AMBA
Revelan que la enfermera quería separarse y había denunciado al marido
La enfermera Elizabeth Di Legge había recurrido al Secretaría de la Mujer de La Matanza para pedir ayuda por la conflictiva relación con su esposo.
Al margen del resultado preliminar de la autopsia que no da cuenta de lesiones visibles en el cuerpo de Elizabeth Di Legge y mientras se aguardan informes complementarios para determinar los causales de esa “depresión respiratoria” que la llevó a su fallecimiento, trascendió que sufría “violencia física, sexual y simbólica” por parte de su marido, quien se encuentra demorado en la causa que investiga la muerte de la mujer.
De acuerdo a lo indicado desde la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de La Matanza, Eli Di Legge tenía que presentarse este jueves para una entrevista de “seguimiento” de su caso, a partir de haber pedido ayuda un par de semanas atrás, debido a que quería separarse y no sabía como hacerlo, debido a las situaciones de violencia que venía padeciendo desde hace años en su pareja, con su marido y padre de sus tres hijos, de 10, 16 y 20 años.
Entonces, desde la Red de Asistencia del área de la mujer de la comuna se realizó un primer informe, dando cuenta que Di Legga sufría “violencia física, sexual y simbólica” por parte de Silvio Eduardo Espíndola.
Por otra parte, se supo que en abril de 2019, ya había radicado una denuncia contra su marido ante el Juzgado de Familia Nro. 8 de La Matanza por un episodio de “violencia familiar”, pero la causa no prosperó y quedó definitivamente cerrada.
En tanto, Elizabeth Julia Di Legge se encontraba en tratamiento psicológico en el hospital policial Churruca-Visca donde trabajaba, aunque en el contacto con los profesionales de la Secretaría de la Mujer de La Matanza habría contado no estar conforme con la asistencia que recibía.
AMBA
Colectivos: las empresas del AMBA se declaran en emergencia y amenazan con recortes
Empresarios amenazan con que podrían reducir aún más la frecuencia del servicio si no hay respuestas oficiales inmediatas frente al aumento de costos, en especial del gasoil.
Colectivos: sigue la puja por los subsidios y los pasajeros siguen de rehenes
Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvieron a encender una señal de alarma: se declararon en estado de emergencia y advirtieron que podrían reducir aún más la frecuencia del servicio si no hay respuestas oficiales inmediatas frente al aumento de costos, en especial del gasoil.
Un sistema al límite
Las cámaras empresarias señalaron que el sector atraviesa una situación “insostenible” por la suba del combustible y otros gastos operativos. Denunciaron, además, la falta de definiciones concretas por parte del Estado nacional y bonaerense sobre cómo se cubrirán esos mayores costos.
Según el propio sector, la deuda en compensaciones supera los $128 mil millones, pese a algunos pagos parciales recientes. En ese marco, remarcaron que vienen sosteniendo el servicio con un fuerte esfuerzo financiero, pero que ese esquema ya no da para más.
El conflicto ya tiene impacto concreto. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA reveló que la circulación de colectivos cayó en promedio un 30% en el AMBA, con picos del 40% en las líneas interjurisdiccionales.
Advertencia: menos colectivos en la calle
Entre los principales factores:
- Aumento del precio del gasoil, que pasó de $1.744 a más de $2.100
- Reducción de la flota operativa: 2.359 unidades menos que en 2019
- Falta de actualización en subsidios
Las empresas advirtieron que, sin soluciones, profundizarán las “medidas de racionalización”, lo que en la práctica implica menos frecuencias y mayores tiempos de espera para millones de usuarios.
La pulseada por los subsidios
El trasfondo del conflicto es fiscal. Para sostener el sistema, se necesitaría una inyección adicional de unos $17.500 millones mensuales.
Actualmente, el esquema de financiamiento se reparte así:
- Nación: $7.595 millones
- Provincia de Buenos Aires: $8.155 millones
- Ciudad de Buenos Aires: $1.750 millones
Si ese costo se trasladara a tarifas, el boleto debería subir alrededor de un 16%, un escenario que suma presión en un contexto social ya golpeado.
Reunión clave con el Gobierno
Las cámaras empresarias confirmaron que el jueves 30 de abril se reunirán con la Secretaría de Transporte de la Nación. Esperan obtener “respuestas concretas, inmediatas y verificables” sobre cómo se actualizarán los ingresos del sistema.
El resultado de ese encuentro puede definir si el servicio logra estabilizarse o si el AMBA enfrenta un nuevo deterioro en el transporte público, un engranaje clave para la vida cotidiana de millones de personas.
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