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Energía

El titular de YPF hace lobby por el RIGI y apunta contra Kicillof

Crece la polémica por el RIGI: el futuro del gas en Vaca Muerta en juego por la suspensión de la obra pública clave. Máximo Kirchner cuestionó la iniciativa que impulsa Milei y recordó que se realizaron acuerdos previos sin dicha ley.

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El Argentino Diario-Horacio Marín-Axel Kicillof.

YPF presiona para que se apruebe el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con el fin de avanzar en una iniciativa supuestamente fundamental para la explotación de gas en Vaca Muerta. Este proyecto incluye la construcción de gasoductos y una planta de licuefacción, obras suspendidas por el Gobierno de Javier Milei pero esenciales para aumentar las exportaciones de gas del país.

Horacio Marín, presidente de la petrolera estatal y ex directivo de Tecpetrol, realiza un fuerte lobby para que se apruebe la iniciativa y apuró públicamente al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmando que sin el apoyo a la ley, las inversiones no se realizarán en Bahía Blanca, sino en otra provincia.

Presión de Marín y Contexto Político

Marín vinculó la realización de las obras con la necesidad de que se apruebe la Ley Bases, cuyo debate ha generado fuertes polémicas. En sus declaraciones, el titular de YPF sostuvo: “Obviamente tienen que adherir al RIGI. Si no adhieren ya, se terminó la discusión. Si no adhiere la Provincia no hay que discutir nada, irá a la provincia que adhiera al RIGI. Es obvio, ¿Quién va a poner la plata si no?”.

El proyecto al que hace referencia Marín fue acordado entre YPF y la malaya Petronas. Se trata de obras con una inversión de 30 mil millones de dólares, aunque cabe destacar que fue firmado el 1 de septiembre de 2022 y contemplaban otro modelo de negocios, con eje en la soberanía nacional sobre los recursos estratégicos de la Argentina, mucho antes de la llegada de Javier Milei al gobierno nacional.

Proyecto de GNL y Desarrollo en Vaca Muerta

El acuerdo inicial firmado por YPF y Petronas proyecta la producción de gas natural licuado (GNL) con el objetivo de exportar grandes volúmenes. La inversión está destinada a la construcción de tres gasoductos que conectarán el yacimiento de Vaca Muerta con plantas licuadoras y una terminal portuaria para exportar 25 millones de toneladas de gas por año. Este volumen de exportación podría generar ingresos anuales de entre 15 y 20 mil millones de dólares para Argentina.

Debates sobre la Ley y Reacciones

El RIGI se encuentra en medio de una polémica legal y política. La aprobación de la Ley Bases, de la cual forma parte el RIGI, está en duda debido a cuestionamientos constitucionales. Además, la discusión en el Congreso provocó protestas, represión y detenciones, aumentando la tensión en torno a la ley.

Máximo Kirchner, diputado y líder del bloque de Unión por la Patria (UxP), cuestionó la necesidad del RIGI y recordó que acuerdos previos, como el firmado con Chevron, se realizaron bajo el decreto 929/2013 sin ningún tipo de problemas.

Posiciones de los Gobiernos Provinciales

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó su interés en trasladar el proyecto de licuefacción a Punta Colorada si Buenos Aires no apoya el RIGI. Mientras tanto, Kicillof, aunque no se pronunció directamente sobre los dichos de Marín, calificó el RIGI como “un desastre”.

Si bien el Gobierno bonaerense declaró de interés la construcción de la planta en Bahía Blanca, al considerar de gran relevancia el proyecto que ya lleva varios años de desarrollo, considera que se puede llevar adelante sin la inconstitucional iniciativa impulsada por Milei.

Posiciones de los Bloques Legislativos

El interbloque libertario en la Legislatura bonaerense, compuesto por La Libertad Avanza y Pro-Libertad, presentó un proyecto para que la provincia adhiera al RIGI. No obstante, desde Unión por la Patria argumentan que no se puede adherir a un proyecto de ley que aún no existe. Facundo Tignanelli, líder del bloque, sostuvo esta postura, mientras que Kicillof reafirmó su apoyo a la inversión en Bahía Blanca bajo las condiciones actuales.

Puntos Clave de las Obras Energéticas

  • YPF presiona por la aprobación del RIGI para un proyecto de gasoductos y planta de licuefacción en Vaca Muerta.
  • Tras la suspensión de toda la obra pública, Horacio Marín condicionó la inversión en Bahía Blanca al apoyo del gobernador Kicillof al RIGI.
  • El proyecto firmado con Petronas implica una inversión de 30 mil millones de dólares y la exportación de 25 millones de toneladas de gas anuales.
  • Máximo Kirchner cuestionó la necesidad del RIGI, recordando que acuerdos previos se realizaron sin dicha ley.
  • El gobierno de Río Negro se mostró interesado en atraer el proyecto si Buenos Aires no apoya el RIGI.
  • La Legislatura bonaerense debate sobre la adhesión al RIGI, con posiciones divididas entre libertarios y Unión por la Patria.

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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