Judiciales ⚖️
Procesan al jefe de seguridad de Nordelta por obstrucción en causa por sobornos en ANDIS
El juez Casanello confirmó que Ariel De Vicentis obstaculizó el secuestro de celulares de los empresarios Kovalivker, dueños de Suizo Argentina. La decisión se basó en evidencias de un «protocolo no escrito» para no colaborar con las fuerzas de seguridad.
⬛ El juez federal Sebastián Casanello procesó a Ariel De Vicentis, jefe de Seguridad de Nordelta, por presunta obstrucción de la justicia en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según confirmaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, la medida judicial se tomó a raíz de haber obstaculizado el procedimiento en el cual se ordenó secuestrar los celulares de los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.
El procesamiento se sustenta en evidencia encontrada durante la investigación, que incluye mensajes vinculados a lo que los investigadores caracterizaron como «un protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad» en caso de allanamientos.
La estrategia de evasión judicial
De Vicentis está acusado de haberle avisado al empresario Jonathan Kovalivker, investigado por presuntas coimas en el área de Discapacidad, que la policía lo estaba buscando. Esta maniobra habría permitido que uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina eludiera a las fuerzas de seguridad durante los operativos ordenados por el tribunal.
La semana pasada, uno de los responsables de la droguería Suizo Argentina logró escaparse y habría vaciado la caja de seguridad, mientras que otro fue encontrado en su auto con dólares físicos y anotaciones, según reportaron fuentes judiciales consultadas por diversos medios.
La Justicia incorporó al expediente videos de accesos y salidas del barrio cerrado para determinar si el jefe de seguridad ayudó a Jonathan Kovalivker a escapar de la policía. Estos elementos probatorios fueron secuestrados en allanamientos posteriores realizados en las instalaciones de Nordelta.
La declaración del imputado
De Vicentis negó la imputación en su contra durante su declaración indagatoria la semana pasada ante el juez Casanello. Sin embargo, el magistrado consideró que existía suficiente evidencia para avanzar con el procesamiento por obstrucción a la justicia.
El responsable de seguridad declaró por su presunta obstrucción en los allanamientos que se llevaron adelante en el marco de la causa judicial iniciada a partir de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El trasfondo de la causa ANDIS
La investigación se originó a partir de audios comprometedores del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que revelaron un esquema de presuntas coimas en la provisión de medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad. Los hermanos Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, están señalados como beneficiarios de este presunto sistema de sobornos.
El caso tomó relevancia pública cuando se conoció que De Vincentis está bajo sospecha de haber facilitado la fuga de Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería, según el pedido realizado por el fiscal Franco Picardi al juez Casanello.
Qué implica el procesamiento
El procesamiento de De Vicentis representa un paso significativo en la investigación, ya que involucra a personal de seguridad privada en la presunta obstrucción de la justicia. La existencia del mencionado «protocolo no escrito» sugiere una estrategia premeditada para evitar la colaboración con las autoridades judiciales.
La medida judicial también pone en evidencia las complejidades que enfrentan los tribunales federales cuando deben investigar a empresarios que residen en barrios cerrados con sistemas de seguridad sofisticados, donde la coordinación entre residentes y personal de seguridad puede facilitar maniobras de evasión.
Puntos clave:
- El juez Sebastián Casanello procesó por obstrucción a la justicia al jefe de seguridad de Nordelta
- La medida se basa en evidencias de un «protocolo no escrito» para no colaborar con fuerzas de seguridad
- De Vicentis habría avisado a Jonathan Kovalivker que la policía lo buscaba
- La investigación forma parte de la causa por presuntas coimas en ANDIS
- Se secuestraron videos de Nordelta para reconstruir los hechos
Corrientes
El juicio por Loan Danilo Peña suma unos 120 testigos y la búsqueda sigue abierta
Este jueves declaran gendarmes, peritos de la PFA y un testigo del allanamiento a la comisaría de 9 de Julio. El Tribunal Oral Federal de Corrientes juzga a 17 acusados y no hay fecha para los alegatos ni para el veredicto.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes dedica este jueves, última audiencia de la semana, a las declaraciones de gendarmes, peritos de la Policía Federal, un testigo del allanamiento a la comisaría de 9 de Julio y una psicóloga, en el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña. El niño sigue desaparecido desde el 13 de junio de 2024, en el paraje Algarrobal de esa localidad correntina, y la búsqueda sigue abierta. En el debate ya declararon alrededor de 120 personas, según se informó.
