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★’El proyecto del Gobierno de modificación de la Ley de Manejo del Fuego originó una nueva pulseada con el peronismo, que se opone a esa iniciativa incluida por la Casa Rosada en el paquete de medidas del Consejo de Mayo presentado esta semana.

Después del último encuentro del Consejo de Mayo, el Gobierno anunció que entre las reformas que enviará al Congreso está la modificatoria de la Ley de Manejo del Fuego 26.815, cuyas últimas modificaciones fueron impulsadas en 2020 por el diputado nacional Máximo Kirchner durante el gobierno de Alberto Fernández.

«Se eliminará la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 ó 60 años tras un incendio, avalada por una ley del diputado Máximo Kirchner, que atenta directamente contra la producción», remarcó el portavoz presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Adorni sostuvo que todas las reformas tienen por objetivo «poner nuevamente a Argentina en la senda del crecimiento» y en el desarrollo productivo del país. La Casa Rosada decidió enviar esta modificación al Congreso por vía legislativa, después de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional en diciembre de 2023 su intención de modificar esta ley mediante el DNU 70/2023, aunque finalmente no la incluyó en el texto publicado.

Qué establece la Ley de Manejo del Fuego vigente

La Ley 26.815 fue sancionada en noviembre de 2012 y promulgada en enero de 2013 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en todo el territorio nacional.

En diciembre de 2020, el Congreso aprobó la Ley 27.604 que modificó el artículo 22 bis de la norma original. Esta modificación, impulsada por Máximo Kirchner con el acompañamiento de 132 diputados del Frente de Todos y bloques aliados, prohibe durante extensos plazos las modificaciones en el destino de los terrenos afectados por el fuego.

La normativa vigente establece que en caso de incendios —sean provocados o accidentales— que quemen vegetación en bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, se prohíbe por el término de 60 años desde su extinción realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, así como cualquier emprendimiento inmobiliario distinto al arrendamiento y venta.

Para zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales, la prohibición rige por 30 años y alcanza a la realización de emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agropecuaria distinta al uso y destino que la superficie tenía previo al incendio.

El objetivo declarado de estas restricciones es desincentivar la generación intencional de incendios con fines especulativos inmobiliarios o para cambios de uso productivo del suelo, garantizando las condiciones para la restauración de las superficies afectadas.

Vilar sale al cruce: «La única actividad que se desincentiva es prender fuego»

La primera que salió al cruce de la iniciativa del Gobierno fue la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, quien desestimó el planteo presentado por el Ejecutivo al sostener que la única actividad productiva que se «desincentiva» con la ley vigente «es la de prender fuego» como mecanismo para «expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario».

«Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios son por actividad humana. Muchas veces, estas quemas son causadas de forma intencional por emprendimientos inmobiliarios para después hacerse de estas tierras a precios muy por debajo del valor de mercado», explicó Vilar en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

La funcionaria provincial agregó que «la ley de Fuegos de Máximo Kirchner fue pensada para evitar los incendios intencionales que se estaban llevando puestas miles de hectáreas de humedales, bosques nativos, hogares y vidas. Esta modificatoria no prohíbe la producción ni la venta de las tierras, sino que limita el cambio de uso del suelo por 30 o 60 años para evitar estas prácticas tan peligrosas para la vida y nuestros ecosistemas».

Vilar, quien asumió como ministra de Ambiente en diciembre de 2021 con la creación de la cartera por decisión del gobernador Axel Kicillof, tiene una extensa trayectoria en materia ambiental. Fue vicepresidenta de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación e impulsó la articulación y aprobación de normativas como la Ratificación del Acuerdo de Escazú, la Ley Yolanda, la Ley de Educación Ambiental y la propia Ley de Manejo del Fuego.

Los argumentos libertarios: defensa de la propiedad privada

Desde La Libertad Avanza, el bloque de diputados señaló que la normativa vigente representa un «avance sobre la propiedad privada y no resuelve el problema de los incendios», por lo que propone nuevas miradas en un proyecto presentado por el diputado de Entre Ríos Beltrán Benedit.

Entre los argumentos de los libertarios se encuentran la defensa de la propiedad privada y la ineficacia de la ley actual que no aborda las causas reales de los incendios, sino que «estigmatiza a los productores», afirmaron.

