Lo que tenés que saber

• Amnistía Internacional registró 2.557 personas heridas entre 2024 y 2025
• En 2025 las detenciones crecieron un 77% respecto del año anterior
• Se documentaron lesiones graves por balas de goma y gases lacrimógenos
• Al menos 184 trabajadores de prensa sufrieron agresiones durante coberturas
• ONU y CIDH emitieron advertencias formales al Estado argentino

Dos años del Protocolo Antipiquetes

Al cumplirse dos años de la entrada en vigencia del Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, Amnistía Internacional presentó un informe que describe un escenario de “una escalada de represión” frente a la protesta social en Argentina. La norma, establecida por la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, tipifica como delito las manifestaciones que afecten la circulación y habilita desalojos y detenciones sin orden judicial.

El relevamiento documentó 2.557 personas heridas durante 2024 y 2025 por el uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad.

Heridos y detenciones en aumento

Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria citados por Amnistía Internacional:

• En 2024 se registraron 1.216 personas heridas y 93 detenciones
• En 2025 las cifras ascendieron a 1.341 heridos y al menos 165 detenidos

El incremento interanual de las detenciones alcanzó el 77%. Las lesiones relevadas incluyeron impactos de balas de goma en cabeza y rostro, gases lacrimógenos y pimienta, golpes con bastón y episodios de violencia física.

El informe identificó cuatro casos de impactos en los ojos con consecuencias permanentes. Entre ellos, Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo el 12 de marzo de 2025 tras recibir un disparo de arma cinética de un agente de la Prefectura Naval durante una movilización de apoyo a jubilados. En noviembre de 2025, Rodrigo Troncoso denunció la pérdida de su ojo izquierdo por una bala de goma en una protesta cerca del Congreso.

El impacto sobre la prensa

El Protocolo Antipiquetes también afectó el ejercicio del periodismo. Amnistía Internacional registró al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa lesionados durante coberturas de protestas, además de detenciones arbitrarias.

El informe describe un efecto silenciador producto del uso de balas de goma, gases y agresiones físicas, junto con restricciones al trabajo periodístico que obligaron a cronistas a utilizar equipamiento de protección.

El caso más grave documentado corresponde al fotógrafo Pablo Grillo, herido el 12 de marzo de 2025 mientras cubría una marcha de jubilados. Recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, sufrió fractura expuesta de cráneo y permaneció internado en estado crítico. La Justicia identificó y procesó al gendarme que efectuó el disparo a partir de material del Mapa de la Policía.

Respuestas oficiales y alertas internacionales

Ante pedidos de acceso a la información pública, el Ministerio de Seguridad informó la apertura de solo dos sumarios administrativos por uso desproporcionado de la fuerza. Uno, vinculado a los hechos del 12 de marzo de 2025 en el Congreso, cerró sin sanciones.

La preocupación se extendió a organismos internacionales. El 23 de enero de 2024, tres Relatorías Especiales de la ONU alertaron al Estado argentino sobre las implicancias de la Resolución 943/2023. La CIDH exhortó a respetar los derechos de reunión y asociación pacífica y pidió investigar los hechos del 12 de marzo de 2025.

El 12 de mayo de 2025, Relatorías de la ONU advirtieron un deterioro del espacio cívico desde diciembre de 2023. El 28 de noviembre de 2025, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó preocupación por el Protocolo, señaló lesiones graves por armas menos letales y reclamó investigaciones independientes y adecuación a estándares internacionales.

Acciones judiciales en curso

Amnistía Internacional calificó la escalada represiva como “innegable” y afirmó que la violencia estatal se naturalizó. “Su aplicación opera como un mecanismo de intimidación y disciplinamiento destinado a desalentar y silenciar la participación social”, sostuvo Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

La organización integra una acción de amparo que solicita la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes y espera que la evidencia presentada sea considerada por la Justicia.