Un ex subcomisario de la Policía Federal (PFA), su chofer y el encargado de un edificio comenzaron a ser juzgados como coautores del denominado «Robo del Milenio» en el que hace 13 años una banda de boqueteros nunca individualizada, saqueó 99 cajas de seguridad de la sucursal Congreso del Banco Macro, llevándose un botín calculado por la Justicia en entre 25 y 30 millones de dólares y jamás recuperado.

El debate comenzó el viernes pasado ante el juez Carlos Rengel Mirat, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 26 de la Capital Federal, en el edificio judicial de la calle Paraguay 1526.

La acusación está en manos de la fiscal general de juicio Diana Goral y de la auxiliar fiscal Marina Narváez.

Tres son los imputados que llegaron a este juicio en libertad, pero ninguno de ellos es alguno de los ladrones -nunca identificados-, que estuvieron dentro del banco.

Se trata del ex subcomisario de la PFA Marcelo Amarilla, en aquel momento segundo jefe de la por entonces comisaría 5ta. de Congreso; su chofer y también policía, el excabo Omar Mikic; y Rolando Pedro Quiroga Pardo, quien se desempeñaba como encargado del Instituto Argentino de Seguridad e Higiene, edificio lindero desde donde los boqueteros ingresaron al banco.

La imputación para los tres es la de ser coautores de un «robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda», delito que prevé una pena de tres a diez años de cárcel, aunque en el caso de los policías, por haber pertenecido a una fuerza de seguridad, la escala penal aumenta un tercio, con una mínima de cuatro años y una máxima que supera los 12.

Según fuentes judiciales, la hipótesis que intentará probar la fiscal Goral en el debate es que los policías Amarilla y Mikic «liberaron la zona» y le dieron cobertura a la banda desde el exterior.

En el caso del portero Quiroga Pardo, se le imputa haber «facilitado el acceso» de la banda al edificio donde trabajaba para que hagan el boquete, y luego fingir que había sido tomado como rehén junto a su hijo, que también estuvo imputado en la causa pero luego quedó sobreseído, y a un joven en situación de calle al que los ladrones cuando huyeron, le arrojaron un fajo con unos 5.000 dólares que quedaron tirados en una escalera.

El caso se conoce como «El Robo del Milenio» porque emulando a los autores del denominado «Robo del Siglo» al Banco Río de Acassuso ocurrido en 2006, en este hecho los ladrones también dejaron una frase burlona para los investigadores: «No será el del siglo, pero es el del milenium» (sic).

Según el requerimiento de elevación a juicio, que fue formulado por el fiscal de instrucción Eduardo Rosende, sucesor en la causa de la fiscal original, Viviana Fein, el hecho se inició cerca de las 22 del sábado 6 de marzo en la sucursal del Banco Macro de la avenida Callao 264, a poco más de dos cuadras del Congreso de la Nación, y terminó a las 7.17 del domingo 7, cuando se activó la alarma.

Unas 256 cajas de seguridad fueron violentadas, pero solo 99 cofres fueron saqueados por los delincuentes, que se apoderaron de dinero en efectivo, joyas, lingotes de oro, documentos y otros valores.

Una fuente judicial aseguró que teniendo en cuenta no solo el efectivo, sino también el valor de las joyas y otros objetos, el botín fue calculado en «entre 25 y 30 millones de dólares», de los cuales nunca se recuperó nada.

Para la fiscalía algunos integrantes de la banda ingresaron primero a la sede del Instituto de Seguridad e Higiene, sito en Callao 262, donde trabaja como encargado Quiroga Pardo, y de ahí se dirigieron a la sala de docentes del primer piso, desde donde realizaron un primer boquete en el suelo, perforando el techo de la planta baja de la sucursal bancaria.

La banda contaba con al menos un integrante especialista en alarmas, que logró «puentear» los dispositivos para que no se activaran e inutilizar la sirena.

Luego, con los rostros cubiertos con pasamontañas y desviando el enfoque de las cámaras de seguridad, se trasladaron al subsuelo del banco.

Allí, luego de sortear algunas puertas, hicieron otro boquete que les permitió el ingreso a la bóveda, donde violentaron las cajas de seguridad y huyeron con el botín.

En cuanto a Amarilla y Mikic, la fiscalía sostiene en su requerimiento que se descubrió que le brindaron cobertura a la banda a partir de los entrecruzamientos de llamados y de un video clave que los filmó durante la madrugada del robo y la mañana y la tarde siguientes, en un garaje situado en la calle Sarmiento y Riobamba, con el equipo HT de frecuencia policial.

«Durante la ejecución del plan su condición de policías les daba un acabado conocimiento de la zona y la posibilidad de percatarse de una eventual intervención policial», dice la acusación.

Y agrega: «Mientras se violentaban las cajas de seguridad, los coencausados aguardaban próximos al banco, pese a que se encontraban franco de servicio y residían en las localidades de Florencio Varela y Merlo, con el objeto de brindar apoyo exterior, al menos mediante la utilización del aparato que permitía escuchar las modulaciones policiales de la jurisdicción».

Incluso, en los videos se observa que los dos policías llegan con bolsas que se cree podían contener parte del botín y en otro momento se dan «un abrazo», algo que el fiscal Rosende interpretó en su requerimiento como un festejo por «el fin y el éxito de la faena delictiva».

En sus indagatorias durante la instrucción, Amarilla y Mikic explicaron que esa noche fueron primero a cenar junto a sus esposas a una pizzería y luego a un pool de Congreso porque como policías de la zona no les cobraban; y que estuvieron de madrugada en el garaje porque la esposa del cabo se sintió mal y la llevaron a que se recueste en el auto.

Luego, Amarilla contó que fue a un hotel alojamiento con su mujer y Mikic que llevó a la suya a su casa, aunque a la mañana siguiente ambos regresaron al mismo estacionamiento, el cabo porque hacía tareas de custodia para un empresario de la cuadra y el subcomisario porque le habían notificado el robo al banco.

La fiscalía calificó el relato de los acusados de «burdo, grotesco, sencillamente increíble».

A su vez, tomó como un «indicio de peso» contra Amarilla el hecho de que al mes siguiente al robo, adquirió una propiedad en Merlo.

Según las fuentes, en la primera audiencia del juicio, Amarilla y Mikic se negaron a declarar, pero avisaron que lo harán más adelante.

En cuanto al encargado del edificio, Quiroga Pardo, sí declaró y mantuvo su postura de que nunca estuvo relacionado al robo y que fue víctima de la banda y tomado de rehén, cuando bajó a abrirle al repartidor de una pizza que había pedido.

Está prevista la declaración de 22 testigos y las audiencias se harán todos los viernes.