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La Justicia frenó el “vacío legal” de Uber: exigen licencias profesionales a conductores de apps

Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad equiparó las exigencias legales de las plataformas digitales de transporte con las de taxis y remises. La decisión, impulsada por una demanda del Sindicato de Peones de Taxis, pone fin a años de competencia desigual y obliga al Gobierno porteño a abandonar su política de tolerancia encubierta.

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La Justicia porteña obliga a conductores de Uber, Cabify y DiDi a tramitar licencia profesional

★ La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que los conductores que prestan servicios a través de Uber, Cabify y DiDi deben cumplir los mismos requisitos que rigen para taxis y remises. Según informó el 8 de mayo de 2026 la Agencia NA, la sentencia fue firmada por los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín.

En términos concretos, los conductores de estas plataformas deberán contar con licencia de conducir profesional, seguros específicos para el transporte de pasajeros, cobertura para pasajeros, conductor y responsabilidad civil, y deberán adecuarse a las habilitaciones y controles que ya exige la normativa vigente para el transporte público de pasajeros en la Ciudad.

El argumento judicial: no son plataformas tecnológicas, son transporte

El núcleo del razonamiento de los magistrados fue que Uber y sus competidoras forman parte de un «servicio global de transporte» y no pueden escudarse detrás de la figura de simples intermediadoras tecnológicas para eludir regulación. Para sostener esa postura, el tribunal citó antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se aplicó el mismo criterio frente al intento de Uber de operar por fuera de los marcos regulatorios del transporte.

La causa fue iniciada por el Sindicato de Peones de Taxis, que durante años denunció la situación de desigualdad estructural: el sector regulado debía afrontar costos, trámites y exigencias que las plataformas digitales no tenían, lo que les permitía captar demanda con condiciones más ventajosas sin asumir las obligaciones del rubro.

La Justicia también cuestionó al Gobierno de la Ciudad

Uno de los párrafos más contundentes del fallo apuntó directamente a la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según la resolución, el Ejecutivo porteño permitió durante años una «apariencia de regularidad» en el funcionamiento de las plataformas: las calificaba públicamente como un servicio «clandestino» pero, al mismo tiempo, toleraba su publicidad en el espacio público y no avanzaba con controles efectivos. Una política de doble discurso que ahora la Justicia puso en evidencia.

Impuesto local y protección a los taxistas

La sentencia también ordenó al Gobierno porteño iniciar procedimientos para cobrar impuestos locales a las empresas de transporte digital e implementar campañas de difusión que adviertan a los usuarios sobre los riesgos vinculados a seguros y licencias en el contexto de esta transición regulatoria.

Asimismo, el fallo estableció que, mientras persista la diferencia regulatoria, el Gobierno porteño no podrá cobrarles a los taxistas determinados aranceles administrativos relacionados con licencias y trámites de operación. La Cámara entendió que sería inequitativo exigir un esquema de costos más oneroso a un sector mientras el otro compite sin obligaciones equivalentes.

Una deuda histórica con los trabajadores del volante

El fallo llega después de más de una década en la que la irrupción de las plataformas digitales de transporte reconfiguró el mercado laboral del sector sin que existiera un marco regulatorio claro. Miles de conductores de taxis y remises vieron erosionados sus ingresos ante una competencia que operaba sin las cargas que ellos sí debían afrontar. La resolución judicial no resuelve todos los conflictos del sector, pero establece un piso de igualdad que los trabajadores regulados reclamaban desde el primer día.

La pregunta que queda pendiente es cuánto tardará la Legislatura de la Ciudad en sancionar una ley específica que regule de manera integral a las plataformas de transporte, algo que el fallo señala expresamente como una deuda del sistema político.

