Educación
Docentes universitarios ya paran 48 horario por pérdida salarial
La Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN) lleva adelante este miércoles y jueves una huelga nacional de 48 horas en rechazo al ajuste del Gobierno de Javier Milei sobre el sistema universitario público. El gremio acumula dos semanas de visibilización del conflicto y exige paritarias inmediatas ante una pérdida del poder adquisitivo que ya supera el 52% desde diciembre de 2023.
La FEDUN lanza un paro de 48 horas y denuncia pérdida salarial del 52%
Las universidades públicas argentinas viven otra jornada de conflicto abierto. La FEDUN, encabezada por su secretario general Daniel Ricci, ratificó en un plenario de secretarios y secretarias generales con representación de todo el país la continuidad del plan de lucha y la realización de un paro nacional de 48 horas los días 3 y 4 de junio. La medida incluye suspensión de actividades académicas, movilizaciones, clases públicas y diversas acciones de visibilización del conflicto universitario en todo el territorio nacional.
La decisión no es aislada ni sorpresiva: es el resultado de dieciséis meses consecutivos sin convocatoria a negociación paritaria por parte del Ejecutivo nacional, una omisión que el propio gremio calificó como «una decisión política que profundiza el ajuste sobre el sistema universitario».
El salario docente: por debajo de la línea de indigencia
Los datos que fundamentan el paro son contundentes y surgen de fuentes verificables. Según el Informe de Situación del Sistema Universitario, elaborado por la FEDUN en conjunto con el CIICTI, los docentes universitarios acumulan una pérdida del 52,1% de su poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, sin que el Gobierno haya convocado a una sola mesa de negociación durante ese período.
La magnitud de ese deterioro queda expuesta con una cifra que resulta difícil de soslayar: un profesor titular con dedicación simple percibió en mayo de 2026 apenas $593.355 brutos, cifra que no alcanza la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de marzo de 2026, que el INDEC ubicó en $658.011. En términos concretos, un docente universitario con años de carrera y formación acreditada cobra por debajo de la línea de indigencia.
El dato no es nuevo en su tendencia, pero sí en su crudeza. El informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), publicado en mayo de 2026, documenta que entre 2023 y 2025 la ejecución real del gasto en la partida «Desarrollo de la Educación Superior» se desplomó un 29%, cifra que se inscribe en el desmantelamiento más amplio del gasto público universitario bajo la gestión libertaria.
La Ley de Financiamiento Universitario: aprobada y ninguneada
Uno de los ejes centrales del conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso de la Nación y que el Ejecutivo resiste implementar en su totalidad. La FEDUN reclamó que esa herramienta es «central para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio y preservar la calidad educativa», abarcando recursos para actividades académicas, investigación, extensión y funcionamiento cotidiano de las instituciones.
La resistencia oficial a aplicar la ley sancionada por el Poder Legislativo no es un dato menor: implica que el Gobierno de Milei opta por el incumplimiento de una norma vigente antes que ceder posiciones en su política de ajuste fiscal sobre la educación pública.
Este conflicto se inscribe en un cuadro de deterioro estructural que nuestros propios archivos periodísticos documentaron en profundidad: desde diciembre de 2023, las transferencias a universidades registraron una caída real acumulada del 31,6% según el IIEP (UBA-CONICET), en tanto los salarios públicos en su conjunto cayeron un 29% en términos reales, de acuerdo al diagnóstico del Foro Economía y Trabajo.
Plan de lucha que no cede
La medida de fuerza de esta semana se enmarca en un proceso de movilización universitaria que arrancó en 2024 con las masivas Marchas Federales Universitarias y que, lejos de disolverse, se profundizó ante la persistencia del ajuste. El plenario de la FEDUN resolvió también la adhesión a las movilizaciones convocadas bajo la consigna «Ni Una Menos», que se realizaron esta semana en todo el país tras el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, una señal de que el gremio docente asume la intersección entre el ajuste económico y la violencia de género como parte de un mismo clima de época.
La confluencia con el movimiento feminista en el marco de un paro gremial no es retórica: refleja la composición mayoritariamente feminizada de los claustros docentes universitarios y la conciencia de que el deterioro salarial golpea con mayor fuerza a los sectores históricamente más precarizados del sistema.
Un conflicto sin respuesta del Gobierno
El Ministerio de Capital Humano no emitió convocatoria a paritarias ni respuesta pública ante el anuncio del paro. La postura oficial, que durante meses apuntó a presentar los recortes como «necesidades fiscales» exigidas por el acuerdo con el FMI, no logra ocultar la contradicción de un Gobierno que proclama defender la meritocracia mientras condena a sus docentes universitarios a cobrar salarios por debajo de la línea de indigencia.
El conflicto universitario no es el único frente abierto para la gestión Milei en materia educativa y social, pero sí uno de los más persistentes y con mayor capacidad de movilización. Mientras el paro de 48 horas se extiende por las casas de estudio de todo el país, la pregunta sin respuesta sigue siendo la misma: cuándo el Gobierno decidirá sentar a los docentes a una mesa de negociación que, por ahora, ni siquiera convocó.
Educación
Redes sociales y niños: “Que tengan libre acceso a pantallas es catastrófico”
Mientras el mundo avanza hacia restricciones legales para menores en plataformas digitales, en Argentina cuatro proyectos de ley aguardan tratamiento en el Congreso. La psicoanalista Marina Begonja advirtió que el acceso sin límites a pantallas tiene consecuencias devastadoras en la salud mental infantil y adolescente, con un incremento alarmante en las tasas de suicidio e intentos autolíticos.
