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El Gobierno anunció la intervención de Vicentin y envío un proyecto de expropiación al Congreso

El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías del sector en el país, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores.

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El presidente de la Nación, Alberto Fernández, afirmó que el rescate del Grupo Vicentin significa un «paso adelante hacia la soberanía alimentaria» del país, al anunciar esta tarde la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención de la empresa y el envío al Congreso de un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.

El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por 350 millones de dólares.

En total, la deuda de Vicentin asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones son con los bancos y 350 millones con empresas del sector agrícola. En ese sentido, cabe mencionar que el Banco Nación es el principal acreedor, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.

Fernández señaló que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a formar parte de un fondo fiduciario cuya gestión le será encomendada a YPF Agro.

El anuncio fue realzado por Alberto Fernández en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; por la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, y por el designado interventor, Gabriel Delgado.

Fernández señaló que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a formar parte de un fondo fiduciario cuya gestión le será encomendada a YPF Agro, una unidad de negocio de la compañía petrolera, y Gabriel Delgado estará al frente de la intervención.

Delgado es un experto de amplia experiencia en el sector, es doctor en finanzas de la Universidad del CEMA, economista del INTA y fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015.

«Rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales».

«Queremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen», subrayó el Alberto. Asimismo, agregó que el objetivo es «rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales».

«Que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante», expresó, y consideró que la medida es «estratégica» y que «favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria».

El Presidente adelantó que mañana se harán presentes en la sede la empresa el ministro Kulfas y Gabriel Delgado, para hacerse cargo de la intervención y tomar cartas en el concurso de acreedores que el grupo enfrenta.

El proyecto de ley busca declarar a Vicentin como una empresa de «utilidad pública y sujeta a expropiación» para que pase a formar parte de un fondo fiduciario administrado por YPF Agro.

En ese marco, Kulfas también destacó la importancia de «tener una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios» y precisó que mañana con el CEO de YPF, Sergio Affronti, aprobarán la propuesta en el directorio.

Mañana, en la sede central de YPF, en Puerto Madero, se llevará a cabo una reunión de directorio para avanzar en la propuesta del Poder Ejecutivo. En ese marco, fuentes del gobierno adelantaron que el proyecto de ley busca declarar a Vicentin como una empresa de «utilidad pública y sujeta a expropiación» para que pase a formar parte de un fondo fiduciario administrado por YPF Agro, dando lugar a un modelo de gestión mixta.

En tanto, el proceso de convocatoria de acreedores de la empresa Vicentin, que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, seguirá su cauce normal.

Vicentin, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019.

En ese sentido, cabe mencionar que el Gobierno planea poner a disposición de la Justicia toda la información necesaria para que se lleve adelante la investigación sobre el proceso de vaciamiento al que fue sometido la empresa.

Vicentin, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019 como resultado de un proceso de vaciamiento. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que concentra el 80 por ciento de la deuda financiera.

La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.

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Mega empresa de limpieza entra en concurso preventivo tras fuerte caída en ventas

La firma Caromar, propietaria de la marca “El Coloso”, registró una caída cercana al 42% en sus ventas y declaró cesación de pagos.

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Lo que tenés que saber:

  • La empresa Caromar solicitó concurso preventivo por crisis financiera
  • La caída en ventas impactó en su capacidad operativa y financiera
  • La firma denunció competencia a pérdida y prácticas de dumping
  • Hubo despidos, cierre de sucursales y reducción de actividad
  • La Justicia fijó plazos para negociar con acreedores y evitar la quiebra

Caromar entra en concurso preventivo

La empresa Caromar, propietaria de la marca “El Coloso” y dedicada a productos de limpieza y supermercados mayoristas, solicitó la apertura de concurso preventivo tras atravesar una profunda crisis económica.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1 dio curso al pedido al constatar el estado de cesación de pagos y la magnitud de las deudas acumuladas.

Caída de ventas y deterioro financiero

El principal factor señalado por la compañía es una fuerte retracción en sus ventas, que afectó directamente su capital de trabajo.

Según la presentación judicial, la baja sostenida en la facturación se combinó con un contexto recesivo que impactó en todo el sector mayorista.

Denuncias por competencia y dumping

En su exposición ante la Justicia, la empresa atribuyó parte de la crisis a la competencia agresiva en el mercado. Señaló una “competencia feroz a pérdida” entre mayoristas y denunció prácticas de dumping por parte de la multinacional Unilever.

De acuerdo con el escrito, esta situación afectó especialmente a su unidad de producción de jabón en polvo, que debió cerrar.

Ajustes, despidos y cierre de sucursales

Como parte de las medidas adoptadas, Caromar redujo su estructura operativa. La empresa despidió personal, devolvió inmuebles alquilados y cerró sucursales, entre ellas las de San Justo y Mar del Plata.

En su etapa de mayor expansión, la firma llegó a emplear a cientos de trabajadores, cifra que se redujo significativamente en el último período.

Conflictos legales y presión financiera

El panorama se vio agravado por juicios laborales de alto monto y un embargo bancario que afectó su operatoria. También se registraron conflictos sindicales que, según la empresa, impactaron en el nivel de ventas.

Estas condiciones aceleraron la decisión de recurrir a la protección judicial para reorganizar su situación.

Plazos para evitar la quiebra

El proceso concursal establece un cronograma para la verificación de créditos por parte de acreedores y la presentación de una propuesta de pago.

La empresa dispone de plazo hasta abril de 2027 para alcanzar un acuerdo que le permita evitar la quiebra.

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