Gremiales
24E: organizaciones y sindicatos ultiman detalles del paro contra el ajuste de Milei
La CGT, ambas CTA y los trabajadores de la economía popular se sumaron al «absoluto rechazo» a las decisiones de desregulación de la economía, al DNU y al proyecto de ley de «Bases» enviados por el Ejecutivo, en una medida de fuerza de 12 horas por «la quita de derechos».
La CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), los trabajadores de la economía popular (UTEP), movimientos sociales y un mosaico de multisectoriales realizarán este miércoles el primer paro en la era de Javier Milei, que será acompañado por una masiva movilización hacia el Congreso, en lo que constituirá una verdadera demostración de fuerza gremial en rechazo de las medidas económicas del Gobierno. Las tres centrales obreras y sus aliados ratificaron durante toda la semana su «absoluto rechazo» a las decisiones de desregulación de la economía, al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 y al proyecto de ley de «Bases» enviados por el Ejecutivo al Congreso.
La medida de fuerza de 12 horas, decidida hace algunas semanas por el Comité Central Confederal (CCC) de la CGT, fue declarada de forma unánime ante «el salvaje ajuste que afecta a los sectores más vulnerables y a los trabajadores y ante la quita de derechos laborales y jubilatorios», según señalaron los dirigentes de las centrales obreras. Sin embargo, los gremios del transporte garantizaron la movilidad de los ciudadanos que quieran participar en la marcha hacia el Congreso, por lo que habrá servicios hasta las 19.
La totalidad de las organizaciones confederadas adhirieron a la medida de fuerza y a la movilización frente al Parlamento, ya que «las decisiones adoptadas en solo un mes por el Gobierno afectan a un vasto sector de la sociedad», aseguró el cotitular cegetista Héctor Daer, quien junto con sus pares de la central obrera Carlos Acuña y Pablo Moyano denunció que algunos legisladores «negocian los proyectos oficiales en un hotel vecino al Congreso (Savoy) a espaldas del pueblo y en un contexto oscurantista para lograr votos».
Foto: Leandro Blanco
El Gobierno, mientras tanto, se encargó de manera rápida de aclarar a través del vocero presidencial Manuel Adorni que descontará el día de paro a todos aquellos trabajadores estatales que adhieran a la medida de fuerza, lo que provocó el rechazo de las entidades gremiales. La CGT se reunirá nuevamente el próximo lunes para delinear de forma definitiva los últimos detalles organizativos, logísticos y de preparación de la huelga y la movilización hacia el Congreso, pero existe entre los dirigentes obreros el interrogante de cómo aplicará la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ‘Protocolo Antipiquetes’, al que las centrales obreras calificaron como «inconstitucional» y ya denunciaron ante organismos mundiales.
En ese sentido, el líder del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano, desafió de plano la iniciativa de la ministra y convocó a convertir la jornada del miércoles próximo en «un nuevo y radiante 17 de Octubre», en tanto el marítimo Juan Carlos Schmid aseguró que «la marcha será contundente y muy importante», y puntualizó que «la aplicación de ese protocolo es del todo imposible e impracticable». «No se trata de una bravuconada mía ni del movimiento obrero. Pretender aplicar el ‘Protocolo Antipiquetes’ (en referencia al protocolo de Orden Públicos) desde el Ministerio de Seguridad ese día es impracticable, imposible. Quinientas mil o más personas no pueden marchar por la vereda. Es así de simple. Espero que Bullrich lo entienda de una vez, porque además se trata de ejercer el legítimo derecho constitucional a manifestarse y a protestar», dijo Schmid a Télam.
El camionero Pablo Moyano fue aún más lejos y acusó a la ministra de pretender «montar un show mediático», y señaló a esta agencia su «esperanza» de que el miércoles Bullrich «no procure provocar a los trabajadores y generar un incidente para luego acusarlos».
Foto: Victoria Gesualdi
Hugo y Pablo Moyano encabezaron el viernes último un plenario de más de 1.000 delegados en el Club Camioneros del partido bonaerense de Esteban Echeverría, en el que ratificaron el repudio a las medidas económicas y a los proyectos enviados por el Gobierno al Congreso y realzaron «la decisión de convocar a la huelga contra el ajuste». «¿Cómo es esto? Si la CGT y los gremios no hacen nada ante este feroz ataque son acusados de ser la burocracia sindical. Si salen a la calle en defensa de los derechos que se pretenden vulnerar algunos afirman que se apresuran. O sea siempre es lo mismo, tanto si hacen algo o no hacen nada. Es inexplicable», remarcó Pablo Moyano esta semana.
La incógnita a futuro es cómo continuará la relación entre las centrales obreras y el Gobierno luego de esta primera demostración de fuerza, ya que el secretario adjunto de la CGT y dirigente estatal, Andrés Rodríguez, se encargó de asegurar a esta agencia que «por el momento no hay ninguna mesa de diálogo con el Ejecutivo, y no creo que la haya». No obstante las diferencias que de forma histórica conviven en el movimiento obrero, las principales espadas sindicales se encargaron de reafirmar «la monolítica unidad gremial».
