★ Al menos 12 activistas de Greenpeace fueron detenidos este jueves 27 de febrero en el ingreso al Congreso de la Nación luego de saltar la reja del Palacio Legislativo y sentarse en las escalinatas en protesta por la modificación de la Ley de Glaciares. La acción directa se produjo en el marco del debate que se realiza en el Senado donde se vota la reforma que habilita la megaminería en zonas de ambiente periglacial actualmente protegidas.

La protesta de Greenpeace buscó visibilizar el rechazo social a una norma que, según organizaciones ambientalistas, subordina la protección de reservas de agua dulce a los intereses de corporaciones mineras e hidrocarburíferas. Los activistas ingresaron al perímetro de seguridad del Congreso y ocuparon las escalinatas en una acción pacífica que fue respondida con detenciones masivas por parte de la Policía Federal.

Represión indiscriminada

En medio del operativo de traslado de los activistas detenidos, la Policía Federal también detuvo a un camarógrafo del canal A24. En las imágenes difundidas se observa que el trabajador de prensa está herido. La agresión al camarógrafo, cuyo nombre es Facundo (50 años), fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas y se suma a otros episodios de violencia policial contra trabajadores de prensa que cubrían las protestas en las afueras del Congreso.

El camarógrafo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con lesiones leves y efectos de gases, según informó el SAME. Su colega, Agustina Bilotti, fue asistida por efecto de gases sin traslado. La detención arbitraria de un trabajador de prensa mientras cumple su función evidencia el clima de restricción a la libertad de prensa que caracteriza la gestión de las fuerzas de seguridad bajo las directivas del oficialismo.

El agua en disputa

El Gobierno de Javier Milei busca redefinir la protección del ambiente periglacial para atraer proyectos vinculados a la megaminería e hidrocarburos. La Libertad Avanza (LLA) pretende modificar artículos clave que resguardan la importancia hídrica para brindarle mayor potestad a las provincias sobre sus propios recursos, un argumento que se funda en el artículo 124 de la Constitución Nacional incorporado en la reforma de 1994.

Sin embargo, las organizaciones ambientalistas, asambleas sociales y sectores del peronismo advierten que la reforma elimina de hecho la protección de formaciones periglaciares (suelos congelados que regulan el agua cerca de los glaciares) que no demuestren una «función hídrica comprobable». Esto significa que zonas actualmente protegidas como reservas estratégicas de agua dulce quedarían habilitadas para la explotación económica.

La acción de Greenpeace en el Congreso se inscribe en una larga tradición de desobediencia civil pacífica que busca interpelar a los legisladores antes de que voten una norma que tendrá consecuencias irreversibles sobre los ecosistemas de alta montaña. Los activistas detenidos enfrentan ahora un proceso judicial por protestar contra una ley que, según denuncian, vulnera el Acuerdo de Escazú y representa una «regresión ambiental inconstitucional«.

La criminalización de la protesta ambiental

La respuesta del Estado a la movilización social contra la reforma de Glaciares sigue el mismo patrón que se replica en cada protesta contra las políticas del oficialismo: represión, detenciones arbitrarias y agresiones a trabajadores de prensa. El derecho a la protesta y la libertad de expresión quedan relegados cuando interfieren con una agenda legislativa que el Gobierno impulsa sin consenso social ni consulta a las comunidades afectadas.

Greenpeace, organización ambientalista con presencia global y reconocida trayectoria en la defensa de ecosistemas, eligió la acción directa pacífica como forma de visibilizar un conflicto que los medios masivos de comunicación cubren de manera insuficiente. La detención de sus activistas y la represión policial confirman que el oficialismo no tolera disenso cuando se trata de garantizar condiciones favorables para la inversión extractivista.

Mientras el Senado vota, afuera se reprime. Mientras los legisladores debaten sobre «función hídrica comprobable», la Policía Federal agrede a quienes defienden el agua. La escena en las escalinatas del Congreso condensa el conflicto central de esta época: recursos naturales versus intereses corporativos, soberanía versus entrega, pueblo versus poder económico concentrado.

Los 12 activistas de Greenpeace detenidos sabían que ocupar las escalinatas del Congreso los exponía a la represión. Lo hicieron igual. Porque defender el agua, en este país y en este momento, requiere más que argumentos: requiere cuerpo, presencia, riesgo. Requiere estar dispuesto a ser detenido mientras los senadores votan adentro, cómodos y seguros, la entrega de lo que todavía es de todos.

Puntos clave:

• Al menos 12 activistas de Greenpeace fueron detenidos tras saltar la reja del Congreso y sentarse en las escalinatas en protesta por la reforma de Glaciares

• La Policía Federal detuvo también a un camarógrafo de A24 durante el operativo, quien fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con lesiones leves

• La protesta buscó visibilizar el rechazo a la reforma que habilita megaminería en zonas de ambiente periglacial actualmente protegidas

• El oficialismo pretende modificar artículos clave de la Ley de Glaciares para dar mayor potestad a las provincias sobre explotación de recursos

• La acción de Greenpeace se enmarca en la tradición de desobediencia civil pacífica contra políticas que afectan ecosistemas y reservas de agua dulce ★