El ministro de Defensa, Jorge Taiana, dispuso la baja obligatoria de las filas de la Armada Argentina de seis militares con sentencia de condena firme por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, medida que fue destacada por organismos de derechos humanos y la titular del Inadi, Victoria Donda.

La cartera castrense quitó el estado militar a los represores Adolfo Miguel Donda, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Radice, Jorge Eduardo Acosta y Antonio Pernías, que pertenecían al grupo de tareas 3.3 de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), se informó en un comunicado del ministerio de Defensa.

«El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la causa, notificó al Ministerio de Defensa una vez que quedó firme la sentencia para que actúe según lo previsto en la Ley N° 19.101 para el Personal Militar que establece la baja obligatoria de los condenados como consecuencia de la pena de inhabilitación absoluta y perpetua impuesta mediante sentencia firme», informó el ministerio que conduce Taiana.

Asimismo, se destacó que la decisión se enmarca en el compromiso asumido por el ministerio de Defensa de implementar una política de respeto a los derechos humanos y de integración de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, donde «resulta inaceptable y contrario a derecho que exista personal con estado militar que se halle, a la vez, condenado por delitos de lesa humanidad».

En ese sentido, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, dijo en declaraciones a Télam que siente «orgullo de ser parte de un Estado que le da la baja a estos servidores de los poderes concentrados que utilizaron las armas más violentas que la sociedad argentina conoció».

En ese contexto, recordó que Adolfo Miguel Donda, además de ser su tío, fue «uno de los responsables de la Escuela de Mecánica de la Armada donde yo nací, de las torturas a mi mamá mientras estaba embarazada de mí, que era su cuñada y yo era su sobrina».

«Que él sea dado de baja continúa con un camino de nuestras Fuerzas Armadas de construirse como una institución dentro del sistema democrático y al servicio de la sociedad argentina», sostuvo Donda.

La funcionaria señaló que si bien la medida «tardó en llegar», subrayó que «la justicia que se logró construir desde la sociedad ha condenado hace mucho a quienes desde el Estado cometieron estos crímenes imperdonables a la humanidad».

El exjefe de operaciones del grupo de tareas 3.3.2, Adolfo Donda, es hermano de José María Donda y cuñado de María Hilda Pérez, ambos detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar y padres de la actual titular del Inadi, quien nació en cautiverio en el centro de detención ilegal que funcionaba en la Esma.

Además, diversos organismos de derechos humanos celebraron la decisión del ministro de Defensa de dar la baja a los seis militares condenados y recordaron que «estos genocidas mantienen los pactos de silencio que nos impiden saber dónde están los cuerpos de las miles de víctimas».

Así lo expresaron a través de un comunicado desde Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones.

En la nota señalaron que estos militares también son parte de quienes «continúan cometiendo el delito de apropiación y sustitución de identidad de hijas e hijos de personas víctimas de desapariciones forzadas que aún seguimos buscando».

Y agregaron: «Esperamos que la medida se haga extensiva a todos los condenados con sentencia firme por delitos de lesa humanidad».

«El control civil de las fuerzas armadas debe garantizar la baja efectiva de todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos», concluye el comunicado también firmado por Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Centro de Estudios Legales y Sociales, Movimiento ecuménico por los Derechos Humanos –MEDH, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, y Asociación Buena Memoria.

En esa misma línea, el colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia celebró en su cuenta de la red social Twitter «la decisión del ministro Jorge Taiana de disponer la baja».

Y recordó: «En julio de 2006, el juez Sergio Torres ordenó el procesamiento de Pernías, Acosta, Rádice y González, junto a otros 14 integrantes del GT 3.3.2 de la ESMA, por su responsabilidad en la Masacre de San Patricio, donde fueron asesinados nuestros cinco Mártires Palotinos».

La Esma fue uno de los más de 700 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante la dictadura cívico militar entre 1976 y 1983, en Argentina, donde se cometieron crímenes como la privación ilegal de la libertad, tormentos y torturas, robo de niños nacidos en cautiverio, delitos sexuales, y exterminio de prisioneros arrojados vivos al mar en los «vuelos de la muerte».

En el marco de un proceso histórico de juzgamiento a los responsables de estos crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, la megacausa Esma es uno de los mayores procesos judiciales de la historia argentina por la cantidad de víctimas, de hechos investigados, el número de imputados y las declaraciones testimoniales.

La Causa Esma III es derivada de la megacausa Esma, donde se juzgó los crímenes cometidos por quienes integraban la Unidad de Tareas 3.3.2, perteneciente al Grupo de Tareas 3.3, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Luego de cinco años de juicio, la causa conocida como ESMA III o ESMA Unificada terminó con 29 condenas a prisión perpetua, dentro de las cuales se encuentran las condenas firmes a los seis militares dados de baja por el ministerio de Defensa; además de 19 condenas a penas entre 8 y 25 años y 6 absoluciones.