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★ Este jueves, el Senado argentino debatirá la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), una norma que desde 2010 protege las reservas estratégicas de agua dulce en zonas de alta montaña. La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza busca redefinir qué áreas merecen protección y cuáles pueden abrirse a la explotación minera e hidrocarburífera, todo bajo el argumento de dar «certezas técnicas» y devolver autonomía a las provincias sobre sus recursos naturales.

La sesión, convocada para las 11 de la mañana, tratará simultáneamente la reforma de Glaciares y la ratificación del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. El viernes 28, a la misma hora, está prevista otra sesión para abordar los proyectos de reforma laboral y régimen penal juvenil, ambos provenientes de la Cámara de Diputados.

La estrategia oficial: del ambiente periglacial a la «función hídrica comprobable»

El proyecto del Poder Ejecutivo introduce una distinción central que cambia radicalmente el alcance de la protección actual. Según el texto oficial, no todas las formaciones periglaciares (suelos congelados que regulan el agua cerca de los glaciares) cumplen funciones de «reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas». Aquellas que no demuestren esa función quedarían habilitadas para la utilización económica.

La ley vigente, sancionada en 2010, establece una amplia protección que resguarda tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares, ecosistemas de alta montaña que actúan como reservorios de agua dulce y juegan un rol clave en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico. Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares, pero se abre una puerta para proyectos de inversión en áreas que no tengan una «función hídrica fehaciente».

El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que será la autoridad de aplicación. El organismo técnico tendrá la función de individualizar glaciares y formas periglaciares en el territorio nacional, y sobre estas últimas deberá diferenciar entre aquellas que cumplen con la función hídrica de las que no.

Entre las actividades prohibidas (aquellas que «alteran de modo relevante la condición natural» o el valor hídrico de los glaciares) se encuentran la liberación de sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales. En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.

Provincias versus Nación: quién decide sobre el agua

La principal diferencia entre el proyecto del Gobierno y el alternativo presentado por la UCR radica en quién tendrá la última palabra sobre las zonas protegidas. El proyecto oficial le transfiere a las provincias la facultad de determinar qué áreas proteger (por constituir reservas estratégicas de recursos hídricos, biodiversidad o valor científico) y cuáles no, y las faculta para proponer modificaciones en el Inventario Nacional de Glaciares previo informe de evaluación ambiental. La iniciativa de la UCR, en cambio, le da poder total al IANIGLA.

La postura del Gobierno a favor de darle facultades de control y regulación a las provincias se funda en el artículo 124 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que reconoce el dominio originario a las jurisdicciones de los recursos naturales debajo del suelo. El bloque de LLA en la Cámara alta aseguró que la normativa actual genera «inseguridad jurídica y parálisis de inversiones» y, con esta modificatoria, buscan restringir la protección solo para aquellos glaciares que «cumplan una función hídrica efectiva y estratégica» y que, a la vez, permitan actividades productivas en áreas protegidas.

Según fuentes parlamentarias, las negociaciones son intensas y buscan encaminar una solución para no frustrar la aprobación de la iniciativa (en la versión que sea) en la sesión de este jueves. La aprobación de este proyecto es un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una ley más dinámica y menos rígida que la vigente para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

El peronismo entre la presión y la coherencia

Los bloques opositores, particularmente la mayoría de los legisladores justicialistas, rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares y las cuencas hídricas, consideradas reservas de agua potable y, por ende, afectaría un recurso vital para la población. Mientras el oficialismo pretende habilitar proyectos vinculados a la megaminiería y facilitar el desarrollo económico en empresas de hidrocarburos, el bloque peronista defiende la preservación de las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, principal objetivo de la ley vigente.

Sin embargo, la situación interna del peronismo es compleja. Desde el año pasado, cuando se planteó que este proyecto se debatiría en extraordinarias, se supo que los senadores peronistas que representan a provincias mineras estarían «bajo presión» dentro de su propio bloque, ya que la ley actual frena proyectos mineros y genera polémica sobre si posicionarse a favor del desarrollo productivo o del medioambiente.

En el peronismo, que mayoritariamente se inclinaría por el rechazo, podrían haber fugas ya que es incierta la postura que podrían tomar ex gobernadores de provincias mineras como Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), por tomar algunos ejemplos. El presidente del bloque justicialista (PJ), José Mayans, mantiene una posición crítica que se alinea con sectores sindicales y que busca proteger los recursos hídricos.

Por el momento, se dejó entrever que evitarán una reforma que elimine por completo la ley y buscarán un documento que priorice la protección ambiental, pero sin dejar de lado el desarrollo económico, aunque las posturas provinciales dividen al interbloque.

El contraproyecto de Unión por la Patria

El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó semanas atrás un «contraproyecto» que tiene como objetivo fortalecer el Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa surgió como respuesta al proyecto del Ejecutivo nacional que pretende facilitar la explotación minera e hidrocarburífera en zonas protegidas.

