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Judiciales ⚖️

Atentado a Cristina: la querella insiste en la ampliación de indagatorias

Los abogados de la querella José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal llegaron ante el tribunal de apelaciones luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti rechazara el planteo que le formularon hace una semana pero les concediera la vía de la apelación para que pudieran discutirlo en la instancia superior, como pasó con otro planteos.

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La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamará ante la Cámara Federal porteña que se le amplíen las indagatorias a los acusados por el intento de magnicidio a partir de los mensajes hallados en el celular de Gabriel Carrizo quien, a criterio de esa parte, deberá ser sindicado como coautor del hecho y ya no como partícipe secundario, informaron hoy fuentes del caso.

Los abogados de la querella José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal llegaron ante el tribunal de apelaciones luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti rechazara el planteo que le formularon hace una semana pero les concediera la vía de la apelación para que pudieran discutirlo en la instancia superior, como pasó con otro planteos.

«Ante la revelación de nuevas comunicaciones extraídas del celular de Gabriel Carrizo, solicitamos que se amplíe su declaración indagatoria y que, al procesarlo, se lo sindique como coautor y no como partícipe secundario», reclamaron los abogados querellantes en referencia al dueño de la maquina de hacer copos de nieve para el que supuestamente trabajaban Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, procesados como coautores.

«A su vez, dado el contenido de los mismos mensajes, sumados a extracciones realizadas del celular de Sabag Montiel, solicitamos que se indague a Brenda Uliarte, a Fernando Sabag Montiel y a Gabriel Carrizo por la plataforma fáctica recabada hasta el momento que, además de revelarlos como coautores del delito de homicidio, muestran que operaban como una asociación ilícita», indicaron los letrados.

Los mensajes de Whatsapp, extraídos del teléfono celular del detenido y procesado Carrizo, motivaron la semana pasa una presentación de la querella en la que se señaló que el ataque del que fue víctima la exmandataria «no estaba destinado exclusivamente a matar a la vicepresidenta» sino también a «desestabilizar el sistema político y constitucional en general».

«Mi amigo intentó matar a Cristina», «Es un golpe que le dimos al gobierno» y «Esto se va a poner peor», son algunos de los mensajes que Carrizo le envió el 2 de septiembre a una persona de su confianza, cerca de las 7.40, según surge de la presentación de la querella.

En la apelación para llegar a la Cámara Federal, los abogados sostuvieron que basta con exponer el contenido de esos mensajes para notar que «el ataque estaba planificado cuidadosamente, que los atentados no se dirigirían solo contra la Vicepresidenta y que el involucramiento de Gabriel Carrizo era el de alguien que tenía competencia interna en la decisión del hecho, requisito que toda la doctrina contemporánea marca como fundamento de la coautoría».

«Al momento del procesamiento, como vimos, los mensajes atribuidos a Carrizo eran muchos menos. Cierto es que algunos ya daban la pauta de una posible coautoría, pero esta querella siempre fue respetuosa del derecho vigente y no busca ir más allá de lo que surja de la prueba. Por eso, consentimos tanto la decisión de la jueza como la de V.E., que lo procesaron como cómplice secundario. Dicho esto, lo cierto es que el nuevo cúmulo de mensajes, sumado a los ya imputados, imponen procesar a Carrizo no como cómplice sino como coautor», continuaron.

«Para empezar, el plural utilizado al hablar con ´Kevin Bargas 2´ («Recién intentamos matar a Cristina» y «No sabés que hicimos con esto») muestra su rol en la planificación y decisión al hecho. Lo mismo sucede con su referencia a que a que intentaron matar a Cristina Fernández para que el gobierno supiera ´con quienes se está metiendo´», señalaron los abogados de la querella en el escrito.

«Frases como ´no tenés idea del grupo que formé´ o ´El trabajo si se dan las cosas bien lo voy a terminar yo´ muestran una preparación conjunta. Del mismo modo, dichos tales como ´No le dio recarga´, ´Es un boludo´ prueban su detallado conocimiento del plan y de lo sucedido. Todo esto, como vimos, hace que se cumplan los requisitos para procesar a Carrizo como coautor», continuaron.

