Energía
El titular de YPF hace lobby por el RIGI y apunta contra Kicillof
Crece la polémica por el RIGI: el futuro del gas en Vaca Muerta en juego por la suspensión de la obra pública clave. Máximo Kirchner cuestionó la iniciativa que impulsa Milei y recordó que se realizaron acuerdos previos sin dicha ley.
YPF presiona para que se apruebe el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con el fin de avanzar en una iniciativa supuestamente fundamental para la explotación de gas en Vaca Muerta. Este proyecto incluye la construcción de gasoductos y una planta de licuefacción, obras suspendidas por el Gobierno de Javier Milei pero esenciales para aumentar las exportaciones de gas del país.
Horacio Marín, presidente de la petrolera estatal y ex directivo de Tecpetrol, realiza un fuerte lobby para que se apruebe la iniciativa y apuró públicamente al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmando que sin el apoyo a la ley, las inversiones no se realizarán en Bahía Blanca, sino en otra provincia.
Presión de Marín y Contexto Político
Marín vinculó la realización de las obras con la necesidad de que se apruebe la Ley Bases, cuyo debate ha generado fuertes polémicas. En sus declaraciones, el titular de YPF sostuvo: “Obviamente tienen que adherir al RIGI. Si no adhieren ya, se terminó la discusión. Si no adhiere la Provincia no hay que discutir nada, irá a la provincia que adhiera al RIGI. Es obvio, ¿Quién va a poner la plata si no?”.
El proyecto al que hace referencia Marín fue acordado entre YPF y la malaya Petronas. Se trata de obras con una inversión de 30 mil millones de dólares, aunque cabe destacar que fue firmado el 1 de septiembre de 2022 y contemplaban otro modelo de negocios, con eje en la soberanía nacional sobre los recursos estratégicos de la Argentina, mucho antes de la llegada de Javier Milei al gobierno nacional.
Proyecto de GNL y Desarrollo en Vaca Muerta
El acuerdo inicial firmado por YPF y Petronas proyecta la producción de gas natural licuado (GNL) con el objetivo de exportar grandes volúmenes. La inversión está destinada a la construcción de tres gasoductos que conectarán el yacimiento de Vaca Muerta con plantas licuadoras y una terminal portuaria para exportar 25 millones de toneladas de gas por año. Este volumen de exportación podría generar ingresos anuales de entre 15 y 20 mil millones de dólares para Argentina.
Debates sobre la Ley y Reacciones
El RIGI se encuentra en medio de una polémica legal y política. La aprobación de la Ley Bases, de la cual forma parte el RIGI, está en duda debido a cuestionamientos constitucionales. Además, la discusión en el Congreso provocó protestas, represión y detenciones, aumentando la tensión en torno a la ley.
Máximo Kirchner, diputado y líder del bloque de Unión por la Patria (UxP), cuestionó la necesidad del RIGI y recordó que acuerdos previos, como el firmado con Chevron, se realizaron bajo el decreto 929/2013 sin ningún tipo de problemas.
Posiciones de los Gobiernos Provinciales
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó su interés en trasladar el proyecto de licuefacción a Punta Colorada si Buenos Aires no apoya el RIGI. Mientras tanto, Kicillof, aunque no se pronunció directamente sobre los dichos de Marín, calificó el RIGI como “un desastre”.
Si bien el Gobierno bonaerense declaró de interés la construcción de la planta en Bahía Blanca, al considerar de gran relevancia el proyecto que ya lleva varios años de desarrollo, considera que se puede llevar adelante sin la inconstitucional iniciativa impulsada por Milei.
Posiciones de los Bloques Legislativos
El interbloque libertario en la Legislatura bonaerense, compuesto por La Libertad Avanza y Pro-Libertad, presentó un proyecto para que la provincia adhiera al RIGI. No obstante, desde Unión por la Patria argumentan que no se puede adherir a un proyecto de ley que aún no existe. Facundo Tignanelli, líder del bloque, sostuvo esta postura, mientras que Kicillof reafirmó su apoyo a la inversión en Bahía Blanca bajo las condiciones actuales.
Puntos Clave de las Obras Energéticas
- YPF presiona por la aprobación del RIGI para un proyecto de gasoductos y planta de licuefacción en Vaca Muerta.
- Tras la suspensión de toda la obra pública, Horacio Marín condicionó la inversión en Bahía Blanca al apoyo del gobernador Kicillof al RIGI.
- El proyecto firmado con Petronas implica una inversión de 30 mil millones de dólares y la exportación de 25 millones de toneladas de gas anuales.
- Máximo Kirchner cuestionó la necesidad del RIGI, recordando que acuerdos previos se realizaron sin dicha ley.
- El gobierno de Río Negro se mostró interesado en atraer el proyecto si Buenos Aires no apoya el RIGI.
- La Legislatura bonaerense debate sobre la adhesión al RIGI, con posiciones divididas entre libertarios y Unión por la Patria.
