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Colectivos: las empresas del AMBA se declaran en emergencia y amenazan con recortes

Empresarios amenazan con que podrían reducir aún más la frecuencia del servicio si no hay respuestas oficiales inmediatas frente al aumento de costos, en especial del gasoil.

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Colectivos: sigue la puja por los subsidios y los pasajeros siguen de rehenes

Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvieron a encender una señal de alarma: se declararon en estado de emergencia y advirtieron que podrían reducir aún más la frecuencia del servicio si no hay respuestas oficiales inmediatas frente al aumento de costos, en especial del gasoil.

Un sistema al límite

Las cámaras empresarias señalaron que el sector atraviesa una situación “insostenible” por la suba del combustible y otros gastos operativos. Denunciaron, además, la falta de definiciones concretas por parte del Estado nacional y bonaerense sobre cómo se cubrirán esos mayores costos.

Según el propio sector, la deuda en compensaciones supera los $128 mil millones, pese a algunos pagos parciales recientes. En ese marco, remarcaron que vienen sosteniendo el servicio con un fuerte esfuerzo financiero, pero que ese esquema ya no da para más.

El conflicto ya tiene impacto concreto. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA reveló que la circulación de colectivos cayó en promedio un 30% en el AMBA, con picos del 40% en las líneas interjurisdiccionales.

Advertencia: menos colectivos en la calle

Entre los principales factores:

  • Aumento del precio del gasoil, que pasó de $1.744 a más de $2.100
  • Reducción de la flota operativa: 2.359 unidades menos que en 2019
  • Falta de actualización en subsidios

Las empresas advirtieron que, sin soluciones, profundizarán las “medidas de racionalización”, lo que en la práctica implica menos frecuencias y mayores tiempos de espera para millones de usuarios.

La pulseada por los subsidios

El trasfondo del conflicto es fiscal. Para sostener el sistema, se necesitaría una inyección adicional de unos $17.500 millones mensuales.

Actualmente, el esquema de financiamiento se reparte así:

  • Nación: $7.595 millones
  • Provincia de Buenos Aires: $8.155 millones
  • Ciudad de Buenos Aires: $1.750 millones

Si ese costo se trasladara a tarifas, el boleto debería subir alrededor de un 16%, un escenario que suma presión en un contexto social ya golpeado.

Reunión clave con el Gobierno

Las cámaras empresarias confirmaron que el jueves 30 de abril se reunirán con la Secretaría de Transporte de la Nación. Esperan obtener “respuestas concretas, inmediatas y verificables” sobre cómo se actualizarán los ingresos del sistema.

El resultado de ese encuentro puede definir si el servicio logra estabilizarse o si el AMBA enfrenta un nuevo deterioro en el transporte público, un engranaje clave para la vida cotidiana de millones de personas.

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Operativo Tormenta Negra en CABA: 1.500 policías, 11 allanamientos y 4 búnkeres narco

En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de **Javier Milei**, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera el narcotrafico en los barrios.

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Blindados, helicópteros y cuatro búnkeres: el narcotráfico sigue en pie en los barrios que el Estado abandona

El megaoperativo antinarco desplegado este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires intervino simultáneamente en seis barrios vulnerables. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, monitoreó el procedimiento desde Villa Lugano en un contexto de creciente conflictividad social y precariedad estatal en los territorios.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó el denominado Operativo Tormenta Negra, un procedimiento antinarco de gran escala que movilizó a 1.500 efectivos y desplegó 11 allanamientos simultáneos en distintos barrios populares de la Capital Federal. La acción permitió identificar al menos cuatro búnkeres de venta de drogas en los barrios 31, 1.11.14, 20, Villa Zabaleta, Fraga y Villa 15.

Un Estado que llega armado

El operativo incluyó la participación de la Guardia de Infantería, vehículos blindados modelo Fénix y un helicóptero que sobrevoló las zonas intervenidas. Como parte de las acciones, se procedió a la remoción de automóviles abandonados en la vía pública que, según las fuerzas de seguridad, eran utilizados para el almacenamiento y comercialización de estupefacientes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el procedimiento desde Villa Lugano, en un año marcado por las tensiones con el gobierno nacional sobre el reparto de responsabilidades en el territorio metropolitano.

Estrategia sorpresa en barrios históricamente abandonados

La estrategia del operativo se basó en el factor sorpresa, con el objetivo de desarticular las bandas narco sin darles tiempo de reacción. El procedimiento se inscribió además en una jornada de intensa actividad anticriminal tanto en la Ciudad como en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en continuidad con el megaoperativo ejecutado el día anterior en Fuerte Apache, donde más de 500 efectivos intervinieron para desarticular dos bandas narco.

Lo que los comunicados oficiales presentan como «pacificación» y «recuperación del espacio público» no resuelve, sin embargo, las causas estructurales que alimentan el narcotráfico en los barrios populares: la desocupación, el hacinamiento, el desfinanciamiento de políticas sociales y la ausencia de infraestructura básica en comunidades que concentran las peores condiciones habitacionales de la ciudad.

En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de Javier Milei, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera la economía ilegal.

Barrios bajo la lupa, barrios sin soluciones de fondo

El Barrio 31, también conocido como Barrio Mugica, es emblemático de la contradicción entre la intervención policial puntual y la política de integración urbana inconclusa. Las promesas de urbanización avanzaron a distintas velocidades según la gestión de turno, pero el acceso a servicios básicos, la salud, la educación y el trabajo formal siguen siendo deudas pendientes para miles de familias que habitan esos territorios.

La pregunta que los operativos espectaculares no responden es siempre la misma: ¿qué Estado aguarda a los vecinos de estos barrios después de que se retiran los blindados?

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