Por Marina Caivano

A 73 años de la sanción de la Ley 13.010 de voto femenino, el Observatorio Mumalá “Mujeres, Disidencias y Derechos”, lanzó un informe en el que visibiliza los obstáculos que persisten para una plena participación política de las mujeres en nuestro país.

El Poder Ejecutivo y el Judicial se destacan por ser los ámbitos que menos permiten el acceso de mujeres a los cargos de mayor jerarquía. Del análisis del relevamiento, surge que persisten estereotipos sexistas que circunscriben a las mujeres a los cargos relacionados con el cuidado, educación o protección social.

Si bien la Ley de Paridad en el Poder Legislativo es un avance clave, “necesitamos más políticas que garanticen paridad a nivel no sólo estatal, sino en los sindicatos, empresas, universidades y demás entidades de la sociedad”, observan en el estudio de Mujeres de Matria Latinoamericana (Mumalá).

El monitoreo de la implementación de la Ley Micaela para la promoción de perspectiva de género en todos los ámbitos estatales y el cumplimiento del artículo de violencia política de la Ley 26.485, resultan imprescindibles para romper con los “techos de cristal” de la participación política.

El estudio del Observatorio explica que la “Ley de Cupos”, que en su momento significó una acción positiva, terminó siendo utilizada por las conducciones de los partidos políticos sin perspectiva de género como un “techo” más que como un “piso” para construir participación política más igualitaria.

Si hay un ámbito destacado por los obstáculos para el acceso de las mujeres a los cargos de mayor jerarquía es el Poder Ejecutivo. En la historia Argentina solo tuvimos dos presidentas mujeres: Estela Martínez y Cristina Fernández, dos períodos.

En la actualidad, si bien la vicepresidencia es un cargo del Poder Legislativo, consideraremos su función de reemplazo de la presidencia y decimos que la dupla presidencial tiene un porcentaje femenino del 50 %. Pero cuando la “lente de la lupa paritaria” de Mumalá se posa sobre las provincias observará los peores números.

«Sólo 2 mujeres gobiernan provincias, representando el 8% (incluimos a CABA). Son las provincias de Río Negro y Santa Cruz. Las vice gobernadoras son 6, de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Santa Fe, Tierra del Fuego, representan un 25%. En los Estados locales, relevando datos de 1215 municipios nos encontramos con 139 Intendentas, las mujeres representan entonces en este cargo, sobre los datos obtenidos, el 11%. En el Gabinete Nacional contamos con una presencia femenina del 20 %, 4 son las mujeres a cargo de Ministerios.», detalla el informe del observatorio.

Muy lejos de la paridad, pero con la grata presencia de mujeres conduciendo Seguridad y Justicia, ámbitos tradicionalmente ocupados por varones. También coordinan las políticas públicas de Desarrollo Territorial y Hábitat así como el recientemente creado Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Cuando se observó la composición de los gabinetes provinciales encontraron 245 Ministerios, de los cuales las mujeres conducen 70, un 28%. Es preocupante observar que en 14 provincias de nuestro país y CABA el porcentaje de participación de las mujeres en Ministerios va del 0 al 30 %.

Es un panorama similar el que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) en la composición de sus 15 comunas: 5 de ellas son dirigidas por mujeres, representando un 33%. Con respecto al Poder Judicial, se lo encontró bastante mal en el nivel nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una presencia de mujeres del 20 %, son 5 integrantes, una mujer. Cuenta con una presidencia masculina.

«En las provincias haciendo un análisis de la composición de las 24 Cortes o Tribunales de Justicia encontramos 42 mujeres sobre un total de 135 Ministros/as, es decir 31 %.», describe el detallado informe, mientras agrega que «mejoran un poco los porcentajes si consideramos las presidentas mujeres en los más jerarquizados ámbitos judiciales, representan un 37.5 %. Ellas son 9. En los porcentajes por provincia, tenemos buenos ejemplos en participación femenina como San Luis, CABA, Chaco, Misiones que superan el 50 % y otros muy malos como Chubut, Corrientes, Formosa, La Rioja, que no cuentan con mujeres en sus cortes».

DISIDENCIAS SEXUALES, TRANS, TRAVESTIS Y NO BINARIES

En cuanto a la participación de disidencias sexuales, trans, travestis y no binaries, Mumalá observó que hay nula participación y acceso a lugares de decisión o poder. Sin lugar a dudas la sanción del Cupo Laboral Trans en el Estado Nacional y en la Provincia de Buenos Aires constituyen medidas transformadoras en cuanto al acceso de sectores de la ciudadanía al trabajo en el Estado. No obstante, estas progresistas normativas deberán ser parte de una política integral de acompañamiento para la concreción de una efectiva integración de las personas trans a los espacios laborales.

Con respecto al acceso actualmente vedado de la comunidad LGBTIQ+ a la participación política y a los cargos de decisión, el informe del observatorio sugiere que, contemplando el marco jurídico internacional y la Ley de Identidad de Género, se trabaje junto a las organizaciones para diseñar propuestas que superen las barreras que hoy impiden la participación equitativa de las disidencias sexuales, trans, travestis y no binaries.

Por último, el estudio de Mumalá profundiza en el origen de la exclusión analizada, y recomienda que se generen más medidas para revertir las condiciones materiales que afectan directamente la participación en política y espacios jerárquicos a mujeres, disidencias sexuales, trans, travestis y no binaries.