Benedit, quien lideró la presentación del proyecto junto a otros catorce diputados del bloque y opositores en julio de 2024, argumentó que pasaron tres años desde la entrada en vigencia de la ley y «la realidad nos muestra que fue elaborada sobre un supuesto erróneo, cargada de contenido ideológico y prejuicios, con escaso sustento técnico y legalmente cuestionable».

El legislador entrerriano, exdirector de la Sociedad Rural de Entre Ríos, busca derogar la Ley 27.604 vigente desde el 24 de diciembre de 2020. Benedit señaló que la legislación actual no cumplió con sus objetivos declarados: «Estas modificaciones no pudieron evitar el incendio de millones de hectáreas, lo cual prueba que es un error suponer que los mismos son intencionales con fines inmobiliarios u otro tipo de especulaciones».

El diputado dio como ejemplos lo ocurrido en la provincia de Corrientes en febrero de 2022 y en el Parque Nacional Los Alerces en Chubut en febrero de 2024, y consideró que la normativa desprotege los parques nacionales porque habla de prohibición de 60 años cuando la ley original del manejo del fuego los protege a perpetuidad.

La Sociedad Rural de Rosario expresó públicamente su apoyo al proyecto de Benedit, calificando la normativa vigente como «inútil e ineficaz» y sosteniendo que «produce daños a la propiedad privada, introducción de situaciones que violan competencias jurisdiccionales y estigmatiza al sector vinculado con la producción».

El PRO acompaña la modificación con críticas a la «inconstitucionalidad»

Por su parte, los diputados del PRO y los alineados al macrismo tienen una postura crítica hacia la modificatoria de la ley de Manejo del Fuego, basada fundamentalmente en la inconstitucionalidad y el avance sobre la propiedad privada.

Desde el bloque del PRO de la Cámara baja consideran que no se le puede prohibir al propietario del terreno «hacer otra cosa con su campo sin adivinar la intencionalidad del incendio».

En sintonía con esta idea, y previamente a la decisión que tomó el Gobierno de enviar el proyecto por vía legislativa, en febrero de este año el PRO había presentado un proyecto de ley para agravar las penas a quienes generen incendios intencionales en áreas protegidas.

Durante el debate de la modificación en el Senado en 2020, la senadora Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio; Córdoba) sostuvo que al proyecto «lo van a declarar inconstitucional, no resiste análisis ante los Tribunales porque el derecho de propiedad no se puede coartar por otra ley, la intencionalidad de los incendios no se puede adivinar y prohibir al dueño que haga otra cosa con su campo».

Por su parte, el senador Alfredo de Angeli, quien se había vuelto famoso en el conflicto por la Resolución 125 y que luego ingresó a la Cámara Alta en representación del PRO, expresó durante el debate del proyecto: «Esto no resuelve el tema de los incendios, para eso hay que hacer políticas de prevención, de control y de manejo. Hay falta de conocimiento, están estigmatizando a los productores».

El contexto: incendios provocados y especulación inmobiliaria

Según datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios que ocurren en Argentina son producto de la acción humana, es decir, acciones intencionales con fines especulativos, así como otras no intencionales como hacer un fogón, descartar colillas de cigarrillo, quemar residuos o limpiar terrenos.

Durante 2022, más de medio millón de hectáreas fueron incendiadas en Argentina, causando gran pérdida de biodiversidad en diferentes regiones del país. Entre las principales causas de la pérdida de bosques nativos se encuentran los cambios de uso del suelo como consecuencia de los incendios, según un informe de Amnistía Internacional.

La modificación a la Ley de Manejo del Fuego impulsada por Máximo Kirchner fue aprobada en medio de una ola de incendios que en 2020 afectó más de 900.000 hectáreas en 22 provincias, según explicó en su momento la senadora Ana Almirón, titular de la Comisión de Legislación General de la Cámara alta.

El diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales en 2020, explicó al fundamentar el proyecto: «Argentina ardió en llamas, por eso tomamos la decisión política de ponerle fin a los negocios y cuidar nuestro ambiente».

La diputada Graciela Camaño, quien incorporó modificaciones a la norma durante su tratamiento, señaló en ese momento: «Basta de priorizar planteos económicos, de propiedad privada. Es un intento de que no se haga nada con los problemas ambientales. No podemos permitir que aquello que se le venga en gana a los grandes emprendimientos inmobiliarios y agrícolas que agravan situación del medio ambiente».