El debate global sobre el impacto de las redes sociales en la infancia y la adolescencia escaló en los últimos años hasta convertirse en una agenda legislativa urgente en varios países. Australia, Francia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia y China ya establecieron prohibiciones de acceso para menores, y se espera que otros Estados se sumen en los próximos meses. En Argentina, la situación avanza a un ritmo más lento: cuatro proyectos de ley, dos en la Cámara de Diputados y otros dos en el Senado, esperan tratamiento sin que ninguno haya logrado dictamen.
En ese contexto, la psicoanalista Marina Begonja ofreció una lectura que no deja márgenes para la complacencia: «El daño que producen las redes sociales en la sociedad, especialmente en los más chicos, es enorme. La tecnología avanza más rápido que las reglamentaciones y aún el mundo no sabe cómo responder a esto, que de alguna manera debe ser regulado en lo inmediato, pero que no se debe agotar únicamente en la restricción».
Una crisis silenciosa en las guardias hospitalarias
En diálogo con NA, Begonja no habló en abstracto ni apeló a estadísticas frías. Describió una realidad que, según señaló, se vive a diario en los servicios de urgencias de los hospitales públicos: «La tasa de suicidio e intento autolítico adolescente se ha incrementado tanto que es desesperante, y los números no llegan a reflejar la realidad que se vive a diario en la guardia de los hospitales y en los casos que no llegan a consulta».
La profesional identificó los mecanismos concretos por los cuales las plataformas digitales afectan la construcción subjetiva de niños y adolescentes: «El efecto que tienen los likes sobre sus identidades, las notificaciones permanentes, el no-contacto social porque no hay encuentro real, el impacto en la sexualidad, la adoración de la imagen, la confusión que genera la Inteligencia Artificial que ya no sabemos qué es real o no, y la cultura del exceso y el consumo sin límites dañan el tejido social».

Esa dependencia, subrayó Begonja, no es accidental sino el resultado de un diseño deliberado: «No es sólo la dependencia que genera, que fueron diseñadas para eso, sino lo más grave es todo lo que no habilita. No permite el encuentro con el otro, daña rituales y la narrativa. No hay aburrimiento, es nuestro chupete digital, automáticamente recurrimos ahí donde siempre encontramos algo, una satisfacción inmediata».
El diagnóstico en las aulas: diagnósticos multiplicados, juego simbólico ausente
La psicoanalista fue especialmente contundente al describir lo que ocurre en los espacios educativos: «Que los niños tengan libre acceso a pantallas es catastrófico, el impacto social de eso será tremendo. Ya lo vemos en las aulas llenas de diagnósticos y acompañantes terapéuticos, en niños que no desarrollan juego simbólico, no saben de límites, no crean, consumen pasivamente».
Para los adolescentes, el cuadro no es menos grave: «No encuentran motivación en la vida, sino que buscan satisfacciones inmediatas y excesivas. Ese escenario lo presentan las redes sociales». La referencia al juego simbólico no es menor en términos clínicos: su ausencia en la infancia compromete el desarrollo del lenguaje, la capacidad de simbolización y la construcción de vínculos afectivos reales, pilares de la salud mental adulta.
Regulación necesaria pero no suficiente
Consultada sobre cuál debería ser la respuesta del Estado argentino, Begonja rechazó las soluciones simplistas. Para la profesional, la regulación por edades es una condición necesaria pero insuficiente si no va acompañada de políticas públicas integrales: «La problemática es muy compleja para reducirla en simplemente una restricción de redes a cierta edad. Creo que se deben diseñar políticas públicas para pensar en cómo responde el sistema educativo frente a esto, que el sistema de salud también pueda asistir a la demanda creciente en salud mental y en promover cuidados desde las casas».
La ausencia del Estado en ese diseño no es un dato menor en el contexto argentino. El gobierno de Javier Milei avanzó en 2025 con recortes reales en el presupuesto de salud y educación que, según distintos análisis, comprometieron la capacidad de respuesta de los sistemas públicos precisamente en el momento en que la demanda en salud mental juvenil alcanzaba niveles críticos. En ese escenario, trasladar la responsabilidad a las familias sin recursos institucionales de respaldo no es una política: es el abandono disfrazado de libertad.
El mundo legisla: Argentina, en pausa
La tendencia internacional es clara y se acelera. Australia prohibió el uso de redes sociales para menores de 16 años y exige verificación de edad a las plataformas bajo pena de multas millonarias. Francia aprobó legislación que restringe el acceso a menores de 15 años sin consentimiento parental verificado. En el ámbito europeo, un panel de expertos de la Unión Europea recomendó en julio pasado que los menores de 13 años solo accedan a redes bajo supervisión adulta o en contextos educativos, mientras la Comisión Europea prepara su propia propuesta legislativa.
En Argentina, los cuatro proyectos en danza no lograron aún el consenso necesario para avanzar. La demora tiene consecuencias concretas que se miden en guardias hospitalarias desbordadas, en aulas donde el juego cedió su lugar a la pantalla, y en adolescentes que, como señaló Begonja, buscan en la satisfacción inmediata digital lo que el entorno social ya no les ofrece. El costo de esa inacción lo pagan los chicos.
Puntos clave
- La psicoanalista Marina Begonja advirtió que el acceso libre de menores a pantallas y redes sociales tiene consecuencias «catastróficas» para la salud mental y el desarrollo infantil.
- Las tasas de suicidio e intento autolítico adolescente aumentaron a niveles que, según la profesional, superan lo que reflejan las estadísticas oficiales.
- Australia, Francia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia y China ya legislaron restricciones para menores en plataformas digitales.
- En Argentina, cuatro proyectos de ley sobre la materia aguardan tratamiento parlamentario sin haber alcanzado dictamen.
- Begonja reclamó políticas públicas integrales que involucren al sistema educativo y al de salud, en lugar de limitarse a restricciones por edad.
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