Paralelamente, señalaron que «el contenido de otros mensajes hace necesario aplicarle tanto a él como a Sabag Montiel, Uliarte y otras personas cuya intervención surja de la investigación, el agravante previsto en el artículo 41 quinquies del Código Penal», en referencia a la figura que eleva la escala penal de los delitos cometidos para aterrorizar a la población.

Ocurre que en los mensajes detectados en el celular de Carrizo se había referencia a que el ataque contra la vicepresidenta tenía por objetivo «que sepan con quien se están metiendo» y «obligar al señor presidente a que renuncie»; a la vez que se había referencia a que «si bajan a cristina, bajan a la campora, y con esto le damos un golpe terrible al gobierno».

«Con su boicot a ampliar las indagatorias, la jueza veda la posibilidad de que la elevación a juicio abarque los hechos que tiene que abarcar y sea calificada como tiene que serlo. Es que los mensajes son, obviamente, hechos. Y, como tales, deben imputarse a través de una declaración indagatoria. De esta forma, no hay ninguna otra oportunidad para esta abrir la vía para las calificaciones correctas que no sea la ampliación de indagatoria durante la instrucción», concluyeron los abogados de la querella.

Policiales 🚨

Le negaron la entrada a una fiesta, golpeó a un vecino con un matafuego y baleó a su madre

El episodio ocurrió en un edificio del barrio porteño Rodrigo Bueno. El agresor recibió tres años y tres meses de prisión efectiva, aunque también se dispuso su expulsión del país tras cumplir la mitad de la condena.

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Un hombre fue condenado a tres años y tres meses de prisión efectiva por protagonizar dos ataques violentos en el barrio Rodrigo Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires. Primero golpeó en la cabeza a un vecino con un matafuego después de que le impidieran ingresar a una fiesta privada. Días más tarde, disparó tres veces contra la madre del joven agredido, quien resultó ilesa.

La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado impulsado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 14 del Ministerio Público Fiscal porteño. La resolución fue homologada por el juez subrogante del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 23, Ricardo Baldomar.

Le prohibieron ingresar a una fiesta y atacó a un vecino con un matafuego

El primer episodio ocurrió durante una celebración privada que se desarrollaba en el salón de usos múltiples de un edificio del barrio Rodrigo Bueno.

Según la investigación, el hombre intentó ingresar al evento, pero el organizador le negó el acceso. Frente a esa situación, tomó un matafuego que se encontraba en el hall del inmueble y golpeó en la cabeza a uno de los vecinos.

La agresión provocó lesiones leves en la víctima y dio inicio a una investigación judicial para identificar al responsable.

Días después, disparó tres veces contra la madre del joven agredido

La violencia continuó días más tarde, cuando la madre del vecino atacado se cruzó con el agresor en la calle y le reclamó por las lesiones que había sufrido su hijo.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el hombre fue a buscar un arma de fuego y efectuó tres disparos contra la mujer. Pese a la gravedad del episodio, la víctima no resultó herida.

El segundo ataque quedó incorporado a la investigación como un hecho de abuso de armas.

La Justicia lo condenó a tres años y tres meses de prisión efectiva

La condena fue establecida mediante un juicio abreviado y contempló los delitos de lesiones leves, abuso de armas y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 14, conducida por Paulo Gaspani. Para identificar al responsable, los investigadores utilizaron registros audiovisuales y testimonios aportados por habitantes del barrio.

Las tareas se desarrollaron en el marco del programa Integración Barrial con la Justicia, una iniciativa del Ministerio Público Fiscal porteño que busca fortalecer el vínculo con los vecinos y abordar conflictos en el territorio.

También dispusieron su expulsión de Argentina

Otro aspecto relevante de la resolución está relacionado con la situación migratoria del condenado, de nacionalidad peruana.

El hombre tenía una orden de expulsión y una prohibición de reingreso a la Argentina por ocho años, medidas dispuestas por la Dirección Nacional de Migraciones.

Por ese motivo, también se hizo lugar al extrañamiento, una figura legal que permite expulsar del país a una persona extranjera condenada una vez que cumple la mitad de la pena de prisión impuesta.

De esta manera, además de la condena de tres años y tres meses de prisión efectiva, la resolución contempla su posterior expulsión del territorio argentino.

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