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Exclusivo: asalto, crimen y la “protección” barrabrava

Durante un intento de robo, en septiembre de 2022 mataron a un comerciante en la localidad mendocina de Guaymallén. La banda que cometió el homicidio estaba conformada por asaltantes vinculados a la barrabrava de Independiente Rivadavia. Uno de ellos se mantuvo prófugo más de tres meses hasta que lo capturaron en Buenos Aires, tras recibir “ayuda” para esconderse de sus “colegas” de Deportivo Morón y Barracas Central

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Por Néstor Llidó

El informe “oficial” dio cuenta que un barrabrava de Independiente Rivadavia de Mendoza y uno de los cinco prófugos de haber conformado la banda que mató a balazos a un comerciante durante un intento de robo, fue detenido durante un operativo concretado por efectivos de la Policía Federal en la Villa Zabaleta del barrio porteño de Barracas.

Tanto detrás de aquel episodio delictivo, ocurrido el 15 de septiembre de 2022 en una esquina de la localidad mendocina de Guaymallén, como en la posterior investigación del caso hay “otra historia”. Vínculos de personajes relacionados con las empresas de seguridad privada y barrabravas como “mano de obra” para dar un golpe con datos muy precisos sobre los movimientos de la víctima, quien solía trasladar la recaudación de su trabajo en el mercado frutihortícola.

Al comerciante Emilio Giménez lo ejecutaron de dos disparos en el pecho, pero los ladrones escaparon sin robar e bolso en el que llevaba 6.000.000 de pesos, 800 dólares y algunos cheques, ante la reacción de los vecinos de esa zona de Guaymallén, quienes salieron a la calle cuando la camioneta que conducía la víctima terminó estrellándose contra las rejas de una casa.

La posterior investigación permitió determinar que hubo una tarea de inteligencia previa y a medida que fueron identificando a los autores del hecho (que abandonaron la Toyota Hilux y la Jeep Renegade en la que se desplazaban a las pocas cuadras del lugar donde interceptaron la Volkswagen Amarok de la víctima) se fueron sucediendo las primeras detenciones, al mismo tiempo que continuaba la búsqueda de los ya declarados prófugos por el titular de la Fiscalía de Homicidas de Mendoza, Carlos Torres.

En primer lugar, cayó Cristian Antonio “Willy” Rivero, un agente penitenciario, quien fuera jefe de seguridad del Club Social Independiente Rivadavia (La “Lepra”, popular institución del Parque San Martín mendocino) y con ciertos “contactos” con empresas de custodios privados. Este hombre es el padre del ahora capturado en la Ciudad de Buenos Aires y que, por lo tanto, solo dos de los miembros de esa banda siguen prófugos, se trata de Juan Angel Andrada Mercado y Maximiliano Martínez Llaneza.

Más tarde se fueron dando las detenciones de Angel Leandro Fredes Ponce, Ricardo Javier “Pica” Andrada Mercado y Walter Sebastián “Corcho” Sáez Ortíz, ya que todos estaban identificados y este caso de inseguridad generó una enorme conmoción en la sociedad mendocina. Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se ofreció una recompensa de hasta 700.000 pesos para quienes aportaran datos para dar con el paradero de los cinco que, en principio, habían logrado escapar.

Y si bien aún quedan dos por localizar, surge la particular situación de Gustavo Maximiliano Rivero Díaz. El hijo de “Willy” tiene un historial de violencia con su pertenencia a la facción “Los Encapuchados” que se disputa el liderazgo de la barrabrava de Independiente Rivadavia. En febrero de 2020, su grupo (con referencia en el barrio Villa Hipódromo y otros de la zona de Godoy Cruz) apuñaló a otro hincha en plena tribuna, derivando en que se suspenda el partido con Altanta a los pocos minutos de disputa.

Luego de un tiempo “fuera de la cancha, pero manejando los negocios de la barra, que incluyen otras cuestiones delictivas”, volvió a la hinchada de la “Lepra” mendocina. Por el crimen del comerciante Giménez, “Gusti” Rivero Díaz fue sindicado como quien lo “marcó” dentro del mercado frutihortícola de Guaymallén. Tal como se lo observa en imágenes de cámaras de seguridad, para posterior persecución, donde para asaltarlo, lo terminaron matando, encerrándolo con dos vehículos para provocarle el choque de su camioneta y finalmente, pegarle dos tiros en el pecho frente a su resistencia a que le quitan el bolso con la millonaria cifra que trasladaba.

Entonces, para escapar de Mendoza, este joven, de 27 años, recurrió a los “contactos barrabravas” y sacó provecho de los lazos establecidos con sus “pares” de Barracas Central y Deportivo Morón. Allá por mediados de septiembre viajó a Buenos Aires para ser alojado por sus “colegas” en distintos domicilios de la zona oeste del Conurbano y barrios del sur porteño, a la espera de permanecer oculto hasta que “se enfríe la cosa”.