El juicio arrancó el 16 de junio de 2026, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes. El tribunal lo integran los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, con Enrique Jorge Bosch como suplente. El Ministerio Público Fiscal interviene a través del fiscal general Carlos Schaefer y de la fiscal general subrogante Tamara Pourcel.
En qué etapa está el debate
Al inicio, la fiscalía previó más de 170 testigos. Con unos 120 escuchados, el juicio sigue en la etapa de prueba testimonial: faltan los testigos restantes, los alegatos y el veredicto, y no hay una fecha oficial para ninguno de los dos últimos. El tribunal fijó dos audiencias semanales, los miércoles y los jueves, al menos hasta el 1 de diciembre, cuando se hace efectivo el retiro de Ceroleni, que se jubila. Schaefer afirmó en septiembre que el juicio continúa y que Bosch, que ya integra la sala, puede reemplazarlo.
Quiénes declaran este jueves
Están citados los gendarmes Gustavo Adrián Castillo y Teodoro Duarte, que participaron del rastrillaje y de un allanamiento a fines de junio de 2024. También declara Abril Pizarro, perito química de la Policía Federal Argentina, que inspeccionó la camioneta Ford Ranger del matrimonio acusado, formado por la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el exmarino Carlos Guido Pérez. Junto a ella exponen Paula Antonella Altamirano, de la sección Rastros de esa fuerza, y Diego Terry. De la inspección ocular de la misma camioneta declaran el gendarme Omar Ramón Acuña y el subcomisario de la Federal Leandro Simón.
Jorge Luis Rómulo es el testigo convocado por lo que observó en el allanamiento a la Comisaría de 9 de Julio, en julio de 2024. Por último, la psicóloga María Daniela Balbi debe dar cuenta del acompañamiento y de las entrevistas que realizó a menores. Al cierre de esta nota, no había un parte oficial sobre el contenido de esas declaraciones.
Los 17 acusados y lo que se les imputa
Siete personas están acusadas de la sustracción y el ocultamiento de un menor de 10 años, previsto en el artículo 146 del Código Penal, con penas de 5 a 15 años de prisión. En calidad de coautores, el requerimiento incluye a Bernardino Antonio Benítez, a su pareja Laudelina Peña (tía de Loan), a María Victoria Caillava, a Carlos Guido Pérez, a Daniel Oscar Ramírez y a su pareja Mónica del Carmen Millapi. El entonces comisario de 9 de Julio, Walter Adrián Maciel, está acusado como partícipe necesario. Ninguno tiene condena: rige la presunción de inocencia. Al inicio del debate, en junio, la fiscalía informó que esos siete acusados estaban detenidos con prisión preventiva.
La acusación sostiene que Benítez, Ramírez, Millapi y Laudelina Peña apartaron al niño de la custodia de su padre, José Peña, con la excusa de ir a buscar naranjas a un monte alejado de la casa de la abuela, Catalina Peña, donde el resto de la familia hacía la sobremesa con Pérez y Caillava. Los fiscales afirmaron que, para concretar la sustracción y el posterior ocultamiento, se contó con la participación de Maciel, “quien valiéndose de su cargo montó un falso escenario de búsqueda” e impartió medidas para entorpecer el hallazgo. En el requerimiento sostuvieron que el niño fue sustraído y que esa situación “perdura al día de la fecha”.
