El Consejo de la Magistratura busca salir de la parálisis de ocho meses sin decisiones relevantes mientras aguarda la jura de tres de los cuatro representantes del Senado que habilitó la Corte Suprema.

El 16 de julio del año pasado fue la última vez que el Consejo logró aprobar, en un plenario, ternas de jueces para elevar al Poder Ejecutivo, en tres concursos para la justicia Civil, de Familia y de Menores.

El marco de acuerdos de aquel momento entre oficialismo y oposición no alcanzó para plantear definiciones sobre los juzgados y cámaras federales vacantes en Comodoro Py y otros puntos del país.

Desde entonces, salvo para las cuestiones administrativas y de infraestructura tecnológica, el Consejo no funciona para su principal cometido: elegir jueces para que los seleccione el Poder Ejecutivo y los refrende el Senado.

El Consejo tiene más de mil concursos terminados y en condiciones de ser votados por el plenario, si estuviera integrado en su totalidad, y no con 16 como ahora, y si el ambiente político permitiera pactos entre el oficialismo y la oposición.

La Acordada 2 del máximo tribunal del jueves pasado, denegando la jura en el Consejo al senador del oficialismo Martín Doñate, introdujo un nuevo elemento en el conflicto de poderes que tiene de rehén al organismo.

En principio, la Corte tiene que definir una fecha de jura de los tres senadores y aguardar que los legisladores juren, cuando bien podrían no hacerlo.

«Lo único ilícito acá es lo que hace la Corte, rompiendo todas las reglas de la democracia. Nuevamente recurre a un instrumento de Superintendencia como esta vergonzosa Acordada, para dejar sin efecto un acto administrativo del Senado. Más pruebas del mal desempeño», expresó apenas conocida la decisión el diputado consejero Rodolfo Tailhade.

En el Consejo, tanto los representantes de los abogados como de los jueces quieren volver a funcionar con la esperanza de que el organismo adquiera centralidad en la discusión política.

Las fuentes del Consejo hablan de «premura» para funcionar, demostrada en la circulación interna de «borradores de comisiones», a instancia principalmente del bloque de los jueces.

El plenario necesita 13 miembros para el quórum y dos tercios de los consejeros presentes para aprobar las ternas, mayorías esquivas desde que Horacio Rosatti presidió esa última reunión en julio del año pasado.

Pero el conflicto se origina en diciembre de 2021, cuando la misma Corte falla sobre el Consejo y declara «inconstitucional» su integración de 13 miembros.

Para la Corte no había «balance» en un cuerpo integrado por tres jueces, dos abogados, cuatro legisladores de la mayoría, dos de la minoría, un académico y un representante del Ejecutivo.

Y ordenó sancionar una nueva ley o volver, en un plazo de 120 días, a la integración de 20 con el presidente de la Corte; cuatro jueces; ocho legisladores (cuatro por cada cámara, dos por el oficialismo, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría); cuatro abogados; dos del sector académico y uno del Poder Ejecutivo.

El siguiente nivel en el enfrentamiento de poderes llegaría cuando el bloque oficialista decide crear «Unidad Ciudadana» y reclamar de esta manera el lugar de la segunda minoría, que la Corte anuló argumentando que era un «ardid» y que la banca correspondía al senador del Frente PRO Luis Juez.

Ante a la insistencia del Senado por Martín Doñate, la Corte decidió invocar su potestad sobre la jura de los consejeros y no tomarle juramento pero sí a María Inés Pilatti Vergara (FdT), Mariano Recalde (FdT) y Eduardo Alejandro Vischi (UCR), en fecha a confirmar.