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El Gobierno anunció la intervención de Vicentin y envío un proyecto de expropiación al Congreso

El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías del sector en el país, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores.

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El presidente de la Nación, Alberto Fernández, afirmó que el rescate del Grupo Vicentin significa un «paso adelante hacia la soberanía alimentaria» del país, al anunciar esta tarde la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención de la empresa y el envío al Congreso de un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.

El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por 350 millones de dólares.

En total, la deuda de Vicentin asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones son con los bancos y 350 millones con empresas del sector agrícola. En ese sentido, cabe mencionar que el Banco Nación es el principal acreedor, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.

Fernández señaló que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a formar parte de un fondo fiduciario cuya gestión le será encomendada a YPF Agro.

El anuncio fue realzado por Alberto Fernández en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; por la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, y por el designado interventor, Gabriel Delgado.

Fernández señaló que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a formar parte de un fondo fiduciario cuya gestión le será encomendada a YPF Agro, una unidad de negocio de la compañía petrolera, y Gabriel Delgado estará al frente de la intervención.

Delgado es un experto de amplia experiencia en el sector, es doctor en finanzas de la Universidad del CEMA, economista del INTA y fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015.

«Rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales».

«Queremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen», subrayó el Alberto. Asimismo, agregó que el objetivo es «rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales».

«Que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante», expresó, y consideró que la medida es «estratégica» y que «favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria».

El Presidente adelantó que mañana se harán presentes en la sede la empresa el ministro Kulfas y Gabriel Delgado, para hacerse cargo de la intervención y tomar cartas en el concurso de acreedores que el grupo enfrenta.

El proyecto de ley busca declarar a Vicentin como una empresa de «utilidad pública y sujeta a expropiación» para que pase a formar parte de un fondo fiduciario administrado por YPF Agro.

En ese marco, Kulfas también destacó la importancia de «tener una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios» y precisó que mañana con el CEO de YPF, Sergio Affronti, aprobarán la propuesta en el directorio.

Mañana, en la sede central de YPF, en Puerto Madero, se llevará a cabo una reunión de directorio para avanzar en la propuesta del Poder Ejecutivo. En ese marco, fuentes del gobierno adelantaron que el proyecto de ley busca declarar a Vicentin como una empresa de «utilidad pública y sujeta a expropiación» para que pase a formar parte de un fondo fiduciario administrado por YPF Agro, dando lugar a un modelo de gestión mixta.

En tanto, el proceso de convocatoria de acreedores de la empresa Vicentin, que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, seguirá su cauce normal.

Vicentin, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019.

En ese sentido, cabe mencionar que el Gobierno planea poner a disposición de la Justicia toda la información necesaria para que se lleve adelante la investigación sobre el proceso de vaciamiento al que fue sometido la empresa.

Vicentin, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019 como resultado de un proceso de vaciamiento. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que concentra el 80 por ciento de la deuda financiera.

La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.

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Los servicios públicos en el AMBA subieron 17,5% en mayo y treparon 800% desde que asumió Milei

Un hogar sin subsidios en el Área Metropolitana necesita $249.834 mensuales solo para pagar electricidad, gas, agua y transporte. El gas subió 53% en un mes. El ajuste tarifario supera en más de tres veces la inflación general del período.

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La canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó 17,5% en mayo y acumula 800% desde diciembre de 2023

★ Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios estatales debió destinar $249.834 en mayo de 2026 para cubrir sus necesidades básicas de electricidad, gas natural, agua potable y transporte público. Esa cifra representa un incremento del 17,5% respecto a abril, según el último Reporte de Tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET).

El informe, elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, constituye la referencia técnica más precisa disponible sobre el impacto de las políticas tarifarias en el presupuesto de los hogares metropolitanos. Sus datos confirman que la presión sobre los ingresos de las familias trabajadoras no solo no cede, sino que se agudiza con cada actualización de cuadros tarifarios.

