Fiscales federales que intervinieron en causas de lesa humanidad le manifestaron al procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, su preocupación por el desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) que funcionaba en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa por decisión del titular de esa cartera, Luis Petri.

“Desde hace más de una década, los Equipos han contribuido de manera determinante en la calidad del trabajo de los Fiscales en los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”, señala la nota remitida a Casal por parte de 36 fiscales federales.

La misiva es firmada por integrantes del Ministerio Público Fiscal como Juan Murray, Adolfo Villate, Pablo Ouviña, Carlos Amat, Pablo Parenti, Cecilia Garzón, Alejandro Jorge Alagia, Diego Vigay, Martíon Palazani, Dante Vega, Carlos Gonela, Leonardo Filippini, Felix Crous, Josefina Minatta, Gabriela Obetko y Javier De Luca, entre otros.

En ese sentido, los fiscales afirman que “la documentación relevada y suministrada a la Justicia por los Equipos, el aporte a sus interpretaciones, así como el de los reglamentos, las prácticas burocráticas y la operación regular de las Fuerzas Armadas, han sido esenciales para el desarrollo de las investigaciones, fundamentar las acusaciones y las sentencias”.

“Queremos destacar el compromiso y profesionalismo de sus integrantes en la tarea asignada durante todos estos años. Los distintos informes elaborados por los Equipos de Relevamiento y Análisis del Ministerio de Defensa por pedido de los fiscales y tribunales han venido constituyendo un recurso fundamental al que necesitamos continuar recurriendo en el marco de nuestra labor como representantes del Misterio Público Fiscal en las distintas causas en la que tenemos intervención”, remarcaron.

Los funcionarios judiciales destacaron además “la frecuente convocatoria de los integrantes de estos Equipos para que declaren en calidad de expertos en muchos de los juicios orales que se sustancian” por delitos de lesa humanidad en las distintas jurisdicciones del país.

“Más allá de formar parte de otro poder del Estado, se trata de una herramienta indispensable para el desarrollo de nuestra tarea cotidiana al intervenir en esta clase de causas”, aseguraron.

Los firmantes de esta nota dirigida a Casal consideran además que la pérdida de tal instrumento estatal “redundará en desmedro irremediable para la labor judicial”.

“Especialmente, en la de los magistrados del Ministerio Público Fiscal que intervenimos en la investigación y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país”, remarcaron.

Los fiscales federales le piden al Procurador que “considere la posibilidad de transmitir esta inquietud a las autoridades competentes”, en relación a Petri, quien tomó la decisión de disolver estos equipos.

Además, los acusadores reclaman que se garantice “la continuidad como auxiliares de la Justicia, de los Equipos mencionados, sin mengua de sus capacidades y de su integración”.

Queja y reprimenda
Fuentes judiciales le confiaron que un fiscal le envió a Petri una queja por el desmantelamiento de estos equipos de investigación, lo que motivó una reprimenda de parte de Casal.

Ante esta situación, 36 fiscales con actuaciones destacadas en causas de lesa humanidad le enviaron al Procurador interino esta nota, y ante la inquietud de sus subordinados, trasladó el reclamo al Ministerio de Defensa.

A fines de marzo, Petri ordenó el desmantelamiento de los ERyA al despedir a diez de los 13 trabajadores que se desempeñaban en ese organismo.

El Equipo de Relevamiento y Análisis
El equipo fue creado en 2010, cuando se dispuso la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas relativos a la última dictadura cívico militar.

Desde su creación confeccionaron más 170 informes que fueron aportados a la instrucción de varias causas de lesa humanidad y relevaron más de 17 mil legajos relacionados con el personal militar de las tres armas que estuvieron relacionados con la represión ilegal.

En declaraciones a la prensa, el ministro justificó la decisión al considerar que este equipo de investigación era en realidad “un grupo parapolicial de persecución contra las Fuerzas Armadas”.

Organismos de derechos humanos y querellantes en causas de lesa humanidad presentaron denuncias en la Justicia y ante instancias internacionales para que se impida el desmantelamiento de estos equipos de investigación.