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Presidencia

Los detalles del nuevo Consenso Fiscal propuesto por el Gobierno nacional

El acuerdo que firmarán este lunes por la tarde Alberto Fernández y los gobernadores plantea, entre otros puntos, un tope máximo para las alícuotas de los distintos impuestos de cada jurisdicción y protegerá la autonomía y las facultades tributarias propias de los distritos.

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Por Daniel Scarímbolo

El presidente Alberto Fernández firma este lunes con gobernadores un nuevo Consenso Fiscal para 2022, que entre otros puntos impondrá un tope máximo para las alícuotas de los distintos impuestos de cada jurisdicción y protegerá la autonomía y las facultades tributarias propias de los distritos.

El acto de firma se llevará a cabo a las 17 en Casa de Gobierno, según confirmó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en su última conferencia de prensa semanal de los jueves en Balcarce 50.

La reunión del lunes venidero la había adelantado el martes último el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, en el encuentro que tuvo con otros 12 mandatarios provinciales con el jefe de Estado en la Quinta Presidencial de Olivos, donde dijo que se suscribirá «la prórroga del Consenso Fiscal» entre la Nación y las distintas jurisdicciones.

La propuesta será firmada por todos las autoridades distritales, a excepción del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien el jueves último anticipó su postura en una conferencia de prensa que brindó en el nuevo centro de testeo de Costa Salguero, cuando dijo que «la Ciudad no va a firmar el Consenso Fiscal que incluye aumento de impuestos».

Batakis señaló que la propuesta de acuerdo fiscal “fue elaborada en diálogo con absolutamente todas las provincias”.

Ese mismo día, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, le contestó al alcalde porteño al recordar que en realidad ese incremento es «algo que ya sucedió y que aprobó su propio gobierno». Y ejemplificó que «a través de su presupuesto y de sus leyes impositivas (aumentó) un 52% el ABL y las patentes», mientras que en 2021 había aplicado una suba de un punto a la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos a los bancos, que pasó de 7% a 8%, y en 2020 se creó un nuevo impuesto para los usuarios de tarjetas de crédito.

Los dichos de Rodríguez Larreta «nada tienen que ver con este consenso, que en realidad habilita a todos los distritos a manejar sus impuestos locales tal cual se viene firmando desde fines de 2019, dándole estabilidad y certeza jurídica», explicó la funcionaria en declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.

En ese sentido, Batakis señaló que la propuesta de acuerdo fiscal «fue elaborada en diálogo con absolutamente todas las provincias», en un trabajo que se viene haciendo desde hace meses.

«Es un trabajo que venimos haciendo desde hace más de dos meses, porque se trata de eso, de consensuar entre todos a través del diálogo y receptamos todas las sugerencias y comentarios de las jurisdicciones», completó la secretaria de Provincias.

Batakis aclaró que «desde este consenso no se promueve ningún aumento de impuestos», sino que «simplemente, lo que se va a hacer es ratificar las alícuotas máximas que estaban vigentes en 2019, 2020 y 2021, pero las provincias mantienen su potestad tributaria».

“La única modificación incorporada al consenso que se firmará es el tope para actividades financieras, que no estaba en los anteriores”.

«Lo único que hacemos nosotros es darle autonomía política a cada una de las provincias para que decidan si aumentan o no, pero con un tope», enfatizó.

Las facultades tributarias propias se habían eliminado en 2017, cuando la Nación y las provincias, con excepción de San Luis, La Pampa y la CABA, firmaron el denominado Consenso Fiscal III, que estableció un cronograma de reducción de alícuotas y se les prohibió a los gobernadores aumentar las alícuotas impositivas provinciales.

Al asumir el gobierno Alberto Fernández en 2019, «los mandatarios provinciales reclamaron que Nación les devuelva su potestad y autonomía para decidir eventuales aumentos o reducciones de impuestos, y desde ese año empezamos una firma de consensos en los que hacíamos era establecer las alícuotas que estaban vigentes en ese momento», reseñó la funcionaria del Ministerio del Interior.

