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Multinacional exige a la Justicia de EEUU ejecutar fallo del CIADI contra Argentina por US$730 millones
La energética AES Corporation busca ejecutar la sentencia contra Argentina por la pesificación de contratos tras la salida de la convertibilidad. La demanda se presentó en Washington y podría agravar la situación fiscal del país.
La empresa AES Corporation presentó una demanda en una corte de Washington con el objetivo de obtener el reconocimiento de un fallo del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que condenó a la Argentina a pagar u$s732 millones. La compañía energética estadounidense busca que la Justicia norteamericana ejecute la sentencia del tribunal arbitral del Banco Mundial emitida en junio pasado.
El motivo del juicio, perdido por la Argentina, es la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá, situada sobre el río Limay, en la frontera entre las provincias de Neuquén y Río Negro. La medida se implementó tras la salida de la convertibilidad en 2002, cuando se pasó de dólares a pesos los contratos de concesión.
Un nuevo frente judicial externo
El caso de AES Corporation representa un nuevo dolor de cabeza para las finanzas públicas argentinas, que ya enfrentan múltiples demandas en tribunales internacionales. La compañía hizo la presentación ante la Corte del distrito de Columbia, que no tiene plazos definidos para resolver si acepta el pedido, según explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors.
La hidroeléctrica Alicurá forma parte del complejo de cuatro represas del Comahue que el Gobierno nacional busca reprivatizar y que actualmente se mantienen en manos de los concesionarios históricos. AES Corporation, además de operar esta central hidroeléctrica, tiene varios proyectos de energías renovables en el país.
El contexto de la pesificación
La controversia se remonta a la crisis económica de 2001-2002, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde decidió pesificar los contratos en dólares como parte del plan de salida de la convertibilidad. Esta medida afectó múltiples sectores de la economía, incluyendo las concesiones de servicios públicos que habían sido privatizadas durante la década del noventa.
La empresa eléctrica estadounidense AES obtuvo un fallo favorable en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que condenó al Estado argentino a pagar 715,9 millones de dólares. El monto final de la sentencia ronda los US$732 millones cuando se incluyen intereses y costos.
Argentina analiza estrategias para postergar el pago
Ante la magnitud del fallo, el Gobierno nacional había analizado diversas estrategias para evitar el impacto fiscal inmediato. El Gobierno nacional estudia presentar un recurso ante el CIADI para anular un fallo que obliga al país a indemnizar con 716 millones de dólares a AES Corporation.
Sin embargo, la presentación de AES Corporation ante la Justicia estadounidense acelera los tiempos y presiona al país para encontrar alternativas de pago o negociación. El Gobierno analiza diversas estrategias legales y financieras para postergar el pago de esta millonaria suma.
La cascada de fallos del CIADI
El caso de AES se suma a una serie de sentencias adversas para Argentina ante el CIADI. En mayo pasado, ese mismo tribunal del Banco Mundial condenó al país a pagar US$147 millones a la constructora italiana Webuild por el congelamiento de peajes del túnel subfluvial que conecta Entre Ríos y Santa Fe.
También está pendiente de ejecución el fallo a favor de Titan Consortium, que busca cobrar US$340 millones más intereses por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008. Esta empresa elevó el pedido de ejecución a la Justicia estadounidense a fines de 2024, y Argentina apeló la decisión a principios de este año.
Más de US$2400 millones en litigios pendientes
Según un informe de Latam Advisors, hay más de US$2400 millones en litigios ante el tribunal del Banco Mundial aún pendientes de resolución. Entre los casos más relevantes se encuentra el del grupo español Abertis, principal accionista de Autopistas del Sol y Acceso Oeste, que se presentó en 2022 en el CIADI ante el intento del Gobierno de anular la renegociación de contratos pactada en 2018. La demanda en conjunto supera los US$375 millones.
También está en trámite el caso de tres aseguradoras de Países Bajos y Orígenes AFJP por US$157 millones, relacionado con la eliminación del régimen de capitalización en las jubilaciones y pensiones. Además, la malaya IJM Corporation Berhad reclama más de US$51 millones por el congelamiento de tarifas del grupo concesionario del Oeste.
El peso de la deuda judicial externa
La acumulación de fallos adversos en tribunales internacionales representa un desafío significativo para la ya comprometida situación fiscal argentina. Cada sentencia ejecutable en el exterior limita las opciones de negociación del país y puede derivar en embargos de activos argentinos en el extranjero.
El CIADI, como entidad integrante del Banco Mundial, presta servicios de conciliación y arbitraje para resolver disputas sobre inversiones internacionales. Los Estados han acordado que este foro sea el destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión.
La estrategia de AES Corporation de acudir a la Justicia estadounidense para ejecutar el fallo marca un precedente que podría ser seguido por otras empresas con sentencias favorables, aumentando la presión sobre las finanzas públicas argentinas.
Puntos clave:
- AES Corporation demandó en Washington para ejecutar un fallo del CIADI por US$732 millones contra Argentina
- La sentencia se originó por la pesificación de contratos de la represa hidroeléctrica Alicurá tras la salida de la convertibilidad
- Argentina había analizado apelar el fallo para postergar el pago y evitar el impacto fiscal
- Es el tercer fallo del CIADI ejecutado contra el país en el último año
- Hay más de US$2400 millones en litigios pendientes ante ese tribunal internacional
Economía 💲
Michel sostuvo que el superávit de Milei “es artificial” y que la “economía real” está en caída libre
El diputado nacional y exdirector de la Aduana advirtió que la construcción, la industria y el comercio, que concentran la mitad del empleo argentino, atraviesan un estancamiento severo, mientras las estadísticas oficiales se sostienen con sectores que generan apenas el 10% de los puestos de trabajo y con pagos que el Estado simplemente postergó.
