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A 11 años del Ni Una Menos: impulsan la Ley Ema contra la violencia digital de género
La diputada provincial Mayra Mendoza presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el proyecto de «Ley Ema», elaborado junto a Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk, la adolescente de 16 años que se quitó la vida en agosto de 2024 luego de que un compañero de colegio difundiera sin su consentimiento un video íntimo. La iniciativa busca prevenir, detectar y abordar la violencia digital en todos los niveles del sistema educativo bonaerense.
Ley Ema: la madre de una víctima de violencia digital lleva su lucha a la Legislatura bonaerense
El proyecto se presentó en vísperas del 3 de junio, día de la marcha del Ni Una Menos, en una sala colmada de estudiantes, docentes, legisladores y organizaciones feministas. La elección de la fecha no fue casual: la violencia digital de género ocupa hoy un lugar central en el debate sobre las violencias que enfrentan las mujeres y las adolescentes, y el caso de Ema Bondaruk se convirtió en el símbolo más doloroso de una urgencia que el sistema educativo aún no sabe cómo responder.
El caso que lo origina todo
Ema Bondaruk estudió en el Colegio Mariano Moreno de Longchamps, en el sur del Conurbano Bonaerense. El viernes 23 de agosto de 2024 se preparó con esmero para la foto escolar anual. Al día siguiente, sábado 24 de agosto, se quitó la vida en su casa familiar. En las horas previas, un compañero había difundido un video íntimo a través de los grupos de WhatsApp del colegio. Las imágenes se viralizaron sin posibilidad de contención. Nadie en el entorno escolar tuvo las herramientas para actuar.
Su madre, Laura Sánchez, describió la respuesta institucional con una precisión demoledora: mientras la policía aún realizaba trámites en la casa, la secretaria de la escuela la llamó por teléfono para «confirmar el rumor» de la muerte de su hija. Esa fue, según relató la propia Laura, la única contención que ofreció la institución educativa.
Qué propone la Ley Ema
La iniciativa fue construida en conjunto con la madre de Ema y con organizaciones especializadas como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales. El texto propone modificar la Ley Provincial de Educación N° 13.688 mediante la incorporación de un inciso específico que establezca la ciudadanía digital como un derecho formativo en toda la provincia.
Entre los ejes concretos del proyecto se destacan la inclusión curricular de contenidos sobre consentimiento, privacidad y derechos digitales; la obligatoriedad de formación docente continua en prevención de violencias digitales; la actualización de los protocolos escolares para garantizar el cese de la vulneración, el resguardo de la prueba digital y la no revictimización de las y los estudiantes afectados; y la incorporación de formación sobre el uso ético de la Inteligencia Artificial, incluyendo la problemática de los deepfakes y la suplantación de identidad.
«Con este proyecto, buscamos que la convivencia escolar deje de entenderse solo entre las cuatro paredes del aula», afirmó la diputada Mayra Mendoza durante la presentación. «Es urgente que nuestros pibes y pibas reciban formación sobre el uso ético de la Inteligencia Artificial y el respeto a la privacidad en las redes», agregó.
Lo virtual es real: el punto que cambia el paradigma
El argumento central del proyecto es tan simple como políticamente necesario: lo que ocurre en los entornos digitales no es una realidad separada de la vida escolar. La viralización de imágenes íntimas no es un problema de tecnología; es una forma de violencia de género que el sistema educativo tiene la responsabilidad de prevenir, detectar y abordar.
Laura Sánchez, quien participó de la presentación ante legisladores, autoridades educativas y estudiantes, lo dijo con la precisión que solo puede dar el dolor: «La vida digital no ocurre aparte de la vida real.» Y también: «La Ley Ema nace del dolor, pero se transforma en lucha y en herramientas legislativas concretas.»
La iniciativa se articula con el marco normativo existente, entre el que se destaca la Ley Olimpia, aprobada en Argentina en 2023, que reconoció la violencia digital como una modalidad específica de violencia de género. También busca avanzar hacia la denominada Ley Belén, que apunta a tipificar en el Código Penal delitos como la difusión no consentida de material íntimo, la sextorsión y los deepfakes pornográficos.
