Política 📢
Grabois insistió: «El atentado a Cristina no puede quedar impune»
Brenda Uliarte, vinculó en su declaración al diputado del PRO, Gerardo Milman, con pagos a «varias personas para que participaran de manifestaciones» de la organización Revolución Federal (RF).
El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, advirtió este martes que un país democrático no puede permitirse que el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quede «impune», el mismo día en que la detenida por el intento de magnicidio, Brenda Uliarte, vinculó en su declaración al diputado del PRO, Gerardo Milman, con pagos a «varias personas para que participaran de manifestaciones» de la organización Revolución Federal (RF).
«Si el atentado contra la vicepresidenta queda impune, se deja abierta una grieta que ningún país democrático puede permitirse», advirtió Grabois en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.
El ex precandidato presidencial realizó una extensa publicación en esa red social en el día que la detenida en la causa que investiga el intento de magnicidio, Brenda Uliarte, declaró haber escuchado que Milman «pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones» de la organización Revolución Federal (RF)
«Brenda Uliarte explica que el sicario (Fernando) Sabag Montiel era parte del esquema de RF. Esta organización, cuanto menos, estaba financiada por los Caputo, como consta en el expediente del (juez federal) Martínez de Giorgi; vemos que también coordinaba acciones con Milman», apuntó Grabois.
Además señaló que la organización «sigue activa en el submundo paramilitar» de la candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, con otros de sus referentes como Leonardo Sosa y Jonathan Morel «activos en redes sociales amenazando públicamente con violar y lapidar dirigentes que consideran enemigos».
«Morel y Sosa son ya parte orgánica de una fuerza institucional (LLA) que toma como símbolo al personaje de la Masacre de Texas. Si no fuera real, sería una película de terror», aseveró.
En su publicación Grabois también sostuvo que la jueza María Eugenia Capuchetti «entregó a la PSA el celular del (acusado Fernando) Sabag Montiel desde el que hablaba con la secretaria del (diputado Gerardo) Milman» en un» sobre abierto» habiéndose violado la cadena de custodia y que luego «mágicamente se borró».
«Esa misma jueza, que debería haber atravesado un jury por el manejo de la prueba, luego se negó a unificar la causa del atentado a la vicepresidenta con la causa de Revolución Federal pese a las conexiones absolutamente evidentes, en particular el rol de Milman, (la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia) Bullrich y Revolución Federal en la preparación del clima, planificación, financiamiento, ejecución y encubrimiento del atentado», subrayó.
En tanto, se refirió al spot que Bullrich publicó el pasado sábado y sostuvo que se trató de «una nueva apología al magnicidio».
«Un spot bautizando una cárcel con el nombre de la vicepresidenta. Los edificios públicos llevan nombre de personas fallecidas… qué va a poner en el próximo spot ¿una Bersa 32?», expresó Grabois.
Finalmente, aseguró que una sociedad que se pretenda «mínimamente civilizada no puede dejar pasar estas cosas» y advirtió que «no es un problema de la vicepresidenta, es un problema para la convivencia democrática, la paz, las reglas más elementales de la vida común que desde luego impactan en la vida económica y social de las grandes mayorías».
«No puede haber ningún margen para la violencia política, la proscripción, la coacción, el terrorismo de Estado, la justicia mafiosa, la apología del asesinato. No podemos naturalizar esta democracia secuestrada», completó
Política 📢
Solicitan a la UIF investigar a Adorni por lavado de dinero
La presentación fue realizada por una organización especializada en delitos económicos luego de la difusión de la declaración jurada del jefe de Gabinete. El planteo también alcanza a su esposa y solicita un análisis integral sobre bienes, movimientos y operaciones financieras.
Las claves
- El CIPCE presentó un pedido formal ante la UIF.
- La solicitud alcanza a Manuel Adorni y a Bettina Angeletti.
- La entidad pidió la apertura de un expediente de inteligencia financiera.
- El objetivo es analizar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
- También solicitó que se evalúe una eventual denuncia penal si surgen elementos suficientes.
- Entre los argumentos figuran operaciones inmobiliarias, movimientos financieros y declaraciones públicas del funcionario.
- El organismo remarcó la obligación de aplicar controles reforzados sobre Personas Políticamente Expuestas.
Solicitan una investigación financiera sobre el patrimonio de Adorni
La controversia en torno a la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentara un pedido formal ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
La organización solicitó la apertura de un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti.
Además, requirió que, en caso de surgir elementos que lo justifiquen, se evalúe la presentación de una denuncia penal por presunto lavado de activos.
Qué reclama el CIPCE ante la UIF
Según la presentación, el organismo pidió que la UIF utilice las herramientas previstas dentro de sus facultades legales para monitorear de manera exhaustiva la situación patrimonial de Adorni y Angeletti.
El planteo sostiene que ambos se encuentran alcanzados por la categoría de Personas Políticamente Expuestas (PEP), condición que implica controles específicos sobre el origen y la consistencia económica de los bienes declarados.
Entre las medidas solicitadas figura el análisis de la trazabilidad de fondos, la verificación del origen de los activos y el cruce de información con organismos estatales y entidades financieras.
Los argumentos incluidos en la presentación
Uno de los puntos señalados por el CIPCE se relaciona con la adquisición de inmuebles realizada durante los últimos años.
La organización menciona la compra de una vivienda en un barrio privado durante noviembre de 2024 y la posterior adquisición de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2025.
También incorporó observaciones vinculadas a sumas de dinero en efectivo, operaciones crediticias realizadas fuera del sistema bancario tradicional y viajes en aviones privados junto a contratistas estatales.
El impacto de las declaraciones públicas de Adorni
La presentación también hace referencia a las declaraciones brindadas recientemente por el jefe de Gabinete respecto de los ahorros familiares.
Durante una entrevista televisiva, Adorni afirmó: «Ahorramos en negro como todos los argentinos».
El CIPCE considera que esos dichos generan interrogantes vinculados a los estándares de transparencia que deben observar los funcionarios públicos y respecto del origen de los fondos involucrados.
Asimismo, recordó que el funcionario reconoció omisiones en declaraciones juradas correspondientes a años anteriores.
Operaciones inmobiliarias bajo análisis
Otro de los aspectos incluidos en el planteo está relacionado con testimonios incorporados en expedientes judiciales federales.
Según indicó la organización, algunas declaraciones sugieren que al menos una operación inmobiliaria podría no haberse escriturado por el valor efectivamente abonado.
El CIPCE sostuvo que una eventual confirmación de esa situación podría derivar en evaluaciones vinculadas a posibles maniobras de simulación patrimonial.
La referencia a la Ley de Inocencia Fiscal
La entidad también se refirió a la adhesión de Adorni y Angeletti al régimen simplificado de Ganancias previsto por la Ley de Inocencia Fiscal.
En ese sentido, señaló que dicha normativa no modifica las facultades de control de la UIF ni limita las obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de activos.
Además, recordó que las Personas Políticamente Expuestas continúan sujetas a mecanismos reforzados de supervisión.
El contexto internacional mencionado por la organización
La presentación firmada por el director ejecutivo del CIPCE, Pedro Biscay, incluyó referencias al seguimiento internacional que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la Argentina.
Según expuso la entidad, los estándares internacionales impulsan medidas orientadas a fortalecer la prevención, detección e investigación de delitos económicos vinculados con hechos de corrupción.
Por ese motivo, el organismo sostuvo que una actuación rápida y efectiva de la UIF resulta relevante en casos que involucran a funcionarios de alta jerarquía.
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