CABA
Larreta suma denuncias por las muertes de docentes en caba
Como contracara a la forzada presencialidad del gobierno porteño durante la segunda ola, los trabajadores de la educación fallecidos por Covid-19 desde febrero último suman doce, cuatro de ellos entre el jueves pasado y este lunes.
Los fallecimientos por coronavirus de trabajadores de la educación ocurridos durante las últimas semanas en la ciudad de Buenos Aires abrieron un frente judicial al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contra quien fue ampliada este lunes una denuncia por mantener la presencialidad en las escuelas pese a la segunda ola de contagios de la Covid-19.
La abogada Valeria Carreras amplió este lunes una denuncia penal contra Rodríguez Larreta tras la muerte de la docente auxiliar de la escuela técnica 18 Graciela Romero, el 8 de mayo último, y se sumó a la realizada la semana pasada ante el juzgado federal 10 de Julián Ercolini, luego del deceso de Silvina Flores, informaron fuentes judiciales.
En el día de la fecha, además, se conoció la muerte del docente auxiliar Daniel Bravo, quien se desempeñaba en la escuela primaria 13 del Distrito Escolar 21 y se sumó a una nómina de 12 trabajadores de la educación fallecidos por Covid-19 desde febrero último, cuatro de ellos entre el jueves pasado y este lunes.
El jueves pasado sacudió al sector docente el deceso de Silvina Flores, de 53 años, vicedirectora de una escuela porteña, por quien se realizó un emotivo abrazo a la escuela 24 del Distrito Escolar 11. Dos días después murió Graciela Romero. El impacto de estas pérdidas en la comunidad educativa profundizó la tensión y las diferencias entre el Gobierno porteño, que sostiene a rajatabla la presencialidad en el distrito, y los gremios docentes.
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) y de Ademys mantuvieron este lunes y continuarán mañana un paro actividades en la Ciudad con asambleas en los lugares de trabajo, en lo que denominaron «un duelo por los docentes que ya fallecieron como consecuencia del coronavirus».
La secretaria general de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) de CABA y Provincia de Buenos Aires, Mariana Scayola, aseguró que la situación «no da para más» en la Ciudad y responsabilizó por las muertes al jefe de Gobierno porteño.
La representante gremial dijo que «es muy difícil seguir contando compañeros y compañeras muertas», advirtió que «no hay diálogo» con Rodríguez Larreta y denunció «presiones a docentes y amenazas de pérdidas de vacantes» dirigidas a los docentes para que asistan a las aulas. «Las familias fueron obligadas a la presencialidad; nos están mandando a morir en las escuelas», sentenció Scayola.
El fin de semana último murió también por coronavirus Emilio Gutiérrez, profesor de educación física, y se sumó al triste listado que contiene a Flores (Escuela 24); Romero (Escuela Técnica 18); Sergio Nieto (Escuela Técnica 14); Ramón Juárez, (portero del Galileo Galilei); Mónica Suárez (Escuela infantil de Lugano); Sergio Vicino (Escuela Técnica 17); Marcelo Mendoza, (preceptor del CENS 62); Jorge Langone, (Escuela Técnica 13); Juan Carlos Ramírez (Escuela 21) y Marcelo Becker (Escuela Técnica 35).
Por estas muertes (registradas desde febrero y tras el inicio de clases), Rodríguez Larreta sumó durante esta jornada una ampliación de denuncia penal, además del paro activo que llevan adelante los gremios.
Para los detractores del jefe de Gobierno porteño la presencialidad escolar dispuesta en la Ciudad «va en contra» de las medidas tendientes a contener los contagios y a contramano de lo dispuesto por el Ejecutivo Nacional que estableció clases a distancia en todos los niveles educativos en zonas consideradas de ‘alarma sanitaria’, como es el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba)».

A su denuncia contra Rodríguez Larreta, la abogada Carreras sumó también un pedido para investigar a los miembros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, a raíz del tratamiento que se dio a la demanda que presentó la Ciudad contra el decreto 241 que suspendió las clases presenciales en el AMBA
La abogada aludió en la denuncia a que las trabajadoras Graciela Romero y Silvina Flores fallecieron por Covid contraído en su trabajo, en escuelas de CABA y por «la exigencia de presencialidad», según fuentes judiciales. En cuanto a los miembros de la Corte sostuvo que hubo una mala admisión del planteo del Gobierno de la Ciudad, falta de celeridad y una decisión que permitió que los educadores y educandos de la ciudad de Buenos Aires «se expongan al segundo brote del contagio».
Carreras sostuvo que la fiscalía deberá determinar si hubo una «concatenación» de hechos que llevaron a la muerte de Romero y antes a la de Flores. Desde el 21 de abril pasado, Rodríguez Larreta ya había sumado una decena de denuncias por supuestos delitos vinculados con la decisión de mantener las clases presenciales en CABA, antes de que la Corte Suprema avalara esa decisión.
Con todo, la presencialidad en los colegios podría quedar sujeta a parámetros epidemiológicos y científicos que estarán contenidos en un proyecto de ley que el Ejecutivo nacional envió hoy al Congreso Nacional, con el objetivo de unificar criterios en todo el país a la hora de tomar decisiones sanitarias.
CABA
Ciudades inteligentes sin política laboral: el vacío que dejó el congreso de intendentes en CABA
Casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes de distintas provincias se reunieron en la Usina del Arte para debatir inteligencia artificial, transformación digital y su impacto en el trabajo. Jorge Macri advirtió que la IA va a plantear ganadores y perdedores y reclamó que los gobiernos garanticen que la mayoría de la sociedad quede del lado de los beneficiados.