En principio, propone restringir la actividad minera e industrial en áreas de glaciares y ambiente periglacial; asegurar que el agua proveniente de estas formaciones es un recurso natural estratégico de interés nacional y, por ese motivo, priorizar su preservación para consumo humano y riego por sobre cualquier interés económico. Además, propone la actualización periódica del Inventario Nacional de Glaciares para garantizar un monitoreo científico constante de las reservas hídricas y definir la protección de los glaciares como una cuestión de soberanía y derechos de las poblaciones que dependen de estas cuencas hídricas ante el avance del cambio climático.

La resistencia social y el rechazo de la Iglesia

Si la iniciativa es defendida enérgicamente por las provincias mineras e hidrocarburíferas de la cordillera, con la misma intensidad concita rechazos acérrimos de parte de asambleas ambientalistas y también de la Iglesia, que hizo saber su descontento con el avance del proyecto a través de una carta de la Comisión Episcopal Argentina.

Los sectores que cierran filas en contra del proyecto alertan que la protección de glaciares y zonas periglaciares, pilares estratégicos para la provisión de agua dulce para el consumo humano, la agricultura sustentable y la biodiversidad, no debe ser negociada frente a intereses corporativos sectoriales de corto plazo.

Estas organizaciones movilizadas en todo el país denuncian que la reforma a la Ley de Glaciares es una «regresión ambiental inconstitucional» porque vulnera el Acuerdo de Escazú al cual Argentina adhirió, y defienden la actual norma porque establece un piso de protección de esos ecosistemas particulares.

Mercosur-UE: la carrera por ser primeros

El acuerdo birregional entre el Mercosur y la Unión Europea iba a tratarse en la sesión del viernes de la Cámara alta, junto al régimen penal juvenil y el proyecto de reforma laboral, pero el Gobierno ordenó adelantar los tiempos. La decisión de la Casa Rosada obedece al hecho de que el Parlamento de Uruguay aceleró el proceso de ratificación del convenio comercial y podría aprobarlo en las próximas horas.

El Gobierno de Javier Milei quiere ser el primero en dar el visto bueno al tratado porque intuye que si se convierte en el primer socio comercial podría acceder a ventajas y beneficios diferenciales con respecto a otros países de la región que compiten por los mismos mercados de bienes. Los votos para aprobarlo están asegurados y se estima que el interbloque peronista que conduce José Mayans votará dividido, como ocurrió la semana anterior en la Cámara de Diputados.

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el mandatario de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial, uno de los mayores acuerdos birregionales del planeta, aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Según sus promotores, la implementación del acuerdo comercial entre los dos bloques económicos regionales permitirá bajar aranceles a más del 90% de las exportaciones argentinas, y recortar las barreras de acceso para bienes industriales de Europa. Entre otras implicancias, se suprimen los aranceles de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, ropa y bebidas. El acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 700 millones de consumidores, que representa el 20% del PBI mundial. La Unión Europea es el segundo mayor socio comercial del Mercosur después de China y por delante de Estados Unidos.

En la sesión de este jueves también está previsto tratar el pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.

Agua o inversión: la falsa dicotomía

La reforma a la Ley de Glaciares pone sobre la mesa una discusión que excede lo técnico y se instala en el terreno de la soberanía sobre los recursos estratégicos. El argumento oficial de que la ley vigente frena inversiones choca contra la evidencia científica que señala a los glaciares y formaciones periglaciares como reservorios irreemplazables de agua dulce en un contexto de crisis climática global.

La decisión de este jueves en el Senado definirá si Argentina prioriza el consumo humano y la preservación de cuencas hídricas para las generaciones futuras, o si abre las puertas a la explotación extractivista en zonas que, una vez degradadas, no tienen retorno. La presión de las provincias mineras, el lobby empresarial y las necesidades fiscales del Gobierno nacional se enfrentan a la resistencia de sectores ambientalistas, la Iglesia y parte del peronismo que defiende la protección ambiental como cuestión de Estado.

La sesión de este jueves dirá si el Senado argentino sostiene el criterio de precaución que inspiró la ley de 2010, o si cede ante la promesa de inversiones que, según las asambleas sociales movilizadas, solo dejarán pasivos ambientales y comunidades sin agua.

Puntos clave:

• El Senado debate este jueves 27 de febrero la reforma de la Ley de Glaciares que habilita megaminería en áreas periglaciares sin «función hídrica comprobable»

• El proyecto oficial transfiere a las provincias la facultad de decidir qué zonas proteger, mientras la UCR propone mantener el control en el IANIGLA

• El peronismo enfrenta presiones internas de senadores de provincias mineras como Catamarca y San Juan que apoyan la reforma

• Asambleas ambientalistas y la Iglesia denuncian «regresión ambiental inconstitucional» y vulneración del Acuerdo de Escazú

• La sesión tratará simultáneamente la reforma de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE, con el Gobierno buscando ser el primer país en ratificarlo ★