Legislativo
El Gobierno quiere la reforma laboral aprobada en 15 días, pero a Bullrich le faltan 16 votos
El oficialismo necesita construir mayoría de 37 votos con aliados. Bullrich quiere sanción antes de fin de año. El peronismo busca siete votos para bloquear la iniciativa.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El Gobierno giró hoy al Congreso Nacional un proyecto de reforma laboral que modifica las principales leyes del derecho del trabajo, que el oficialismo quiere tratar en forma exprés en el Senado, aunque para eso deberá construir una mayoría junto a sus aliados.
El objetivo de la bancada de La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, era tratar hoy ese proyecto, pero ayer debió demorar la apertura del debate hasta el martes, por lo cual recién podrá tratar esa iniciativa cerca de fin de año.
Bullrich se planteó y pidió que envíen ese proyecto al Senado ya que tomó su sanción como un desafío personal, dado que desde hace décadas tiene un fuerte enfrentamiento con sectores sindicales, en especial con Hugo Moyano.
La matemática legislativa: 37 votos en juego
Fuentes legislativas informaron que ahora el objetivo es poder comenzar a armar las mayorías para tener los 37 votos que permitan aprobar esa iniciativa, que establece sustanciales modificaciones en las leyes de Contrato de Trabajo, el régimen de asociaciones sindicales y el sistema de negociación colectiva.
El oficialismo tiene 21 miembros entre propios y el Frente Cívico de Luis Juez y espera sumar cuatro del PRO, diez de la UCR, y debe obtener al menos dos votos más de bloques provinciales.
Mientras eso sucede, el interbloque peronista de 28 diputados también busca conseguir otros siete legisladores para bloquear la reforma laboral, y buscará acuerdos con los legisladores de provincias del sur, debido al impacto que puede tener la caída de convenios en áreas petroleras, señalaron fuentes parlamentarias.
Comisión y cuestiones reglamentarias
El primer objetivo es armar la comisión de Trabajo y Previsión Social con una mayoría entre propios y aliados que le permitan poder tener un dictamen de mayoría, lo que no sucederá antes del martes, ya que ese día, la vicepresidenta Victoria Villarruel realizará una reunión con jefes de bloques para la conformación de esos organismos asesores.
El proyecto contempla la caída de los convenios por ultraactividad, el cambio en vacaciones, indemnizaciones, limita las asambleas, impone severas sanciones a los gremios que tomen o bloqueen empresas, y establece un mecanismo para el pago de cuotas sindicales, que será rechazado de plano por los gremios.
Otro punto del debate serán los temas impositivos que se incluyen ya que varios legisladores, como Carolina Moisés, señalaron que no puede ser tratado por el Senado sino que debe ingresar por Diputados, con lo cual no se descarta que se elimine esa parte e ingresen esos capítulos por diputados, señalaron voceros parlamentarios.
Los puntos centrales del proyecto
Entre las medidas más significativas se destaca la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de cuentas individuales financiado con una contribución obligatoria del 3% de las remuneraciones que podrá utilizarse para cubrir indemnizaciones por despido.
El proyecto también deroga íntegramente varias leyes especiales, entre ellas el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), el Estatuto del Viajante (Ley 14.546) y el Régimen de Teletrabajo (Ley 27.555), sancionado durante la pandemia.
Otro punto clave establece que las empresas no serán responsables de las actividades que se terciarizan como sucede en la actualidad, con lo cual solo deberán responder por los empleados que contratan en forma directa.
Sobre las indemnizaciones, se redefine el despido sin justa causa estableciendo un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual, con topes basados en el convenio aplicable, pero sin incluir otros ítem adicionales que paguen las empresas.
También se crea un régimen especial para trabajadores de plataformas tecnológicas que los define como «prestadores independientes» con libertad para aceptar o rechazar pedidos y elegir sus horarios de conexión.
El proyecto incluye además incentivos fiscales para la formalización del empleo, con alícuotas reducidas durante 48 meses para quienes incorporen trabajadores no registrados, y un régimen de regularización laboral con condonación de deudas y extinción de acciones penales.
