Trabajo
Trabajadores de Granja Tres Arroyos cobran sueldos en cuotas y alertan por cierre
Seis meses de pagos en cuotas y el desmantelamiento de Becar profundizan la preocupación por el empleo y la economía familiar en la región.
Lo que tenés que saber
- Trabajadores de Granja Tres Arroyos reciben sueldos quincenales en cuatro cuotas
- La práctica se mantiene desde hace seis meses y genera fuerte incertidumbre
- La planta Becar en Colonia Elía está cerrada y siendo desmantelada
- Retiro voluntario de empleados ofrece montos menores a la indemnización legal
- El grupo Tres Arroyos emplea menos de 1.000 personas en toda la región
Sueldos en cuotas y tensión laboral
La incertidumbre persiste entre los empleados de Granja Tres Arroyos. El delegado gremial Sergio Vereda confirmó que la última quincena se depositó en cuatro cuotas, modalidad que se mantiene desde hace seis meses y que interrumpe la tranquilidad económica de las familias del sector avícola en Concepción del Uruguay.
“La luz no se paga en cuotas, la comida tampoco. Uno tiene obligaciones y hay familias detrás esperando tranquilidad”, afirmó Vereda, señalando que el esquema de cobro escalonado afecta seriamente la vida diaria de los trabajadores.
Cierre y desmantelamiento de Becar
La situación se agrava con la planta Becar, ubicada en Colonia Elía. “Becar está totalmente cerrada y la están desmantelando. Se llevaron máquinas, herramientas, sillas, todo. No vemos ningún futuro para esa planta”, declaró Vereda. En sus mejores años, Becar empleaba a más de 500 personas; actualmente, todo el grupo Tres Arroyos no alcanza los 1.000 trabajadores en la región.
Retiro voluntario y adaptación de los empleados
Alrededor de 270 empleados dejaron la compañía en los últimos meses, muchos de ellos iniciando emprendimientos propios como despensas, kioscos o servicios de remis. Los retiros voluntarios ofrecidos por la empresa no cubren montos completos de indemnización, lo que aumenta la preocupación por la estabilidad laboral.
Panorama general del grupo Tres Arroyos
El delegado explicó que la problemática de pagos en cuotas no se limita a la planta de Concepción del Uruguay, sino que se repite en otras plantas del grupo a nivel nacional. Factores externos como la caída del precio del pollo, problemas de exportación y competencia de productos brasileños complican la situación, pero la raíz se encuentra en una “mala organización interna de la empresa”.
Gremiales
El Gobierno fijó el salario mínimo por decreto: subirá escalonado de $383.800 a $437.000 hasta abril de 2027
Sin acuerdo en el Consejo del Salario, el Ejecutivo volvió a actuar de manera unilateral y estableció aumentos escalonados que llevarán el piso salarial de $383.800 en septiembre a $437.000 en abril del año próximo, una suba de apenas $60.400 en ocho meses que profundiza la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023.
La Resolución 4/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial estableció los nuevos valores del Salario Mínimo Vital y Móvil con aumentos escalonados desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027. La medida fue firmada por Claudia Silvana Testa, presidente alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y llega como consecuencia directa del fracaso de las negociaciones del 28 de agosto, cuando los representantes sindicales y empresariales no lograron consenso en la sesión plenaria.
El texto oficial reconoció que en esa instancia se presentaron propuestas de ambas partes pero que, «luego de un extenso intercambio de opiniones, no se logró alcanzar un acuerdo». La brecha entre posiciones era elocuente: la CGT reclamaba un piso de $911.000, mientras los representantes empresariales ofrecieron $400.000, apenas por encima del mínimo entonces vigente de $376.600.
Un ajuste de laboratorio que no llega a los bolsillos
La escalera fijada por el Ejecutivo contempla subas mensuales de entre $7.200 y $7.400 pesos, un goteo que resulta irrisorio frente a la dinámica de precios de los últimos meses. Los nuevos valores mensuales y por hora quedan establecidos de la siguiente manera: septiembre de 2026, $383.800 ($1.919 la hora); octubre, $391.200 ($1.956); noviembre, $398.800 ($1.994); diciembre, $406.400 ($2.032); enero de 2027, $414.200 ($2.071); febrero, $422.000 ($2.110); marzo, $429.600 ($2.148); y abril, $437.000 ($2.185).
La escala rige para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y el conjunto de entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleador.
El dato que el Gobierno prefiere no destacar lo aporta el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET): entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el SMVM real acumuló una caída del 40,5%. Los aumentos ahora dispuestos, incluso sumados en su totalidad, no alcanzan a compensar ni una fracción de esa destrucción de poder de compra.
El Consejo del Salario: dos años de acuerdos imposibles
Lo ocurrido el 28 de agosto no fue una excepción sino la regla de la gestión Milei. Desde hace más de dos años, el Consejo del Salario Mínimo no logra ningún acuerdo entre las partes y el Ejecutivo termina fijando los valores de manera unilateral mediante resolución. El organismo, que fue creado para garantizar que trabajadores sin paritarias propias cuenten con un piso digno de ingresos, se convirtió en una instancia de formalización de decisiones que el Gobierno toma de antemano.
La reunión del 28 de agosto también reflejó una disputa de fondo sobre el formato del encuentro: la CGT había reclamado que la sesión se realizara de manera presencial, pero el Gobierno mantuvo la modalidad virtual a través de Zoom. Los sindicatos interpretaron ese rechazo como una señal del escaso peso que el Ejecutivo asigna al espacio. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, lo dijo sin rodeos en un comunicado: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno».
El desempleo, anclado al mínimo
La misma resolución reguló la prestación por desempleo. El beneficio equivaldrá al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador en los seis meses anteriores al cese. La normativa fijó además un piso y un techo: la prestación mensual no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente, ni superior al 100% del mismo. Esto significa que la protección ante la pérdida de empleo también queda atada a un piso que pierde valor en términos reales.
Un salario mínimo que en ocho meses crece $60.400 pesos en un país donde la canasta básica alimentaria registró una variación interanual del 32,8% según datos del INDEC de marzo de 2026, y donde los servicios públicos acumularon subas de más del 500% desde diciembre de 2023. La Resolución 4/2026 no es una política salarial; es la administración ordenada del empobrecimiento.
Puntos clave
- El Ejecutivo fijó el SMVM por Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial, tras el fracaso de las negociaciones del 28 de agosto.
- Los valores escalonados van de $383.800 en septiembre de 2026 a $437.000 en abril de 2027, una suba total de $60.400 en ocho meses.
- Según el IIEP (UBA-CONICET), el salario mínimo real acumuló una caída del 40,5% desde noviembre de 2023 hasta julio de 2026.
- La prestación por desempleo queda fijada entre el 50% y el 100% del SMVM, lo que la ancla a un piso que pierde valor frente a la inflación.
- Es la segunda vez consecutiva que el Gobierno define el SMVM de manera unilateral, sin acuerdo entre trabajadores y empleadores.
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