El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, ex titular de la Dirección General de Aduanas, cuestionó este domingo la solidez de los números fiscales que el gobierno de Javier Milei exhibe como su principal trofeo de gestión. En declaraciones radiales, el legislador de Unión por la Patria sostuvo que el resultado positivo de caja que muestra el oficialismo se sostiene, en buena medida, en la postergación de pagos y no en una mejora estructural de las cuentas públicas.
Una economía que crece solo para pocos
Michel señaló que los sectores que impulsan las estadísticas oficiales, entre ellos la minería, la agroindustria y los hidrocarburos, representan una porción marginal del mercado laboral argentino. «Solo generan el 10% de los puestos de trabajo», indicó el legislador, y contrastó ese dato con la situación de los principales motores del empleo: «La construcción, la industria y el comercio, que generan la mitad de los puestos de trabajo de la Argentina, están totalmente deprimidos».
En esa línea, el diputado asoció el freno del consumo minorista al deterioro sostenido del poder adquisitivo y al sobreendeudamiento que acumularon los hogares durante los últimos meses. «Vos salís a cualquier comercio en el interior del país y ya a partir del día 20 casi no tienen facturación, no hay ventas», graficó Michel en diálogo con Splendid AM 990.
Jubilaciones congeladas: el bono que no se mueve desde abril de 2024
El legislador apuntó especialmente contra la política previsional del gobierno. Recordó que el bono extraordinario que perciben los jubilados permanece fijo en 70.000 pesos desde abril de 2024, sin actualización alguna en más de un año, lo que reduce sistemáticamente la capacidad de consumo de ese sector. «Las jubilaciones, con el bono congelado en 70.000 pesos desde abril del 2024, hacen que no haya consumo en ese sector», señaló.
El diagnóstico de Michel se inscribe en una tendencia documentada por organismos económicos independientes: el gasto primario acumula una caída real del 31% desde diciembre de 2023, mientras los programas sociales retrocedieron un 61% y los salarios públicos perdieron un 29% de su valor real, de acuerdo a datos publicados por el Foro Economía y Trabajo.
El FGS como «primera burbuja» para impulsar crédito
El diputado también se refirió a las medidas oficiales orientadas a reactivar el crédito hipotecario mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Según Michel, el anuncio revela que el propio gobierno admite la gravedad del estancamiento del consumo: «El Gobierno lo termina reconociendo con esa tibia conferencia de prensa de utilizar los fondos disponibles del FGS para querer impulsar los créditos hipotecarios». El legislador advirtió que esa movida podría ser apenas el primer paso para habilitar el uso más amplio de esos fondos con fines de consumo, lo que calificó como «primera burbuja de prueba».
El RIGI: más beneficios de los que las empresas pidieron
Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Michel fue categórico: el esquema diseñado por el gobierno otorgó a las empresas beneficiarias más exenciones de las que estas habían solicitado originalmente, con un costo fiscal significativo para las arcas del Estado. «Con el RIGI el Gobierno le terminó dando a las empresas más de lo que pedían», sostuvo el legislador, y proyectó que el gasto tributario equivale, por cada 100.000 millones de dólares de inversión, a más del 1% del Producto Bruto Interno, lo que representa cerca de 8.000 millones de dólares resignados en ingresos fiscales. La cifra contrasta con el discurso oficial que presenta el RIGI como una herramienta para financiar el desarrollo.
El peronismo, el déficit y la autocrítica
El diputado también abordó el balance de los gobiernos anteriores con una perspectiva crítica. Reconoció que el superávit fiscal y comercial se sostuvo hasta 2008 y que fue el déficit de la balanza energética, derivado de la necesidad de importar gas, lo que arrastró luego al resultado fiscal. «La gente decidió cambiar el gobierno y canalizar su bronca con la política a través del gobierno de Milei», admitió, al tiempo que llamó al peronismo a construir un programa de gobierno riguroso de cara a 2027. «Lo que tiene que hacer el peronismo en esta etapa es discutir el programa de gobierno para que no nos vuelva a pasar el fracaso de gestión que tuvimos en el gobierno anterior», señaló.
Las causas judiciales y los sobreseimientos
Consultado sobre las investigaciones judiciales que apuntan al funcionamiento del sistema de importaciones SIRA durante su desempeño al frente de Aduanas, Michel relativizó los cuestionamientos. Indicó que ya existen tres causas con sobreseimientos firmes y que, ante una eventual nueva investigación, se pondrá a disposición de la justicia. «Como funcionario público uno siempre está obligado a dar respuesta a la justicia», sostuvo.
Puntos clave
- El diputado Michel sostuvo que el superávit fiscal se sostiene en la postergación de pagos y no en una mejora estructural de las cuentas públicas.
- Construcción, industria y comercio, que concentran el 50% del empleo, atraviesan un estancamiento severo según el legislador.
- El bono a jubilados permanece congelado en 70.000 pesos desde abril de 2024.
- Michel advirtió que el RIGI resigna cerca de 8.000 millones de dólares en ingresos fiscales por cada 100.000 millones de inversión.
- El diputado llamó al peronismo a debatir un programa de gobierno serio de cara a las elecciones de 2027.
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