Del encuentro participaron también las diputadas provinciales Marcela Basualdo, Margarita Recalde, Micaela Olivetto y Maite Alvado, entre otros legisladores y legisladoras.
La herramienta pedagógica ya existe
Complementando el proyecto legislativo, la red de organizaciones que impulsa la Ley Ema elaboró la denominada Guía Ema, un material de acceso gratuito pensado para docentes, no docentes, familias y estudiantes. La guía propone herramientas concretas para actuar ante casos de difusión de contenido íntimo, ofrece mecanismos de acompañamiento y reparación, e incorpora información sobre las leyes nacionales e internacionales aplicables. Está disponible en las webs de Faro Digital y Gentic.
La propuesta, elaborada junto a Ley Olimpia Argentina, Defensoras Digitales de México, Fundación Encuentro por la Participación Ciudadana y la Ampliación de Derechos, y los despachos de la diputada nacional Mónica Macha y la senadora provincial Laura Clark, aborda el problema desde una perspectiva de género, vinculando la difusión no consentida de imágenes con los estereotipos y la hipersexualización de los cuerpos adolescentes.
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A dos años de la desaparición de Luciana Muñoz convocan a una marcha para reclamar su aparición con vida
Al cumplirse dos años de la desaparición de Luciana Muñoz, familiares, organizaciones y vecinos volverán a movilizarse en Neuquén para reclamar respuestas. La investigación continúa sin avances, mientras la causa permanece en la Justicia Federal y siguen vigentes las recompensas oficiales.
Al cumplirse dos años de la desaparición de Luciana Muñoz, familiares, amigos, organizaciones sociales y vecinos convocaron a una movilización en la ciudad de Neuquén para reclamar justicia y exigir avances en la investigación.
La actividad comenzará este lunes a las 16 en el Monumento a San Martín, donde habrá intervenciones artísticas y una radio abierta. Posteriormente se leerá un documento y la marcha se dirigirá hacia la Casa de Gobierno, donde familiares de la joven podrían brindar testimonios.

El reclamo por respuestas
Antes de la movilización, la Asamblea por la Aparición con Vida de Luciana Muñoz difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por la falta de novedades en la causa.
«Mientras continúa desaparecida, el Estado sigue sin dar respuestas a su familia y a toda la sociedad», señalaron, consignó NA.
Además, reclamaron: «Queremos que se destinen todos los recursos necesarios para encontrar a Luciana y desarticular las redes que hacen posible estas desapariciones».
En el mismo texto agregaron: «Seguimos denunciando la responsabilidad política del gobierno y de la Justicia neuquina por la falta de respuestas y las graves irregularidades que marcaron la investigación desde el primer día».
Una causa sin avances
Luciana Muñoz fue vista por última vez el 13 de julio de 2024 en el barrio Gran Neuquén Norte.
Actualmente permanecen vigentes dos recompensas para quienes aporten información relevante: una de 10 millones de pesos ofrecida por el Gobierno Nacional y otra de 100 millones de pesos otorgada por el Gobierno provincial.
Pese a esos ofrecimientos, la investigación continúa sin avances.

El único imputado y el pase a la Justicia Federal
En la causa solo está imputado Maximiliano Avilez, exnovio de Luciana Muñoz.
La acusación en su contra es por el delito de falso testimonio, luego de que la investigación determinara que declaró no haber estado con la joven el día de su desaparición, mientras que testigos y peritajes tecnológicos lo ubicaron en las inmediaciones de su domicilio.
En diciembre de 2025, la investigación fue derivada a la Justicia Federal tras un pedido de la querella, que sostuvo que existían elementos para analizar el caso bajo la hipótesis de una posible trata de personas.
La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Lucas Yancarelli, quien declaró la incompetencia de la Justicia Provincial y ordenó el traslado del expediente al fuero federal.
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