Economía 💲
Ajuste en octubre: el gasto cayó 5,5% y las transferencias a provincias se hundieron 56,5%
El informe de la consultora Analytica reveló dónde cayó la tijera: las transferencias a los distritos se hundieron un 56,5% real y los subsidios de energía y transporte se desplomaron, mientras el superávit se sostiene sobre las espaldas del interior.
El gasto primario cayó un 5,5% en términos reales durante octubre, según un informe de la consultora Analytica. El ajuste volvió a concentrar el castigo en las provincias y en los subsidios económicos, y en el acumulado de los primeros diez meses del año el descenso trepó al 3,3% real. El ancla es siempre la misma, aunque el costo lo pague el interior: sostener el superávit fiscal.
La motosierra vuelve a caer sobre las provincias
La reducción mensual estuvo explicada, en primer lugar, por las transferencias a las provincias, que registraron una caída del 56,5% interanual en términos reales. En los primeros diez meses, el recorte acumulado a los distritos llegó al 61% real, el ajuste más profundo de toda la planilla. En segundo lugar se ubicaron los subsidios económicos, que se redujeron un 32,6% interanual real, con bajas del 26,2% en energía y del 55,8% en transporte. La obra pública, otro motor del empleo y del desarrollo regional, se desplomó un 21,4% en términos reales, y las transferencias a CAMMESA se hundieron un 28,5% interanual real.
Energía y transporte, en el ojo de la motosierra
El golpe a los servicios públicos quedó al desnudo en el propio papel. El informe detalló que la baja en los subsidios al transporte “se explica principalmente por la ausencia de transferencias al Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte”. Ese fondo es el que financia las compensaciones al transporte automotor, y con menos aportes nacionales la diferencia se traslada a la tarifa: desde el 1 de noviembre el boleto mínimo de colectivo subió 3,9% en el AMBA. En energía, el recorte a CAMMESA empuja la quita de subsidios a las facturas de luz y gas de los hogares.
La excepción social que confirma la regla
En contraste, la medición registró un incremento en el área de protección social, aunque con matices que el propio estudio expone. La Asignación Universal por Hijo fue la única partida que mostró un crecimiento real relevante en el mes, con un alza del 2,7% real, y empujó al conjunto de asignaciones familiares más AUH a un +1,5% real. Pero la letra chica incomoda: las asignaciones familiares cayeron un 0,6% real y, sobre todo, sus titulares disminuyeron un 4,8% interanual, mientras los de la AUH crecieron apenas un 1%. La foto no deja dudas: cuando la partida es directa y sensible, se la sostiene apenas, y al resto de los programas se les vacía el cajón.
Programas que se apagan y una deuda que crece
En el acumulado del año, los programas sociales cayeron un 22,7%, con una explicación que espanta: “la mayor incidencia correspondió al programa ‘Volver al Trabajo’ (-54,3%), cuyos montos permanecieron congelados hasta junio, cuando finalmente fue eliminado”. Otro programa social se apagó bajo la promesa de un ajuste “a la casta” que, en la práctica, golpea primero a los que menos tienen. El saldo no queda solo en papel: al cierre de octubre, la deuda flotante de la Administración Nacional escaló a $2,9 billones, equivalente al 0,3% del PIB.
Quién paga el superávit
El ajuste llega en un contexto de actividad en retroceso. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central estima que el PBI cayó 2,3% en el tercer trimestre y que la desocupación trepó a 7,6%. En paralelo, el Gobierno mantiene sin repartir unos $2,2 billones de Aportes del Tesoro Nacional, el fondo previsto para emergencias provinciales, mientras El Niño ya provoca crecidas del Paraná en el Litoral. Unión por la Patria presentó un proyecto para distribuir la mitad de esa plata por ley.
El mismo viernes, ante la Sociedad Rural, Javier Milei celebró que su Gobierno hizo el ajuste “bajando el gasto, no subiendo impuestos” y prometió que las retenciones desaparecerán a medida que el superávit lo permita. El informe de Analytica muestra de dónde sale ese margen.
El racconto es elocuente: menos obra pública, menos subsidios, menos transferencias a las provincias y programas sociales que desaparecen del mapa. El superávit que tanto se festeja desde el poder se construye con la motosierra sobre el interior, la energía y el transporte, mientras el relato del equilibrio se celebra sin asumir quién paga la factura. Por ahora, los números dibujan una única receta: que el costo del ajuste lo asuman las provincias, los usuarios y los trabajadores, mientras el centro festeja el resultado.
Lo que tenés que saber:
- El gasto primario cayó 5,5% real en octubre y 3,3% en el acumulado de los primeros diez meses del año.
- Las transferencias a las provincias cayeron 56,5% real en el mes y 61% en lo que va del año, el mayor recorte de la planilla.
- Los subsidios económicos se redujeron 32,6% real: 26,2% en energía y 55,8% en transporte.
- La AUH creció 2,7% real y fue la única partida social en alza, mientras las asignaciones familiares cayeron 0,6% y perdieron 4,8% de sus titulares.
- La obra pública cayó 21,4% real y la deuda flotante alcanzó los $2,9 billones (0,3% del PIB).
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