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El Gobierno anunció la intervención de Vicentin y envío un proyecto de expropiación al Congreso

El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías del sector en el país, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores.

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El presidente de la Nación, Alberto Fernández, afirmó que el rescate del Grupo Vicentin significa un «paso adelante hacia la soberanía alimentaria» del país, al anunciar esta tarde la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención de la empresa y el envío al Congreso de un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.

El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por 350 millones de dólares.

En total, la deuda de Vicentin asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones son con los bancos y 350 millones con empresas del sector agrícola. En ese sentido, cabe mencionar que el Banco Nación es el principal acreedor, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.

Fernández señaló que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a formar parte de un fondo fiduciario cuya gestión le será encomendada a YPF Agro.

El anuncio fue realzado por Alberto Fernández en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; por la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, y por el designado interventor, Gabriel Delgado.

Fernández señaló que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a formar parte de un fondo fiduciario cuya gestión le será encomendada a YPF Agro, una unidad de negocio de la compañía petrolera, y Gabriel Delgado estará al frente de la intervención.

Delgado es un experto de amplia experiencia en el sector, es doctor en finanzas de la Universidad del CEMA, economista del INTA y fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015.

«Rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales».

«Queremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen», subrayó el Alberto. Asimismo, agregó que el objetivo es «rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales».

«Que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante», expresó, y consideró que la medida es «estratégica» y que «favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria».

El Presidente adelantó que mañana se harán presentes en la sede la empresa el ministro Kulfas y Gabriel Delgado, para hacerse cargo de la intervención y tomar cartas en el concurso de acreedores que el grupo enfrenta.

El proyecto de ley busca declarar a Vicentin como una empresa de «utilidad pública y sujeta a expropiación» para que pase a formar parte de un fondo fiduciario administrado por YPF Agro.

En ese marco, Kulfas también destacó la importancia de «tener una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios» y precisó que mañana con el CEO de YPF, Sergio Affronti, aprobarán la propuesta en el directorio.

Mañana, en la sede central de YPF, en Puerto Madero, se llevará a cabo una reunión de directorio para avanzar en la propuesta del Poder Ejecutivo. En ese marco, fuentes del gobierno adelantaron que el proyecto de ley busca declarar a Vicentin como una empresa de «utilidad pública y sujeta a expropiación» para que pase a formar parte de un fondo fiduciario administrado por YPF Agro, dando lugar a un modelo de gestión mixta.

En tanto, el proceso de convocatoria de acreedores de la empresa Vicentin, que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, seguirá su cauce normal.

Vicentin, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019.

En ese sentido, cabe mencionar que el Gobierno planea poner a disposición de la Justicia toda la información necesaria para que se lleve adelante la investigación sobre el proceso de vaciamiento al que fue sometido la empresa.

Vicentin, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019 como resultado de un proceso de vaciamiento. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que concentra el 80 por ciento de la deuda financiera.

La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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