DDHH
Proponen sancionar discursos que niegan crímenes de lesa humanidad
Una abogada presentó un proyecto de ley para punir los discursos negacionistas por constituir una afrenta para la memoria colectiva
La abogada Valeria Carreras presentó una iniciativa que busca penalizar los discursos negacionistas en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina y elevó un pedido al Colegio Público de Abogados donde requiere su «apoyo y acompañamiento».
«Le pido al Colegio de Abogados, y adjunto la presentación del proyecto de ley, que me apoyen para que de acá hasta la fecha de inicio de sesiones ordinarias del Congreso, en marzo, poder dar el debate, el tratamiento, la mejora, la modificación eventual, en los carriles del Colegio», expresó Carreras en referencia al proyecto que presentó anoche. La letrada agregó que en el mismo pedido también invita a generar «alguna suerte de debates, charlas, conferencias, talleres, de cara a instalar este tema en la sociedad».
Valeria Carreras es la impulsora de la Ley Fernando, para combatir la violencia en el rugby y los deportes de contacto y fue quien motorizó durante 2016 y 2017 la denuncia contra el traspaso de datos de Anses; quien presentó la denuncia para frenar el voto electrónico, y quien denunció al ex presidente Mauricio Macri y sus ministros por «ceder recursos soberanos».
«Los abogados nos manejamos con leyes, entonces también podemos articular la presentación de un proyecto de ley. Cuando vemos que sistemáticamente se incurre en una afrenta, no solamente a las víctimas sino a nuestra memoria colectiva, desde ese rol se me ocurre hacer la presentación al Colegio de Abogados, que somos quienes nos manejamos permanentemente con esas herramientas», detalló en torno a la presentación de este nuevo proyecto.
«Cuando vemos que sistemáticamente se incurre en una afrenta, no solamente a las víctimas sino a nuestra memoria colectiva, desde ese rol se me ocurre hacer la presentación» detalló Carreras.
El proyecto de ley busca adjudicar «responsabilidades ulteriores» y «sancionar con multa significativa» a la expresión de discursos que «nieguen, justifiquen, minimicen hagan apología o glorificación de los delitos de lesa humanidad ocurridos en Argentina en el período entre los días 24 de marzo de 1976 y el 30-10-1983 cometidos por agentes del Estado», según dice el texto presentado. Además, si el delito fuera cometido por un funcionario público, este quedaría inhabilitado de forma permanente para cumplir funciones públicas.
La abogada consideró que estando «en la puerta del 10 de diciembre, conmemorando la democracia y los derechos humanos, me parece que Argentina debe darse este debate».
La presentación de proyecto también se vio impulsada por la presencia de ciertos discursos negacionistas durante la asunción de los nuevos diputados en el Congreso el día martes, donde la representante de La Libertad Avanza, Victoria Villaruel, juró «por las víctimas del terrorismo». El pedido efectuado por Carreras al Colegio de Abogados afirmó que «seguir permitiendo que se tergiverse o suprima la memoria de un pueblo, nos empuja inevitablemente a repetirnos, algo que no podemos permitir NUNCA MAS».
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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