Septiembre se acerca y con él la implementación plena del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), sancionado en febrero de 2026 y promulgado mediante el decreto 138/2026. La norma impulsada por el Gobierno de Javier Milei baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fue celebrada por la Oficina del Presidente como «un acto de justicia hacia la sociedad». Sin embargo, mientras el Estado nacional afinaba el instrumento del castigo, otro documento producido por una de las instituciones académicas más importantes del país revelaba la magnitud del abandono que ese mismo Estado ejerce sobre la población juvenil.

El informe «Jóvenes vulnerables en la Argentina: condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro», elaborado por investigadores del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (CBC-UBA) en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA) y coordinado por el investigador del CONICET Juan Cruz Esquivel y el Director del CBC Felipe Vega Terra, arroja una conclusión que interpela directamente a quienes diseñan las políticas de seguridad: el 48,9% de los jóvenes de entre 18 y 29 años vive en condiciones de vulnerabilidad social. La vulnerabilidad dejó de ser un fenómeno de los márgenes. Es la norma.

El régimen que llega sin infraestructura ni debate

La Ley 27.801 fijó un plazo de seis meses para que el sistema judicial y los organismos involucrados adaptaran sus estructuras antes de la implementación plena. Ese plazo vence en septiembre. Sin embargo, no hay discusiones públicas de cara a la sociedad, no se han saldado las falencias del sistema anterior, y muchas de ellas seguirán vigentes con el nuevo régimen. La Defensoría del Pueblo de la Nación (La Defensa), en un documento de análisis publicado en abril de 2026, advirtió que la norma «lesiona principios, garantías y derechos reconocidos convencional y constitucionalmente» y que podría colocar a la Argentina en condiciones de recibir una nueva condena internacional.

Desde el sistema judicial, la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina emitió una carta abierta calificando la baja de la edad de punibilidad como un «efecto placebo» que «genera la apariencia de acción estatal sin producir mejoras reales en la seguridad pública». Los magistrados advirtieron que la reforma implica una «renuncia del Estado a diseñar políticas públicas complejas» y cuestionaron que se responda con penas de adultos a «subjetividades en proceso de formación».

El Triple Ni-Ni: sin trabajo, sin estudio, sin horizonte

El estudio del CBC-UBA, basado en 1.002 encuestas presenciales realizadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 a jóvenes de los principales aglomerados urbanos del país, describe con precisión el terreno sobre el que operará la nueva ley penal. Dos de cada diez jóvenes vulnerables no trabajan ni estudian. Y dentro de ese grupo, la investigación detecta lo que sus coordinadores denominaron el fenómeno del «Triple Ni»: un tercio de quienes no tienen empleo y no estudian tampoco busca trabajo.

«Esta desconexión refleja una ruptura de las expectativas de progreso, donde el mercado laboral ya no es percibido como un espacio de inclusión accesible», explicó Juan Cruz Esquivel. Entre los jóvenes que no tienen trabajo (30,6%), la búsqueda reciente de empleo alcanza solo a cuatro de cada diez, lo que, según el informe, evidencia «procesos de desánimo profundamente arraigados y la magnitud de la crisis social juvenil en Argentina».

Quienes sí logran insertarse en el mercado laboral lo hacen en condiciones que el propio sistema no reconoce como trabajo pleno. El 75,9% de los jóvenes que trabaja lo hace en condiciones de informalidad total, changas, venta ambulante o por internet, mientras que apenas el 18,9% cuenta con un empleo registrado o parcialmente registrado. Para el 57% de ellos, los ingresos del hogar no alcanzan para llegar a fin de mes. El 78% carece de obra social o prepaga y depende exclusivamente del sistema público de salud.

La salud mental como variable invisible

El informe de la UBA incorpora una dimensión que las políticas de seguridad sistemáticamente eluden: más del 70% de los jóvenes relevados manifiesta tener problemas frecuentes de nervios o ansiedad, mientras que el 50% reconoce síntomas compatibles con la depresión. Un 30% reconoce dificultades para controlar el consumo de alcohol, tabaco o sustancias, con mayor incidencia en los sectores con menores niveles de instrucción. La crisis de salud mental no es un dato colateral: es parte constitutiva del cuadro de vulnerabilidad que el Estado eligió responder con un código penal.

Educación: el deseo que el sistema bloquea

Contra el sentido común punitivista, el estudio rescata que el 85,7% de los jóvenes vulnerables considera que estudiar le permitiría mejorar su calidad de vida. La educación no es un valor ajeno a estos sectores, sino una aspiración bloqueada por obstáculos estructurales: la falta de dinero y la ausencia de oportunidades reales operan como barreras que el Estado no remueve. «La vulnerabilidad social opera como un eje estructurante de desigualdades materiales y subjetivas, cuya complejidad demanda intervenciones coordinadas e integrales», concluye el informe del CBC-UBA.

El castigo como política de Estado

La Ley 27.801 fue presentada por el Gobierno de Milei como el cierre de «un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa». El argumento oficial omite, sin embargo, la pregunta que el informe de la UBA instala con datos: ¿cuántas décadas de inacción en políticas educativas, laborales y de salud mental precedieron al castigo? El nuevo régimen penal juvenil no creó la situación de los pibes y pibas pobres de las ciudades argentinas. Solo decidió formalizarla como problema de orden público en lugar de reconocerla como fracaso del Estado.

Mientras la implementación de la ley avanza sin debate público ni infraestructura consolidada, y mientras la Ciudad de Buenos Aires tampoco ha dado señales claras sobre cómo adecuará su legislación procesal, el dato más incómodo lo aporta la propia academia: los jóvenes que el sistema penal se apresta a procesar son, en su mayoría, los mismos que el sistema educativo, laboral y de salud mental ya expulsó antes.