«A pesar de las diferencias existentes, estamos más juntos que nunca ante este feroz ataque contra los trabajadores y la mayoría de la sociedad. Nadie podrá introducir una cuña en el movimiento obrero. El enemigo es implacable y debe existir más unidad que nunca para torcer el rumbo al que se pretende llevar al país», afirmó Pablo Moyano. Las centrales sindicales apuestan a producir una demostración total de fuerzas ante propios y extraños, y no escatimarán esfuerzos para que la marcha sea multitudinaria.
Foto: Eliana Obregón
A tal punto el movimiento sindical apuesta a mantener y profundizar «la unidad ante el feroz ataque oficial» que para la totalidad de sus dirigentes pasó inadvertido esta semana el «resurgimiento y reaparición pública» del gastronómico Luis Barrionuevo, quien ofreció una sorpresiva conferencia de prensa en el hotel gremial propio de Mar del Plata. Barrionuevo, quien había respaldado a Javier Milei durante toda la campaña electoral y hasta le ofreció «100 mil fiscales propios» para custodiar las urnas, señaló en la ocasión que el presidente «erró el rumbo e incorporó a la casta política a su Gobierno».
Ni lerdo ni perezoso, respaldó el paro y la marcha del miércoles, le recomendó a los funcionarios de la cartera de Seguridad que «se guarden» ese día y aseguró que La Libertad Avanza (LLA) «viene por nosotros y los convenios colectivos y es inadmisible». Ningún integrante del consejo directivo de la CGT, en el que conviven varios representantes del barrionuevismo, se dio por aludido ante esos dichos y la reversión de un camino que el gastronómico había comenzado a recorrer junto con el presidente.
«La unidad es más fuerte en estos momentos. En alguna ocasión se pasarán facturas, pero no es la oportunidad. Hay que garantizar el paro y la masiva marcha porque efectivamente el Gobierno quiere aniquilar a las organizaciones gremiales y todas las conquistas obtenidas desde 1945. Eso es lo importante y no las diferencias o los caminos que algún dirigente haya emprendido de manera equivocada», dijeron voceros gremiales. La CGT apuesta al miércoles, y aguarda reacciones concretas del Gobierno y de los legisladores para analizar de forma meticulosa como diagramará el futuro inmediato.
Gremiales
Escándalo por Intercargo: gremio aeronáutico presentó una denuncia penal contra Milei y Caputo
El sindicato aeronáutico cuestionó el valor fijado para la empresa estatal y apuntó contra el proceso de tasación impulsado por el Ejecutivo. La denuncia también alcanzó al ex titular del BICE, Maximiliano Voss.
Lo que tenés que saber
- APA presentó una denuncia penal por la valuación de Intercargo.
- La acusación alcanzó a Javier Milei, Luis Caputo y Maximiliano Voss.
- El gremio cuestionó que la empresa estatal fuera valuada en 45 millones de dólares.
- Según APA, Intercargo tendría activos corrientes por 55 millones y superávit superior a 20 millones.
- La denuncia menciona presuntas irregularidades en el proceso de tasación.
- El sindicato habló de una posible “estafa” vinculada a la privatización.
- APA advirtió sobre el impacto laboral para 1.500 familias.
APA denunció penalmente a Milei y Caputo por la valuación de Intercargo
La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ex titular del BICE Maximiliano Voss por presuntas irregularidades en el proceso de valuación de Intercargo.
El gremio sostuvo que el Gobierno estableció un valor “inexplicable” para la empresa estatal y advirtió sobre una posible “estafa” vinculada al avance privatizador.
La denuncia por presunta administración fraudulenta
Según el comunicado difundido por la Asociación del Personal Aeronáutico, la presentación judicial incluyó acusaciones por “defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica”.
El sindicato cuestionó especialmente que el valor base fijado para la venta de Intercargo fuera de 45 millones de dólares.
De acuerdo al planteo gremial, la compañía contaría con activos corrientes valuados en 55 millones de dólares y un superávit superior a los 20 millones.
Las críticas al mecanismo de tasación
La organización aeronáutica también apuntó contra el sistema utilizado para determinar la valuación de la empresa estatal.
“¿Por qué no lo hizo el Tribunal de Tasaciones de la Nación?”, planteó el sindicato en el documento difundido públicamente.
Además, APA sostuvo que existiría un presunto intento de “vaciamiento del patrimonio público nacional” mediante una subvaluación de Intercargo.
El conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos
La denuncia apareció en medio de un escenario de tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos del sector aeronáutico.
Desde la Asociación del Personal Aeronáutico afirmaron que continuarán con medidas de resistencia “en los tribunales, en los aeropuertos, en los puestos de trabajo y en la calle”.
El gremio también advirtió que el proceso de privatización podría afectar a unas 1.500 familias vinculadas laboralmente a la empresa.
“Intercargo no se vende, se defiende”, expresó el sindicato.
La situación de Intercargo en medio del proceso privatizador
Intercargo se encuentra en el centro de las discusiones vinculadas a las privatizaciones impulsadas por el Gobierno nacional.
La presentación judicial impulsada por APA cuestionó el valor asignado a la compañía y reclamó investigar el mecanismo utilizado para avanzar con la cotización de la firma estatal.
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