Los otros diez imputados llegaron a juicio acusados de maniobras destinadas a frustrar, alterar o entorpecer la investigación. Son Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio. Se les atribuyen, en distinta medida, delitos como encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación de secreto profesional. Según la acusación, el grupo se presentó como integrante de la “Fundación Dupuy”.
Qué sostiene cada parte
En una entrevista de septiembre, Schaefer dijo que la acusación debe demostrar “quién se lo llevó”, que tiene pruebas para la sustracción y el ocultamiento, y que el delito es permanente porque se ignora el paradero del niño. Citó la prueba odorológica entre los elementos centrales y afirmó que “el entorpecimiento comenzó en el minuto uno”. Reconoció que siguen sin respuesta el motivo de la sustracción y el destino de Loan, que se investigan por separado.
Las defensas no coinciden entre sí. Ernesto González, abogado de Pérez y Caillava, afirmó en septiembre que “no hay nada objetivamente demostrable respecto de un accidente de tránsito”, una versión que ubicó en la estrategia de la defensa de Maciel, y cuestionó cómo se hicieron las pericias odorológicas. Según las coberturas locales, Laudelina Peña declaró ante el tribunal que la historia del accidente fue inventada y se la atribuyó a un abogado. Son planteos de las partes en el juicio, que todavía no fueron resueltos.
Una de las líneas de la causa quedó cerrada en primera instancia. El 25 de agosto, la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo sobreseyó a ocho personas por trata de personas, al concluir que no hubo finalidad de explotación. Schaefer aclaró que esa decisión no afecta al juicio y, en septiembre, informó que la fiscalía la apeló, por lo que no está firme.
La desaparición y una búsqueda que no se cerró
Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo en la casa de su abuela, en 9 de Julio. Tenía 5 años. La última fotografía lo registró a las 13.52, cuando se dirigía a una zona de monte con naranjales junto a otras personas. El juicio evalúa las responsabilidades penales de los 17 acusados, pero el niño no apareció y la búsqueda sigue abierta. Al inicio del debate, el Ministerio Público Fiscal recordó que la Alerta Sofía permanecía vigente y que “la familia espera justicia”.
El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece 20 millones de pesos por datos útiles que permitan dar con el paradero de Loan, una suma que fijó en enero la Resolución 51/2026. La recompensa figura vigente en la página oficial de búsqueda de personas del organismo. Pozzer Penzo ordenó en agosto renovar las alertas de Interpol y volver a difundir la foto del niño y la recompensa.
Lo que deja la investigación
La causa se inició en la Justicia provincial y pasó al fuero federal. Más de dos años después, la acusación sostiene que parte de la pesquisa se desvió desde adentro, por la actuación del entonces comisario, y desde afuera, por las maniobras de otros diez imputados. Schaefer dijo que nunca vio algo así en una causa. Si esas hipótesis se confirman o no es algo que decidirá el tribunal en su sentencia; hasta entonces, el dato firme es que Loan no apareció y que las preguntas centrales siguen abiertas.
Lo que tenés que saber:
- Este jueves, última audiencia de la semana, declaran gendarmes, peritos de la PFA, un testigo del allanamiento a la comisaría de 9 de Julio y una psicóloga.
- El juicio comenzó el 16 de junio de 2026 en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Ya declararon alrededor de 120 personas; no hay fecha oficial para los alegatos ni para el veredicto.
- Siete acusados deben responder por la presunta sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña; otros diez, por el presunto desvío de la investigación. Ninguno tiene condena.
- Las audiencias son los miércoles y los jueves, al menos hasta el 1 de diciembre, cuando se retira el juez Ceroleni.
- La recompensa de 20 millones de pesos por datos sobre Loan figura vigente. El niño desapareció el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes, y sigue sin aparecer.
- Al cierre de esta nota, no trascendió un parte oficial sobre el contenido de las declaraciones de hoy.
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