Política 📢
Bullrich endurece la política migratoria: «Los extranjeros van a tener que pagar»
Las nuevas medidas incluyen el cobro obligatorio en salud y educación para no residentes.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció hoy una serie de cambios en la política migratoria argentina, que incluyen nuevos aranceles para extranjeros en servicios de salud y educación. «Las deportaciones se hicieron imposibles, hay extranjeros que vienen, se operan y se van», señaló la funcionaria en declaraciones a Radio Rivadavia, en referencia a lo que considera un abuso del sistema público.
Bullrich explicó que el endurecimiento se basa en el principio de reciprocidad: «Van a tener que pagar como en otros países», agregó, defendiendo las modificaciones como una forma de proteger los recursos nacionales y fomentar un tratamiento igualitario para los ciudadanos argentinos.
Principales cambios en la política migratoria
El Gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, anunció una serie de medidas que buscan restringir y controlar el ingreso de inmigrantes al país. Entre las principales disposiciones se destacan:
- Expulsión inmediata de inmigrantes con condenas judiciales vigentes.
- Revocación de permisos de residencia a quienes hayan falseado información al ingresar al país.
- Cobro obligatorio de servicios públicos de salud y educación para extranjeros no residentes.
- Requisitos más estrictos para la solicitud de residencia permanente y ciudadanía argentina.
Según Adorni, estas políticas apuntan a garantizar un uso más equitativo de los recursos públicos y disuadir la migración irregular: «Argentina no puede ser un país donde las leyes se incumplen sin consecuencias», declaró.
Críticas y apoyo
Las medidas generaron fuertes críticas desde sectores opositores y organizaciones de derechos humanos, que señalaron un posible impacto negativo en la integración de las comunidades migrantes. Sin embargo, Bullrich y otros funcionarios del Gobierno defendieron el cambio como necesario para «ordenar» el sistema migratorio y evitar abusos.
Por su parte, asociaciones civiles vinculadas a comunidades extranjeras advirtieron que las disposiciones podrían afectar el acceso a derechos básicos y fomentar discriminación hacia los migrantes. A nivel político, la oposición calificó la medida de «populismo punitivo».
Investigación 🔎
Causa $Libra: la oposición denuncia “impunidad” por la parálisis de la investigación y apunta contra Casal
Cuatro diputados opositores le exigieron al Procurador General Eduardo Casal que provea con carácter urgente las herramientas tecnológicas necesarias para que la Unidad Especial de Investigación de Ciberdelincuencia pueda continuar rastreando el dinero del escándalo cripto que involucra al presidente Milei.
Diputados opositores denuncian que la UFECI no tiene herramientas para investigar la causa $Libra
★ Cuatro legisladores nacionales de la oposición enviaron una nota formal al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para exigirle que garantice de manera «urgente» la continuidad de la investigación judicial del caso $Libra. Los firmantes, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino, todos integrantes de la comisión investigadora del caso, advirtieron que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) enfrenta una parálisis de hecho por falta de recursos tecnológicos.
Según trasciende de fuentes parlamentarias, la UFECI habría informado que se encuentra imposibilitada de cumplir determinadas medidas de análisis y trazabilidad de activos virtuales requeridas en el marco de la investigación, por carecer de las herramientas tecnológicas y licencias informáticas necesarias. La limitación afectaría directamente la capacidad de reconstruir el recorrido de los fondos involucrados y de analizar las billeteras virtuales identificadas en la causa.
Una investigación que involucra al Presidente
En la nota dirigida a Casal, los diputados subrayaron que «ninguna limitación tecnológica o administrativa debe impedir el desarrollo de medidas probatorias relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados» y solicitaron al procurador que arbitre «los medios y recursos necesarios para proveer a la UFECI de las herramientas requeridas para el cumplimiento de las tareas encomendadas por el fiscal interviniente».
El tono político de la denuncia fue directo. A través de su cuenta en la red social X, Ferraro sostuvo: «Si se frena la investigación por falta de recursos, eso es impunidad». Para el legislador de la Coalición Cívica, resulta «inadmisible» que la pesquisa judicial pueda verse frenada por carencias de infraestructura, «sobre todo, teniendo en cuenta que se investiga al Presidente y es la causa judicial de mayor trascendencia institucional del país».
La calificación de Ferraro no es menor: la causa $Libra es la investigación penal más sensible que atraviesa la gestión Javier Milei, dado que el propio mandatario fue identificado como promotor del token cripto que, según la acusación, fue utilizado en una maniobra de tipo pump and dump que perjudicó a miles de inversores. La causa tramita en el fuero federal y es considerada, por su proyección institucional, sin precedentes en la historia judicial argentina reciente.
Recursos escasos para una causa incómoda
El planteo de los legisladores abre un interrogante que la oposición no deja caer: ¿es la falta de recursos una limitación genuina o una forma de ralentizar deliberadamente una investigación incómoda para el Gobierno? Ferraro fue contundente al respecto: «La falta de medios no puede convertirse en una excusa para paralizar una causa ni en un obstáculo para conocer la verdad y denegar justicia».
El escándalo $Libra, que estalló en febrero de 2025 cuando el propio Milei difundió el token desde sus redes sociales para luego borrarlo abruptamente, derivó en la caída estrepitosa del activo cripto y en pérdidas millonarias para los inversores que compraron en el pico de la promoción oficial. La investigación judicial apunta a reconstruir quién se benefició con las ganancias obtenidas antes del derrumbe, razón por la cual el análisis de las billeteras virtuales y la trazabilidad de los fondos resultan centrales para el avance del expediente.
La UFECI, creada precisamente para investigar este tipo de delitos de alta complejidad tecnológica, requiere herramientas de análisis de blockchain y licencias de software especializado para cumplir con las diligencias ordenadas por el fiscal interviniente. Que esas herramientas no estén disponibles, en una causa de esta envergadura, es lo que los legisladores denuncian como una anomalía inaceptable.
Antecedentes de una causa que el Gobierno quiso enterrar
La causa $Libra tiene una historia de obstrucciones y dilaciones que la oposición viene documentando. Desde que el escándalo se hizo público, el entorno presidencial intentó minimizar la responsabilidad de Milei, argumentando que el mandatario solo «difundió» el proyecto sin conocer sus implicancias. Esa versión fue cuestionada por la investigación judicial, que avanzó sobre la estructura financiera detrás del lanzamiento del token.
El reclamo al procurador Casal se inscribe, además, en un contexto más amplio de tensiones institucionales. El Ministerio Público Fiscal, cuya autonomía de gestión es clave para garantizar que la investigación no se vea interferida por presiones políticas, es ahora interpelado directamente por legisladores opositores que advierten que la causa más importante del país no puede naufragar por una carencia logística que el propio Estado debe resolver.
Puntos clave:
- Cuatro diputados opositores reclamaron al Procurador Casal que dote a la UFECI de herramientas tecnológicas para continuar la causa $Libra.
- Según trascendidos parlamentarios, la unidad especializada no cuenta con las licencias informáticas para analizar billeteras virtuales y rastrear los fondos del escándalo cripto.
- El diputado Ferraro calificó la situación como «impunidad» y advirtió que se investiga al Presidente de la Nación.
- La causa $Libra es considerada la investigación judicial de mayor trascendencia institucional del país.
- La oposición denuncia que la falta de recursos puede convertirse en un mecanismo de facto para paralizar la investigación.
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