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Fiscales sumaron su preocupación por el desmantelamiento de las áreas clave para investigar crímenes de la dictadura

“Desde hace más de una década, los Equipos han contribuido de manera determinante en la calidad del trabajo de los Fiscales en los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”, señala la nota remitida a Casal por parte de 36 fiscales federales.

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Fiscales federales que intervinieron en causas de lesa humanidad le manifestaron al procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, su preocupación por el desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) que funcionaba en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa por decisión del titular de esa cartera, Luis Petri.

“Desde hace más de una década, los Equipos han contribuido de manera determinante en la calidad del trabajo de los Fiscales en los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”, señala la nota remitida a Casal por parte de 36 fiscales federales.

La misiva es firmada por integrantes del Ministerio Público Fiscal como Juan Murray, Adolfo Villate, Pablo Ouviña, Carlos Amat, Pablo Parenti, Cecilia Garzón, Alejandro Jorge Alagia, Diego Vigay, Martíon Palazani, Dante Vega, Carlos Gonela, Leonardo Filippini, Felix Crous, Josefina Minatta, Gabriela Obetko y Javier De Luca, entre otros.

En ese sentido, los fiscales afirman que “la documentación relevada y suministrada a la Justicia por los Equipos, el aporte a sus interpretaciones, así como el de los reglamentos, las prácticas burocráticas y la operación regular de las Fuerzas Armadas, han sido esenciales para el desarrollo de las investigaciones, fundamentar las acusaciones y las sentencias”.

“Queremos destacar el compromiso y profesionalismo de sus integrantes en la tarea asignada durante todos estos años. Los distintos informes elaborados por los Equipos de Relevamiento y Análisis del Ministerio de Defensa por pedido de los fiscales y tribunales han venido constituyendo un recurso fundamental al que necesitamos continuar recurriendo en el marco de nuestra labor como representantes del Misterio Público Fiscal en las distintas causas en la que tenemos intervención”, remarcaron.

Los funcionarios judiciales destacaron además “la frecuente convocatoria de los integrantes de estos Equipos para que declaren en calidad de expertos en muchos de los juicios orales que se sustancian” por delitos de lesa humanidad en las distintas jurisdicciones del país.

“Más allá de formar parte de otro poder del Estado, se trata de una herramienta indispensable para el desarrollo de nuestra tarea cotidiana al intervenir en esta clase de causas”, aseguraron.

Los firmantes de esta nota dirigida a Casal consideran además que la pérdida de tal instrumento estatal “redundará en desmedro irremediable para la labor judicial”.

“Especialmente, en la de los magistrados del Ministerio Público Fiscal que intervenimos en la investigación y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país”, remarcaron.

Los fiscales federales le piden al Procurador que “considere la posibilidad de transmitir esta inquietud a las autoridades competentes”, en relación a Petri, quien tomó la decisión de disolver estos equipos.

Además, los acusadores reclaman que se garantice “la continuidad como auxiliares de la Justicia, de los Equipos mencionados, sin mengua de sus capacidades y de su integración”.

Queja y reprimenda
Fuentes judiciales le confiaron que un fiscal le envió a Petri una queja por el desmantelamiento de estos equipos de investigación, lo que motivó una reprimenda de parte de Casal.

Ante esta situación, 36 fiscales con actuaciones destacadas en causas de lesa humanidad le enviaron al Procurador interino esta nota, y ante la inquietud de sus subordinados, trasladó el reclamo al Ministerio de Defensa.

A fines de marzo, Petri ordenó el desmantelamiento de los ERyA al despedir a diez de los 13 trabajadores que se desempeñaban en ese organismo.

El Equipo de Relevamiento y Análisis
El equipo fue creado en 2010, cuando se dispuso la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas relativos a la última dictadura cívico militar.

Desde su creación confeccionaron más 170 informes que fueron aportados a la instrucción de varias causas de lesa humanidad y relevaron más de 17 mil legajos relacionados con el personal militar de las tres armas que estuvieron relacionados con la represión ilegal.

En declaraciones a la prensa, el ministro justificó la decisión al considerar que este equipo de investigación era en realidad “un grupo parapolicial de persecución contra las Fuerzas Armadas”.

Organismos de derechos humanos y querellantes en causas de lesa humanidad presentaron denuncias en la Justicia y ante instancias internacionales para que se impida el desmantelamiento de estos equipos de investigación.

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Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado

El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.

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Corte Internacional de Justicia: fallo por los rohinyás

Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.

El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.

Qué dio por probado la Corte

El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.

Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.

Lo que deberá hacer Myanmar

La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.

Un techo que se rompió

El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.

El capítulo argentino

La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.

Lo que tenés que saber

  • La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
  • Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
  • Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
  • Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
  • En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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