Legislativo
La Coalición Cívica presentó un proyecto de para transparentar la labor de legisladores
La iniciativa establece los principios y deberes éticos que deben guiar su desempeño, las incompatibilidades, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses.
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, presentó un proyecto de ley para establecer un régimen de transparencia y supresión de honores para los diputados, senadores y personal jerárquico del Congreso de la Nación.
La iniciativa establece los principios y deberes éticos que deben guiar su desempeño, las incompatibilidades, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses.
También consigna las respectivas sanciones por su incumplimiento y la supresión de todo tipo de honores o privilegios en su calidad de representantes y funcionarios del Poder Legislativo.
Una cláusula anti nepotismo, presentación y publicación de sus declaraciones juradas patrimoniales y de intereses son los principales puntos del proyecto presentado.
Además, propone la dedicación exclusiva de los legisladores, incompatible con cualquier otra actividad privada o cargo público, con excepción de la docencia.
Respecto a la supresión de privilegios y honores, quedarían suprimidos y prohibidos “todos los privilegios o beneficios que no cumplan estrictamente una función relevante o esencial para el legislador”.
En este sentido, de aprobarse el proyecto, se suprimiría el uso de vehículos oficiales y la emisión de pasaportes oficiales, salvo para viajes oficiales con la fecha de inicio y finalización respectiva.
“Las disposiciones que proponemos tienen por objetivo una reforma profunda y no meramente mediática del Poder Legislativo. Enfrentar la corrupción y los conflictos de intereses requiere de un trabajo coordinado y responsable, no de realizar declaraciones demagógicas y promover el ataque al Poder Legislativo”, señala el proyecto de ley en sus fundamentos.
Legislativo
Discapacidad: el Senado sancionó con 71 votos la ley que reemplaza la emergencia
El Senado aprobó con 71 votos afirmativos, tras nueve horas de debate, el régimen permanente que sustituye a la Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre. La ley fija plazos para saldar deudas con prestadores, pero la discusión sobre los fondos quedó abierta.
A poco más de un mes del vencimiento de la Emergencia en Discapacidad, el Senado sancionó con 71 votos afirmativos una ley que la reemplaza por un régimen permanente, aunque la discusión sobre cómo se va a financiar quedó abierta.
La Cámara alta convirtió en ley, tras un debate de nueve horas, el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que Diputados había aprobado en octubre con más de dos tercios (237 votos afirmativos y 9 negativos). El Senado había firmado el dictamen sin cambios respecto del texto de la Cámara baja, lo que permitió la sanción definitiva.
Qué establece la nueva ley
La norma mantiene los ejes principales de la emergencia vigente, pero elimina su carácter transitorio y establece un régimen permanente. También explicita la forma de financiamiento, el motivo por el cual el oficialismo acompañó el proyecto.
Entre los puntos centrales, la ley garantiza la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la actualización de las prestaciones. Además, permite cobrar una pensión no contributiva y tener un empleo registrado, siempre que el sueldo no supere dos salarios mínimos, vitales y móviles. A los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad les reconoce el derecho a un programa médico que garantice las prestaciones básicas de la Ley 24.901.
Otro capítulo sensible es el de las deudas con los prestadores: la norma obliga a notificar un cronograma dentro de los 30 días corridos desde su entrada en vigencia y a prever el pago total dentro de los 90 días corridos para quienes completaron el trámite administrativo.
Un recorrido que empezó con un veto
La emergencia que ahora se reemplaza es la Ley 27.793, que el Congreso sancionó contra la voluntad del Gobierno. El presidente Javier Milei la vetó por completo el 4 de agosto de 2025 y el Senado rechazó el veto el 4 de septiembre de ese año, con 63 votos a favor y 7 en contra. Fue la primera vez desde 2003 que el Congreso rechazaba un veto total. Esa ley declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
El nuevo texto replica casi todo el esquema de aquella norma, pero le quita la fecha de vencimiento. El colectivo de Discapacidad recibió el proyecto con cautela, y en Diputados ocho de los nueve votos negativos fueron de Córdoba, donde organizaciones del sector reclamaron que no fueron consultadas.
La pregunta por los fondos
La senadora radical Mariana Juri advirtió que el Presupuesto 2027 debería tener previstos los fondos para la ley, aunque recordó que ese proyecto fue emitido antes de su sanción. Por eso pidió que la Cámara de Diputados incluya los recursos en el Presupuesto 2027. «No nos conformemos con sancionar esta ley», sostuvo la legisladora.
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), había anticipado que esperaban que Diputados incluyera los fondos en el presupuesto antes de enviarlo al Senado. El proyecto dispone que las partidas del Ministerio de Salud destinadas al sistema no podrán caer en términos reales respecto del ejercicio anterior. Sin esos recursos asegurados en el Presupuesto, la letra de la ley corre el riesgo de quedar en una promesa.
Lo que tenés que saber
- El Senado sancionó con 71 votos afirmativos, tras nueve horas de debate, la ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.
- La norma reemplaza a la Emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre, y establece un régimen permanente.
- Garantiza la continuidad del CUD y la actualización de las prestaciones, y permite combinar una pensión no contributiva con un empleo registrado hasta dos salarios mínimos.
- Fija 30 días corridos para notificar un cronograma de pagos a los prestadores y 90 días corridos para el pago total a quienes completaron el trámite.
- La senadora Mariana Juri pidió que Diputados incluya los fondos en el Presupuesto 2027.
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