Puntos clave:
• El oficialismo necesita 37 votos y cuenta con 21 entre propios y aliados de Luis Juez
• Patricia Bullrich tomó como desafío personal la sanción de la reforma antes de fin de año
• El peronismo busca siete votos para bloquear el proyecto, especialmente de provincias del sur
• El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral con aportes del 3% sobre remuneraciones
• Se derogan los estatutos del periodista, viajante y teletrabajo, y se elimina responsabilidad por tercerización
Legislativo
Bregman convoca a movilizar al Congreso: «El gobierno y los jueces se ríen de nosotros»
La diputada del Frente de Izquierda llamó a movilizarse frente al Congreso el 15 de octubre, denunciando que el Poder Judicial actúa en sintonía con el gobierno de Milei y no como árbitro independiente. La frase condensa un clima político que viene creciendo: la impunidad como regla y la calle como única respuesta posible.
«Basta de que el gobierno y los jueces se rían de nosotros. El 15 de octubre tenemos que estar todos y todas frente al Congreso.» Con esa frase directa y sin eufemismos, la diputada nacional Myriam Bregman lanzó una convocatoria a movilizarse que circula en redes sociales y que condensa en pocas palabras una temperatura política que viene acumulándose: la percepción extendida en la oposición y en amplios sectores sociales de que la Justicia opera en sintonía con el poder, no como contrapeso.
Bregman es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), abogada con trayectoria en causas de derechos humanos y una de las voces más activas en el rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Su declaración, publicada en la red social Threads, coloca en el mismo banco al Ejecutivo y al Poder Judicial, a quienes acusa de actuar en perjuicio de la ciudadanía y sin rendir cuentas ante nadie.
Un diagnóstico compartido: la Justicia como problema político
La declaración de Bregman no surge del vacío. La relación entre el Poder Judicial federal y el gobierno de Milei es uno de los nudos más tensos de la política argentina actual. Por un lado, el oficialismo envió al Senado cientos de pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos en un proceso de designaciones que la oposición cuestiona por su velocidad y por la falta de debate genuino sobre los perfiles propuestos. Por otro, causas que involucran a funcionarios del gobierno libertario, como las investigaciones en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la causa $Libra y los expedientes por enriquecimiento ilícito de funcionarios del gabinete, avanzan con una lentitud que contrasta con el ritmo de otras causas.
Ese cuadro alimenta una percepción que Bregman articula con claridad: cuando la Justicia no investiga a quienes gobiernan y simultáneamente actúa contra opositores o sectores vulnerables, pierde su condición de árbitro independiente y se convierte en un instrumento de poder. No es una lectura nueva en la política argentina, pero adquiere nueva urgencia en un contexto donde el ajuste fiscal golpea a la mayoría mientras los escándalos de corrupción se acumulan sin condenas.
La calle como respuesta a la impunidad
La convocatoria al Congreso para el 15 de octubre no es solo un gesto simbólico. En la tradición política argentina, la movilización frente al Congreso es el recurso de quienes sienten que los canales institucionales están cerrados o capturados. Bregman lo sabe y lo elige conscientemente: frente a una Justicia que, según su diagnóstico, «se ríe» de la ciudadanía, la respuesta es la presencia masiva en el espacio público.
El FIT-U viene sosteniendo una posición de oposición sin concesiones al gobierno de Milei desde el inicio de su gestión. A diferencia de otros bloques opositores que negociaron apoyos puntuales al oficialismo, el Frente de Izquierda no le votó ninguna medida de relevancia al gobierno libertario. Esa consistencia le da a Bregman una autoridad moral específica cuando llama a la calle: no convoca desde la comodidad de quien eventualmente cedió, sino desde una oposición sostenida en el recinto y fuera de él.
El Congreso como escenario de disputa
Elegir el Congreso como punto de concentración tiene una carga simbólica precisa. Es el lugar donde se aprueban los pliegos judiciales, donde se vota o se bloquea la legislación que define quiénes pueden ser procesados y con qué garantías, y donde las mayorías parlamentarias deciden qué causas avanzar y cuáles frenar. La convocatoria de Bregman instala la pregunta de fondo que el oficialismo prefiere no responder: ¿a quiénes sirven los jueces que el gobierno designa?
En ese marco, la frase «que el gobierno y los jueces se ríen de nosotros» es también una lectura sobre la impunidad como sistema. Cuando los funcionarios acumulan denuncias y las investigaciones no avanzan, y cuando simultáneamente la Justicia actúa con celeridad contra quienes protestan o reclaman, la ecuación se hace insostenible para cualquier noción básica de igualdad ante la ley. Bregman lo dice en público y convoca a decirlo en la calle. La pregunta es cuántos la escuchan.
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