El gas lidera la suba: 53% en un solo mes

El rubro que concentró el mayor golpe en mayo fue el gas natural. La factura promedio para un usuario del segmento N1 sin subsidios alcanzó los $49.972, luego de una suba del 53,3% respecto al mes anterior. El propio reporte del IIEP explicita que ese salto resulta de la combinación de dos factores simultáneos: el aumento de los cargos fijos y variables dispuesto por las distribuidoras, y el incremento estacional del consumo ante la proximidad del invierno, que en esta época del año puede llegar a duplicar la demanda.

Le siguió la energía eléctrica, cuya factura promedio para un hogar representativo sin subsidios se ubicó en $52.811, con una suba mensual del 37,8%. Según el documento, «el mayor consumo de cara al invierno se combina con aumentos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el variable para usuarios sin subsidio».

El transporte: el ítem más pesado, aunque con menor suba mensual

El transporte público se mantiene como el componente de mayor peso absoluto dentro de la canasta, con un costo mensual de $110.438, aunque en mayo registró el incremento más moderado del período: apenas el 3%. Esta aparente calma no debe interpretarse como alivio estructural, sino como la consecuencia de ajustes escalonados que el gobierno fue implementando en distintos tramos del año.

El servicio de agua potable completó el cuadro con un gasto promedio de $36.612 y una suba del 5,9% mensual, atribuida a ajustes tarifarios y a la existencia de un día adicional de consumo en el calendario de mayo.

Salario vs. tarifas: la brecha que no cierra

El informe del IIEP proyecta estas cifras sobre el ingreso de los trabajadores registrados. La canasta de servicios básicos representa actualmente el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799. Se trata de una proporción históricamente alta, que erosiona el poder adquisitivo y reduce el margen disponible para alimentación, salud y educación.

La perspectiva interanual es aún más elocuente: comparada con mayo de 2025, la canasta de servicios acumula una suba del 50%, por encima de la evolución general de los precios en el mismo período.

800% desde diciembre de 2023: el dato que el Gobierno no muestra

El dato estructural más contundente del informe es también el que más incomoda al oficialismo: desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó un 800%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en un 231%. La diferencia, de casi 570 puntos porcentuales, traduce con precisión matemática el alcance del denominado «sinceramiento tarifario» impulsado por la gestión de Javier Milei bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que condicionó los sucesivos desembolsos del acuerdo por USD 20.000 millones suscripto en abril de 2025 a la reducción progresiva del gasto en subsidios.

Esta política fue documentada y cuestionada por el Foro Economía y Trabajo, un colectivo de economistas y profesionales vinculados al movimiento sindical, que en su documento del 4 de mayo de 2026 advirtió que el gasto en subsidios a la energía retrocedió un 58% en términos reales desde el inicio de la gestión, mientras que el gasto primario total cayó un 31% y el de capital se desplomó un 86%.

Subsidios: el Estado paga el 41% del costo real

Un elemento que el reporte del IIEP aporta como dato de contexto: en la actualidad, las tarifas que abonan los hogares del AMBA cubren en promedio el 58% de los costos reales de los servicios. El Estado nacional financia el 41% restante a través de subsidios. Este porcentaje se mantuvo sin cambios significativos respecto a abril, lo que indica que el traslado de costos al usuario se produjo de manera gradual pero sostenida a lo largo de los últimos meses.

La distancia entre el discurso de la «quita de subsidios a los que más tienen» y la realidad de una canasta que consume el 14% del salario promedio registrado, en un país con alta informalidad laboral y salarios reales deprimidos, configura una de las contradicciones más evidentes del modelo económico libertario.

Puntos clave

  • La canasta de servicios públicos para un hogar sin subsidios en el AMBA alcanzó $249.834 en mayo de 2026, un 17,5% más que en abril.
  • El gas natural registró la mayor suba mensual, con un incremento del 53,3% y una factura promedio de $49.972.
  • La canasta acumula una suba del 800% desde diciembre de 2023, frente a una inflación general del 231% en el mismo período.
  • Los servicios básicos representan el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799.
  • El Estado financia el 41% del costo real de los servicios vía subsidios, con cobertura estable respecto a abril.
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