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Judiciales ⚖️

Exclusivo: asalto, crimen y la “protección” barrabrava

Durante un intento de robo, en septiembre de 2022 mataron a un comerciante en la localidad mendocina de Guaymallén. La banda que cometió el homicidio estaba conformada por asaltantes vinculados a la barrabrava de Independiente Rivadavia. Uno de ellos se mantuvo prófugo más de tres meses hasta que lo capturaron en Buenos Aires, tras recibir “ayuda” para esconderse de sus “colegas” de Deportivo Morón y Barracas Central

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Por Néstor Llidó

El informe “oficial” dio cuenta que un barrabrava de Independiente Rivadavia de Mendoza y uno de los cinco prófugos de haber conformado la banda que mató a balazos a un comerciante durante un intento de robo, fue detenido durante un operativo concretado por efectivos de la Policía Federal en la Villa Zabaleta del barrio porteño de Barracas.

Tanto detrás de aquel episodio delictivo, ocurrido el 15 de septiembre de 2022 en una esquina de la localidad mendocina de Guaymallén, como en la posterior investigación del caso hay “otra historia”. Vínculos de personajes relacionados con las empresas de seguridad privada y barrabravas como “mano de obra” para dar un golpe con datos muy precisos sobre los movimientos de la víctima, quien solía trasladar la recaudación de su trabajo en el mercado frutihortícola.

Al comerciante Emilio Giménez lo ejecutaron de dos disparos en el pecho, pero los ladrones escaparon sin robar e bolso en el que llevaba 6.000.000 de pesos, 800 dólares y algunos cheques, ante la reacción de los vecinos de esa zona de Guaymallén, quienes salieron a la calle cuando la camioneta que conducía la víctima terminó estrellándose contra las rejas de una casa.

La posterior investigación permitió determinar que hubo una tarea de inteligencia previa y a medida que fueron identificando a los autores del hecho (que abandonaron la Toyota Hilux y la Jeep Renegade en la que se desplazaban a las pocas cuadras del lugar donde interceptaron la Volkswagen Amarok de la víctima) se fueron sucediendo las primeras detenciones, al mismo tiempo que continuaba la búsqueda de los ya declarados prófugos por el titular de la Fiscalía de Homicidas de Mendoza, Carlos Torres.

En primer lugar, cayó Cristian Antonio “Willy” Rivero, un agente penitenciario, quien fuera jefe de seguridad del Club Social Independiente Rivadavia (La “Lepra”, popular institución del Parque San Martín mendocino) y con ciertos “contactos” con empresas de custodios privados. Este hombre es el padre del ahora capturado en la Ciudad de Buenos Aires y que, por lo tanto, solo dos de los miembros de esa banda siguen prófugos, se trata de Juan Angel Andrada Mercado y Maximiliano Martínez Llaneza.

Más tarde se fueron dando las detenciones de Angel Leandro Fredes Ponce, Ricardo Javier “Pica” Andrada Mercado y Walter Sebastián “Corcho” Sáez Ortíz, ya que todos estaban identificados y este caso de inseguridad generó una enorme conmoción en la sociedad mendocina. Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se ofreció una recompensa de hasta 700.000 pesos para quienes aportaran datos para dar con el paradero de los cinco que, en principio, habían logrado escapar.

Y si bien aún quedan dos por localizar, surge la particular situación de Gustavo Maximiliano Rivero Díaz. El hijo de “Willy” tiene un historial de violencia con su pertenencia a la facción “Los Encapuchados” que se disputa el liderazgo de la barrabrava de Independiente Rivadavia. En febrero de 2020, su grupo (con referencia en el barrio Villa Hipódromo y otros de la zona de Godoy Cruz) apuñaló a otro hincha en plena tribuna, derivando en que se suspenda el partido con Altanta a los pocos minutos de disputa.

Luego de un tiempo “fuera de la cancha, pero manejando los negocios de la barra, que incluyen otras cuestiones delictivas”, volvió a la hinchada de la “Lepra” mendocina. Por el crimen del comerciante Giménez, “Gusti” Rivero Díaz fue sindicado como quien lo “marcó” dentro del mercado frutihortícola de Guaymallén. Tal como se lo observa en imágenes de cámaras de seguridad, para posterior persecución, donde para asaltarlo, lo terminaron matando, encerrándolo con dos vehículos para provocarle el choque de su camioneta y finalmente, pegarle dos tiros en el pecho frente a su resistencia a que le quitan el bolso con la millonaria cifra que trasladaba.

Entonces, para escapar de Mendoza, este joven, de 27 años, recurrió a los “contactos barrabravas” y sacó provecho de los lazos establecidos con sus “pares” de Barracas Central y Deportivo Morón. Allá por mediados de septiembre viajó a Buenos Aires para ser alojado por sus “colegas” en distintos domicilios de la zona oeste del Conurbano y barrios del sur porteño, a la espera de permanecer oculto hasta que “se enfríe la cosa”.

Pero, en estas cuestiones, siempre hay un pero. Dicen que una “traición” o la codicia para cobrar la recompensa, derivó en que a los investigadores les llegara el dato del lugar donde “refugiaban” a Gustavo Rivero Díaz.

El fiscal Carlos Torres se puso en contacto con detectives de la Policía Federal Argentina y luego de varias semanas de “búsqueda territorial”, se logró establecer “donde estaba parando”. Se tramitó el pedido de allanamiento, avalado por el juez Gabriel Ghirlanda, montándose un operativo encubierto hasta que lo aprehendieron en una casa de la Villa Zabaleta de Barracas.

Por lo tanto, además de quedar imputado en la causa por “homicidio criminis causae y robo agravado en grado de tentativa” por lo sucedido en Guaymallén, ahora hay una investigación en curso por la “protección” que recibió durante su “estadía” en Buenos Aires, apuntándose a barrabravas del “Gallo” de Morón y de Barracas Central.

Investigación 🔎

“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA

La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.

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El Argentino Diario-Elías Piccirillo-Jésica Cirio.
Peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo (ex de Jesica Cirio), dejaron al descubierto el "sistema paralelo".

Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones

★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.

Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.

«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan

La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.

«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.

El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.

«Pipo» y los nexos en el interior del sistema

Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.

En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa

Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.

El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.

La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.

Puntos clave:

  • El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
  • Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
  • El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
  • Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
  • Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.

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