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La soberanía según Villarruel y la visión de Quirno: dos discursos, un Gobierno y el 65% de los argentinos en el medio

La vicepresidenta publicó un homenaje al Libertador y citó su legado de soberanía nacional, pero una encuesta de Zuban-Córdoba revela que el 65,7% de los argentinos considera que esos valores están ausentes en las decisiones del Gobierno de Milei. La contradicción se profundiza por las propias declaraciones del canciller Pablo Quirno, quien definió a la soberanía como «un discurso anticuado».

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Villarruel homenajeó a San Martín, mientras una encuesta reveló que el 66% cree que el Gobierno no defiende la soberanía.

A 176 años del fallecimiento del general José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó este lunes un extenso mensaje en sus redes sociales reivindicando la figura del Libertador. Lo definió como «un militar de raza» y sostuvo que dejó como enseñanza que «la libertad no se negocia, se conquista con disciplina y valor». El cierre del mensaje fue elocuente: «Su ejemplo es el norte de los argentinos que no se arrodillan y que defienden la soberanía nacional todos los días», escribió, antes de concluir con un «¡Gloria y honor al Gran Capitán!»

El homenaje llegó apenas días después de que Villarruel recorriera Venado Tuerto, donde participó de una exposición rural y reclamó públicamente al presidente Javier Milei que se eliminen las retenciones al campo y a la industria, marcando una nueva diferencia visible dentro del espacio oficialista.

El canciller y la soberanía «anticuada»

El homenaje de Villarruel al Libertador contrasta de manera incómoda con la posición pública del canciller Pablo Quirno, quien días atrás generó una encendida polémica al declarar, durante una entrevista, que «la soberanía es un discurso que para nosotros es anticuado». La frase fue pronunciada en el marco de la discusión sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa del Gobierno que incluía cláusulas sobre extranjerización de tierras y que finalmente debió retirar esa parte del texto por falta de consensos en el Senado.

La declaración del canciller encendió alertas en sectores de la oposición y también entre actores del propio espacio oficialista, que durante años construyeron su identidad política alrededor de la defensa de la libertad y de lo nacional. Que la soberanía sea «un concepto anticuado» para el titular de Cancillería no es un dato menor: implica una orientación geopolítica precisa, alineada con una lógica de apertura irrestricta que los propios datos electorales y de opinión pública desmienten como mayoritaria.

La encuesta que desmiente el relato

Una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban-Córdoba entre el 8 y el 10 de agosto, sobre un universo de 1.200 casos en todo el país, con un margen de error de +/- 2,83% y un nivel de confianza del 95%, aporta el dato más contundente del debate: el 65,7% de los argentinos considera que la soberanía nacional y la defensa de la patria están menos presentes en las posturas y decisiones del Gobierno nacional. Solo el 21% cree que el Ejecutivo les da mayor lugar, el 11,3% opina que la situación se mantiene igual y el 2% no supo o no quiso responder.

El relevamiento también consultó sobre la percepción ciudadana de esos valores en la sociedad en general, donde los números son distintos: el 54,1% de los argentinos considera que la idea de soberanía nacional está más presente en la sociedad que antes; el 25,8% cree que se mantiene igual; el 17,3% opina que perdió terreno. Adicionalmente, el 66,7% se expresó en desacuerdo con la frase del canciller Quirno sobre la soberanía como discurso «anticuado».

Los cruces demográficos del sondeo revelan que la valoración de la soberanía como concepto vigente aumenta con la edad: entre los mayores de 60 años, el 59% percibe que esos valores están más presentes en la sociedad, contra el 48,7% entre los jóvenes de 16 a 30 años. La brecha de género también es significativa: las mujeres encabezan la percepción positiva con un 59,8%, frente al 47,3% entre los hombres.

El Padre de la Patria como campo de batalla simbólico

En su publicación, Villarruel repasó los hitos militares de San Martín con detalle: la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, el bautismo de fuego en el combate de San Lorenzo, la organización del Ejército de los Andes desde Mendoza, el Cruce de la Cordillera en 1817 y las victorias de Chacabuco y Maipú, que abrieron el camino hacia la independencia de Chile y el avance sobre Perú. Sostuvo que esas victorias «no fueron producto del azar, sino de la estrategia militar y del compromiso de los soldados» que protagonizaron las campañas.

Lo que el mensaje omite, sin embargo, es la brecha profunda entre el legado que Villarruel evoca y las políticas concretas del gobierno del que forma parte. San Martín cruzó los Andes para liberar naciones; el canciller del mismo gobierno considera «anticuado» el concepto que motivó ese cruce. La contradicción no es retórica: es política y tiene consecuencias sobre cómo Argentina se posiciona ante el mundo, negocia su deuda, cede o defiende sus recursos estratégicos.

La postal del 17 de agosto de 2026 es, en ese sentido, reveladora: una vicepresidenta que homenajea a San Martín con citas sobre soberanía, y un Gobierno cuyo propio canciller acaba de declarar que ese valor pertenece al pasado. Entre esos dos polos, el 65,7% de los argentinos eligió dónde pararse.

Puntos clave

  • Victoria Villarruel publicó un homenaje a San Martín destacando su legado de soberanía nacional a 176 años de su muerte.
  • El canciller Pablo Quirno declaró días antes que «la soberanía es un discurso anticuado», en el marco del debate por el proyecto de extranjerización de tierras.
  • Una encuesta de Zuban-Córdoba (1.200 casos, 8-10 de agosto) reveló que el 65,7% de los argentinos cree que la soberanía y la defensa de la patria están menos presentes en las decisiones del Gobierno.
  • El 66,7% de los encuestados rechazó la frase de Quirno sobre la soberanía como concepto «anticuado».
  • El 54,1% considera que la soberanía nacional está más presente en la sociedad, pero solo el 21% cree que el Gobierno la prioriza.

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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