Educación
#23A: los 11 puntos clave para comprender la lucha por la educación pública
El compromiso del movimiento estudiantil y la comunidad educativa en defensa de las universidades públicas, por mantener su funcionamiento y calidad educativa en medio de la escalada inflacionaria, recortes presupuestarios y dificultades financieras, es algo que se plasmará en las calles de todo el país el próximo #23A (23 de abril).
La crisis actual de la educación pública y el conflicto por el presupuesto universitario en Argentina son producto de las ‘no’ políticas públicas y educativas del gobierno de Javier Milei.
A continuación, un detalle punto por punto sobre la situación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el resto de universidades nacionales, que tienen sin ejecutar y congelados sus presupuestos.
Recorte del Presupuesto Universitario:
- El gobierno de Javier Milei implementó recortes significativos en el presupuesto destinado a las universidades públicas en Argentina.
- La Universidad de Buenos Aires (UBA), la institución universitaria más grande del país, se encuentra en una situación crítica debido a estos recortes.
- El presupuesto prorrogado para la UBA consta de 121.000 millones de pesos (unos 140 millones de dólares según la cotización oficial), y la gran mayoría de estos recursos se destina a salarios de profesores y trabajadores no docentes.
- El presupuesto asignado para gastos de funcionamiento, en medio de una fuerte escala inflacionaria, representa un recorte real del 80%, en comparación con el año anterior.
- Esto ha llevado a dificultades para pagar facturas de servicios (electricidad, gas, agua, internet), limitaciones en el uso de ascensores e iluminación, y restricciones en el funcionamiento de bibliotecas.
Emergencia en la UBA:
- La UBA se declaró en emergencia presupuestaria debido a la crítica situación financiera generada por el Gobierno de Javier Milei.
- La inflación interanual ha alcanzado el 287,9 %, lo que agrava aún más la falta de recursos.
- La universidad enfrenta dificultades para cubrir gastos básicos como electricidad y mantenimiento de aulas y laboratorios.
Auditorías y Control de Gastos:
- El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, advirtió que, mientras Javier Milei sea presidente, el dinero destinado a las universidades se auditará.
- A pesar de que esto podría violar la autonomía universitaria, el Gobierno de Milei insiste en la idea de realizar auditorías.
- Las autoridades universitarias señalaron que las universidades nacionales ya son auditadas por la Auditoria General de la Nación (AGN), que reporta al Congreso nacional y no al Poder Ejecutivo.
Frente a ese escenario, la puja entre el movimiento estudiantil, la comunidad educativa en su conjunto y el Gobierno de Javier Milei no puede ser más tensa, principalmente, debido a los recortes presupuestarios.
En este contexto, las universidades públicas de la Argentina luchan por mantener su funcionamiento y calidad educativa, en medio de la escalera inflacionaria y las dificultades financieras, algo que se plasmará en las calles de todo el país el próximo #23A (23 de abril).
Educación
La UBA tomó Plaza de Mayo contra el ajuste y las causas por corrupción del Gobierno de Milei
La Asociación Gremial Docente reclamó en la plaza central del país la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno lleva 169 días incumpliendo pese a haber sido votada por el Congreso y avalada por la Justicia. Los salarios docentes perdieron un 35% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023.
La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) llevó este viernes sus clases al corazón del país: con una feria de ciencias en Plaza de Mayo y clases públicas frente a la Casa Rosada, los docentes universitarios reclamaron al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada el 21 de octubre de 2025 y que el Ejecutivo lleva 169 días incumpliendo.
Ilegalidad con fallo judicial incluido
La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, resumió la situación con dureza: «Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la ley, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula más de 160 días de incumplimiento. La docencia trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo», declaró la dirigente a la agencia Noticias Argentinas.
La norma, que ordena un aumento salarial del 50% equivalente a la brecha entre la inflación y los incrementos otorgados desde diciembre de 2023, fue votada al menos cuatro veces por el Congreso Nacional, incluyendo dos instancias para ratificar el rechazo al veto presidencial. La Cámara Contencioso Administrativo Federal también falló a favor de su aplicación.
De la casa de Adorni a Casa Rosada
La convocatoria de AGD-UBA definió el recorrido con una consigna que resume el estado del conflicto: de la casa del vocero presidencial Manuel Adorni a la Casa Rosada. Las actividades se extendieron entre las 10 y las 17 e incluyeron clases abiertas de diversas disciplinas y una feria de ciencias junto a docentes e investigadores de ATE Conicet.
En paralelo, los docentes mantienen cese de actividades en cada unidad académica durante toda la semana, con foco especial en el Ciclo Básico Común (CBC).
Una ley resistida desde el principio
El conflicto por el financiamiento universitario lleva más de un año de disputa institucional. Milei vetó la ley el 10 de septiembre de 2025 mediante el Decreto 651/2025. El Congreso respondió con contundencia: Diputados rechazó el veto el 17 de septiembre con 174 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones; el Senado hizo lo propio el 2 de octubre con los dos tercios necesarios para revertirlo, lo que obligaba al Ejecutivo a promulgar la norma.
A pesar de ese respaldo parlamentario y judicial, el Gobierno de La Libertad Avanza mantiene su negativa a aplicarla, en lo que los propios docentes califican como desobediencia institucional.
Puntos clave
- AGD-UBA realizó clases públicas y feria de ciencias en Plaza de Mayo el viernes 10 de abril
- El Gobierno acumula 169 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
- Los salarios docentes perdieron un 35% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023
- La ley fue votada al menos cuatro veces por el Congreso y avalada por la Justicia federal
- Los docentes mantienen cese de actividades en todas las unidades académicas, con foco en el CBC
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