Gremiales
24E: organizaciones y sindicatos ultiman detalles del paro contra el ajuste de Milei
La CGT, ambas CTA y los trabajadores de la economía popular se sumaron al «absoluto rechazo» a las decisiones de desregulación de la economía, al DNU y al proyecto de ley de «Bases» enviados por el Ejecutivo, en una medida de fuerza de 12 horas por «la quita de derechos».
La CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), los trabajadores de la economía popular (UTEP), movimientos sociales y un mosaico de multisectoriales realizarán este miércoles el primer paro en la era de Javier Milei, que será acompañado por una masiva movilización hacia el Congreso, en lo que constituirá una verdadera demostración de fuerza gremial en rechazo de las medidas económicas del Gobierno. Las tres centrales obreras y sus aliados ratificaron durante toda la semana su «absoluto rechazo» a las decisiones de desregulación de la economía, al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 y al proyecto de ley de «Bases» enviados por el Ejecutivo al Congreso.
La medida de fuerza de 12 horas, decidida hace algunas semanas por el Comité Central Confederal (CCC) de la CGT, fue declarada de forma unánime ante «el salvaje ajuste que afecta a los sectores más vulnerables y a los trabajadores y ante la quita de derechos laborales y jubilatorios», según señalaron los dirigentes de las centrales obreras. Sin embargo, los gremios del transporte garantizaron la movilidad de los ciudadanos que quieran participar en la marcha hacia el Congreso, por lo que habrá servicios hasta las 19.
La totalidad de las organizaciones confederadas adhirieron a la medida de fuerza y a la movilización frente al Parlamento, ya que «las decisiones adoptadas en solo un mes por el Gobierno afectan a un vasto sector de la sociedad», aseguró el cotitular cegetista Héctor Daer, quien junto con sus pares de la central obrera Carlos Acuña y Pablo Moyano denunció que algunos legisladores «negocian los proyectos oficiales en un hotel vecino al Congreso (Savoy) a espaldas del pueblo y en un contexto oscurantista para lograr votos».
Foto: Leandro Blanco
El Gobierno, mientras tanto, se encargó de manera rápida de aclarar a través del vocero presidencial Manuel Adorni que descontará el día de paro a todos aquellos trabajadores estatales que adhieran a la medida de fuerza, lo que provocó el rechazo de las entidades gremiales. La CGT se reunirá nuevamente el próximo lunes para delinear de forma definitiva los últimos detalles organizativos, logísticos y de preparación de la huelga y la movilización hacia el Congreso, pero existe entre los dirigentes obreros el interrogante de cómo aplicará la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ‘Protocolo Antipiquetes’, al que las centrales obreras calificaron como «inconstitucional» y ya denunciaron ante organismos mundiales.
En ese sentido, el líder del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano, desafió de plano la iniciativa de la ministra y convocó a convertir la jornada del miércoles próximo en «un nuevo y radiante 17 de Octubre», en tanto el marítimo Juan Carlos Schmid aseguró que «la marcha será contundente y muy importante», y puntualizó que «la aplicación de ese protocolo es del todo imposible e impracticable». «No se trata de una bravuconada mía ni del movimiento obrero. Pretender aplicar el ‘Protocolo Antipiquetes’ (en referencia al protocolo de Orden Públicos) desde el Ministerio de Seguridad ese día es impracticable, imposible. Quinientas mil o más personas no pueden marchar por la vereda. Es así de simple. Espero que Bullrich lo entienda de una vez, porque además se trata de ejercer el legítimo derecho constitucional a manifestarse y a protestar», dijo Schmid a Télam.
El camionero Pablo Moyano fue aún más lejos y acusó a la ministra de pretender «montar un show mediático», y señaló a esta agencia su «esperanza» de que el miércoles Bullrich «no procure provocar a los trabajadores y generar un incidente para luego acusarlos».
Foto: Victoria Gesualdi
Hugo y Pablo Moyano encabezaron el viernes último un plenario de más de 1.000 delegados en el Club Camioneros del partido bonaerense de Esteban Echeverría, en el que ratificaron el repudio a las medidas económicas y a los proyectos enviados por el Gobierno al Congreso y realzaron «la decisión de convocar a la huelga contra el ajuste». «¿Cómo es esto? Si la CGT y los gremios no hacen nada ante este feroz ataque son acusados de ser la burocracia sindical. Si salen a la calle en defensa de los derechos que se pretenden vulnerar algunos afirman que se apresuran. O sea siempre es lo mismo, tanto si hacen algo o no hacen nada. Es inexplicable», remarcó Pablo Moyano esta semana.