Puntos clave

  • La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad ordenó que los conductores de Uber, Cabify y DiDi tramiten licencia profesional y seguros específicos para transporte de pasajeros.
  • El fallo equiparó las obligaciones de las apps con las de taxis y remises, ante la ausencia de una ley específica que regule a las plataformas digitales.
  • Los jueces consideraron que las apps forman parte de un «servicio global de transporte», citando antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
  • La Justicia cuestionó al Gobierno porteño por haber permitido una «apariencia de regularidad» en el funcionamiento de las plataformas durante años.
  • Mientras dure la brecha regulatoria, el Gobierno de la Ciudad no podrá cobrarles aranceles administrativos a los taxistas por licencias y trámites de operación.

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Tres de cada cuatro abogados usan IA y los jueces ya detectan fallos inventados

La cifra surge de una encuesta de Thomson Reuters y el Colegio Público de la Abogacía porteño. Casi todo lo que se sabe del fenómeno lo cuentan grandes estudios y empresas de tecnología, mientras tribunales de cuatro jurisdicciones encontraron citas falsas en escritos.

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Ilustración de una estatua de la Justicia que se levanta la venda de un ojo y guiña, con la balanza en alto

Veintiséis fallos que nunca existieron. Eso encontró la Cámara Civil de Roca en los escritos de dos abogados que litigaban por un auto 0 km con fallas. Ninguno de los dos admitió haber usado inteligencia artificial, pero el tribunal concluyó que probablemente lo hicieron, los dejó sin honorarios en esa instancia y remitió copia de la resolución al Colegio de Abogados de Roca.

El episodio, que difundió el Poder Judicial de Río Negro en septiembre de 2025, es una de las pocas ventanas públicas a un fenómeno que avanza en silencio. Según el Reporte sobre la Inteligencia Artificial en los estudios jurídicos de Argentina 2025, que Thomson Reuters elaboró junto con el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) a partir de una encuesta a «cientos de profesionales del sector legal», tres de cada cuatro abogados ya usan IA en sus tareas.

Lo que dice la encuesta y lo que no muestra

El resumen público del reporte agrega que cerca de un cuarto de los encuestados emplea la IA para mejorar y automatizar procesos legales, y que entre las motivaciones se destacan brindar un mejor asesoramiento y desarrollar nuevas competencias. El documento completo solo se descarga después de completar un formulario con datos personales, y la página no informa el porcentaje exacto, la cantidad de encuestados, las fechas del relevamiento ni la metodología.

El dato tiene otro detalle que no es menor: lo publica una empresa que vende herramientas de IA para abogados. Thomson Reuters comercializa CoCounsel, una de las plataformas especializadas que aparece en los relevamientos del sector.

«IA Blue»: el uso que no se declara

El fenómeno ya tiene nombre: «IA Blue», el uso «solapado» de aplicaciones de inteligencia artificial por fuera de los canales oficiales. Lo acuñó el abogado Ignacio Adrián Lerer, CEO de IntegridAI, en una columna publicada en Abogados.com.ar el 2 de octubre de 2025. El 5 de enero de este año, en el mismo sitio, Lerer aplicó el concepto a otro relevamiento: el Reporte sobre Departamentos Legales elaborado por el estudio Marval O’Farrell Mairal, centrado en los abogados que trabajan dentro de empresas.

Ese reporte es distinto de la encuesta de Thomson Reuters y el CPACF: mide departamentos legales de empresas, no estudios jurídicos, y de él sale el dato de que dos de cada tres usuarios desconfían de la IA. Según las cifras del reporte de Marval que cita Lerer, el 75% de los departamentos legales usa IA de forma regular, contra el 11% de 2023, pero el 67% de quienes la usan desconfía de la precisión de los resultados. Las herramientas más usadas son generalistas: ChatGPT (62%), Microsoft Copilot (60%) y Gemini (30%). Las plataformas pensadas para el trabajo jurídico apenas aparecen, con Harvey en el 7% y CoCounsel en el 4%. Además, el 68% de los departamentos no tiene presupuesto específico para tecnología legal.

