La Resolución General 5862/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el director de ARCA, Andrés Vázquez, reglamenta el capítulo laboral de la Ley 27.802 de Modernización Laboral e inaugura una ventana de regularización que se extenderá hasta el 28 de noviembre de 2026.

El programa habilita a los empleadores del sector privado a blanquear relaciones laborales no declaradas o incorrectamente registradas iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que permanezcan vigentes al momento de la adhesión. También alcanza situaciones detectadas por fiscalizaciones laborales con deuda pendiente, incluso cuando se encuentren en disputa administrativa o judicial.

Quiénes pueden adherirse y hasta cuándo

El primer paso que deben dar los empleadores es registrar o corregir los datos de los trabajadores a través del servicio Simplificación Registral de la plataforma digital de ARCA, utilizando los códigos de modalidad de contratación 704, 705 o 706 según el tamaño de la empresa. Las herramientas para iniciar el trámite quedarán habilitadas desde el 16 de junio. Quienes tenían salarios subdeclarados deberán ingresar las diferencias en las declaraciones juradas correspondientes. La norma también aclara explícitamente que quienes hayan adherido al régimen de la Ley Bases (27.742) no podrán acogerse al PER por los mismos empleados ya regularizados en ese marco.

Las quitas: hasta el 90% para microempresas, del 70% para grandes firmas

El incentivo central del programa es la condonación parcial de los aportes y contribuciones a la seguridad social adeudados por la registración deficiente. Los porcentajes de quita varían según el tamaño de la empresa: las micro y pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro obtienen una reducción del 90%; las empresas medianas, del 80%; y las grandes firmas, del 70%. Además, la normativa condona en forma total las deudas vinculadas al Seguro de Salud, al sistema de Riesgos del Trabajo y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio de los trabajadores incorporados.

Para quienes opten por cancelar el saldo remanente en un único pago, la resolución agrega una reducción adicional del 50%. Para los que necesiten financiar el monto restante, ARCA habilitó planes de facilidades con una tasa del 1% mensual: las micro y pequeñas empresas y las entidades sin fines de lucro pueden extender el plan hasta 72 cuotas; las medianas, hasta 48; y las grandes, hasta 36.

El escenario: 43% de informalidad y una reforma laboral con impugnación judicial

El contexto en que se lanza este programa dista del optimismo oficial. Según el último informe del INDEC basado en la Encuesta Permanente de Hogares del cuarto trimestre de 2025, el 43% de las personas ocupadas en los 31 aglomerados urbanos relevañdos trabaja en condiciones informales, sin cobertura de seguridad social ni acceso pleno a derechos laborales. Según datos del organismo, más de 5,6 millones de personas trabajan sin registración, y desde el inicio de la gestión de Javier Milei la proporción de empleo informal creció 0,3 puntos porcentuales, impulsada principalmente por la pérdida de puestos asalariados registrados en el sector privado.

La propia Ley 27.802 de Modernización Laboral, que da sustento al PER, atraviesa una seria crisis de legitimidad. A pedido de la CGT, el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 a cargo del juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar que suspendió más de 80 artículos de la norma por indicios de inconstitucionalidad. Aunque esa cautelar no alcanzó directamente los artículos del blanqueo laboral, la central obrera rechazó también el decreto reglamentario publicado la semana pasada, por considerar que el Ejecutivo “pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales”.

La CGT ante la OIT: “aniquilación” de derechos

El tenso escenario llegó a la escena internacional. El cotitular de la CGT, Jorge Sola, denunció ante la Conferencia de la OIT en Ginebra “graves violaciones a los derechos laborales” y acusó al gobierno por la “demolición” de las protecciones laborales. Por su parte, Roberto Baradel, de la CTA y CTERA, denunció el deterioro de la institucionalidad y el debilitamiento de las capacidades estatales de control. Los dirigentes sindicales incluso se negaron a asistir a la recepción protocolar que ofreció el embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra, en un gesto de repudio explícito.

El debate de fondo: ¿bienestar de los trabajadores o amnistía para los patrones?

El gobierno presenta el PER como una herramienta de formalización laboral, pero la arquitectura del beneficio revela su orientación real: son los empleadores quienes acumularon la deuda al no registrar a sus trabajadores, y son ellos quienes reciben las quitas más generosas. La condonación del 90% implica que una empresa que adeuda diez años de aportes previsionales por un trabajador en negro pagará apenas el 10% de esa deuda, en hasta 72 cuotas, con una tasa mensual del 1%. El trabajador, mientras tanto, no recibió durante todo ese tiempo cobertura médica, no acumuló años para su jubilación y quedó excluido del sistema de asignaciones familiares.

El Foro Economía y Trabajo, en su reciente documento de reforma tributaria publicado el 4 de mayo de 2026, ya advirtió que el sistema impositivo y regulatorio argentino tiende sistemáticamente a trasladar las cargas sobre los sectores más vulnerables mientras protege a los sectores concentrados. El blanqueo laboral del gobierno libertario encaja con precisión en ese patrón: no es una sanción al empleador que incumplió, sino una ventaja económica para quienes ya se beneficiaron de pagar salarios sin carga social.

Lo que tienes que saber del blanqueo

• La Resolución General 5862/2026 de ARCA reglamenta el blanqueo laboral de la Ley 27.802, con plazo hasta el 28 de noviembre de 2026.
• Las condonaciones oscilan entre el 70% (grandes empresas) y el 90% (micro y pequeñas), con planes de pago a tasa del 1% mensual.
• El 43% de los trabajadores argentinos opera en la informalidad, según datos del INDEC del cuarto trimestre de 2025.
• La CGT rechazó la ley y su decreto reglamentario, y denunció al gobierno ante la OIT por “aniquilación” de derechos laborales.
• El régimen beneficia económicamente a quienes incumplieron la ley, mientras los trabajadores afectados no reciben compensación por años sin cobertura ni aportes previsionales acumulados.