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Bolivia: el ex presidente Luis Arce fue encarcelado por el escándalo Fondo Indígena

La Justicia ordenó su detención preventiva por cinco meses mientras avanza la investigación por presuntos delitos de corrupción vinculados al desvío de fondos destinados a comunidades indígenas durante su gestión como ministro de Economía.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El ex presidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) ingresó este viernes por la noche al penal de San Pedro, en La Paz, luego de que la Justicia dispusiera su detención preventiva por cinco meses en el marco de la causa por presunta corrupción vinculada al Fondo de Desarrollo Indígena. El ingreso al recinto penitenciario se produjo pasadas las 19.00 hora local, bajo un fuerte operativo policial.

La resolución fue dictada por el juez 12º de Instrucción Penal Anticorrupción, Elmer Laura, quien consideró que existen indicios suficientes de probabilidad de autoría en los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. «No nos hemos ido, estamos aquí», declaró brevemente Arce ante los medios al cruzar el portón del penal, en una imagen que marcó un punto de inflexión político y judicial en Bolivia.

La Justicia consideró riesgos procesales

La decisión judicial se adoptó luego de más de seis horas de deliberaciones, durante las cuales el juez evaluó la existencia de riesgos de obstaculización de la investigación, debido a la posible influencia de Arce sobre exfuncionarios y testigos vinculados al caso. El exmandatario fue trasladado desde dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde permanecía aprehendido tras participar de forma virtual en la audiencia cautelar.

Durante su intervención ante la Justicia, el expresidente reiteró su inocencia y denunció que el proceso tiene motivaciones políticas. «Soy absolutamente inocente de las acusaciones que se están vertiendo por aspectos claramente políticos. Se buscan chivos expiatorios», sostuvo.

La defensa alegó razones de salud y responsabilidades familiares

La defensa solicitó la «libertad pura y simple», argumentando que Arce, de 62 años, padece cáncer y es el principal responsable del cuidado de su madre, una mujer de más de 80 años. El abogado Jaime Tapia afirmó que informes médicos acreditan un cuadro oncológico complejo, incluyendo un linfoma, y pidió la aplicación de normas de protección para personas en situación de vulnerabilidad.

Además, la defensa subrayó que Arce cuenta con domicilio conocido desde hace más de dos décadas y que no existe riesgo de fuga. Como parte de los descargos, presentó una declaración voluntaria de su madre, Olga Catacora Flores, en la que certifica que su hijo se ocupa de su cuidado personal y de su salud.

Uno de los mayores escándalos de corrupción en Bolivia

El caso Fondo Indígena es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción de la última década en Bolivia. La investigación apunta al presunto desvío de recursos públicos destinados a proyectos productivos para comunidades indígenas y campesinas, muchos de los cuales no se ejecutaron o quedaron inconclusos.

La Fiscalía sostiene que Arce, en su rol de ministro de Economía y miembro del directorio del fondo durante el gobierno de Evo Morales, no ejerció los controles correspondientes sobre el uso de los recursos. El exmandatario asumió la presidencia en 2020 y completó su mandato en 2025.

Puntos clave:

• El ex presidente Luis Arce fue detenido preventivamente por cinco meses en el penal de San Pedro de La Paz
• La Justicia lo investiga por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica vinculados al Fondo Indígena
• Arce denunció persecución política y reiteró su inocencia durante la audiencia cautelar
• La defensa alegó que padece cáncer y es responsable del cuidado de su madre de más de 80 años
• El caso investiga el presunto desvío de recursos destinados a proyectos para comunidades indígenas durante su gestión como ministro de Economía

América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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