte», citando antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- La Justicia cuestionó al Gobierno porteño por haber permitido una «apariencia de regularidad» en el funcionamiento de las plataformas durante años.
- Mientras dure la brecha regulatoria, el Gobierno de la Ciudad no podrá cobrarles aranceles administrativos a los taxistas por licencias y trámites de operación.
Investigación 🔎
Espert pidió ser sobreseído y negó que los 200 mil dólares de Machado fueran ilícitos
En un escrito de 65 páginas presentado ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, el ex diputado libertario José Luis Espert respondió a la acusación por presunto lavado de activos y solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. La defensa sostiene que el pago tuvo respaldo contractual y que cada operación fue realizada a nombre del imputado.
José Luis Espert presentó su descargo formal ante el juez federal Lino Mirabelli, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos vinculado a una transferencia de 200.000 dólares recibida en enero de 2020 en una cuenta a su nombre radicada en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos, y ligada a la red empresaria del rionegrino Federico «Fred» Machado. El documento, de 65 páginas, rechaza de manera frontal la hipótesis del fiscal Fernando Domínguez y pide el sobreseimiento o, en forma subsidiaria, la falta de mérito.
La estrategia defensiva se articula sobre un argumento central: la acusación construyó su teoría del caso sobre suposiciones, no sobre hechos probados. «Mientras que cada punto de la imputación es una suposición, cada respuesta de mi descargo es un hecho documentado», señaló Espert en el escrito. La defensa sostuvo además que el contrato de consultoría que justifica el pago existió y que todas las operaciones posteriores se realizaron a nombre del propio imputado, en contradicción con el argumento fiscal que lo calificó como un instrumento para disfrazar fondos de origen ilícito.
El expediente y la trama financiera
La investigación tiene su punto de partida en una transferencia de 200.000 dólares que impactó en la cuenta número 40611172 del banco Morgan Stanley, en poder de Espert en Estados Unidos y que, según la fiscalía, nunca fue declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los fondos provinieron de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma de la red de Machado, empresario extraditado a los Estados Unidos donde se declaró culpable de fraude y lavado de activos. La fecha del giro fue, según documentación bancaria del Bank of America incorporada como evidencia judicial en ese país, el 22 de enero de 2020.
Con ese dinero, según reconstruyó la fiscalía a partir de documentos bancarios, audios de WhatsApp y archivos secuestrados a los contadores del imputado, Espert adquirió un BMW y luego un Lexus valuado en casi 130.000 dólares, y su esposa, María Mercedes González, suscribió un fideicomiso en Costa Esmeralda, en la zona costera de la provincia de Buenos Aires. El fiscal Domínguez encuadró las operaciones en las tres etapas clásicas del lavado: colocación, estratificación e integración. También solicitó investigar al contador Mariano Alejandro Cosentino y a la firma Varianza S.A., constituida por Espert y su esposa en 2019.
La indagatoria del 7 de julio y el silencio como estrategia
El 7 de julio de 2026, Espert se presentó ante el juez Mirabelli para su declaración indagatoria y optó por no responder preguntas. En cambio, entregó un escrito acompañado de once correos electrónicos que, según su defensa, acreditan la existencia de la relación profesional con Machado. Al retirarse del tribunal, fue escueto: «No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez», dijo ante la prensa. Sus abogados aclararon que la decisión de no responder oralmente respondía al ejercicio de un derecho constitucional y no implicaba negarse a colaborar con la investigación. «No se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos», sostuvieron en un comunicado.
En esa misma presentación del 7 de julio, Espert cuestionó al fiscal Domínguez y solicitó al juez que reasuma la dirección directa del sumario, denunciando filtraciones al expediente. Señaló además que existirían dos causas paralelas que analizarían los mismos hechos, lo que a su entender podría derivar en un supuesto de doble juzgamiento: la que tramita en San Isidro ante Mirabelli y otra en el Juzgado Federal N° 8 de Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, iniciada en 2021 y vinculada al uso de aviones de Machado durante la campaña presidencial de Espert en 2019.
El descargo de 65 páginas: de la indagatoria al pedido de sobreseimiento
El escrito presentado en agosto de 2026 representa la respuesta formal de Espert a cada punto de la imputación. La defensa argumenta que el origen ilícito de los fondos nunca fue probado en el expediente argentino, que el contrato que respaldó el pago era real y que las operaciones realizadas con el dinero fueron hechas a nombre del imputado, elemento que, a criterio de los letrados, contradice la teoría del ocultamiento. La acusación, en cambio, sostuvo que ese contrato fue un invento para encubrir fondos sucios, una tesis que la defensa calificó de «suposición».
El cuadro judicial resulta aún más complejo si se consideran las medidas de rigor ya dispuestas. El juez Mirabelli rechazó el pedido de la defensa para levantar la inhibición general de bienes sobre las cuentas de Espert, una medida que fue ampliada en marzo de 2026 para incluir el Fideicomiso Costa Dunas. En esa resolución, el magistrado incorporó un dato que la defensa no pudo rebatir con comodidad: a los pocos días de iniciado el expediente, Espert retiró 80.000 dólares en efectivo sin que se conociera el destino de esos fondos.
Milei salió a defenderlo, pero la Justicia siguió su curso
El presidente Javier Milei intervino públicamente para respaldar a su aliado. Cuando Machado acordó con la justicia estadounidense declararse culpable de fraude y lavado a cambio de que se archivara la acusación por narcotráfico, Milei interpretó ese acuerdo como una «absolución» de Espert y calificó la causa como «una operación política y mediática infame». «Durante semanas lo ensuciaron, lo difamaron y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad», escribió el Presidente en redes sociales. Sin embargo, la situación procesal de Machado en Estados Unidos es jurídicamente independiente de la investigación que tramita en Argentina, y el expediente siguió su curso con independencia de los dichos presidenciales.
El escándalo forzó a Espert a renunciar a su candidatura a diputado nacional en las elecciones legislativas de 2025. La causa llegó al corazón del oficialismo en un momento donde La Libertad Avanza acumula frentes abiertos en la Justicia, desde la Causa $Libra hasta las investigaciones por irregularidades en la ANDIS.
Puntos clave
- Espert presentó un descargo de 65 páginas ante el juez Mirabelli y pidió el sobreseimiento o la falta de mérito por la causa de lavado de activos.
- La defensa sostiene que el contrato de consultoría que justifica la transferencia de 200.000 dólares es real y que las operaciones fueron hechas a nombre del imputado.
- El fiscal Domínguez acusó a Espert de blanquear fondos de una organización criminal transnacional mediante la compra de vehículos de lujo y un fideicomiso en la costa bonaerense.
- Mirabelli rechazó levantar la inhibición de bienes y la amplió en marzo de 2026 para incluir el Fideicomiso Costa Dunas; Espert retiró 80.000 dólares al inicio del expediente sin justificar el destino.
- La defensa de Milei pública de Espert no tuvo efecto procesal: la causa siguió avanzando con independencia de los dichos presidenciales.
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