La combinación con la liberalización de tierras a extranjeros

La modificación a la Ley de Manejo del Fuego se enmarca en un paquete más amplio de medidas que el Gobierno envió al Congreso, que incluye la liberalización de la compra de tierras rurales por parte de privados extranjeros, eliminando las restricciones establecidas por la Ley 26.737.

Esta combinación de medidas generó alarma en organizaciones ambientalistas y sociales, que advierten sobre la posibilidad de que se generen incendios intencionales para después adquirir tierras a precios devaluados y cambiar su uso productivo hacia emprendimientos inmobiliarios o mineros, sin las restricciones actuales y con la posibilidad de que sean compradas por capitales extranjeros sin límites.

Daniela Vilar había advertido sobre esta combinación en declaraciones anteriores: «La combinación de la derogación de la Ley de Tierras y la Ley de Fuego tiene todo el sentido del mundo: buscan degradar y desertificar, agotar toda capacidad de regeneración natural de nuestras tierras, incluso cuando sufran incendios intencionales (o accidentales), para que no haya ninguna barrera para venderlas a un valor muy inferior, y desarrollar allí actividades económicas que ni siquiera contemplen la variable socio-ambiental».

La ministra provincial insistió en que «siempre en defensa de los intereses concentrados (locales y extranjeros), Milei y LLA buscan constantemente desprestigiar cualquier causa del ambientalismo como si no fueran urgentes y vitales. Les pedimos que al menos no mientan descaradamente».

El desfinanciamiento del sistema de combate al fuego

Más allá de la modificación legal, el gobierno de Milei también recortó drásticamente el presupuesto destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Según la Oficina de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía, durante el primer trimestre de 2024 no se ejecutó un solo peso de los fondos asignados al combate de incendios.

El presupuesto se mantuvo congelado a valores de 2023, lo que representa una caída del 67% en términos reales. Para 2025, el Gobierno proyectó 28.603 millones de pesos para el SNMF, cuando para mantener el poder adquisitivo se necesitarían más de 75.000 millones de pesos, según análisis de especialistas.

Entre 2020 y 2023, el presupuesto de incendios se había incrementado un 354% en términos reales, luego de que se aprobara la modificación a la Ley de Fuegos impulsada por Máximo Kirchner.

Recientemente, mediante el decreto 1136/2024 publicado en el Boletín Oficial el 30 de diciembre, el Gobierno modificó la Ley de Ministerios y el Sistema Nacional del Manejo del Fuego pasó a estar a cargo del Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich. Anteriormente, la gestión del SNMF estaba a cargo de la Secretaría de Ambiente.

Lo que viene

El proyecto de modificación de la Ley de Manejo del Fuego será debatido en el Congreso durante las próximas semanas, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.

La iniciativa cuenta con el apoyo declarado de La Libertad Avanza, el PRO y sectores del agro concentrado como la Sociedad Rural, mientras que el peronismo en sus distintas vertientes ya anticipó su rechazo frontal a una medida que consideran una apertura directa a la especulación inmobiliaria mediante incendios intencionales.

La pulseada por la Ley de Manejo del Fuego se suma así a otros enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición peronista en materia ambiental y de soberanía territorial, como la liberalización de tierras a extranjeros, la modificación de la Ley de Glaciares y la actualización de la Ley de Bosques, todas incluidas en el paquete de medidas del Consejo de Mayo.

Puntos clave

• El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para eliminar las restricciones que impiden cambiar el uso de tierras incendiadas durante 30 o 60 años, establecidas por la modificación de 2020 impulsada por Máximo Kirchner

• La ministra bonaerense Daniela Vilar advirtió que la única actividad que se «desincentiva» con la ley vigente «es la de prender fuego» para entregar terrenos al lobby inmobiliario, y recordó que el 95% de los incendios son causados por actividad humana

• La Libertad Avanza y el PRO apoyan la modificación argumentando defensa de la propiedad privada e inconstitucionalidad de las restricciones actuales

• La medida se combina con la liberalización de compra de tierras por extranjeros, generando alarma sobre posibles incendios intencionales para especulación inmobiliaria

• El Gobierno recortó drásticamente el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que no ejecutó fondos en el primer trimestre de 2024 y tuvo una caída del 67% en términos reales