Géneros 🟣
Paridad de géneros: Lo que nos falta
Por Marina Caivano
Por Marina Caivano
A 73 años de la sanción de la Ley 13.010 de voto femenino, el Observatorio Mumalá “Mujeres, Disidencias y Derechos”, lanzó un informe en el que visibiliza los obstáculos que persisten para una plena participación política de las mujeres en nuestro país.
El Poder Ejecutivo y el Judicial se destacan por ser los ámbitos que menos permiten el acceso de mujeres a los cargos de mayor jerarquía. Del análisis del relevamiento, surge que persisten estereotipos sexistas que circunscriben a las mujeres a los cargos relacionados con el cuidado, educación o protección social.
Si bien la Ley de Paridad en el Poder Legislativo es un avance clave, “necesitamos más políticas que garanticen paridad a nivel no sólo estatal, sino en los sindicatos, empresas, universidades y demás entidades de la sociedad”, observan en el estudio de Mujeres de Matria Latinoamericana (Mumalá).
El monitoreo de la implementación de la Ley Micaela para la promoción de perspectiva de género en todos los ámbitos estatales y el cumplimiento del artículo de violencia política de la Ley 26.485, resultan imprescindibles para romper con los “techos de cristal” de la participación política.
El estudio del Observatorio explica que la “Ley de Cupos”, que en su momento significó una acción positiva, terminó siendo utilizada por las conducciones de los partidos políticos sin perspectiva de género como un “techo” más que como un “piso” para construir participación política más igualitaria.
Si hay un ámbito destacado por los obstáculos para el acceso de las mujeres a los cargos de mayor jerarquía es el Poder Ejecutivo. En la historia Argentina solo tuvimos dos presidentas mujeres: Estela Martínez y Cristina Fernández, dos períodos.
En la actualidad, si bien la vicepresidencia es un cargo del Poder Legislativo, consideraremos su función de reemplazo de la presidencia y decimos que la dupla presidencial tiene un porcentaje femenino del 50 %. Pero cuando la “lente de la lupa paritaria” de Mumalá se posa sobre las provincias observará los peores números.

«Sólo 2 mujeres gobiernan provincias, representando el 8% (incluimos a CABA). Son las provincias de Río Negro y Santa Cruz. Las vice gobernadoras son 6, de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Santa Fe, Tierra del Fuego, representan un 25%. En los Estados locales, relevando datos de 1215 municipios nos encontramos con 139 Intendentas, las mujeres representan entonces en este cargo, sobre los datos obtenidos, el 11%. En el Gabinete Nacional contamos con una presencia femenina del 20 %, 4 son las mujeres a cargo de Ministerios.», detalla el informe del observatorio.

Muy lejos de la paridad, pero con la grata presencia de mujeres conduciendo Seguridad y Justicia, ámbitos tradicionalmente ocupados por varones. También coordinan las políticas públicas de Desarrollo Territorial y Hábitat así como el recientemente creado Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Cuando se observó la composición de los gabinetes provinciales encontraron 245 Ministerios, de los cuales las mujeres conducen 70, un 28%. Es preocupante observar que en 14 provincias de nuestro país y CABA el porcentaje de participación de las mujeres en Ministerios va del 0 al 30 %.
Es un panorama similar el que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) en la composición de sus 15 comunas: 5 de ellas son dirigidas por mujeres, representando un 33%. Con respecto al Poder Judicial, se lo encontró bastante mal en el nivel nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una presencia de mujeres del 20 %, son 5 integrantes, una mujer. Cuenta con una presidencia masculina.

«En las provincias haciendo un análisis de la composición de las 24 Cortes o Tribunales de Justicia encontramos 42 mujeres sobre un total de 135 Ministros/as, es decir 31 %.», describe el detallado informe, mientras agrega que «mejoran un poco los porcentajes si consideramos las presidentas mujeres en los más jerarquizados ámbitos judiciales, representan un 37.5 %. Ellas son 9. En los porcentajes por provincia, tenemos buenos ejemplos en participación femenina como San Luis, CABA, Chaco, Misiones que superan el 50 % y otros muy malos como Chubut, Corrientes, Formosa, La Rioja, que no cuentan con mujeres en sus cortes».
DISIDENCIAS SEXUALES, TRANS, TRAVESTIS Y NO BINARIES
En cuanto a la participación de disidencias sexuales, trans, travestis y no binaries, Mumalá observó que hay nula participación y acceso a lugares de decisión o poder. Sin lugar a dudas la sanción del Cupo Laboral Trans en el Estado Nacional y en la Provincia de Buenos Aires constituyen medidas transformadoras en cuanto al acceso de sectores de la ciudadanía al trabajo en el Estado. No obstante, estas progresistas normativas deberán ser parte de una política integral de acompañamiento para la concreción de una efectiva integración de las personas trans a los espacios laborales.
Con respecto al acceso actualmente vedado de la comunidad LGBTIQ+ a la participación política y a los cargos de decisión, el informe del observatorio sugiere que, contemplando el marco jurídico internacional y la Ley de Identidad de Género, se trabaje junto a las organizaciones para diseñar propuestas que superen las barreras que hoy impiden la participación equitativa de las disidencias sexuales, trans, travestis y no binaries.
Por último, el estudio de Mumalá profundiza en el origen de la exclusión analizada, y recomienda que se generen más medidas para revertir las condiciones materiales que afectan directamente la participación en política y espacios jerárquicos a mujeres, disidencias sexuales, trans, travestis y no binaries.
Análisis
La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo
Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».
Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia
Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.
Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.
Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.
Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.
El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina
La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.
Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.
La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.
Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)
La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.
Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.
Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.
El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas
El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.
Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.
El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.
Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala
La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.
El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.
En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.
Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.
Machismo de guardapolvo blanco
Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.
La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.
Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.
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