Energía
El titular de YPF hace lobby por el RIGI y apunta contra Kicillof
Crece la polémica por el RIGI: el futuro del gas en Vaca Muerta en juego por la suspensión de la obra pública clave. Máximo Kirchner cuestionó la iniciativa que impulsa Milei y recordó que se realizaron acuerdos previos sin dicha ley.
YPF presiona para que se apruebe el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con el fin de avanzar en una iniciativa supuestamente fundamental para la explotación de gas en Vaca Muerta. Este proyecto incluye la construcción de gasoductos y una planta de licuefacción, obras suspendidas por el Gobierno de Javier Milei pero esenciales para aumentar las exportaciones de gas del país.
Horacio Marín, presidente de la petrolera estatal y ex directivo de Tecpetrol, realiza un fuerte lobby para que se apruebe la iniciativa y apuró públicamente al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmando que sin el apoyo a la ley, las inversiones no se realizarán en Bahía Blanca, sino en otra provincia.
Presión de Marín y Contexto Político
Marín vinculó la realización de las obras con la necesidad de que se apruebe la Ley Bases, cuyo debate ha generado fuertes polémicas. En sus declaraciones, el titular de YPF sostuvo: “Obviamente tienen que adherir al RIGI. Si no adhieren ya, se terminó la discusión. Si no adhiere la Provincia no hay que discutir nada, irá a la provincia que adhiera al RIGI. Es obvio, ¿Quién va a poner la plata si no?”.
El proyecto al que hace referencia Marín fue acordado entre YPF y la malaya Petronas. Se trata de obras con una inversión de 30 mil millones de dólares, aunque cabe destacar que fue firmado el 1 de septiembre de 2022 y contemplaban otro modelo de negocios, con eje en la soberanía nacional sobre los recursos estratégicos de la Argentina, mucho antes de la llegada de Javier Milei al gobierno nacional.
Proyecto de GNL y Desarrollo en Vaca Muerta
El acuerdo inicial firmado por YPF y Petronas proyecta la producción de gas natural licuado (GNL) con el objetivo de exportar grandes volúmenes. La inversión está destinada a la construcción de tres gasoductos que conectarán el yacimiento de Vaca Muerta con plantas licuadoras y una terminal portuaria para exportar 25 millones de toneladas de gas por año. Este volumen de exportación podría generar ingresos anuales de entre 15 y 20 mil millones de dólares para Argentina.
Debates sobre la Ley y Reacciones
El RIGI se encuentra en medio de una polémica legal y política. La aprobación de la Ley Bases, de la cual forma parte el RIGI, está en duda debido a cuestionamientos constitucionales. Además, la discusión en el Congreso provocó protestas, represión y detenciones, aumentando la tensión en torno a la ley.
Máximo Kirchner, diputado y líder del bloque de Unión por la Patria (UxP), cuestionó la necesidad del RIGI y recordó que acuerdos previos, como el firmado con Chevron, se realizaron bajo el decreto 929/2013 sin ningún tipo de problemas.
Posiciones de los Gobiernos Provinciales
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó su interés en trasladar el proyecto de licuefacción a Punta Colorada si Buenos Aires no apoya el RIGI. Mientras tanto, Kicillof, aunque no se pronunció directamente sobre los dichos de Marín, calificó el RIGI como “un desastre”.
Si bien el Gobierno bonaerense declaró de interés la construcción de la planta en Bahía Blanca, al considerar de gran relevancia el proyecto que ya lleva varios años de desarrollo, considera que se puede llevar adelante sin la inconstitucional iniciativa impulsada por Milei.
Posiciones de los Bloques Legislativos
El interbloque libertario en la Legislatura bonaerense, compuesto por La Libertad Avanza y Pro-Libertad, presentó un proyecto para que la provincia adhiera al RIGI. No obstante, desde Unión por la Patria argumentan que no se puede adherir a un proyecto de ley que aún no existe. Facundo Tignanelli, líder del bloque, sostuvo esta postura, mientras que Kicillof reafirmó su apoyo a la inversión en Bahía Blanca bajo las condiciones actuales.
Puntos Clave de las Obras Energéticas
- YPF presiona por la aprobación del RIGI para un proyecto de gasoductos y planta de licuefacción en Vaca Muerta.
- Tras la suspensión de toda la obra pública, Horacio Marín condicionó la inversión en Bahía Blanca al apoyo del gobernador Kicillof al RIGI.
- El proyecto firmado con Petronas implica una inversión de 30 mil millones de dólares y la exportación de 25 millones de toneladas de gas anuales.
- Máximo Kirchner cuestionó la necesidad del RIGI, recordando que acuerdos previos se realizaron sin dicha ley.
- El gobierno de Río Negro se mostró interesado en atraer el proyecto si Buenos Aires no apoya el RIGI.
- La Legislatura bonaerense debate sobre la adhesión al RIGI, con posiciones divididas entre libertarios y Unión por la Patria.
Desregulación
El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica
La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.
La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener
★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.
Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.
Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales
Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.
Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.
La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).
La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.
Los socios del poder detrás del consorcio ganador
La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.
Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.
El marco legal y la lógica del desguace
El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.
La obra que se canceló y el proyecto que no llegó
Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.
Puntos clave
- El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
- Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
- El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
- Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
- No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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