Pero, en estas cuestiones, siempre hay un pero. Dicen que una “traición” o la codicia para cobrar la recompensa, derivó en que a los investigadores les llegara el dato del lugar donde “refugiaban” a Gustavo Rivero Díaz.

El fiscal Carlos Torres se puso en contacto con detectives de la Policía Federal Argentina y luego de varias semanas de “búsqueda territorial”, se logró establecer “donde estaba parando”. Se tramitó el pedido de allanamiento, avalado por el juez Gabriel Ghirlanda, montándose un operativo encubierto hasta que lo aprehendieron en una casa de la Villa Zabaleta de Barracas.

Por lo tanto, además de quedar imputado en la causa por “homicidio criminis causae y robo agravado en grado de tentativa” por lo sucedido en Guaymallén, ahora hay una investigación en curso por la “protección” que recibió durante su “estadía” en Buenos Aires, apuntándose a barrabravas del “Gallo” de Morón y de Barracas Central.

Energía

Malvinas: un solo juzgado para dos causas petroleras y una soberanía en juego

La Cámara Federal ordenó que el Juzgado Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, concentre las dos denuncias del Gobierno contra la explotación petrolera en la plataforma continental argentina. El juez Eduardo Farah advirtió que resoluciones opuestas podrían afectar la política de Estado sobre el reclamo de soberanía.

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El Argentino Diario-Plataforma petrolera-Sea Lion.
Malvinas: por qué la Justicia unificó las causas por petróleo y qué se juega con la soberanía.

El riesgo de que dos jueces dicten resoluciones opuestas sobre los derechos argentinos en Malvinas fue el argumento central para unificar las denuncias por petróleo. Lo planteó la Cámara Federal al resolver que ambos expedientes sigan un mismo camino judicial, en un momento en que el Estado sostiene un frente abierto en tribunales locales e internacionales contra las empresas que operan en la zona sin autorización.

El juez de la Cámara Federal Eduardo Farah resolvió un conflicto de competencia y dispuso que las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 queden bajo la órbita del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini, según el fallo. La decisión llegó pese a que Ercolini había rechazado la competencia.

Qué se investiga en cada expediente

La primera denuncia fue presentada por la Cancillería contra la petrolera británica Desire Petroleum por la explotación en el yacimiento Sea Lion. La segunda apunta a la explotación de petróleo en otro sector de la plataforma continental argentina, por parte de otra empresa y sin permisos del Gobierno argentino.

La causa CFP 4437/2026 ya había sido ampliada en septiembre por el Gobierno nacional, que sumó a la investigación a sociedades de Rockhopper Exploration, Borders & Southern y Desire Petroleum, además de identificar a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados con las petroleras, según las presentaciones judiciales.

Los argumentos de Farah

Farah consideró que la similitud esencial de los objetos procesales de ambas causas vuelve pertinente su acumulación. Sostuvo que las actividades denunciadas en una y otra son distintas manifestaciones de “un mismo fenómeno”: emprendimientos económicos en áreas cercanas a las islas, basados en autorizaciones que el país considera ilegítimas.

El magistrado remarcó que ambas denuncias se refieren a los derechos argentinos sobre las islas y que por eso es clave evitar “pronunciamientos contradictorios”. Según el fallo, la recuperación de Malvinas y el ejercicio pleno de la soberanía son un “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, y lo que se resuelva puede repercutir en la política permanente del Estado sobre el asunto.

Un frente judicial con varios tableros

La unificación se produce en medio de una disputa que se libra en simultáneo en distintos ámbitos. En septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender las tareas del proyecto Sea Lion, a partir de una medida cautelar solicitada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y una asociación de abogados ambientalistas.

En el plano internacional, el Gobierno pidió medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar contra el Reino Unido, con audiencias orales fijadas para el 10 y 11 de noviembre. Del otro lado, Rockhopper sostuvo que Sea Lion sigue en cronograma, con primer petróleo previsto para el primer trimestre de 2028.

Con las dos denuncias bajo un mismo juzgado, la estrategia penal contra las petroleras gana coherencia, pero también concentra en un solo despacho la responsabilidad de sostenerla. Queda por verse si esa unificación se traduce en medidas concretas contra las empresas, mientras los proyectos avanzan y el reloj corre hacia la fecha prevista para el primer barril.

Lo que tenés que saber

  • La Cámara Federal unificó las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 en el Juzgado Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini.
  • El juez Eduardo Farah resolvió un conflicto de competencia, pese al rechazo previo de Ercolini.
  • El fundamento fue evitar «pronunciamientos contradictorios» sobre los derechos argentinos en Malvinas.
  • Una denuncia de la Cancillería apunta a Desire Petroleum por el yacimiento Sea Lion; la otra, a otra empresa en distinto sector de la plataforma continental.
  • El Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene audiencias fijadas para el 10 y 11 de noviembre.
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