La abogada Valeria Carreras presentó una iniciativa que busca penalizar los discursos negacionistas en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina y elevó un pedido al Colegio Público de Abogados donde requiere su «apoyo y acompañamiento».

«Le pido al Colegio de Abogados, y adjunto la presentación del proyecto de ley, que me apoyen para que de acá hasta la fecha de inicio de sesiones ordinarias del Congreso, en marzo, poder dar el debate, el tratamiento, la mejora, la modificación eventual, en los carriles del Colegio», expresó Carreras en referencia al proyecto que presentó anoche. La letrada agregó que en el mismo pedido también invita a generar «alguna suerte de debates, charlas, conferencias, talleres, de cara a instalar este tema en la sociedad».

Valeria Carreras es la impulsora de la Ley Fernando, para combatir la violencia en el rugby y los deportes de contacto y fue quien motorizó durante 2016 y 2017 la denuncia contra el traspaso de datos de Anses; quien presentó la denuncia para frenar el voto electrónico, y quien denunció al ex presidente Mauricio Macri y sus ministros por «ceder recursos soberanos».

«Los abogados nos manejamos con leyes, entonces también podemos articular la presentación de un proyecto de ley. Cuando vemos que sistemáticamente se incurre en una afrenta, no solamente a las víctimas sino a nuestra memoria colectiva, desde ese rol se me ocurre hacer la presentación al Colegio de Abogados, que somos quienes nos manejamos permanentemente con esas herramientas», detalló en torno a la presentación de este nuevo proyecto.

«Cuando vemos que sistemáticamente se incurre en una afrenta, no solamente a las víctimas sino a nuestra memoria colectiva, desde ese rol se me ocurre hacer la presentación» detalló Carreras.

El proyecto de ley busca adjudicar «responsabilidades ulteriores» y «sancionar con multa significativa» a la expresión de discursos que «nieguen, justifiquen, minimicen hagan apología o glorificación de los delitos de lesa humanidad ocurridos en Argentina en el período entre los días 24 de marzo de 1976 y el 30-10-1983 cometidos por agentes del Estado», según dice el texto presentado. Además, si el delito fuera cometido por un funcionario público, este quedaría inhabilitado de forma permanente para cumplir funciones públicas.

La abogada consideró que estando «en la puerta del 10 de diciembre, conmemorando la democracia y los derechos humanos, me parece que Argentina debe darse este debate».

La presentación de proyecto también se vio impulsada por la presencia de ciertos discursos negacionistas durante la asunción de los nuevos diputados en el Congreso el día martes, donde la representante de La Libertad Avanza, Victoria Villaruel, juró «por las víctimas del terrorismo». El pedido efectuado por Carreras al Colegio de Abogados afirmó que «seguir permitiendo que se tergiverse o suprima la memoria de un pueblo, nos empuja inevitablemente a repetirnos, algo que no podemos permitir NUNCA MAS».