Vecinos y vecinas de Ingeniero White, en el partido bonaerense de Bahía Blanca, cortaron la Ruta 3 este miércoles para reclamar el cobro del subsidio prometido tras las inundaciones que devastaron la zona el pasado 7 de marzo. A casi cuatro meses del desastre, cerca de 4.000 personas siguen sin percibir la asistencia económica, mientras el Gobierno asegura que “no hubo requerimientos sin satisfacer”.

El corte se realizó a la altura del acceso a la localidad portuaria y reunió a damnificados que exigen no sólo el pago del subsidio SUR (Suplemento Único para la Reconstrucción), sino también obras estructurales para evitar nuevas tragedias.

“Nos sentimos en una desidia y desolación total”, afirmó una vecina, que relató haber perdido todo durante la inundación. “Yo tengo hace 31 años el mismo domicilio, los papeles de la casa, el medidor, y tampoco cobré”, reclamó.

Subsidios a medias y exclusión digital

Según el Decreto 424/2025 firmado por el presidente Javier Milei, hubo 37.546 personas inscriptas para acceder al subsidio SUR. De ese total, 32.076 lo cobraron, 3.962 expedientes siguen “en evaluación” en el Ministerio de Seguridad y unos 1.500 fueron rechazados. Sin embargo, muchas de las personas excluidas denunciaron obstáculos burocráticos, fallas en la inscripción digital y requisitos arbitrarios.

“El formulario te pedía el número de medidor eléctrico. Acá hay mucha gente que vive en condiciones precarias y no tiene. Esa gente no pudo inscribirse”, explicó una de las manifestantes. Además, señalaron que la línea telefónica habilitada colapsó y dejó a cientos sin posibilidad de anotarse. “Es la gente que más lo necesita y fue la que quedó afuera”, sostuvo.

Aunque el Gobierno asegura que el sistema funcionó de forma “transparente y directa”, en Bahía Blanca se multiplican los casos de personas que cumplieron todos los requisitos y no cobraron nada. “Dicen que no aparecemos en las cuentas. En el banco te dicen que no hay depósitos. Son todas excusas”, denunció otra vecina.

Obras prometidas que no llegaron y temor a otra inundación

El reclamo en Ingeniero White no se limita al pago de los subsidios. En el fondo, lo que expresaron los vecinos fue un miedo latente a que las lluvias vuelvan a dejarlos bajo el agua. “A mí no me sirven $3 millones si me vuelvo a inundar”, dijo una mujer que vive a media cuadra de donde llegó el agua durante la última sudestada. “Estamos peleando por obras también”, enfatizó.

El gobierno nacional vetó recientemente la declaración de emergencia para Bahía Blanca, votada por el Congreso, argumentando que ya se habían girado todos los fondos. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Estado envió “200.000 millones de pesos a los damnificados”, además de “$10.000 millones al municipio”, asistencia sanitaria, financiamiento bancario y operativos de rescate.

“No vamos a permitir que se haga política con una tragedia”, justificó Adorni en conferencia de prensa. En redes sociales, sostuvo que el veto evitó “duplicar la asistencia” y acusó a “la casta política” de utilizar el drama de los vecinos como bandera partidaria.

Una grieta entre el relato oficial y la vida cotidiana

La distancia entre los anuncios de Casa Rosada y la realidad que describen los vecinos de Ingeniero White refleja un patrón repetido: ayudas que no llegan, promesas que no se cumplen y funcionarios que rechazan cualquier cuestionamiento con acusaciones políticas.

El conflicto también pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de asistencia directa, sobre todo cuando se combinan con exigencias digitales en barrios donde sobran las carencias y faltan servicios básicos.

Mientras el Gobierno nacional da por cerrado el tema, en Ingeniero White el agua aún no se fue del todo. Y la memoria de lo perdido sigue tan presente como la sensación de abandono.