La incógnita a futuro es cómo continuará la relación entre las centrales obreras y el Gobierno luego de esta primera demostración de fuerza, ya que el secretario adjunto de la CGT y dirigente estatal, Andrés Rodríguez, se encargó de asegurar a esta agencia que «por el momento no hay ninguna mesa de diálogo con el Ejecutivo, y no creo que la haya». No obstante las diferencias que de forma histórica conviven en el movimiento obrero, las principales espadas sindicales se encargaron de reafirmar «la monolítica unidad gremial».
«A pesar de las diferencias existentes, estamos más juntos que nunca ante este feroz ataque contra los trabajadores y la mayoría de la sociedad. Nadie podrá introducir una cuña en el movimiento obrero. El enemigo es implacable y debe existir más unidad que nunca para torcer el rumbo al que se pretende llevar al país», afirmó Pablo Moyano. Las centrales sindicales apuestan a producir una demostración total de fuerzas ante propios y extraños, y no escatimarán esfuerzos para que la marcha sea multitudinaria.
Foto: Eliana Obregón
A tal punto el movimiento sindical apuesta a mantener y profundizar «la unidad ante el feroz ataque oficial» que para la totalidad de sus dirigentes pasó inadvertido esta semana el «resurgimiento y reaparición pública» del gastronómico Luis Barrionuevo, quien ofreció una sorpresiva conferencia de prensa en el hotel gremial propio de Mar del Plata. Barrionuevo, quien había respaldado a Javier Milei durante toda la campaña electoral y hasta le ofreció «100 mil fiscales propios» para custodiar las urnas, señaló en la ocasión que el presidente «erró el rumbo e incorporó a la casta política a su Gobierno».
Ni lerdo ni perezoso, respaldó el paro y la marcha del miércoles, le recomendó a los funcionarios de la cartera de Seguridad que «se guarden» ese día y aseguró que La Libertad Avanza (LLA) «viene por nosotros y los convenios colectivos y es inadmisible». Ningún integrante del consejo directivo de la CGT, en el que conviven varios representantes del barrionuevismo, se dio por aludido ante esos dichos y la reversión de un camino que el gastronómico había comenzado a recorrer junto con el presidente.
«La unidad es más fuerte en estos momentos. En alguna ocasión se pasarán facturas, pero no es la oportunidad. Hay que garantizar el paro y la masiva marcha porque efectivamente el Gobierno quiere aniquilar a las organizaciones gremiales y todas las conquistas obtenidas desde 1945. Eso es lo importante y no las diferencias o los caminos que algún dirigente haya emprendido de manera equivocada», dijeron voceros gremiales. La CGT apuesta al miércoles, y aguarda reacciones concretas del Gobierno y de los legisladores para analizar de forma meticulosa como diagramará el futuro inmediato.
Gremiales
El PAMI en llamas: médicos, jubilados y trabajadores se rebelaron contra el vaciamiento
El cierre del paro de 72 horas de médicos de cabecera coincidió este miércoles con una masiva concentración de jubilados y trabajadores frente a la sede central del organismo, en rechazo a los recortes que impulsa el gobierno de Javier Milei. La columna se desplazó luego hacia el Congreso en la marcha semanal del sector.
Paro y movilización en el PAMI: médicos y jubilados contra el ajuste de Milei
Los médicos y médicas de cabecera del PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), con el respaldo de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), completaron este miércoles un paro nacional de 72 horas que se extendió desde el lunes. La medida de fuerza generó la suspensión de consultas programadas, la interrupción de la emisión de recetas electrónicas y la falta de órdenes médicas. Solo se mantuvieron sin alteraciones los servicios de guardia y urgencias.
El eje del conflicto es la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el 9 de abril por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) bajo la gestión del gobierno de Milei. La normativa modificó el esquema de pagos a los médicos de cabecera: eliminó los honorarios por consulta presencial como fuente de ingreso y estableció como único pago una cápita fija de $2.100 por paciente por mes, reemplazando así el sistema mixto anterior que combinaba pago por cápita y por prestaciones realizadas.
Lejos de presentarse como un recorte, el gobierno del presidente Javier Milei definió la medida como un «ordenamiento» del sistema. Los médicos rechazaron de plano esa caracterización. Desde APPAMIA advirtieron que el cambio implica una reducción de sus ingresos de entre el 50% y el 52,5%, con estimaciones que indican que un médico que cobraba alrededor de $1.600.000 o $2.100.000 mensuales pasaría a percibir entre $800.000 y $1.400.000. «No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico», señalaron desde el gremio, según consignó MendoVoz.
El portal InfoGremiales detalló además que los médicos de cabecera se desempeñan sin relación de dependencia, con una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales, sujetos a auditorías y asumiendo de su propio bolsillo todos los costos de funcionamiento de sus consultorios. La resolución fue dictada sin renegociación contractual previa, lo que abre la posibilidad de conflictos legales, según señalaron fuentes del sector consultadas por medios especializados.