La primera edición de URBAN CITIES Buenos Aires 2026, el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, reunió este miércoles en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca, a representantes de casi 300 municipios y a 82 intendentes de todo el país para discutir uno de los desafíos más urgentes de la gestión pública contemporánea: cómo incorporar la inteligencia artificial a los servicios del Estado sin que esa transformación profundice las desigualdades existentes en el mercado laboral y en el acceso a la educación.
El evento fue organizado por la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del Gobierno de la Ciudad, encabezada por César Torres. La apertura estuvo a cargo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien planteó el eje político del encuentro con una frase que sintetiza la tensión de fondo: «Estamos frente a una revolución tecnológica y nuestro desafío es que la mayoría de la sociedad esté del lado de los ganadores».
La IA ya modificó el mercado laboral; la pregunta es quién paga el costo
Macri puso sobre la mesa una preocupación que los datos ya respaldan con crudeza. Un relevamiento publicado meses atrás por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), con asesoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estableció que el 67% del empleo porteño tiene algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa, con un índice de 0,353 que supera al de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Las ocupaciones más afectadas son precisamente las más numerosas del distrito: empleados administrativos, contables, de atención al público y profesionales de TIC.
En ese contexto, el jefe de Gobierno reconoció que una parte importante de quienes integran hoy el mercado laboral se formó en un mundo analógico y debe adaptarse a herramientas que cambian a una velocidad que los sistemas educativos no pueden seguir. «La IA va a plantear ganadores y perdedores», admitió, y llamó a que los gobiernos asuman ese desafío sin naturalizarlo. El planteo, sin embargo, no vino acompañado de ninguna medida concreta de protección para los sectores laborales más vulnerables a la automatización.
La tensión entre el discurso de la oportunidad tecnológica y la ausencia de políticas activas de reconversión laboral fue la que atravesó, de manera implícita, toda la jornada. Hablar de ciudades inteligentes sin debatir quién financia la transición y quién carga con sus costos es, en el mejor de los casos, una omisión; en el peor, una decisión política.
La educación, entre el discurso y la contradicción
Macri también colocó el problema educativo en el centro del debate. «En las escuelas hay chicos estudiando para trabajos que hoy no existen», afirmó, y señaló que la formación no puede concebirse como una etapa que cierra con el egreso escolar o universitario: «Necesitamos que los ciudadanos sigamos aprendiendo a lo largo de la vida».
La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, también expuso en el congreso. Su presencia tiene una lectura política específica: el gobierno de Macri incorporó el uso de inteligencia artificial como contenido obligatorio en la escuela primaria porteña, con un anexo curricular elaborado, según trascendió, con herramientas de IA generativa. La apuesta plantea preguntas abiertas sobre cómo se garantiza la equidad en el acceso a esas herramientas en un sistema educativo con brechas tecnológicas notorias entre escuelas.
Un mapa federal con lecturas cruzadas
La convocatoria tuvo un componente político que no pasó desapercibido: reunió a intendentes de distintos partidos y provincias bajo la conducción del gobierno porteño. Entre los presentes se contaron Julio Alak, intendente de La Plata; Daniel Passerini, de Córdoba; Soledad Martínez, de Vicente López; Rodrigo Aybar, de Tres de Febrero; Santiago Passaglia, de San Nicolás; Leonel Chiarella, de Venado Tuerto; y varios jefes comunales de la Patagonia y Cuyo, como Carlos Koopmann (Zapala), Bruno Pogliano (El Bolsón), Lino Yonar (Campo Quijano) y Susana Laciar (San Juan).
La presencia de Alak, intendente del principal municipio bonaerense y figura del kirchnerismo, en un evento organizado por la administración macrista no es un dato menor. Sugiere que la agenda de las ciudades inteligentes, con todo lo que implica en términos de infraestructura digital, datos ciudadanos y relación con el sector privado tecnológico, empieza a configurar un espacio de disputa política que cruza las fronteras partidarias tradicionales.
Entre los expositores también estuvieron el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el presidente de la Fundación País Abierto y Digital, Andrés Ibarra, ex funcionario macrista con vínculos en el ecosistema tecnológico, y el emprendedor Mateo Salvatto. La participación de empresas tecnológicas y startups completó un cuadro en el que el sector privado tuvo un lugar central en la definición de la agenda pública.
Qué significa ciudad inteligente y para quién
Durante el encuentro también se discutió qué significa en la práctica aplicar tecnología a la gestión municipal. Macri planteó que «una ciudad inteligente no es algo que se compra» y señaló que requiere también una ciudadanía y equipos preparados. La frase es razonable, pero evade la pregunta más incómoda: qué pasa con los municipios que no tienen los recursos, la conectividad ni el capital humano técnico para implementar esas transformaciones sin asistencia del Estado nacional o provincial.
La jornada había comenzado el martes 1 de septiembre con una sesión técnica destinada a los equipos de gobiernos locales y provinciales, donde se trabajó sobre herramientas concretas de gestión de datos, seguridad, salud y movilidad. La intención declarada es que las experiencias exitosas puedan replicarse en otros distritos. El desafío real es que esa replicación no reproduzca también las asimetrías de partida.
Puntos clave
- Casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes participaron del primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes en la Usina del Arte.
- Jorge Macri advirtió que la IA va a plantear ganadores y perdedores, sin anunciar medidas concretas de protección laboral.
- El CESBA y la OIT establecieron que el 67% del empleo porteño tiene exposición a la IA generativa, con un índice superior al de EE.UU. y Europa.
- El intendente kirchnerista de La Plata, Julio Alak, participó del evento organizado por la administración macrista.
- El congreso no incluyó propuestas concretas de reconversión laboral para los sectores más vulnerables a la automatización.
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