Agregó que lo que «se propuso este año es darle mayor estabilidad jurídica al sistema tributario argentino estableciendo que ya no va a ser necesario el año que viene firmar un consenso por materia tributaria provincia».

Y precisó que «la única modificación incorporada al consenso que se firmará es el tope para actividades financieras, que no estaba en los anteriores» consensos, que se sumó «debido al aumento en ese impuesto de parte de la Ciudad».

«El gobierno porteño decidió aumentar esa alícuota y a partir de eso nos pusimos de acuerdo para establecer un techo, para que no vuelva a ocurrir esto de que una jurisdicción fuerce subas», manifestó.

Batakis comentó que si la Ciudad de Buenos Aires no firma el consenso «no hay problema», porque no se obliga «a nadie».

«Nosotros no obligamos a nadie», alertó la secretaria de Provincias, pero advirtió que la Ciudad va a tener que ir «al último consenso que suscribieron y que los obliga a que vuelvan a poner todas las alícuotas que estaban vigentes en el consenso del año 2017».

«Las únicas que no necesitan firmar, porque no estaban involucradas en el consenso fiscal 2017, son La Pampa y San Luis», refirió Batakis.

Economía 💲

Mega empresa de limpieza entra en concurso preventivo tras fuerte caída en ventas

La firma Caromar, propietaria de la marca “El Coloso”, registró una caída cercana al 42% en sus ventas y declaró cesación de pagos.

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Lo que tenés que saber:

  • La empresa Caromar solicitó concurso preventivo por crisis financiera
  • La caída en ventas impactó en su capacidad operativa y financiera
  • La firma denunció competencia a pérdida y prácticas de dumping
  • Hubo despidos, cierre de sucursales y reducción de actividad
  • La Justicia fijó plazos para negociar con acreedores y evitar la quiebra

Caromar entra en concurso preventivo

La empresa Caromar, propietaria de la marca “El Coloso” y dedicada a productos de limpieza y supermercados mayoristas, solicitó la apertura de concurso preventivo tras atravesar una profunda crisis económica.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1 dio curso al pedido al constatar el estado de cesación de pagos y la magnitud de las deudas acumuladas.

Caída de ventas y deterioro financiero

El principal factor señalado por la compañía es una fuerte retracción en sus ventas, que afectó directamente su capital de trabajo.

Según la presentación judicial, la baja sostenida en la facturación se combinó con un contexto recesivo que impactó en todo el sector mayorista.

Denuncias por competencia y dumping

En su exposición ante la Justicia, la empresa atribuyó parte de la crisis a la competencia agresiva en el mercado. Señaló una “competencia feroz a pérdida” entre mayoristas y denunció prácticas de dumping por parte de la multinacional Unilever.

De acuerdo con el escrito, esta situación afectó especialmente a su unidad de producción de jabón en polvo, que debió cerrar.

Ajustes, despidos y cierre de sucursales

Como parte de las medidas adoptadas, Caromar redujo su estructura operativa. La empresa despidió personal, devolvió inmuebles alquilados y cerró sucursales, entre ellas las de San Justo y Mar del Plata.

En su etapa de mayor expansión, la firma llegó a emplear a cientos de trabajadores, cifra que se redujo significativamente en el último período.

Conflictos legales y presión financiera

El panorama se vio agravado por juicios laborales de alto monto y un embargo bancario que afectó su operatoria. También se registraron conflictos sindicales que, según la empresa, impactaron en el nivel de ventas.

Estas condiciones aceleraron la decisión de recurrir a la protección judicial para reorganizar su situación.

Plazos para evitar la quiebra

El proceso concursal establece un cronograma para la verificación de créditos por parte de acreedores y la presentación de una propuesta de pago.

La empresa dispone de plazo hasta abril de 2027 para alcanzar un acuerdo que le permita evitar la quiebra.

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