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Buenos Aires

Tras el veto a la emergencia en Bahía Blanca: vecinos cortaron la Ruta 3

Denuncian exclusión por no contar con medidor eléctrico, fallas en la inscripción y falta de respuesta oficial.

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Vecinos y vecinas de Ingeniero White, en el partido bonaerense de Bahía Blanca, cortaron la Ruta 3 este miércoles para reclamar el cobro del subsidio prometido tras las inundaciones que devastaron la zona el pasado 7 de marzo. A casi cuatro meses del desastre, cerca de 4.000 personas siguen sin percibir la asistencia económica, mientras el Gobierno asegura que “no hubo requerimientos sin satisfacer”.

El corte se realizó a la altura del acceso a la localidad portuaria y reunió a damnificados que exigen no sólo el pago del subsidio SUR (Suplemento Único para la Reconstrucción), sino también obras estructurales para evitar nuevas tragedias.

“Nos sentimos en una desidia y desolación total”, afirmó una vecina, que relató haber perdido todo durante la inundación. “Yo tengo hace 31 años el mismo domicilio, los papeles de la casa, el medidor, y tampoco cobré”, reclamó.

Subsidios a medias y exclusión digital

Según el Decreto 424/2025 firmado por el presidente Javier Milei, hubo 37.546 personas inscriptas para acceder al subsidio SUR. De ese total, 32.076 lo cobraron, 3.962 expedientes siguen “en evaluación” en el Ministerio de Seguridad y unos 1.500 fueron rechazados. Sin embargo, muchas de las personas excluidas denunciaron obstáculos burocráticos, fallas en la inscripción digital y requisitos arbitrarios.

“El formulario te pedía el número de medidor eléctrico. Acá hay mucha gente que vive en condiciones precarias y no tiene. Esa gente no pudo inscribirse”, explicó una de las manifestantes. Además, señalaron que la línea telefónica habilitada colapsó y dejó a cientos sin posibilidad de anotarse. “Es la gente que más lo necesita y fue la que quedó afuera”, sostuvo.

Aunque el Gobierno asegura que el sistema funcionó de forma “transparente y directa”, en Bahía Blanca se multiplican los casos de personas que cumplieron todos los requisitos y no cobraron nada. “Dicen que no aparecemos en las cuentas. En el banco te dicen que no hay depósitos. Son todas excusas”, denunció otra vecina.

Obras prometidas que no llegaron y temor a otra inundación

El reclamo en Ingeniero White no se limita al pago de los subsidios. En el fondo, lo que expresaron los vecinos fue un miedo latente a que las lluvias vuelvan a dejarlos bajo el agua. “A mí no me sirven $3 millones si me vuelvo a inundar”, dijo una mujer que vive a media cuadra de donde llegó el agua durante la última sudestada. “Estamos peleando por obras también”, enfatizó.

El gobierno nacional vetó recientemente la declaración de emergencia para Bahía Blanca, votada por el Congreso, argumentando que ya se habían girado todos los fondos. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Estado envió “200.000 millones de pesos a los damnificados”, además de “$10.000 millones al municipio”, asistencia sanitaria, financiamiento bancario y operativos de rescate.

“No vamos a permitir que se haga política con una tragedia”, justificó Adorni en conferencia de prensa. En redes sociales, sostuvo que el veto evitó “duplicar la asistencia” y acusó a “la casta política” de utilizar el drama de los vecinos como bandera partidaria.

Una grieta entre el relato oficial y la vida cotidiana

La distancia entre los anuncios de Casa Rosada y la realidad que describen los vecinos de Ingeniero White refleja un patrón repetido: ayudas que no llegan, promesas que no se cumplen y funcionarios que rechazan cualquier cuestionamiento con acusaciones políticas.

El conflicto también pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de asistencia directa, sobre todo cuando se combinan con exigencias digitales en barrios donde sobran las carencias y faltan servicios básicos.

Mientras el Gobierno nacional da por cerrado el tema, en Ingeniero White el agua aún no se fue del todo. Y la memoria de lo perdido sigue tan presente como la sensación de abandono.

Buenos Aires

Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”

El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.

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La provincia de Buenos Aires rechazó la desregulación de la VTV y mantendrá sus propios controles.

Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.

★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.

La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.

«Una herramienta de prevención que evita tragedias»

El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.

La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.

La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados

Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.

«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.

El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.

El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».

Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja

Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.

«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.

El cierre: una mención que excede lo técnico

El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.

Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».

La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
  • El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
  • El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
  • El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
  • La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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