«Se están muriendo los viejos»: jubilados en la calle
Mientras se desarrollaba el cierre del paro, el Plenario de Trabajadores Jubilados encabezó este miércoles una jornada de protesta frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 11 de la mañana, bajo la lluvia y con el lema «Sin retribuciones dignas y suficientes no hay posibilidad de brindar salud de calidad», los manifestantes instalaron una olla popular y dieron una conferencia de prensa para denunciar el vaciamiento del organismo.
En su comunicado, las organizaciones de jubilados fueron contundentes: «Milei, basta de robar en PAMI. ¡Se están muriendo los viejos! No puede haber un jubilado más sin sus medicamentos, sin su atención en Salud ni sin sus insumos. Rechazamos el vaciamiento del organismo, los despidos masivos y los cierres de las clínicas y exigimos el aumento de haberes», según difundió Ambito Financiero. Además, reclamaron la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y exigieron que la conducción del PAMI sea electa, con una auditoría a cargo de trabajadores y beneficiarios.
A las 15 horas, la columna se trasladó hacia el Congreso de la Nación, en la movilización semanal que el sector realiza todos los miércoles, para reiterar el reclamo por un aumento de emergencia en todas las escalas de las jubilaciones y la restitución del 100% de cobertura en medicamentos crónicos.
El programa Remediar y una deuda que supera los 500.000 millones
El conflicto en el PAMI no se redujo al esquema de pagos a médicos. El portal El Ágora Digital y la agencia Télam informaron que el reclamo de los jubilados se enmarcar en una serie de recortes que impactan directamente sobre sus prestaciones. El más reciente fue la suspensión del programa Remediar, confirmada por el gobierno de Milei la semana pasada. Ese programa, creado hace 24 años, llegó a cubrir el 90% de las patologías frecuentes y crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias. Finalizó el 1° de abril, con una prórroga de dos meses, y será reemplazado por una cobertura de menor alcance, según informó la Dirección Nacional de Medicamentos en la última reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa).
Según reportó el portal Tiempo Argentino, la deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, lo que derivó en restricciones en clínicas y sanatorios, cupos para estudios diagnósticos y demoras de hasta cuatro meses para la asignación de turnos. En la provincia de Misiones, trabajadores denunciaron demoras en la provisión de medicamentos gratuitos y en servicios de oftalmología; ópticas de la provincia suspendieron prestaciones reclamando el pago de deudas acumuladas.
Frente a la escalada del conflicto, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas la transferencia de 150.000 millones de pesos para regularizar pagos a prestadores. Sin embargo, el monto fue considerado insuficiente por organizaciones del sector, que advierten que la crisis estructural requiere medidas de fondo y no parches coyunturales.
El Congreso presiona al Ejecutivo
La tensión también llegó al ámbito legislativo. La senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo presentó en el Senado un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique de manera urgente la situación del PAMI, en particular frente al corte de prestaciones médicas que afecta a afiliados en todo el país. En paralelo, impulsó un proyecto de declaración para expresar la preocupación del Congreso por los recortes y la falta de pago de prestaciones que, según advirtió, están dejando sin cobertura a miles de adultos mayores, con impacto especial en la provincia de Córdoba, según informó Parlamentario.
Legisladores nacionales también solicitaron que las autoridades del organismo concurran al Congreso para dar explicaciones sobre los cambios en el sistema de atención.
El ajuste sobre los jubilados, en números
El escenario que expone el conflicto en el PAMI es una radiografía del ajuste estructural impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo y respaldado por el presidente Javier Milei. El portal El Ciudadano de Rosario sintetizó el diagnóstico: con menos recursos, el sistema se debilita, crecen los problemas y el impacto vuelve a caer sobre los jubilados, quienes cada vez tienen más dificultades para acceder a la atención.
Desde APPAMIA, el plan de lucha no descarta avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si el gobierno no deroga la Resolución 1107/2026, incrementa las retribuciones y reincorpora a los profesionales cesanteados.
Puntos clave
- Los médicos de cabecera del PAMI completaron un paro nacional de 72 horas contra la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, que según APPAMIA recorta sus ingresos entre un 50% y 52,5%.
- Jubilados y trabajadores movilizaron este miércoles frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, con olla popular y conferencia de prensa, y luego marcharon al Congreso.
- El programa Remediar, que cubría el 90% de patologías crónicas frecuentes, fue suspendido por el gobierno de Milei a partir del 1° de abril.
- La deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, según Tiempo Argentino, con restricciones en clínicas, cupos para estudios y demoras de hasta cuatro meses.
- La senadora Alejandra Vigo presentó un pedido de informes en el Senado y un proyecto de declaración ante la gravedad del recorte en prestaciones para adultos mayores.
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