El Grupo de Puebla denunció hoy que se «intensifica la persecución y el hostigamiento» contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto de una «creciente judicialización de la política» y «pérdida de independencia e imparcialidad del Poder Judicial», por lo que llamó a la comunidad internacional a detener la «guerra por la vía judicial-mediática» a líderes populares de la región.

«A partir del año 2015 y fundamentalmente desde la asunción de Mauricio Macri como presidente en diciembre de dicho año, se abrieron más de una decena de causas judiciales contra CFK (Cristina Fernández de Kirchner). Algunas se fueron cerrando y otras siguen en pleno proceso judicial, con diferentes estados de avance», inicia el documento del Grupo de Puebla.

El espacio que agrupa a exmandatarios, presidentes en ejercicio y líderes de Iberoamérica recuerda además que «hacia finales de 2019, CFK acumulaba varios procesamientos con pedidos de prisión preventiva» y «a partir del 2020, en varias causas se comprobó su inocencia, lo que alivió parcialmente su situación judicial».

Pese a ello -denuncia el documento- «actualmente vuelve a intensificarse la persecución y el hostigamiento, dado que enfrenta instancias definitorias en la causa ‘Vialidad’. El pedido de pena que realizaron los fiscales es de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua de CFK para cargos públicos».

Al respecto, sostiene que «el rumbo que ha tomado esta causa, muestra que, sin ningún apego a la norma, se amplía la denuncia en pleno proceso judicial o se cambian las acusaciones iniciales, negando el derecho a la defensa».

«En septiembre habrá otra audiencia por la causa ‘Memorándum con Irán’; y la actual vicepresidenta tiene otras causas con trámites ante la Corte Suprema o la Cámara Federal de Casación Penal», recuerda el escrito que firman, entre otros Rafael Correa, (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) y José Luis Rodríguez Zapatero (España).

Y agrega que «según el modo en que se resuelvan, pueden aliviar o agravar el panorama de CFK a un año de la definición de las candidaturas presidenciales en Argentina».

Todo ello -indica el documento- se da en un «contexto de una creciente judicialización de la política, correspondiente con la pérdida de independencia e imparcialidad del Poder Judicial» y remarca que «la gravedad de la situación ya había sido alertada en un informe de la relatoría especial sobre independencia judicial de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, de 2019»

Asimismo, analiza que «a este rol protagónico del aparato judicial en la política, se suma el protagonismo de medios de comunicación y redes sociales dedicados a la criminalización de CFK, mediante la espectacularización de las causas y la publicación de noticias falsas».

Por último, el Grupo de Puebla llamó «a la comunidad internacional y a los organismos regionales e internacionales de Derechos Humanos para detener esta guerra por la vía judicial-mediática que no solo se vive en Argentina», sostiene y menciona «la persecución contra Correa y la Revolución Ciudadana en Ecuador, el encarcelamiento de Lula da Silva en 2018 para impedirle llegar a elecciones, como ejemplos de la sistematicidad y permanencia del lawfare en la región, con un alto impacto en la política y la justicia social».

El documento lleva las firmas de Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Irene Montero (España), Guillaume Long (Ecuador), Clara López (Colombia), Ricardo Patiño (Ecuador), Iván Cepeda (Colombia) y Carlos Ominami (Chile).

Se agregan también: Esperanza Martínez, Paraguay, Andrés Arauz (Ecuador), Aloizio Mercadante (Brasil), Ana Isabel Prera (Guatemala), Aída Garcia Naranjo (Perú), Carlos Sotelo (México), Gabriela Rivadeneira (Ecuador) y Camilo Lagos (Chile).