Para Lerer, esa combinación tiene una sola explicación: «la única respuesta lógica es que los profesionales utilizan cuentas personales de ChatGPT Plus a veinte dólares mensuales, no infraestructura corporativa auditada». Es su interpretación; el reporte no mide de qué cuentas sale ese uso.

Los que sí lo cuentan

Del otro lado están los que lo anuncian. En mayo de 2024, el estudio Bruchou & Funes de Rioja comunicó que incorporó Harvey AI, una plataforma diseñada para el sector legal, y se presentó como la primera firma de la Argentina en hacerlo. «Nuestros abogados continúan siendo los conductores de cada caso y proyecto», dijo Rodrigo Funes de Rioja, miembro del Consejo de Administración del estudio. El anuncio incluyó una capacitación específica para sus profesionales y una referencia a la «garantía de confidencialidad» de la herramienta.

La foto que queda es despareja: casi todo lo que se sabe sobre el uso de IA en la abogacía argentina proviene de grandes estudios y de empresas que venden tecnología. El abogado que trabaja solo o en un estudio chico no aparece en esos anuncios.

Cuando el silencio llega a los tribunales

Los casos que salieron a la luz lo hicieron por las citas falsas. El 20 de noviembre de 2025, en una ejecución de multa contra la prepaga Medicus, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le aplicó un apercibimiento a un abogado que citó jurisprudencia inexistente atribuida a esa misma Cámara. El tribunal consideró que las citas «pudieron encontrarse originadas en un inadecuado uso» de la inteligencia artificial y dio intervención al Tribunal de Ética del Colegio de la Abogacía.

El 22 de diciembre, el Tribunal de Impugnaciones de San Luis rechazó una apelación en una causa penal que se apoyaba en un supuesto fallo de la Corte Suprema que no figuraba en ninguna base oficial. Los jueces enviaron los antecedentes al Colegio de Abogados y Procuradores provincial y advirtieron que no verificar la jurisprudencia «no solo constituye una falta ética, sino que pone en riesgo la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento del sistema de justicia».

En abril de este año, la Cámara de Apelaciones del Interior de Neuquén, según informó el Poder Judicial provincial el 29 de ese mes, detectó al menos cinco fallos falsos en un recurso, entre ellos supuestos precedentes del Tribunal Superior provincial y de la Corte Suprema. «Lo que interesa es el resultado: existen al menos cinco citas falsas que se utilizan como argumento central para fundar un recurso de apelación», escribieron los jueces, que no se detuvieron en si el origen fue la IA y remitieron el caso al Colegio de Abogados de Cutral Có.

Reglas que no obligan

El CPACF publicó en julio de 2025 una «Guía para el uso de Inteligencia Artificial para Abogados» y, el 8 de agosto de 2025, unos «Criterios orientadores para un uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en la Abogacía». Piden verificar todo lo que produce la herramienta, porque puede inventar citas y fallos, no cargar datos sensibles de clientes sin su autorización e informarles cuando se usa IA. Son, como dice su título, criterios orientadores.

En Río Negro, el propio Poder Judicial reconoció la brecha: su protocolo sobre IA rige solo dentro de los tribunales, y los abogados que ejercen de forma privada «no tienen lineamientos específicos» para controlar el uso de estas herramientas en sus escritos. Mientras tanto, cada cita inventada pone en juego la causa de alguien que confió en ese escrito.

Lo que tenés que saber:

  • Según Thomson Reuters y el CPACF, tres de cada cuatro abogados ya usan IA; la página del reporte no informa muestra, fechas ni metodología.
  • Ignacio Lerer llamó «IA Blue», en Abogados.com.ar, al uso solapado de estas herramientas.
  • En otro relevamiento, el de Marval sobre departamentos legales de empresas, el 75% usa IA y el 67% desconfía de sus resultados.
  • Bruchou & Funes de Rioja anunció en 2024 que incorporó Harvey AI.
  • Tribunales federales y de Río Negro, San Luis y Neuquén detectaron fallos inexistentes en escritos de abogados.
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