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Legislativo

El Gobierno quiere la reforma laboral aprobada en 15 días, pero a Bullrich le faltan 16 votos

El oficialismo necesita construir mayoría de 37 votos con aliados. Bullrich quiere sanción antes de fin de año. El peronismo busca siete votos para bloquear la iniciativa.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El Gobierno giró hoy al Congreso Nacional un proyecto de reforma laboral que modifica las principales leyes del derecho del trabajo, que el oficialismo quiere tratar en forma exprés en el Senado, aunque para eso deberá construir una mayoría junto a sus aliados.

El objetivo de la bancada de La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, era tratar hoy ese proyecto, pero ayer debió demorar la apertura del debate hasta el martes, por lo cual recién podrá tratar esa iniciativa cerca de fin de año.

Bullrich se planteó y pidió que envíen ese proyecto al Senado ya que tomó su sanción como un desafío personal, dado que desde hace décadas tiene un fuerte enfrentamiento con sectores sindicales, en especial con Hugo Moyano.

La matemática legislativa: 37 votos en juego

Fuentes legislativas informaron que ahora el objetivo es poder comenzar a armar las mayorías para tener los 37 votos que permitan aprobar esa iniciativa, que establece sustanciales modificaciones en las leyes de Contrato de Trabajo, el régimen de asociaciones sindicales y el sistema de negociación colectiva.

El oficialismo tiene 21 miembros entre propios y el Frente Cívico de Luis Juez y espera sumar cuatro del PRO, diez de la UCR, y debe obtener al menos dos votos más de bloques provinciales.

Mientras eso sucede, el interbloque peronista de 28 diputados también busca conseguir otros siete legisladores para bloquear la reforma laboral, y buscará acuerdos con los legisladores de provincias del sur, debido al impacto que puede tener la caída de convenios en áreas petroleras, señalaron fuentes parlamentarias.

Comisión y cuestiones reglamentarias

El primer objetivo es armar la comisión de Trabajo y Previsión Social con una mayoría entre propios y aliados que le permitan poder tener un dictamen de mayoría, lo que no sucederá antes del martes, ya que ese día, la vicepresidenta Victoria Villarruel realizará una reunión con jefes de bloques para la conformación de esos organismos asesores.

El proyecto contempla la caída de los convenios por ultraactividad, el cambio en vacaciones, indemnizaciones, limita las asambleas, impone severas sanciones a los gremios que tomen o bloqueen empresas, y establece un mecanismo para el pago de cuotas sindicales, que será rechazado de plano por los gremios.

Otro punto del debate serán los temas impositivos que se incluyen ya que varios legisladores, como Carolina Moisés, señalaron que no puede ser tratado por el Senado sino que debe ingresar por Diputados, con lo cual no se descarta que se elimine esa parte e ingresen esos capítulos por diputados, señalaron voceros parlamentarios.

Los puntos centrales del proyecto

Entre las medidas más significativas se destaca la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de cuentas individuales financiado con una contribución obligatoria del 3% de las remuneraciones que podrá utilizarse para cubrir indemnizaciones por despido.

El proyecto también deroga íntegramente varias leyes especiales, entre ellas el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), el Estatuto del Viajante (Ley 14.546) y el Régimen de Teletrabajo (Ley 27.555), sancionado durante la pandemia.

Otro punto clave establece que las empresas no serán responsables de las actividades que se terciarizan como sucede en la actualidad, con lo cual solo deberán responder por los empleados que contratan en forma directa.

Sobre las indemnizaciones, se redefine el despido sin justa causa estableciendo un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual, con topes basados en el convenio aplicable, pero sin incluir otros ítem adicionales que paguen las empresas.

También se crea un régimen especial para trabajadores de plataformas tecnológicas que los define como «prestadores independientes» con libertad para aceptar o rechazar pedidos y elegir sus horarios de conexión.

El proyecto incluye además incentivos fiscales para la formalización del empleo, con alícuotas reducidas durante 48 meses para quienes incorporen trabajadores no registrados, y un régimen de regularización laboral con condonación de deudas y extinción de acciones penales.

Puntos clave:

• El oficialismo necesita 37 votos y cuenta con 21 entre propios y aliados de Luis Juez

• Patricia Bullrich tomó como desafío personal la sanción de la reforma antes de fin de año

• El peronismo busca siete votos para bloquear el proyecto, especialmente de provincias del sur

• El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral con aportes del 3% sobre remuneraciones

• Se derogan los estatutos del periodista, viajante y teletrabajo, y se elimina responsabilidad por tercerización

Cultura

Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías

Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.

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El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.

La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.

Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera

La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.

La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.

El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.

El sector advirtió por el impacto de la derogación

La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.

Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.

En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.

La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.

Advierten por el futuro de las librerías de barrio

Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.

María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».

En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.

Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.

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